No habrá ciudades de sal en Bolivia

En su extraordinaria novela “Ciudades de Sal”, Abderrrahmán Munif considerado el mejor novelista árabe de la segunda mitad de la pasada centuria, hace una fenomenal radiografía de la sociedad beduina de la Arabia Saudita de comienzos del Siglo XX, así como la radical transformación que sufriría la misma a partir del descubrimiento del petróleo. Arropada con una bella prosa y haciendo una minuciosa descripción muy útil para los que desde la distancia desconocemos las particularidades de la vida de los oasis ubicados a lo largo de la ruta de las caravanas, Munif nos da a conocer el profundo conflicto creado por el desgarro que produjo en los hombres y mujeres del desierto la llegada de las empresas petroleras británicas y estadounidenses, produciendo –a partir de entonces- una insondable metamorfosis en la vida cotidiana, la cultura, la vinculación de los ciudadanos con la naturaleza, los valores y los códigos morales de los ancestrales habitantes de tierras tan desoladas. 

El título del libro dice relación a una forma de vida surgida en el desierto a la par de la irrupción del petróleo. Dichas urbes, portadoras de los valores de Occidente y poseedoras de un certificado de identidad falsificado que se construyó sobre una riqueza fatua y una cultura extraña para los ciudadanos del desierto, “pueden estallar y desaparecer en un instante” a decir de Edward Said. 

Este fenómeno que algunos llaman modernidad, es mostrado hoy como los evidentes logros de una sociedad que bajo el reinado de la familia Saúd muestra cifras de crecimiento sostenido que no pueden ocultar un país atrasado y conservador, con un gobierno despótico en el que las mujeres tienen conculcados sus derechos y que no resiste la menos evaluación respecto del funcionamiento democrático, en cuanto a derechos civiles y humanos de su población. La riqueza petrolera le ha permitido al país introducir una modernización que significó el desarrollo de infraestructuras y una gran independencia financiera. El problema ha sido y aún es, la desenfrenada ostentación de la monarquía a partir de una riqueza que no ha sido redistribuida equitativamente a la población.

Todo esto bajo el amparo de Estados Unidos y Europa que se hacen de la “vista gorda” ante tan evidentes violaciones de los derechos humanos de quien consideran un aliado leal, mientras exigen “buen comportamiento” en otras latitudes, a las que incluso son capaces de movilizar gigantescos contingentes de sus ejércitos para imponer verdades acorde a sus intereses. Así, Arabia Saudita se ha convertido en la sede de una de las más importantes concentraciones de tropas de Estados Unidos en el mundo.

Esta larga introducción viene a razón de una manida frase que comienza peligrosamente a copar el espectro informativo internacional cuando se dice que aquellos países que poseen grandes reservas de litio podrían convertirse en la Arabia Saudita de ese mineral. Muy probablemente, quienes enarbolan tal afirmación visualizan la posibilidad de un cambio brusco de una sociedad rezagada en el contexto del desarrollo capitalista mundial a otra “adelantada” en términos de los valores que blande Occidente para que se pueda ostentar tal caracterización.

Estudios publicados por especialistas en la materia no logran ponerse de acuerdo torno a si las mayores reservas mundiales de litio se encuentran en Afganistán o en Bolivia. Ambos países amenazados por Estados Unidos -aunque en diferente medida - se muestran en las antípodas en cuanto a las posibilidades de hacer uso de sus riquezas para fines propios de sus ciudadanos. El litio es un mineral básico para la construcción de computadoras, teléfonos celulares, cámaras digitales o baterías de vehículos eléctricos.

Afganistán es el quinto país más pobre del mundo, casi la mitad de sus 30 millones de habitantes vive con menos de 14 dólares al mes, la tasa de alfabetización no supera el 25% y la esperanza de vida es de 43 años. La ocupación militar estadounidense y la guerra han profundizado esa situación. 

Un equipo de inspectores del Centro de investigaciones geológicas de Estados Unidos encontró reservas por valor de un billón de dólares según se reportó en junio de 2010, aunque algunos analistas afirman que incluso podrían ser superiores. Resulta curioso que esta novedad haya sido dada a conocer por una institución de la potencia ocupante y en el noveno año desde el inicio de la intervención. Valdría conjeturar si ya desde mucho antes, sus satélites no les habrán dado información al respecto. Lo cierto es que tal “descubrimiento” podría generar “niveles de desarrollo” similares a los sauditas, aunque antes Estados Unidos debería pacificar el país.

Sin embargo, el analista político afgano Janan Mosazai es pesimista: "Dudo que el país sea capaz de gestionar esta riqueza para construir un Afganistán más prospero y pacífico". En la perspectiva, subyace la idea de que al igual que con Arabia Saudita, para asegurarse el abastecimiento de petróleo, Estados Unidos haya minimizado los excesos autoritarios de la monarquía, lo que induce a suponer que podría repetirse el guión para hacerse de los ricos yacimientos de litio afganos. 

En el otro lado del planeta, Bolivia es poseedora, en el salar de Uyuni de la mitad de las reservas internacionales de litio detectadas hasta el año 2010. Sin embargo, la posición del presidente Evo Morales es diametralmente opuesta a la que se observa en Afganistán. Ante la voracidad de las empresas transnacionales por hacerse de los ricos yacimientos, el presidente Morales ha sido enfático “…Bolivia necesita socios, pero no dueños de nuestros recursos naturales”. Afirmó que aunque Bolivia no tiene ni la tecnología ni la capacidad financiera para explotar el estratégico mineral, su gobierno “Jamás va a perder la propiedad de sus recursos naturales”.

