Algo huele mal en Chile

En los últimos años, Chile ha sido mostrado como ejemplo de democracia en América Latina, sobre todo por las corrientes ideológicas conservadoras en sus vertientes demócrata cristiana y social demócrata, incluso se ha llegado a decir que es un socialismo avanzado en el mundo del siglo XXI. Para la mirada imperial, trasunta un modelo perfecto que alude a la denominación socialista de uno de los partidos en el poder, en el cual milita la actual presidenta y que administra de manera óptima un sistema neoliberal a ultranza para beneplácito de los intereses oligárquicos nacionales y extranjeros. Hace ya muchos años, Violeta Parra nos decía algo que hoy es paradigma para desnudar la farsa propagandística del sistema, “Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas”, refiriéndose a las paupérrimas “viviendas” de los sectores marginales de las grandes ciudades y del campo chileno. 

Uno de los elementos fundamentales que se utilizan para soportar tales aseveraciones, es la supuesta transparencia en la gestión política y la ausencia de corrupción en el aparato gubernamental. De hecho, las mediciones de la organización no gubernamental Transparencia Internacional suelen colocar a Chile en los primeros puestos de su índice de transparencia., sin embargo, el edificio de la mentira, pareciera estar cayendo ante las evidencias de la podredumbre que corroe transversalmente a la llamada clase política chilena, sea ésta gobierno u oposición, sea de derecha o de la falsa izquierda que forma parte del gobierno. 

El estallido del caso Penta o “Pentagate” como se le ha dado en llamar, inició un proceso que ha patentizado la verdadera cara del sistema político creado por la dictadura para que existiera posterior a ella. El “Pentagate” es un escandaloso caso de corrupción, a través del cual, uno de los grupos empresariales más grandes de Chile defraudó al fisco financiando campañas políticas a través del pago de honorarios profesionales que nunca fueron prestados. Penta es dueña de bancos, aseguradoras, clínicas y firmas inmobiliarias, cuyos activos bordean los 20.000 millones de dólares. 

Según se ha develado, fundaciones o particulares elaboraban facturas por servicios no prestados, los recursos obtenidos de esta manera servían para financiar campañas electorales, principalmente de políticos del partido pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI). 

En el curso de las investigaciones ha surgido la llamada “arista SQM (Soquimich)”. Esta empresa que fue privatizada durante la dictadura está controlada por el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou. Se acusa a varios políticos chilenos de haber recibido financiamiento ilegal de SQM. Uno de los señalados es el senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, quien ha sido particularmente hostil contra Venezuela manifestando apoyo a la oposición, que ha intentado derrocar por vías violentas a su gobierno legal y legítimo. Rossi, jamás manifestó tales intenciones violentas para luchar contra la dictadura que se impuso a sangre y fuego en su país. Aunque niegue las acusaciones, hasta ahora se ha destapado que tres de sus colaboradores emitieron facturas a SQM, con lo cual crece el señalamiento en su contra. 

Durante la dictadura, empresas estatales fueron privatizadas bajo el discurso de la “ineficiencia” de la gestión pública. Años después, un informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados probó que los procesos de privatización de empresas ocasionaron al Estado una pérdida de cerca de 6 mil millones de dólares, según datos de Contraloría. 

Entre las privatizaciones se contó la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich, SQM), productora de salitre y yodo y dueña de yacimientos de litio que estaban por ser explotados. Actualmente, Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, es su accionista controlador y presidente. Ponce Lerou fue desde 1969 hasta 1991 esposo de Verónica Pinochet Hiriart.

La reconocida periodista chilena María Olivia Monckeberg, Premio Nacional de Periodismo y autora de “El saqueo de los grupos económicos al Estado Chileno” (2001), indica que Ponce Lerou “no tenía ni un peso más que el de un profesional cualquiera, cuando se decidió el golpe militar y posterior en los años 70. Pero a mediados de los 70, empezaron dos tipos de situaciones que lo favorecieron: por un lado, él empezó a quedarse con grandes territorios en el sur y también a ocupar cargos en que lo pusieron desde el gobierno de su entonces suegro”.

En los años 80, fue tocado por el escándalo ante la poca transparencia que había en torno a su gran fortuna. La polémica lo obligó a salir de la escena de la gestión pública durante un tiempo. Sin embargo, ya había articulado una red de socios políticos, militares y civiles. Además de la creación del Instituto Libertad y Desarrollo, principal “tanque de pensamiento” de la ultra derecha fascista chilena Ponce Lerou ha sido reconocido como uno de los “gurúes económicos de la UDI y de la derecha en general”.

En 2014, fue multado junto con otros “ejecutivos” por la Superintendencia de Valores, por el llamado “Caso Cascada”, de fraude al mercado de valores. Ponce Lerou involucró al ex presidente Sebastián Piñera, de haberse beneficiado también por las ventas de las sociedades vinculadas, llamadas cascadas, a su firma. El nuevo Chile democrático, es tan democrático que al parecer, el yerno de Pinochet financia por igual a senadores socialistas y a los de la ultra derecha

Por primera vez en la historia de la justicia chilena, se ha anunciado que el Fiscal Nacional asumirá la investigación penal sobre el financiamiento ilegal de campañas políticas. Sabas Chaguán, a cargo de la Fiscalía Nacional, anunció que se había tomado la decisión por "la trascendencia de los hechos investigados, la investidura de las personas presuntamente involucradas y los nuevos antecedentes que han surgido". 

