Páginas vistas en total

miércoles, 29 de enero de 2014

No habrá ciudades de sal en Bolivia


En su extraordinaria novela “Ciudades de Sal”, Abderrrahmán Munif considerado el mejor novelista árabe de la segunda mitad de la pasada centuria, hace una fenomenal radiografía de la sociedad beduina de la Arabia Saudita de comienzos del Siglo XX, así como la radical transformación que sufriría la misma a partir del descubrimiento del petróleo. Arropada con una bella prosa y haciendo una minuciosa descripción muy útil para los que desde la distancia desconocemos las particularidades de la vida de los oasis ubicados a lo largo de la ruta de las caravanas, Munif nos da a conocer el profundo conflicto creado por el desgarro que produjo en los hombres y mujeres del desierto la llegada de las empresas petroleras británicas y estadounidenses, produciendo –a partir de entonces- una insondable metamorfosis en la vida cotidiana, la cultura, la vinculación de los ciudadanos con la naturaleza, los valores y los códigos morales de los ancestrales habitantes de tierras tan desoladas. 

El título del libro dice relación a una forma de vida surgida en el desierto a la par de la irrupción del petróleo. Dichas urbes, portadoras de los valores de Occidente y poseedoras de un certificado de identidad falsificado que se construyó sobre una riqueza fatua y una cultura extraña para los ciudadanos del desierto, “pueden estallar y desaparecer en un instante” a decir de Edward Said. 

Este fenómeno que algunos llaman modernidad, es mostrado hoy como los evidentes logros de una sociedad que bajo el reinado de la familia Saúd muestra cifras de crecimiento sostenido que no pueden ocultar un país atrasado y conservador, con un gobierno despótico en el que las mujeres tienen conculcados sus derechos y que no resiste la menos evaluación respecto del funcionamiento democrático, en cuanto a derechos civiles y humanos de su población. La riqueza petrolera le ha permitido al país introducir una modernización que significó el desarrollo de infraestructuras y una gran independencia financiera. El problema ha sido y aún es, la desenfrenada ostentación de la monarquía a partir de una riqueza que no ha sido redistribuida equitativamente a la población.

Todo esto bajo el amparo de Estados Unidos y Europa que se hacen de la “vista gorda” ante tan evidentes violaciones de los derechos humanos de quien consideran un aliado leal, mientras exigen “buen comportamiento” en otras latitudes, a las que incluso son capaces de movilizar gigantescos contingentes de sus ejércitos para imponer verdades acorde a sus intereses. Así, Arabia Saudita se ha convertido en la sede de una de las más importantes concentraciones de tropas de Estados Unidos en el mundo.

Esta larga introducción viene a razón de una manida frase que comienza peligrosamente a copar el espectro informativo internacional cuando se dice que aquellos países que poseen grandes reservas de litio podrían convertirse en la Arabia Saudita de ese mineral. Muy probablemente, quienes enarbolan tal afirmación visualizan la posibilidad de un cambio brusco de una sociedad rezagada en el contexto del desarrollo capitalista mundial a otra “adelantada” en términos de los valores que blande Occidente para que se pueda ostentar tal caracterización.

Estudios publicados por especialistas en la materia no logran ponerse de acuerdo torno a si las mayores reservas mundiales de litio se encuentran en Afganistán o en Bolivia. Ambos países amenazados por Estados Unidos -aunque en diferente medida - se muestran en las antípodas en cuanto a las posibilidades de hacer uso de sus riquezas para fines propios de sus ciudadanos. El litio es un mineral básico para la construcción de computadoras, teléfonos celulares, cámaras digitales o baterías de vehículos eléctricos.

Afganistán es el quinto país más pobre del mundo, casi la mitad de sus 30 millones de habitantes vive con menos de 14 dólares al mes, la tasa de alfabetización no supera el 25% y la esperanza de vida es de 43 años. La ocupación militar estadounidense y la guerra han profundizado esa situación. 

Un equipo de inspectores del Centro de investigaciones geológicas de Estados Unidos encontró reservas por valor de un billón de dólares según se reportó en junio de 2010, aunque algunos analistas afirman que incluso podrían ser superiores. Resulta curioso que esta novedad haya sido dada a conocer por una institución de la potencia ocupante y en el noveno año desde el inicio de la intervención. Valdría conjeturar si ya desde mucho antes, sus satélites no les habrán dado información al respecto. Lo cierto es que tal “descubrimiento” podría generar “niveles de desarrollo” similares a los sauditas, aunque antes Estados Unidos debería pacificar el país.