Así, Bolivia, no apuesta solo a la extracción del litio o al procesamiento de “simples baterías” sino a una industrialización en gran escala que beneficie a la mayoría de los ciudadanos y les permita mejorar su nivel de vida. En esa medida, Morales ha actuado con suma prudencia en la elección de sus socios y ha firmado un decreto por el que se protege la propiedad estatal del mineral y de las plantas de procesamiento que se generen a partir de la explotación del mismo.

En Bolivia, la historia muestra una continuidad en cuanto a la expoliación sufrida por su pueblo como consecuencia de la explotación minera. En la colonia la plata de Potosí se convirtió en la principal fuente de ese mineral para enriquecer las arcas de la monarquía española. Después en el siglo XIX y XX, el estaño configuró la posibilidad de una riqueza que nunca llegó a la mayoría de los ciudadanos. Así ocurrió más recientemente con el petróleo y el gas. Con la belleza de su prosa, nos lo recuerda Eduardo Galeano:

“…la plata de Potosí dejó una montaña vacía

el salitre de la costa del Pacífico dejó un mapa sin mar,

el estaño de Oruro dejó una multitud de viudas.

Eso, y sólo, dejaron”

El 22 de enero de 2006 durante su toma de posesión como presidente de Bolivia Evo Morales afirmaba que “…no se trata de nacionalizar por nacionalizar. Sea el gas natural, el petróleo o los recursos minerales o forestales, tenemos la obligación de industrializarlos”. Más adelante, con visión de futuro y la mira puesta en la elevación de las condiciones de vida de su pueblo, el presidente señaló enfático que era “importante desarrollar una economía con soberanía y (…) que empresas del Estado pueden ejercer, no solamente el derecho de propiedad sobre los recursos naturales, sino entrar en la producción”.

Difícilmente, el litio transformará a Bolivia en una Arabia Saudita, el proyecto del Movimiento al Socialismo, instrumento político de las organizaciones sociales distan mucho de un gobierno de sátrapas y corruptos en un país carente de democracia bajo el cobijo estadounidense. 

Paradójicamente, el Salar de Uyuni, no será un nuevo territorio de “ciudades de sal” sino vergel de futuro para el pueblo boliviano y latinoamericano como sentenciara en 2006 el primer presidente indígena de Bolivia.

Chile vs. Perú… y el ganador es…

El año 2014 se inaugura con la espera de un nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que dirimirá un diferendo fronterizo sobre territorio marítimo entre Perú y Chile. La Corte ha fijado para el próximo lunes 27 de enero la fecha en que dictará su decisión acerca del litigio en el que ambos países han presentado sus alegatos.

La mayoría de los conflictos limítrofes en América Latina han tenido su origen en un mapa del continente delineado por un sistema que creó instancias políticas a las que se les adjudicó mayor o menor relevancia en la estructura colonial acorde su riqueza y al peso de sus aportes a la metrópoli. Los monarcas europeos se atribuyeron la potestad de establecer límites en territorios desconocidos, con linderos disimiles en los que instauraron órganos de gobierno sin considerar otros factores que no fueran su viabilidad para el control político en función de aportar riquezas a las realezas. Manifiestas diferencias de puntos de vista en el manejo de sus intereses comerciales llevaron a que las colonias portuguesas se independizaran como un solo y gran Estado nacional que dio origen a Brasil, mientras que las españolas se fracturaron llevando al nacimiento de un variado abanico de nuevas naciones, de heterogéneas dimensiones geográficas, población y potencial económico.

Las oligarquías triunfantes al finalizar la guerra de independencia pudieron usufructuar de las nuevas condiciones políticas al apoderarse de los Estados nacionales para ponerlos al servicio de sus intereses particulares en detrimento de los pueblos y del ideal integracionista que persiguieron los padres fundadores de nuestras naciones. Aquel ideal que llevó a ciudadanos de Venezuela, Nueva Granada, Quito, Perú y Charcas, del Río de la Plata y Chile a luchar indistintamente por la independencia sin importar a que bandera servían y cuál territorio estaban liberando fue abandonado en la medida del tiempo y el avance del siglo XIX hacia el futuro.

Comenzaron a primar intereses comerciales de grupos criollos que se aliaron con el gran capital, sobre todo con el británico, para iniciar la explotación y expoliación de los recursos naturales que en gran dimensión se descubrían en las entrañas de la tierra, los campos y los mares de nuestra región.

Ese fue el marco para nuevos conflictos, que ahora (pleno siglo XIX) tenían un carácter intraoligárquico. Vale decir que el apoderamiento y uso que las élites hicieron del Estado, transformaron vía educación y cultura el interés particular de estas clases, en interés nacional creando un falso concepto de Patria que llevó incluso a los sectores más humildes de la población a olvidar que el origen de su situación de exclusión no estaba fuera de las fronteras nacionales sino en el propio país. Así, eran llamadas a filas, jóvenes humildes que en guerras fratricidas morían en defensa de intereses exclusivos y de potencias extranjeras, bajo el disfraz de defensa de la Patria. Finalmente, olvidaban o no sabían que el Libertador Simón Bolívar nos había legado la idea suprema de que “para nosotros, la Patria es la América”.

Este es el origen de algunos conflictos limítrofes que aún perduran en el tiempo, entre ellos el que motiva estas líneas y que ha conducido una vez más a que las élites chilenas y peruanas convoquen a un supuesto interés nacional para lograr una presumida unidad que en realidad beneficia intereses particulares de ambos países.

