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martes, 26 de febrero de 2013

España, monarquía y gobierno: corrupción, engaño y derroche


A través de la historia, España ha sido un país que no se ha podido vanagloriar de una clase política que haya estado a la altura de las necesidades de su desarrollo y crecimiento como nación autónoma. Su presencia en el escenario global siempre ha ido de la mano de su subordinación y dependencia  de otros actores internacionales.

Desde hace varias centurias, puntualmente a partir de 1700 la familia Borbón (proveniente de Francia) ha “conducido” los destinos del Estado español con sólo dos breves interrupciones en 1808 y 1868 y un interregno mayor en el siglo XX período en el cual desde 1936 hasta 1975 estuvo en el poder  Francisco Franco quien instauró una dictadura fascista, caracterizada por la represión contra el movimiento popular y su apoyo a la Alemania nazi. Al finalizar la segunda guerra mundial con la derrota de Alemania y sus aliados, España estuvo sometida al aislamiento internacional sin que su economía pudiera despegar durante décadas. Su condición anti democrática significó que se mantuviera al margen de las primeras iniciativas de integración europeas.

Un alto dirigente franquista, Manuel Fraga quien fue titular de información y turismo, de gobernación y vicepresidente durante la dictadura  creó en 1976  la Alianza Popular uniendo diversas fuerzas de la ultra derecha conservadora y fascista. En 1989, Fraga y otros líderes franquistas la transforman en el actual  Partido Popular de España.

De esta manera, dictadura franquista, monarquía y Partido Popular configuran diferentes expresiones del mismo poder político que se estableció a partir de un origen común y un desarrollo paralelo. La novedad de los últimos años ha sido que a esa tenebrosa trilogía se le ha venido a adicionar un nuevo actor que surgió y se mantuvo al margen durante décadas hasta que ya en democracia y bajo el liderazgo de Felipe González, inició su travestismo político: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

González lideró al PSOE durante 22 años y fue presidente del Estado español durante 14, desde 1982 hasta 1996. En ese período, aparentemente logró sacar a España del marasmo económico al que estuvo sometida por siglos, a cambio de una nueva subordinación dependiente de la Unión Europea (UE).  Para ello, incurrió en una gigantesca deuda pública,  en la solicitud de concesión a España  de la mitad  de los recursos financieros de la UE  disponibles en los Fondos de Desarrollo, así como de importantes recursos provenientes de los Fondos de Cohesión y  de la Política Agrícola Común de la UE. Eso hizo que se creara en el país ibérico una falsa sensación de prosperidad y la suposición de que concurrían al siglo XXI con una fortaleza económica que le permitiría actuar en el escenario internacional en igualdad de condiciones que las grandes potencias.  En realidad, habían comenzado a flotar en una burbuja que los condujo a un nuevo sometimiento a la UE y en particular a Alemania. Los acontecimientos recientes reflejan que no han podido salir de la inercia ahora sostenida por esta nueva tríada perversa: monarquía, PSOE y PP.

Hoy, la monarquía ha sido ampliamente cuestionada por sus actuaciones públicas y por el involucramiento de varios de sus representantes en hechos de corrupción o cuando menos de dudoso comportamiento moral para quien ejerce funciones en la cúpula del Estado. Aunque desde hace un tiempo las acciones poco éticas de la monarquía son de común dominio de la opinión pública española, es desde el año pasado cuando han adquirido notoriedad a nivel global.