Sin embargo, el analista político afgano Janan Mosazai es pesimista: "Dudo que el país sea capaz de gestionar esta riqueza para construir un Afganistán más prospero y pacífico". En la perspectiva, subyace la idea de que al igual que con Arabia Saudita, para asegurarse el abastecimiento de petróleo, Estados Unidos haya minimizado los excesos autoritarios de la monarquía, lo que induce a suponer que podría repetirse el guión para hacerse de los ricos yacimientos de litio afganos. 

En el otro lado del planeta, Bolivia es poseedora, en el salar de Uyuni de la mitad de las reservas internacionales de litio detectadas hasta el año 2010. Sin embargo, la posición del presidente Evo Morales es diametralmente opuesta a la que se observa en Afganistán. Ante la voracidad de las empresas transnacionales por hacerse de los ricos yacimientos, el presidente Morales ha sido enfático “…Bolivia necesita socios, pero no dueños de nuestros recursos naturales”. Afirmó que aunque Bolivia no tiene ni la tecnología ni la capacidad financiera para explotar el estratégico mineral, su gobierno “Jamás va a perder la propiedad de sus recursos naturales”.

Así, Bolivia, no apuesta solo a la extracción del litio o al procesamiento de “simples baterías” sino a una industrialización en gran escala que beneficie a la mayoría de los ciudadanos y les permita mejorar su nivel de vida. En esa medida, Morales ha actuado con suma prudencia en la elección de sus socios y ha firmado un decreto por el que se protege la propiedad estatal del mineral y de las plantas de procesamiento que se generen a partir de la explotación del mismo.

En Bolivia, la historia muestra una continuidad en cuanto a la expoliación sufrida por su pueblo como consecuencia de la explotación minera. En la colonia la plata de Potosí se convirtió en la principal fuente de ese mineral para enriquecer las arcas de la monarquía española. Después en el siglo XIX y XX, el estaño configuró la posibilidad de una riqueza que nunca llegó a la mayoría de los ciudadanos. Así ocurrió más recientemente con el petróleo y el gas. Con la belleza de su prosa, nos lo recuerda Eduardo Galeano:

“…la plata de Potosí dejó una montaña vacía
el salitre de la costa del Pacífico dejó un mapa sin mar,
el estaño de Oruro dejó una multitud de viudas.
Eso, y sólo, dejaron”

El 22 de enero de 2006 durante su toma de posesión como presidente de Bolivia Evo Morales afirmaba que “…no se trata de nacionalizar por nacionalizar. Sea el gas natural, el petróleo o los recursos minerales o forestales, tenemos la obligación de industrializarlos”. Más adelante, con visión de futuro y la mira puesta en la elevación de las condiciones de vida de su pueblo, el presidente señaló enfático que era “importante desarrollar una economía con soberanía y (…) que empresas del Estado pueden ejercer, no solamente el derecho de propiedad sobre los recursos naturales, sino entrar en la producción”.

Difícilmente, el litio transformará a Bolivia en una Arabia Saudita, el proyecto del Movimiento al Socialismo, instrumento político de las organizaciones sociales distan mucho de un gobierno de sátrapas y corruptos en un país carente de democracia bajo el cobijo estadounidense. 

Paradójicamente, el Salar de Uyuni, no será un nuevo territorio de “ciudades de sal” sino vergel de futuro para el pueblo boliviano y latinoamericano como sentenciara en 2006 el primer presidente indígena de Bolivia.

martes, 21 de enero de 2014

Chile vs. Perú… y el ganador es…


El año 2014 se inaugura con la espera de un nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que dirimirá un diferendo fronterizo sobre territorio marítimo entre Perú y Chile. La Corte ha fijado para el próximo lunes 27 de enero la fecha en que dictará su decisión acerca del litigio en el que ambos países han presentado sus alegatos.