En este caso, ya en 1835 Perú sufría contratiempos internos entre diversas facciones de la minoría selecta que había surgido victoriosa de la Independencia. El presidente boliviano Andrés Santa Cruz participó directamente a favor de uno de los grupos en disputa con resultado adecuado a sus intereses. Esta situación devino en la creación de la Confederación peruano-boliviana que despertó de inmediato la suspicacia del gobierno chileno toda vez que dicha alianza tendía a cuestionar la hegemonía de Chile en el Pacífico sur, territorio de grandes riquezas y muy activo en el comercio marítimo, considerando que distaban muchos años para la apertura del canal de Panamá.

En 1837 se produjo –después de incursiones en ambos lados de la frontera- una intervención militar chilena en Perú que fue derrotada por el ejército confederado al mando de Santa Cruz. Sin embargo, en un segundo momento de esta fase del conflicto las fuerzas bolivianas fueron vencidas por el ejército chileno en 1839 y la Confederación peruano-boliviana fue disuelta. Chile emergió victorioso de esta guerra. Sin embargo, el virus de la desconfianza y el resentimiento había permeado muy fuertemente y para siempre las profundidades del sentimiento “patriótico” de cada país.

En 1879, los intereses capitalistas europeos fueron causa de primer orden de una nueva guerra entre los mismos actores. En Chile fundamentalmente, pero también en Bolivia y Perú se habían descubierto importantes yacimientos de salitre. Este mineral era esencial para la elaboración de pólvora, lo que le llevó a transformarse en material estratégico desde el punto de vista de los intereses bélicos de las potencias. Empresas británicas azuzaron en secreto las rivalidades latentes y los intereses comerciales particulares de las burguesías mineras, todo lo cual complotó para generar un conflicto entre los tres países. Aunque en 1874 parecía que se habían creado condiciones para un acuerdo favorable a todas las partes, prevaleció –una vez más- el interés de grupos que privilegiaron el conflicto a favor de la búsqueda de maximizar sus ganancias en la zona, lo cual llevó nuevamente a la confrontación bélica que, -con más fuerza aún- fue introducida en el imaginario popular como de objetivos nacionales, identitarios y libertarios. Lo cierto es que el usufructo de la minería condujo en los tres países a situaciones de explotación extrema de los trabajadores y a la sustracción indiscriminada de la riqueza nacional a favor de una minoría.

Por segunda vez, Chile triunfó en este conflicto. Como resultado del mismo y negociaciones posteriores que se extendieron hasta 1929, Bolivia perdió la provincia de Antofagasta y con ello su costa en el Pacífico y Perú la provincia de Tarapacá hasta Arica. Chile se consolidó como la primera potencia del Pacífico a costa de la expoliación de territorio boliviano y peruano. Sin embargo, los grandes ganadores fueron los intereses capitalistas británicos que se apoderaron de toda la riqueza mineral del territorio obtenido por Chile.

Hoy asistimos a consecuencias aún no resueltas de ese conflicto: una delimitación marítima de los nuevos linderos nacionales. Los puntos de vista a favor que cada país esgrime son sustentados en argumentos que seguramente tienen justa validez. La verdad histórica no necesariamente tiene relación con la verdad jurídica. Es la difícil tarea que tendrán que dirimir los magistrados de la Corte, pero ellos no son historiadores, son jueces. Los que acuden a ese tribunal saben que el dictamen puede ser a favor o en contra, pero también saben que en el sistema internacional, más allá de toda sentencia que tenga validez jurídica en el marco del derecho internacional, es el poderío de una nación respecto de otra la que conduce al acatamiento o no del fallo. Así fue cuando la Corte Internacional de Justicia dictaminó a favor de Nicaragua contra Estados Unidos de 1986 y el más reciente, también a favor de Nicaragua en contra de Colombia el año pasado. Ni uno ni otro han acatado la sentencia. Todo el mundo sabe que en la Haya no necesariamente gana el que tiene la razón, sino el que contrata mejores abogados capaces de exponer los argumentos con mayor solidez y, –vale decirlo- en algunos casos se impone el fervor y el sentido patrio con que algunos juristas defienden los intereses de su país.

En este caso, se sigue acudiendo a la exacerbación de absurdos odios alimentados interesadamente. Cuando la selección nacional de futbol de Chile fue a jugar a Lima en la eliminatoria mundialista reciente, arrebatados hinchas peruanos estuvieron toda la noche en las afueras del hotel donde se hospedaban los chilenos tocando tambores y emitiendo insoportables sonidos encaminados a alterar el descanso necesario de los futbolistas. Los periódicos limeños lo llamaron la “importante contribución del jugador número 12”. Otros siete equipos sudamericanos fueron a jugar a Lima. En ninguno de esos casos, el jugador número 12 se hizo presente. Mientras los fanáticos peruanos se despojaban de su propio sueño, los representantes de le élite chilena que asistieron al encuentro deportivo, tomaban whisky en un encumbrado salón limeño con sus pares peruanos. Al día siguiente, compartieron el palco del estadio. Seguramente, cada cierto tiempo, llamaban telefónicamente desde Lima a su casa en Santiago por la preocupación de haber dejado a sus hijos con una siempre peligrosa “nana peruana”.

Ahora, por una parte, el presidente Humala convocaba a quienes según la prensa de Lima son sus “adversarios políticos más férreos” ( los ex mandatarios Alan García y Alejandro Toledo) en pro de una socorrida unidad nacional que no les impide llegar a acuerdos en el Parlamento para favorecer una presencia extranjera que vulnerando las leyes nacionales, avasalla a los trabajadores peruanos y destruye el medio ambiente con su acción indiscriminada contra la naturaleza y los ciudadanos de las comunidades cercanas a los sectores donde se han instalado.

