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viernes, 6 de diciembre de 2019

La alarmante “colombianización” de la política en América Latina


Los acontecimientos políticos de los últimos años han develado una novedosa característica de la democracia representativa la cual siendo intrínseca a ella, se ha hecho pública y patente en tiempos recientes: se trata de la alianza entre delincuencia y clase política como necesidad para el sostén del modelo y el sistema. En América Latina ese proceso podría denominarse “colombianización de la política”. 

Esta estrategia se puso en efecto al finalizar la guerra fría. El enemigo comunista había desaparecido, el imperio necesitaba fabricar uno nuevo que permitiera justificar su permanente presencia militar en la región. Definió que los nuevos enemigos serían el narcotráfico y la inmigración ilegal. 

A partir de ellos, involucró a las instituciones armadas y policiales de los países latinoamericanos y caribeños en un supuesto enfrentamiento con dichas fuerzas hostiles, así argumentaba a favor de la preparación y formación de estas instituciones bajo su égida. Mientras tanto, seguía instalando bases militares, aunque en muchos casos puso el énfasis en las alianzas con órganos de seguridad para burlar las legislaciones locales. 


Al unísono, sus propias agencias: la DEA, el Pentágono, la CIA, la AID entre otras, amparadas en el cobijo que le daban los medios de comunicación, actuaban con total impunidad regulando de acuerdo a sus intereses el flujo de droga y de migrantes. 

Aunque vociferaban y vociferan en contra de uno y otro, lo cierto es que lo necesitan: a los migrantes para realizar los trabajos mal pagados que los estadounidenses no quieren hacer. Bajo la “espada de Damocles” que significa la posibilidad de expulsión del territorio de Estados Unidos, los inmigrantes están dispuestos a todo con tal de permanecer en el país, permitiendo que el gobierno admita la presencia de mano de obra barata de acuerdo a las necesidades de las empresas que, de esta manera y que bajan los costos de producción. Así mismo, los más jóvenes son utilizados como “carne de cañón” al servicio de las fuerzas armadas estadounidenses invasoras en decenas de lugares del mundo, con la promesa de que al regreso obtendrán la residencia y la ciudadanía. 

Por su parte, la droga tiene una doble utilidad: como recurso monetario para sostener el funcionamiento del sistema, considerando que si dejara de fluir por éste, se produciría un shock financiero de dimensiones incalculables. Al respecto, ya a finales de los años 80 del siglo pasado según cifras -muy difíciles de verificar- dadas a conocer por el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de Estados Unidos (NIDA), el producto de la venta anual de droga era de 110 mil millones de dólares aunque si se suman los costos de producción, transporte y distribución al mayor, esa cifra llegaba a 260 mil millones, que sería el producto total de la industria de la droga. Incluso, cuando las siete naciones más poderosas del mundo crearon el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) con la finalidad de investigar la legitimación de capitales en la región donde supuestamente se concentraba el grueso del lavado del dinero del narcotráfico, se descubrió que de todo el dinero que se blanquea en el mundo solo el 8,3% se hace en esta región. 

El segundo uso que tiene la droga es –literalmente- como estupefaciente. Si se toma en cuenta que el consumo en Estados Unidos alcanza según el NIDA al 37% de la población, cifra que fue refrendada por la empresa Gallup que la llevó hasta 40%, la adicción mantiene a la juventud paralizada, estupidizada e incapaz de promover o participar en acciones que cuestionen el sistema, al contrario, tal como se desea, permanecen sujetas al control y manejo de intereses particulares y de sectores que no están pensando en el bien de la sociedad. 

El periodista mexicano, J. Jesús Esquivel en la introducción de su libro “Los narcos gringos” expresa que “…lo que es claro, y lo aceptan las mismas autoridades federales de ese país [Estados Unidos], es que parece imposible acabar con el problema del narcotráfico porque la debilidad de sus ciudadanos por las drogas no tiene límites ni fin”. 

De esa manera, la DEA, el mayor cártel narcotraficante del mundo se dedicó a atacar la oferta en su origen mientras que la demanda creciente en Estados Unidos jamás ha sido combatida. Salvo durante el gobierno de Ronald Reagan, ningún otro presidente se preocupó de realizar una campaña nacional para prevenir el consumo de drogas. Y lo hizo, porque su hija Patti Davis fue una adicta a las anfetaminas y la cocaína. 

En 1986 el Congreso de Estados Unidos aprobó el proceso de certificación de la lucha antidroga. De esta manera estableció una diferenciación entre narcos buenos y malos. Estos últimos son los que debían ser perseguidos. Así, la DEA estableció contacto con los carteles y por añadidura con los políticos que debían elaborar proyectos y programas para combatir el tráfico. En ese trío de terror: DEA, clase política y carteles de la droga se encuentra el origen de la vinculación tenebrosa entre delito y política que hoy acosa a la región. 

Uno de esos narcotraficantes “buenos” es Álvaro Uribe Vélez quien estuvo en la lista de los mayores trafagadores de narcóticos del mundo con el N° 82 de la lista del FBI, lista de la que fue retirado cuando asumió la presidencia de Colombia. Así mismo, Uribe fue creador y progenitor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la mayor organización paramilitar de ese país. Estados Unidos también lo sabía. 