La mayoría de los conflictos limítrofes en América Latina han tenido su origen en un mapa del continente delineado por un sistema que creó instancias políticas a las que se les adjudicó mayor o menor relevancia en la estructura colonial acorde su riqueza y al peso de sus aportes a la metrópoli. Los monarcas europeos se atribuyeron la potestad de establecer límites en territorios desconocidos, con linderos disimiles en los que instauraron órganos de gobierno sin considerar otros factores que no fueran su viabilidad para el control político en función de aportar riquezas a las realezas. Manifiestas diferencias de puntos de vista en el manejo de sus intereses comerciales llevaron a que las colonias portuguesas se independizaran como un solo y gran Estado nacional que dio origen a Brasil, mientras que las españolas se fracturaron llevando al nacimiento de un variado abanico de nuevas naciones, de heterogéneas dimensiones geográficas, población y potencial económico.

Las oligarquías triunfantes al finalizar la guerra de independencia pudieron usufructuar de las nuevas condiciones políticas al apoderarse de los Estados nacionales para ponerlos al servicio de sus intereses particulares en detrimento de los pueblos y del ideal integracionista que persiguieron los padres fundadores de nuestras naciones. Aquel ideal que llevó a ciudadanos de Venezuela, Nueva Granada, Quito, Perú y Charcas, del Río de la Plata y Chile a luchar indistintamente por la independencia sin importar a que bandera servían y cuál territorio estaban liberando fue abandonado en la medida del tiempo y el avance del siglo XIX hacia el futuro.

Comenzaron a primar intereses comerciales de grupos criollos que se aliaron con el gran capital, sobre todo con el británico, para iniciar la explotación y expoliación de los recursos naturales que en gran dimensión se descubrían en las entrañas de la tierra, los campos y los mares de nuestra región.

Ese fue el marco para nuevos conflictos, que ahora (pleno siglo XIX) tenían un carácter intraoligárquico. Vale decir que el apoderamiento y uso que las élites hicieron del Estado, transformaron vía educación y cultura el interés particular de estas clases, en interés nacional creando un falso concepto de Patria que llevó incluso a los sectores más humildes de la población a olvidar que el origen de su situación de exclusión no estaba fuera de las fronteras nacionales sino en el propio país. Así, eran llamadas a filas, jóvenes humildes que en guerras fratricidas morían en defensa de intereses exclusivos y de potencias extranjeras, bajo el disfraz de defensa de la Patria. Finalmente, olvidaban o no sabían que el Libertador Simón Bolívar nos había legado la idea suprema de que “para nosotros, la Patria es la América”.

Este es el origen de algunos conflictos limítrofes que aún perduran en el tiempo, entre ellos el que motiva estas líneas y que ha conducido una vez más a que las élites chilenas y peruanas convoquen a un supuesto interés nacional para lograr una presumida unidad que en realidad beneficia intereses particulares de ambos países.

En este caso, ya en 1835 Perú sufría contratiempos internos entre diversas facciones de la minoría selecta que había surgido victoriosa de la Independencia. El presidente boliviano Andrés Santa Cruz participó directamente a favor de uno de los grupos en disputa con resultado adecuado a sus intereses. Esta situación devino en la creación de la Confederación peruano-boliviana que despertó de inmediato la suspicacia del gobierno chileno toda vez que dicha alianza tendía a cuestionar la hegemonía de Chile en el Pacífico sur, territorio de grandes riquezas y muy activo en el comercio marítimo, considerando que distaban muchos años para la apertura del canal de Panamá.

En 1837 se produjo –después de incursiones en ambos lados de la frontera- una intervención militar chilena en Perú que fue derrotada por el ejército confederado al mando de Santa Cruz. Sin embargo, en un segundo momento de esta fase del conflicto las fuerzas bolivianas fueron vencidas por el ejército chileno en 1839 y la Confederación peruano-boliviana fue disuelta. Chile emergió victorioso de esta guerra. Sin embargo, el virus de la desconfianza y el resentimiento había permeado muy fuertemente y para siempre las profundidades del sentimiento “patriótico” de cada país.

En 1879, los intereses capitalistas europeos fueron causa de primer orden de una nueva guerra entre los mismos actores. En Chile fundamentalmente, pero también en Bolivia y Perú se habían descubierto importantes yacimientos de salitre. Este mineral era esencial para la elaboración de pólvora, lo que le llevó a transformarse en material estratégico desde el punto de vista de los intereses bélicos de las potencias. Empresas británicas azuzaron en secreto las rivalidades latentes y los intereses comerciales particulares de las burguesías mineras, todo lo cual complotó para generar un conflicto entre los tres países. Aunque en 1874 parecía que se habían creado condiciones para un acuerdo favorable a todas las partes, prevaleció –una vez más- el interés de grupos que privilegiaron el conflicto a favor de la búsqueda de maximizar sus ganancias en la zona, lo cual llevó nuevamente a la confrontación bélica que, -con más fuerza aún- fue introducida en el imaginario popular como de objetivos nacionales, identitarios y libertarios. Lo cierto es que el usufructo de la minería condujo en los tres países a situaciones de explotación extrema de los trabajadores y a la sustracción indiscriminada de la riqueza nacional a favor de una minoría.