De otra, su par chileno, Sebastián Piñera, citaba al Consejo de Seguridad Nacional, instrumento de la institucionalidad legada del pinochetismo en el cual por mandato constitucional el poder civil se subordina al militar. Haciendo uso del mismo discurso de sus antepasados en el siglo XIX, Piñera, apeló a la unidad nacional para salvaguardar “un mar que es chileno”. Detrás de tal invocación están los intereses (esos si de unidad) entre el gobierno y la oposición bacheletista que no dudaron en ponerse de acuerdo para aprobar una nueva Ley de Pesca a favor de los grandes grupos económicos que lucran con la explotación del mar en detrimento de los pequeños y medianos pescadores que con su labor cotidiana viven y alimentan a sus familias. En este caso, el saliente presidente chileno desearía asegurarle a los usurpadores del mar, los 37.900 km cuadrados ricos en recursos pesqueros que la Corte Internacional de Justicia le otorgará o no el próximo 27 de enero.

Panamá. A 50 años de la lucha heroica de los mártires del 9 de enero.

La historia de Panamá está atada directamente a la historia del Canal. Ya en 1864,  en el Tratado Mallarino-Bidlack que Colombia firmó con Estados Unidos, este país se atribuyó la potestad de intervenir militarmente en la región. Así mismo, el instrumento le otorgaba a la potencia del norte la autorización para construir un ferrocarril transístmico con el objetivo de contrarrestar la presencia británica en América Central, permitiendo a su vez acortar las distancias entre sus costas de los océanos Atlántico y  Pacífico.

El 10 de enero de 1870, el secretario de Marina de Estados Unidos le dirigió una carta al Capitán de Fragata Thomas O. Selfridge en la que le informaba que quedaba a cargo de una expedición que debería “… hacer una inspección en el istmo de Darién a fin de determinar el lugar más conveniente para abrir un canal desde el océano Atlántico hasta el Pacífico…”. El Secretario caracterizaba tal encomienda como “…una misión relacionada con la mayor empresa de nuestra época”.

En 1880 se iniciaron las obras de construcción del canal a cargo de una empresa francesa, la Compañía  Universal del Canal de Panamá, que dirigía Ferdinand de Lesseps, el mismo que había dirigido la edificación del Canal de Suez concluido en 1869. El nuevo proyecto no llegó a buen término, las labores se paralizaron en 1882 para ser retomadas un año después en medio de múltiples problemas generados por la imposibilidad de resolver de manera inmediata los retos de ingeniería que encaraba una obra tan compleja, así como por la gran cantidad de trabajadores que contraían fiebre amarilla o malaria, enfermedades que no tenían tratamiento conocido en la época. En 1889 la construcción el canal interoceánico fue suspendida definitivamente.

En 1902, Estados Unidos compró los derechos para construir el canal y al año siguiente firmó con Colombia un nuevo Tratado, el Hay-Herrán que establecía las bases del acuerdo para la construcción y administración del mismo. La novedad es que obtuvo en arriendo perpetuo la concesión de una franja de 9,5 kilómetros  que cubría ambos lados del canal a través de todo el istmo entre los dos océanos. Sin embargo, el Senado de Colombia rechazó tal Tratado por ser lesivo a los intereses nacionales y a la soberanía del país. Esta decisión detonó las ambiciones secesionistas de ciertos sectores de la oligarquía terrateniente panameña que manifestó su descontento por el rechazo  al acuerdo Hay-Herrán.

Desde 1901, en Estados Unidos gobernaba Teodoro Roosevelt, caracterizado por la aplicación de una férrea política intervencionista y una clara vocación imperialista. Roosevelt no dudó en girar instrucciones para estimular la secesión panameña de Colombia en alianza con fracciones de la élite panameña que se identificaban con la política estadounidense. Así, con la presencia del navío de guerra Nashville de la armada de Estados Unidos en el puerto de Colón en el Caribe panameño, la rebelión separatista se consumó el 3 de noviembre con la Independencia de Panamá. Tan sólo 15 días después, en Washington se firmó un nuevo Tratado en el que Panamá estuvo representado por el lobbyista francés Philippe Bunau-Varilla quien secretamente había negociado con Estados Unidos su intervención en la rebelión secesionista. El Tratado Hay-Bunau Varilla cedió a perpetuidad a Estados Unidos el uso de una franja de territorio de 16 kilómetros de ancho a ambos lados del canal y en toda su extensión. A cambio Panamá, obtendría 10 millones de dólares y un pago mensual de 250 mil dólares.

Algunos años después Roosevelt declaró abiertamente “Tomé Panamá y dejé que el congreso discutiera”. En 1921, Colombia aceptó una indemnización de Estados Unidos por 25 millones de dólares por la usurpación de su territorio. En 1904 el Tratado Hay-Bunau Varilla fue ratificado por los parlamentos de ambos países. Desde ese momento se inició la larga lucha del pueblo panameño por la recuperación de su territorio ocupado a la fuerza por una potencia extranjera.

Ya en 1947 se produjeron grandes manifestaciones de rechazo ante la intención de ampliar la presencia de bases militares estadounidenses a territorios fuera de la Zona del Canal, pero fue en la década de los años 50, sobre todo a partir de las acciones de los jóvenes y los estudiantes  cuando el pueblo panameño comenzó a expresar mucho más abiertamente el repudio a la usurpación de su soberanía. En todas ellas, la bandera panameña fue un símbolo de la lucha por la recuperación de la soberanía.