En abril de 2012 se reportó que mientras la tasa de desempleo se encontraba cercana al 25% y aproximada al 50% para los jóvenes en edad laboral, el Rey se encontraba en un safari para cazar elefantes en Botswana. El costo de dicha  diversión monárquica es superior al salario que percibe durante todo un año la mayoría de los españoles y el doble del salario promedio anual.
En su momento, esta situación llevó a Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) a decir que "Ha llegado el momento de que la Casa Real se plantee, en este caso el jefe del Estado, que tiene que elegir entre las obligaciones y las servidumbres de las responsabilidades públicas o una abdicación que le permita disfrutar de una vida diferente". Tal opinión ha sido refrendada por el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña Pere Navarro,  quien  el pasado miércoles 20 pidió que el Rey Juan Carlos abdique y que su hijo, el príncipe Felipe encabece una “segunda transición” política en España.
En el trasfondo, se respira el ambiente maligno creado por el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, duque de Palma, quien utilizando su condición de miembro de la monarquía,  se aprovechó para desviar millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos que presidía. Por esta causa, la Fiscalía está indagando su involucramiento en delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
El manejo mediático de la investigación ha puesto el énfasis en tratar de descubrir si hubo conocimiento o vínculo de la monarquía con tales delitos. A pesar que el propio Urdangarin ha negado tal relación, la prensa española ha divulgado  correos electrónicos en los que se liga al esposo de la hija del Rey en negocios con Corinna Sayn-Wittgenstein, quien según la misma prensa es la amante de Juan Carlos y lo acompañaba en su tour de cacería en Botswana. Como señala el periódico El Mundo de Madrid de 18 de febrero pasado “En la mayoría de estos correos, tanto Urdangarin, como Corinna hacen referencia a que Juan Carlos estaba al corriente de estas ´operaciones` como, las califica el duque”. Incluso, en otros correos aportados por el ex socio de Urdangarin a la justicia, -refiriéndose a los negocios de éste- se indica la mediación directa del Rey en el mismo. En uno de esos correos, el yerno real cuenta que su suegro prometió “toda su ayuda para encontrar ayuda financiera” (SIC).
En otro ámbito, no es mejor la situación de los otros dos eslabones de la tríada que se hunden y, hunden en la putrefacción a la política española. Mientras una marea ciudadana protestaba en varias ciudades contra la corrupción y las medidas restrictivas en materia social, -en un país minado por la recesión y por un desempleo que alcanza los 6 millones de parados- el PP y el PSOE se trenzaron en  un absurdo debate para tratar de demostrar cuál de los dos es más culpable de la crisis.
En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados con motivo de su informe anual sobre el estado de la nación el presidente Mariano Rajoy señaló que “ya pasó lo peor” y vaticinó una inminente salida de la crisis. Con total hipocresía dijo que a pesar de todo “el barco no se ha hundido”. Ante el estupor de los españoles obvió decir que en su año de gobierno la paupérrima  situación económica heredada de los socialistas ha empeorado. La tasa de desempleo ha alcanzado el 25,4%, en los últimos 14 meses se han eliminado 900 mil empleos  a razón de 8 mil 500 por día, debido en gran medida a una reforma laboral que favoreció  a los empresarios. En ese mismo período más de 400 mil familias españolas han perdido sus viviendas y 12 personas se han suicidado por tal motivo.
En su defensa el gobernante de derecha informó que a pesar de la pérdida de empleo y la magnitud de la crisis, el déficit público cerró  por debajo del 7%, inferior al 9% del año anterior. Evitó decir que no alcanzó la meta propuesta de 6,3% con la que se comprometió con la Unión Europea. También soslayó referirse a los escándalos de corrupción que afectan a su partido. Por el contrario refutó  a la principal agrupación opositora afirmando que el PP no ha sido sometido a juicio, a diferencia del PSOE.
Las tibias intervenciones del líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba -quien acusó a Rajoy de demagogo y de no tener credibilidad-,  se encaminaron a poner el acento en el tema de la corrupción. A partir de ello ambos políticos evidenciaron el hedor nauseabundo que despide la clase política española al involucrarse en una tan estéril como absurda discusión, no exenta de recriminaciones personales que pusieron en el tapete la certeza de que ninguno de los dos es garantía cierta para salir de la crisis, por lo menos en condiciones de que la mayoría de los españoles puedan retomar estándares aceptables de vida. Vale decir que ambos partidos en conjunto tienen menos del 50% de aprobación de la ciudadanía.
Algo pasa en España, ante la crisis y la charlatanería de la clase política el movimiento popular se moviliza de manera creciente. Sería deseable que tal espíritu de lucha se manifieste en acciones concretas que conduzcan a la derrota de esta nueva tríada de poder que en base a la corrupción, el engaño y el derroche ha sumido a España en la peor crisis de su historia.   

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