Por segunda vez, Chile triunfó en este conflicto. Como resultado del mismo y negociaciones posteriores que se extendieron hasta 1929, Bolivia perdió la provincia de Antofagasta y con ello su costa en el Pacífico y Perú la provincia de Tarapacá hasta Arica. Chile se consolidó como la primera potencia del Pacífico a costa de la expoliación de territorio boliviano y peruano. Sin embargo, los grandes ganadores fueron los intereses capitalistas británicos que se apoderaron de toda la riqueza mineral del territorio obtenido por Chile.

Hoy asistimos a consecuencias aún no resueltas de ese conflicto: una delimitación marítima de los nuevos linderos nacionales. Los puntos de vista a favor que cada país esgrime son sustentados en argumentos que seguramente tienen justa validez. La verdad histórica no necesariamente tiene relación con la verdad jurídica. Es la difícil tarea que tendrán que dirimir los magistrados de la Corte, pero ellos no son historiadores, son jueces. Los que acuden a ese tribunal saben que el dictamen puede ser a favor o en contra, pero también saben que en el sistema internacional, más allá de toda sentencia que tenga validez jurídica en el marco del derecho internacional, es el poderío de una nación respecto de otra la que conduce al acatamiento o no del fallo. Así fue cuando la Corte Internacional de Justicia dictaminó a favor de Nicaragua contra Estados Unidos de 1986 y el más reciente, también a favor de Nicaragua en contra de Colombia el año pasado. Ni uno ni otro han acatado la sentencia. Todo el mundo sabe que en la Haya no necesariamente gana el que tiene la razón, sino el que contrata mejores abogados capaces de exponer los argumentos con mayor solidez y, –vale decirlo- en algunos casos se impone el fervor y el sentido patrio con que algunos juristas defienden los intereses de su país.

En este caso, se sigue acudiendo a la exacerbación de absurdos odios alimentados interesadamente. Cuando la selección nacional de futbol de Chile fue a jugar a Lima en la eliminatoria mundialista reciente, arrebatados hinchas peruanos estuvieron toda la noche en las afueras del hotel donde se hospedaban los chilenos tocando tambores y emitiendo insoportables sonidos encaminados a alterar el descanso necesario de los futbolistas. Los periódicos limeños lo llamaron la “importante contribución del jugador número 12”. Otros siete equipos sudamericanos fueron a jugar a Lima. En ninguno de esos casos, el jugador número 12 se hizo presente. Mientras los fanáticos peruanos se despojaban de su propio sueño, los representantes de le élite chilena que asistieron al encuentro deportivo, tomaban whisky en un encumbrado salón limeño con sus pares peruanos. Al día siguiente, compartieron el palco del estadio. Seguramente, cada cierto tiempo, llamaban telefónicamente desde Lima a su casa en Santiago por la preocupación de haber dejado a sus hijos con una siempre peligrosa “nana peruana”.

Ahora, por una parte, el presidente Humala convocaba a quienes según la prensa de Lima son sus “adversarios políticos más férreos” ( los ex mandatarios Alan García y Alejandro Toledo) en pro de una socorrida unidad nacional que no les impide llegar a acuerdos en el Parlamento para favorecer una presencia extranjera que vulnerando las leyes nacionales, avasalla a los trabajadores peruanos y destruye el medio ambiente con su acción indiscriminada contra la naturaleza y los ciudadanos de las comunidades cercanas a los sectores donde se han instalado.