Al finalizar la segunda guerra mundial, el paso interoceánico comenzó  a jugar un papel subsidiario en la importancia estratégica de la Zona del Canal. La instalación en ese lugar de la sede central del Comando Sur, autoridad militar superior de Estados Unidos para la ejecución de su política militar en el hemisferio occidental, aunada a la creación de la OEA y la firma del TIAR, configuró una red de dominación y de consolidación hegemónica de Estados Unidos en la región. Las bases militares navales y aéreas estadounidenses  llegaron a ser 21 según informó en 1967 la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) quien denunció que en realidad dicho componente militar (que incluía la tristemente célebre Escuela de las Américas) sobrepasaba el lindero de la zona y se adentraba en el territorio de la República de Panamá.

Desde este punto de vista, la lucha de los panameños por el rescate de la soberanía sobre la totalidad de su territorio incorporaba también un componente internacionalista y solidario para con toda la región afectada por las constantes intervenciones militares emanadas de la Zona y por la represión que los oficiales latinoamericanos ejercían en sus propios países tras adquirir de las fuerzas armadas de Estados Unidos los conocimientos sobre la tenebrosa Doctrina de Seguridad Nacional que consideraba a los pueblos como el enemigo a derrotar.

En 1963, se acordó que la bandera panameña fuera izada junto a la de Estados Unidos en los edificios civiles de la Zona, lo cual se pondría en práctica a partir del 1° de enero de 1964, sin embargo tal decisión no se cumplió. El 7 del mismo mes, los estudiantes estadounidenses izaron su bandera en la Escuela Superior de Balboa, los panameños aspiraban a hacer lo mismo en cumplimiento del acuerdo al que se había llegado.  El día 9, estudiantes del Instituto Nacional de Panamá obtienen permiso para izar su bandera en la Escuela Superior de Balboa, lo cual es rechazado violentamente por estudiantes estadounidenses de la Zona y sus familiares con el apoyo de la policía militar que acude a reprimir a los panameños quienes se repliegan a un lugar seguro. Sin embargo, la noticia de lo ocurrido se divulgó  muy rápidamente por diferentes sectores aledaños al canal, a partir de lo cual ciudadanos indignados acudieron a ayudar a los estudiantes reprimidos por la policía. Las fuerzas de seguridad estadounidenses de la Zona, así como residentes de la misma comienzan a utilizar armas de fuego contra los estudiantes que protestaban. Estos comenzaron a acudir en número creciente, contando con el apoyo de miles de ciudadanos indignados por la represión  por lo que la policía es desbordada, pidiendo ayuda a las Fuerzas Armadas, a pesar que  su virtual enemigo estaba despojado de armamento y solo portaba su bandera nacional como símbolo de la lucha que habían emprendido.

En la noche, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegaron la 193 Brigada de Infantería, la que portando armamento de combate y contando con el apoyo de artillería y blindados arremeten contra los manifestantes trayendo como consecuencia la muerte 22 de ellos, además causando alrededor de 400 heridos. Las acciones se prolongaron hasta el día 11 cuando la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se hizo patente incluso en ciudades panameñas, bajo el argumento de dar persecución a estudiantes que habían participado en las acciones del día 9.

Esos 22 estudiantes panameños son considerados héroes y mártires en su país. Su recuerdo acompaña permanentemente las luchas de su pueblo. Al cumplirse 50 años de su muerte heroica, la llama permanente de su vida joven entregada a la batalla por la soberanía nacional brilla hoy en un país que recuperó su territorio y está aparentemente libre de la soldadesca yanqui que mancilló su tierra sagrada.

México. Lo que el PRI te da, el PRI te lo quita

La guerra de la Reforma en México fue un movimiento político que estremeció al país a mediados del siglo XIX. La victoria de los liberales condujo a Benito Juárez a la presidencia, sin embargo inauguró un largo período de inestabilidad que incluyó la intervención militar francesa en 1862. Esta etapa de la vida política del país de los aztecas y los mayas concluyó con la llegada al poder de Porfirio Díaz quien gobernó desde 1876 hasta 1911 con un interregno entre 1880 y 1884 cuando tomó las riendas del poder Manuel González Flores.

Díaz fue un gobernante déspota que contó con el apoyo de los latifundistas, el clero (mayor propietario de la tierra en el México de entonces) y en gran medida de Estados Unidos, cuyos inversionistas tuvieron relevantes privilegios para recibir concesiones mineras, petroleras y agrícolas.

En 1910, hubo comicios en los que Díaz aspiraba a la reelección, sin embargo, todo el acumulado de descontento emanado de más de tres décadas de represión y marginación exigieron democracia y la no reelección del presidente. Así dio inicio la Revolución mexicana cuando Francisco Madero se puso al frente de un movimiento armado con apoyo popular, de obreros, intelectuales y sobre todo campesinos que tomaron el poder y convocaron a una asamblea constituyente. Los titubeos de Madero que vacilaba ante la necesidad de desarrollar acciones radicales exigidas por el pueblo condujo al alzamiento del líder campesino Emiliano Zapata que propugnaba la realización de la profunda reforma agraria que reivindicaban los campesinos alzados a favor de la revolución.

Estados Unidos intervino para derrocar a Madero e instalar en el poder a Victoriano Huerta quien pretendió retrotraer los avances que la revolución postulaba para lo más humildes. Además de Zapata, contra Huerta se alzó el líder del norte del país, Pancho Villa. Estados Unidos acudió en apoyo de Huerta, sus tropas desembarcaron en Veracruz en abril de 1914. Los mexicanos se unieron para derrotar al invasor. Después de negociaciones en las que terceros países intermediaron, Estados Unidos se retiró del territorio mexicano para volver en 1917 a fin de perseguir a Villa sin lograr derrotarlo.