Con los dos expedientes en mano: el de narcotraficante y el de líder de los paramilitares, Estados Unidos procedió a construir una gran red de intervención militar en la región para sustituir la que se había desmantelado tras la salida de sus fuerzas armadas de Panamá el 31 de diciembre de 1999 en cumplimiento de los acuerdos Torrijos-Carter. Así se creó un método que resultó ser muy eficiente para sus objetivos. Permite los actos delictivos de estos líderes a cambio de que ellos acepten aplicar la política de Estados Unidos para la región. 

Aprovechó los 8 años que Uribe permaneció en el gobierno, para solidificar esa estrategia a cambio de avalar y financiar -a través del Plan Colombia- la represión contenida en la política de seguridad democrática que incluía la creación de falsos positivos, el asesinato de líderes sociales, sindicales y de derechos humanos, la persecución y la tortura a dirigentes políticos y hasta luz verde para invadir otros países, todo lo cual significó el desplazamiento y refugio en Estados vecinos de millones de colombianos. 

En la práctica esto apuntó a una mayor subordinación de las fuerzas armadas y de seguridad de Colombia a la de Estados Unidos, la instalación de 7 bases militares estadounidenses en territorio colombiano y su incorporación a la OTAN, vulnerando el acuerdo de la Celac de declarar a América Latina y el Caribe como zona de paz. 

Aunque el “modelo Uribe” es paradigmático en esta materia, no es exclusivo de Colombia. Recientemente la periodista mexicana Anabel Hernández dio a conocer su libro “El traidor, el diario secreto del hijo del Mayo” en el que cuenta la manera en que Vicente Zambada Niebla -mejor conocido como “Vicentillo”- hijo de Ismael “Mayo” Zambada, verdadero líder del cartel de Sinaloa (por encima del Chapo Guzmán según la periodista) le hizo llegar en 2011 diversos documentos a través de su abogado, Fernando Gaxiola. Zambada Niebla, quien está preso en Estados Unidos daba detalles de la presunta colaboración de narcotraficantes con la DEA y altos funcionarios del Gobierno mexicano, incluyendo el supuesto pago de sobornos millonarios a los ex presidentes de México: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero además, “Vicentillo” le hizo saber a Hernández que el Gobierno de Estados Unidos había hecho un pacto desde hacía muchos años con el Cártel de Sinaloa. 

De esta manera, el “éxito” del modelo Uribe dio pie para que Estados Unidos avalara la elección de delincuentes como presidentes de los países de América Latina: son los casos por ejemplo de Sebastián Piñera declarado reo y prófugo de la justicia en el caso Banco de Talca, que es su delito más conocido pero no el único del actual presidente de Chile tal como se ha informado profusamente en ese país; así mismo Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, es miembro de una familia de narcotraficantes como lo determinó un juez del propio Estados Unidos. 

En una situación similar se encuentra, Mauricio Macri, procesado por contrabando de autopartes y por espionaje ilegal y quien al llegar al gobierno condonó la deuda que su familia tenía con el Estado rebajando en un 98,8% la deuda original dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la misma. Macri también ha sido inculpado en otros casos que la justicia está investigando como los de la Autopista del Sur y la licitación de parques eólicos. 

Vale recordar que en el caso de Perú, los últimos cinco presidentes, todos apoyados por Estados Unidos (quizá con la salvedad de Ollanta Humala) están presos o enjuiciados por casos de corrupción. Uno de ellos, Alan García se suicidó para escapar de la ley. 

Pero, en lo que pareciera ser una situación extrema, Estados unidos avaló y dio órdenes a los países subordinados que forman parte de los desfallecientes Grupo de Lima y TIAR para que avalaran los actos de corrupción y los vínculos demostrados del diputado venezolano Juan Guaidó con organizaciones paramilitares y narcotraficantes de Colombia, con los que incluso pactó la entrega de una parte del territorio de Venezuela, dándoles “carta blanca” para la comisión de delitos a cambio de su apoyo para intentar apoderarse del gobierno. 

Estas alianzas producidas con la clase política (en particular con gobernantes y dirigentes de la derecha y la extrema derecha) de los dos países de América Latina en los que mayor incidencia ha tenido el narcotráfico en los últimos 50 años (México y Colombia), podría permitir explicar las transformaciones que se están produciendo en la forma como estos gobiernos enfrentan la movilización de las sociedades en contra de la aplicación de medidas de corte neoliberal. 

El paso sucesivo en esta práctica es la configuración de partidos políticos conformados por paramilitares y narcotraficantes (como el caso de Colombia y Honduras) o la infiltración de otros (como Paraguay, Guatemala, Bolivia, Chile y México). 

En las condiciones actuales de grandes movilizaciones populares se ha visto cómo las policías se dedican a reprimir al movimiento social mientras dejan actuar libremente a delincuentes y narcotraficantes. Estos, a través de acciones vandálicas en la que en muchos casos actúan de manera mancomunada con las propias “fuerzas del orden”, intentan de esa forma, deslegitimar la movilización popular en pro de sus demandas de democracia, justicia y equidad. 

Hoy 4 de diciembre, día de Santa Bárbara para los católicos y cuando los yoruba que practican el culto lucumí, celebran el día de Changó, uno de los orishas (divinidad) más reconocida, que entre otros atributos posee el de procurar justicia, es de desear que ésta se haga presente y las sociedades recuperen (si es que algún día la tuvieron) la paz para realizar sus sueños, hoy cercenados por esta pérfida alianza entre Estados Unidos, las organizaciones de delincuencia organizada y el narcotráfico y la derecha política latinoamericana.

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