De otra, su par chileno, Sebastián Piñera, citaba al Consejo de Seguridad Nacional, instrumento de la institucionalidad legada del pinochetismo en el cual por mandato constitucional el poder civil se subordina al militar. Haciendo uso del mismo discurso de sus antepasados en el siglo XIX, Piñera, apeló a la unidad nacional para salvaguardar “un mar que es chileno”. Detrás de tal invocación están los intereses (esos si de unidad) entre el gobierno y la oposición bacheletista que no dudaron en ponerse de acuerdo para aprobar una nueva Ley de Pesca a favor de los grandes grupos económicos que lucran con la explotación del mar en detrimento de los pequeños y medianos pescadores que con su labor cotidiana viven y alimentan a sus familias. En este caso, el saliente presidente chileno desearía asegurarle a los usurpadores del mar, los 37.900 km cuadrados ricos en recursos pesqueros que la Corte Internacional de Justicia le otorgará o no el próximo 27 de enero.

miércoles, 15 de enero de 2014

Panamá. A 50 años de la lucha heroica de los mártires del 9 de enero.


La historia de Panamá está atada directamente a la historia del Canal. Ya en 1864,  en el Tratado Mallarino-Bidlack que Colombia firmó con Estados Unidos, este país se atribuyó la potestad de intervenir militarmente en la región. Así mismo, el instrumento le otorgaba a la potencia del norte la autorización para construir un ferrocarril transístmico con el objetivo de contrarrestar la presencia británica en América Central, permitiendo a su vez acortar las distancias entre sus costas de los océanos Atlántico y  Pacífico.

El 10 de enero de 1870, el secretario de Marina de Estados Unidos le dirigió una carta al Capitán de Fragata Thomas O. Selfridge en la que le informaba que quedaba a cargo de una expedición que debería “… hacer una inspección en el istmo de Darién a fin de determinar el lugar más conveniente para abrir un canal desde el océano Atlántico hasta el Pacífico…”. El Secretario caracterizaba tal encomienda como “…una misión relacionada con la mayor empresa de nuestra época”.

En 1880 se iniciaron las obras de construcción del canal a cargo de una empresa francesa, la Compañía  Universal del Canal de Panamá, que dirigía Ferdinand de Lesseps, el mismo que había dirigido la edificación del Canal de Suez concluido en 1869. El nuevo proyecto no llegó a buen término, las labores se paralizaron en 1882 para ser retomadas un año después en medio de múltiples problemas generados por la imposibilidad de resolver de manera inmediata los retos de ingeniería que encaraba una obra tan compleja, así como por la gran cantidad de trabajadores que contraían fiebre amarilla o malaria, enfermedades que no tenían tratamiento conocido en la época. En 1889 la construcción el canal interoceánico fue suspendida definitivamente.

En 1902, Estados Unidos compró los derechos para construir el canal y al año siguiente firmó con Colombia un nuevo Tratado, el Hay-Herrán que establecía las bases del acuerdo para la construcción y administración del mismo. La novedad es que obtuvo en arriendo perpetuo la concesión de una franja de 9,5 kilómetros  que cubría ambos lados del canal a través de todo el istmo entre los dos océanos. Sin embargo, el Senado de Colombia rechazó tal Tratado por ser lesivo a los intereses nacionales y a la soberanía del país. Esta decisión detonó las ambiciones secesionistas de ciertos sectores de la oligarquía terrateniente panameña que manifestó su descontento por el rechazo  al acuerdo Hay-Herrán.

Desde 1901, en Estados Unidos gobernaba Teodoro Roosevelt, caracterizado por la aplicación de una férrea política intervencionista y una clara vocación imperialista. Roosevelt no dudó en girar instrucciones para estimular la secesión panameña de Colombia en alianza con fracciones de la élite panameña que se identificaban con la política estadounidense. Así, con la presencia del navío de guerra Nashville de la armada de Estados Unidos en el puerto de Colón en el Caribe panameño, la rebelión separatista se consumó el 3 de noviembre con la Independencia de Panamá. Tan sólo 15 días después, en Washington se firmó un nuevo Tratado en el que Panamá estuvo representado por el lobbyista francés Philippe Bunau-Varilla quien secretamente había negociado con Estados Unidos su intervención en la rebelión secesionista. El Tratado Hay-Bunau Varilla cedió a perpetuidad a Estados Unidos el uso de una franja de territorio de 16 kilómetros de ancho a ambos lados del canal y en toda su extensión. A cambio Panamá, obtendría 10 millones de dólares y un pago mensual de 250 mil dólares.