En ese contexto, el 5 de febrero de 1917 es publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, herramienta política muy avanzada no sólo para México, también para América Latina y todo el mundo.

En su artículo 27 se consagra que “Corresponde a la Nación el dominio directo de (…) los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos…”.

Además de los evidentes avances de la Constitución mexicana de 1917 en materia social y de defensa de los derechos de los ciudadanos, fue muy destacable y transformador lo que aportó en el aspecto de protección de los recursos naturales para su explotación a favor del desarrollo económico del país, sobre todo de las grandes mayorías excluidas a través de la historia. 

En el año 1929, los adeptos a la revolución mexicana, formalizaron la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), el cual en 1938 pasó a llamarse Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y en 1946 Partido Revolucionario Institucional (PRI). El PRI en sus diferentes acepciones gobernó continuamente en México desde 1929 hasta el año 2000, manteniendo el control total del gobierno de todos los estados mexicanos hasta 1989.

En 1934, el PRI llevó al poder al General Lázaro Cárdenas, quien desde la jefatura del Estado realizó las más profundas transformaciones que recuerde la historia mexicana. Gobernó a favor de los sectores más humildes, los pequeños propietarios agrícolas y los sectores medios empobrecidos de las ciudades. Estados Unidos y las facciones oligárquicas mexicanas reaccionaron negativamente contra el gobierno de Cárdenas cuando éste tomó medidas para proteger a los obreros petroleros ante de la voracidad de las firmas transnacionales estadounidenses. Visto el desacato de las empresas extranjeras a la decisión del gobierno mexicano, el general Cárdenas procedió a nacionalizar la industria petrolera. Paralelamente creó la estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), a la cual se le estableció un estatuto especial que tuvo rango constitucional y que instituyó su misión de ser la única instancia autorizada para manejar los recursos energéticos en territorio mexicano, con la responsabilidad de administrar, explorar, explotar y vender el petróleo y gas producido en el país. 

México comenzó a manejar su industria más importante, luchando contra el sabotaje de las empresas petroleras estadounidenses, poniendo en primer término la distribución del producto en el mercado nacional, lo cual creó un verdadero problema en Estados Unidos al verse privado de las cuantiosas exportaciones de crudo mexicano. Así, Pemex se transformó en un ícono nacional, siendo la empresa más importante del país y una de las mayores del mundo colocando a México como el décimo productor de petróleo y décimo tercero de gas a nivel mundial. 

En esa dimensión, la anunciada privatización de la actividad petrolera, se ha convertido en la noticia más importante y polémica del año político en México. Paradójicamente, el PRI y quien fuera durante seis décadas su más enconado rival político, el Partido de Acción Nacional (PAN) representante de los sectores más conservadores y retrógrados del país se pusieron de acuerdo para que en un precipitado trámite llevado a cabo en ambas cámaras del Congreso, se aprobara la reforma a la ley energética que eliminó el impedimento que durante 75 años prohibió la apertura de ese sector a la inversión privada en esta materia. Paradójico también que el primer presidente no priista después de 70 años, el panista Vicente Fox en noviembre de 2002, durante su mandato, asegurara que no propondría la privatización de Pemex.

La decisión permite la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, a fin de permitir la contratación de empresas privadas para la extracción y explotación de hidrocarburos, eliminando de hecho el monopolio constitucional que tenía Pemex.

En una encuesta hecha por Alianza Cívica y publicada por la prestigiosa revista Proceso de Ciudad de México se señala que el 83,52% de los mexicanos se opone a la modificación de la Constitución. Esta encuesta, en la que fueron consultadas 724 mil 426 personas, para lo cual se instalaron 7 mil 518 mesas receptoras en todo el país durante dos días el domingo 25 de agosto y el domingo 1° de septiembre abarcando mil 271 municipios en las 31 entidades federativas del país, así como las 16 delegaciones del Distrito Federa arrojó también que “91.61% de los consultados expresó su acuerdo en que los beneficios de la industria petrolera —cubiertas sus necesidades de operación y desarrollo— se utilicen exclusivamente en inversión pública como construcción de escuelas, hospitales, ferrocarriles y proyectos de investigación científica y desarrollo rural”.

Sin embargo, los defensores de la reforma constitucional alegan que “el actual sistema que se utiliza en el sector energético mexicano es deficiente, debido a la descapitalización y falta de inversiones”. Los partidarios y apologistas de la privatización argumentan que la misma “podría aportar mayores recursos para inversiones y mejorar la eficiencia”. Incluso, han hecho referencia al modelo venezolano en el que el Estado acepta la inversión extranjera, sin modificar el régimen de pertenencia ni la Constitución en materia de soberanía del Estado sobre los recursos naturales. 

Por el contrario, los que rechazan la privatización, plantean su preocupación en torno a que se va a dejar al Estado mexicano sin disponibilidad presupuestal para la inversión en educación y salud ante el riesgo que el capital privado se quede con las ganancias de la actividad petrolera y gasífera. Así mismo, manifiestan dudas respecto de que la reforma disminuirá el precio de los combustibles.