Medios internacionales como El País de España y BBC Mundo de Gran Bretaña han reseñado el tema con extraordinaria alarma, destacando que el hecho ha causado un gran impacto en un país en el que se suponía eran bajos los niveles de corrupción política. Ambos medios, no encuentran explicaciones para señalar hechos como el que el subsecretario de Minería del ex presidente Sebastián Piñera, Pablo Wagner, recibiera un sueldo extra de Penta, mientras trabajaba para el gobierno. Wagner enfrenta acusaciones de cohecho y lavado de activos. En 2009, la cuñada de Wagner, Carolina de la Cerda, emitió una boleta falsa y según ha admitido, los recursos “seguramente” fueron a parar a la campaña senatorial del ultra derechista Joaquín Lavín. Lorena Espinoza, secretaria personal de Lavín, reconoció que usaron fondos provenientes de la SQM en la campaña senatorial 2009. Así mismo, BBC muestra particular extrañeza de que el presidente de la UDI, Ernesto Silva, informara por correo electrónico sobre el avance de un proyecto de ley a uno de los controladores de la compañía.

La UDI ha respondido diciendo que el Caso Penta se trata de "una cortina de humo" para tapar los "problemas" del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. En ese sentido, Roberto Méndez, presidente de la firma encuestadora y de investigaciones Adimark, ha señalado que el gobierno de Bachelet y los partidos de su coalición "no deberían sacar cuentas alegres de esta situación" porque, "justo uno de los temas peor valorados en la última encuesta de Adimark sobre el gobierno es cómo manejaba el tema de la corrupción en instituciones del Estado" y advierte que "la sospecha recae ahora sobre los partidos y el modelo político en general". 

En la lista de quienes emitieron facturas en 2010 a Soquimich, figuran 39 personas relacionadas a campañas políticas. Además de Wagner han sido implicados en el caso Penta otros tres senadores de la UDI, Ena von Baer, Iván Moreira y Jaime Orpis y el diputado Juan Antonio Coloma, y los ex candidatos presidenciales Andrés Velasco y Laurence Golborne, junto al actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y el diputado demócrata cristiano Roberto León quienes al igual que Rossi son militantes de partidos de la coalición que lidera la presidenta Bachelet.

El senador de la UDI Iván Moreira escribió al ex directivo del grupo Penta, Hugo Bravo, en medio de la campaña parlamentaria de 2013: "¿Para los 1.000 metros finales, queda algún cupón de combustible? Avísame. Un abrazo y mi gratitud para toda la vida". Bravo, a las pocas horas le respondió: "Así va a hacer (sic). Te haré dos de cinco. Total 10. Bototos (millones de pesos chilenos), equivalentes a 16.000 dólares, según señala el diario conservador chileno La Tercera.

Por su parte, en 2009 y 2010 el ex embajador en República Checa, Marcelo Rozas, militante de de la Democracia Cristiana, su cónyuge y su hijo aparecen emitiendo boletas a la empresa minera. El ex embajador ha sido históricamente cercano a Gutenberg Martínez al interior de la DC. Martínez fue presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), desde donde bajo las orientaciones del ex presidente español José María Aznar y en connivencia con Álvaro Uribe, Vicente Fox y la UDI chilena apoyaron y auparon el golpe de Estado contra el presidente Chávez en febrero de 2002. Es curioso que Chile haya sido el único país de América Latina donde fuerzas de gobierno y oposición apoyaron el levantamiento golpista.

Mientras esto ocurría, Sebastián Dávalos, hijo mayor de la presidenta Bachelet se veía obligado a renunciar a su cargo al frente de las organizaciones sociales del gobierno de su madre, después de haber sido denunciado por "uso de información privilegiada" y "tráfico de influencias". El hijo de la mandataria quedó envuelto en un escándalo tras conocerse que gestionó personalmente con el Banco de Chile, propiedad de uno de los hombres más ricos e influyentes del país, un crédito por 10 millones de dólares para que la empresa de su esposa comprara terrenos que luego aumentaron su valor por el cambio en el uso de suelos. El crédito había sido gestionado sin éxito en varios bancos, por el escaso patrimonio de la empresa Caval, de la cual la esposa de Dávalos es dueña del 50 por ciento. La operación le reportó finalmente una ganancia de unos cuatro millones de dólares a Caval, generando graves problemas a la presidenta y haciendo descender abruptamente su popularidad, después que hace un año llegó al gobierno con la promesa de acabar con la "desigualdad" y los privilegios de "los poderosos de siempre", según reporta el periódico La Jornada de México.

Bachelet, emulando a su antecesor Sebastián Piñera fue “la única Jefa de Estado de América Latina que se reunió con el Presidente Maduro y que le pidió concretamente que libere a Leopoldo López” según informó el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, Jorge Tarud. 

Algo huele mal en Chile, gobierno y oposición andan preocupados de intervenir en los asuntos internos de Venezuela, mientras su país se desbarata bajo los efectos de la corrupción y la putrefacción administrativa de un sistema político en el que nadie cree como lo demuestran los bajos índices de participación electoral, que serán menor aún en los próximos comicios tal como lo aseveran varios analistas políticos chilenos consultados. 

Estos políticos de toda índole, algunos hijos del Opus Dei, otros acusados de pederastia, investigados por delitos de corrupción, algunos de dudosa moralidad dada su participación activa en la dictadura, son los que nos vienen a dar lecciones de democracia cuando no son capaces ni siquiera de controlar su país y sus propias familias. Son los que el pueblo chileno eligió, le debemos respeto a su decisión soberana, pero exigimos a esta clase política, reciprocidad y respeto a la nuestra, refrendada en 19 elecciones populares. En Venezuela la Constitución fue aprobada por el pueblo en una elección democrática, no fue decidida en oscuros conciliábulos de una dictadura asesina e impuesta por vía de la fuerza cuando no existían registros electorales.