Algunos años después Roosevelt declaró abiertamente “Tomé Panamá y dejé que el congreso discutiera”. En 1921, Colombia aceptó una indemnización de Estados Unidos por 25 millones de dólares por la usurpación de su territorio. En 1904 el Tratado Hay-Bunau Varilla fue ratificado por los parlamentos de ambos países. Desde ese momento se inició la larga lucha del pueblo panameño por la recuperación de su territorio ocupado a la fuerza por una potencia extranjera.

Ya en 1947 se produjeron grandes manifestaciones de rechazo ante la intención de ampliar la presencia de bases militares estadounidenses a territorios fuera de la Zona del Canal, pero fue en la década de los años 50, sobre todo a partir de las acciones de los jóvenes y los estudiantes  cuando el pueblo panameño comenzó a expresar mucho más abiertamente el repudio a la usurpación de su soberanía. En todas ellas, la bandera panameña fue un símbolo de la lucha por la recuperación de la soberanía.

Al finalizar la segunda guerra mundial, el paso interoceánico comenzó  a jugar un papel subsidiario en la importancia estratégica de la Zona del Canal. La instalación en ese lugar de la sede central del Comando Sur, autoridad militar superior de Estados Unidos para la ejecución de su política militar en el hemisferio occidental, aunada a la creación de la OEA y la firma del TIAR, configuró una red de dominación y de consolidación hegemónica de Estados Unidos en la región. Las bases militares navales y aéreas estadounidenses  llegaron a ser 21 según informó en 1967 la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) quien denunció que en realidad dicho componente militar (que incluía la tristemente célebre Escuela de las Américas) sobrepasaba el lindero de la zona y se adentraba en el territorio de la República de Panamá.

Desde este punto de vista, la lucha de los panameños por el rescate de la soberanía sobre la totalidad de su territorio incorporaba también un componente internacionalista y solidario para con toda la región afectada por las constantes intervenciones militares emanadas de la Zona y por la represión que los oficiales latinoamericanos ejercían en sus propios países tras adquirir de las fuerzas armadas de Estados Unidos los conocimientos sobre la tenebrosa Doctrina de Seguridad Nacional que consideraba a los pueblos como el enemigo a derrotar.

En 1963, se acordó que la bandera panameña fuera izada junto a la de Estados Unidos en los edificios civiles de la Zona, lo cual se pondría en práctica a partir del 1° de enero de 1964, sin embargo tal decisión no se cumplió. El 7 del mismo mes, los estudiantes estadounidenses izaron su bandera en la Escuela Superior de Balboa, los panameños aspiraban a hacer lo mismo en cumplimiento del acuerdo al que se había llegado.  El día 9, estudiantes del Instituto Nacional de Panamá obtienen permiso para izar su bandera en la Escuela Superior de Balboa, lo cual es rechazado violentamente por estudiantes estadounidenses de la Zona y sus familiares con el apoyo de la policía militar que acude a reprimir a los panameños quienes se repliegan a un lugar seguro. Sin embargo, la noticia de lo ocurrido se divulgó  muy rápidamente por diferentes sectores aledaños al canal, a partir de lo cual ciudadanos indignados acudieron a ayudar a los estudiantes reprimidos por la policía. Las fuerzas de seguridad estadounidenses de la Zona, así como residentes de la misma comienzan a utilizar armas de fuego contra los estudiantes que protestaban. Estos comenzaron a acudir en número creciente, contando con el apoyo de miles de ciudadanos indignados por la represión  por lo que la policía es desbordada, pidiendo ayuda a las Fuerzas Armadas, a pesar que  su virtual enemigo estaba despojado de armamento y solo portaba su bandera nacional como símbolo de la lucha que habían emprendido.

En la noche, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegaron la 193 Brigada de Infantería, la que portando armamento de combate y contando con el apoyo de artillería y blindados arremeten contra los manifestantes trayendo como consecuencia la muerte 22 de ellos, además causando alrededor de 400 heridos. Las acciones se prolongaron hasta el día 11 cuando la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se hizo patente incluso en ciudades panameñas, bajo el argumento de dar persecución a estudiantes que habían participado en las acciones del día 9.



Esos 22 estudiantes panameños son considerados héroes y mártires en su país. Su recuerdo acompaña permanentemente las luchas de su pueblo. Al cumplirse 50 años de su muerte heroica, la llama permanente de su vida joven entregada a la batalla por la soberanía nacional brilla hoy en un país que recuperó su territorio y está aparentemente libre de la soldadesca yanqui que mancilló su tierra sagrada.