Aunque el debate y la resistencia a las medidas se siguen manifestando, ahora tendrá que hacerse sobre un hecho consumado. Tal como muchas veces ha ocurrido en la historia de los últimos cien años en México, “lo que el PRI te da, el PRI te lo quita”. El problema es que la propiedad de los mexicanos sobre su petróleo está en el ADN del país, por lo que la reforma constitucional afectará –como nunca- su identidad nacional de cara al futuro

Legalidad y legitimidad democrática

Los últimos eventos eleccionarios en Chile, Honduras y Venezuela nos han mantenido ocupados en el análisis de sus resultados, las perspectivas y consecuencias que de ellos se derivan. Aunque no he escrito sobre las elecciones del pasado domingo en Venezuela porque siendo un tema nacional hay otros colegas que con mucho más conocimiento e información han emitido valiosos documentos de análisis. Es menester decir que al escribir estas líneas, hoy lunes 9 de diciembre, después de una revisión de la prensa internacional que reseña tal acontecimiento, se puede generalizar afirmando que fue imposible para los medios de comunicación de la derecha foránea obviar la importante victoria obtenida por el gobierno de Venezuela y las fuerzas políticas que lo sustentan, rompiendo una supuesta tendencia iniciada en abril, a través de la cual la derecha opositora suponía un camino de deslegitimación institucional que los conduciría el poder. 

Si algo claro quedó el pasado domingo es la incapacidad del liderazgo de la derecha para construir una alternativa creíble para los venezolanos. No es éste el espacio, para referir una vez más, los innumerables intentos y los variados instrumentos que la oposición aliada a Estados Unidos ha utilizado para abrirse paso en un país que dada su relevancia, es considerado como un botín de primer orden en el tablero estratégico global a partir de sus importantes reservas de petróleo y gas en un mundo en el que la política energética juega un papel primordial en las definiciones de política exterior.

La victoria electoral del gobierno venezolano es –en el plano internacional- una derrota para las fuerzas oscuras de la derecha. Vale, sin embarco acotar que mientras Venezuela mide fuerzas una y otra vez en el marco de la democracia consagrada en la Constitución Nacional, en la vecina Colombia vendida como adalid del modelo de democracia a construir, el alcalde Bogotá, Gustavo Petro, elegido legítimamente por el pueblo fue destituido por la decisión unilateral del Procurador General de la República, Alejandro Ordoñez. Esta medida que además inhabilita a Petro por 15 años para ejercer cargos públicos fue catalogada por el alcalde de la capital colombiana como “…un golpe de Estado sobre el gobierno progresista de Bogotá”.

Los diferentes actores políticos del país andino han comenzado a manifestar opiniones en torno al hecho que se ha transformado en el más importante del cierre del año político colombiano, eclipsando las conversaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana y de paso, poniendo en un segundo plano la decisión unilateral de las FARC de declarar una tregua decembrina como expresión de su voluntad de allanar el camino de las negociaciones.

El propio ministro de Justicia del gobierno colombiano, Alfonso Gómez Méndez, opositor ideológico de Petro quien se encontraba con él en el momento en que se hizo pública la noticia, dijo que el Gobierno Nacional no compartía esta decisión, que la “lamentaba” y que de inmediato el Ejecutivo tendría como propósito hacer una reforma constitucional para recortarle estos poderes al ministerio Público.

Más allá de las responsabilidades que pudiera tener el alcalde ante las imputaciones que se le hacen respecto de su responsabilidad en la implementación de un nuevo modelo de recogida de la basura en la urbe capitalina, lo que trasciende es el poder de un funcionario para destituir e inhabilitar a otro que ha sido elegido por mandato popular.

Vale decir que las fuerzas opositoras a Petro encabezadas por el representante Miguel Gómez, cercano al ex presidente Álvaro Uribe habían intentado sin éxito llevar adelante un referendo para revocar el mandato del alcalde. Esta medida que a todas luces se inscribe en mecanismos de democracia participativa para permitir al pueblo defenestrar legalmente a aquellos funcionarios que no cumplen sus responsabilidades, no pudo llevarse adelante a pesar que la misma fue aprobado en julio del presente año después que la Registraduría Nacional (institución que en Colombia es responsable de la realización de los procesos electorales) certificara que se habían recolectado las firmas válidas para que la convocatoria tuviera curso legal. Petro refutó la validez de estas firmas y tras una revisión realizada por grafólogos especializados fueron anuladas decenas de miles de registros, en algunos casos por haber sido recaudados fuera de la capital. 

Según un artículo del profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, Miguel Ángel Herrera Zgaib publicado en la edición N° 00350, el pasado mes de mayo en la revista Semana de Bogotá, el Procurador Alejandro Ordóñez consiguió re elegirse en su cargo “venciendo todo obstáculo, con el poderoso expediente sancionatorio que el cargo ofrece, y que esgrime con celo intimidatorio e indudable eficacia para persuadir a los congresistas corruptos, sus ´naturales` electores”. 

Lo que trasciende en este caso es la posición de Ordoñez que según un analista colombiano consultado antes de escribir este comentario, está actuando casi como jefe del comando de campaña de las huestes uribistas para las elecciones de 2014, apuntando además como posible contendor en el proceso eleccionario de 2018 cuando el Presidente Santos no podrá optar a la re elección. A esa lógica pareciera apuntar el mensaje que envió la prestigiosa periodista colombiana María Jimena Duzán quien tras conocer la decisión de Ordoñez contra Petro, dijo a través de su cuenta de twitter que “Las razones para destituir a Petro son políticas. Ordóñez está sacando del juego a sus posibles competidores para el 2018. Va por Fajardo”, refiriéndose al Gobernador del Departamento de Antioquia por el partido Verde. 

La avalancha de actuaciones políticas de Ordoñez incluye su manifiesto rechazo a las conversaciones de paz que adelantan el gobierno y la guerrilla. En particular ha insistido en que los dirigentes de la FARC deberían ser juzgados por delitos de lesa humanidad, además ha insistido en la imposibilidad para que a futuro, puedan participar en el escenario político legal.

Así mismo, y nuevamente a tono con el discurso uribista, ha exteriorizado su rechazo al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que concedió un territorio marítimo a Nicaragua en detrimento de Colombia. Ha dicho que tal sentencia no puede cumplirse porque modifica las fronteras colombianas, creando verdadera zozobra jurídica dada su alta investidura.

Además, al destituir a Petro, Ordoñez cumple el objetivo uribista de provocar al presidente Juan Manuel Santos a que asuma una posición frente al hecho, retando los diálogos de paz de La Habana para -por esta vía- calentar los motores políticos electorales del uribismo que se encuentra carente de propuestas para el país, recurriendo a cobijarse en una retrógrada diatriba anti venezolana y anti chavista. 

Las dos caras de la moneda, una democracia en Venezuela que se renueva democráticamente en paz y, otra colombiana, en la que un troglodita fundamentalista impide el normal desenvolvimiento de los mecanismos modernos de participación, sin los cuales la democracia carece de legitimidad, aún desarrollándose en los marcos de legalidad que se hayan podido construir.

América Latina y el Caribe, ¿Patio trasero o jardín florido? A 190 años de la Doctrina Monroe

Cuando escribo estas líneas, es 2 de diciembre. Hoy se cumplen 190 años desde el día en que en 1823, el Presidente James Monroe en el discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos pronunciara el discurso que fijara a posterioridad los parámetros fundamentales de la política exterior de ese país y que ha pasado a la historia como Doctrina Monroe.

En este discurso quedó proclamada la intención de Estados Unidos de considerar al hemisferio occidental como zona exclusiva para la realización de sus intereses, así mismo, estableció la veda de la región para cualquier nueva aspiración colonialista europea. Expone que “Debemos, en razón de la sinceridad y a las amistosas relaciones que existen entre los Estados Unidos y esas potencias, declarar que consideraríamos cualquier tentativa por su parte de extender su sistema a lugar alguno de este Hemisferio peligrosa para nuestra paz y seguridad” 

En el citado documento, después de exponer sus buenas intenciones para con el gobierno imperial ruso y asegurar a Europa que el gobierno estadounidense pretende mantener sólidas relaciones de amistad y respeto y que no existe el mínimo designio del gobierno de Estados Unidos por inmiscuirse en sus asuntos internos incluyendo los de sus colonias, al referirse a América, señala con firmeza que “ Con los movimientos de este hemisferio estamos necesariamente conectados de modo más inmediato, y por causas que deben ser evidentes para todos los observadores ilustrados e imparciales”, por tanto, alguna afirmación de control o interferencia en los asuntos internos de los Estados americanos sería considerada como “la manifestación de una disposición inamistosa hacia los Estados Unidos”. 

Una lectura superficial y descontextualizada del contenido de la declaración del presidente de Estados Unidos podría conducir a pensar que tales conminatorias frases son expresión de una voluntad altruista y solidaria de Estados Unidos para con sus pares del continente. Sin embargo, lo que traslucen sus letras, arropadas con la verdad de la historia vivida en los últimos casi 200 años, dejan ver una visión unilateral de expansión que excluía a las potencias europeas de tal ambiciosa idea, a fin de reservarse para sí, el ímpetu hegemónico que ya dominaba los anhelos de la élite gobernante estadounidense. En ninguna parte del mencionado discurso se hace alusión implícita o al menos explícita de la intención desinteresada de Estados Unidos por el dominio neocolonial de las naciones del sur, recién independizadas. El tratadista español Alberto Ulloa en su manual de Derecho Internacional Público señala que “La doctrina Monroe se apoya en el más peligroso de todos los fundamentos, pues el derecho de propia conservación ha sido la fórmula invocada a través de la historia para justificar los actos más arbitrarios”.

Tal como quedó demostrado durante la agresión británica contra Argentina en las islas Malvinas en 1982, la Doctrina Monroe, ha tenido siempre las limitaciones que impone el interés nacional de Estados Unidos y, por cierto, a partir de su entronización como primera potencia mundial ya en su etapa imperialista iniciada a finales del siglo XIX, sus intereses globales le hacían poner el énfasis en el provecho de mantener su supremacía planetaria. En esa medida los beneficios que pudieran haber significado esta doctrina para América Latina y el Caribe siempre han quedado pospuestos. Ya lo había advertido Henry Clay, Secretario de Estado durante el gobierno de John Quincy Adams (que sucedió al de Monroe en 1825) al afirmar que “Cuando se presentara en el Nuevo Mundo un caso de intervención extranjera, no tendrían los otros países del Nuevo Mundo derecho a requerir la aplicación de la Doctrina, ya que la puesta en acción de la misma dependería exclusivamente de la iniciativa y decisión norteamericana”. 

La doctrina Monroe fue el punto de partida para la implementación de la política intervencionista de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Después vinieron el Corolario Roosevelt; la concreción de la idea panamericana a través de la realización de las Conferencias Interamericanas, la primera de las cuáles tuvo lugar en Washington en 1889; la estrategia del “gran garrote” y la diplomacia del dólar a comienzos del siglo XX; la política del Buen Vecino ante la necesidad de buscar aliados durante la segunda guerra mundial; el surgimiento del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947 y de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948; la creación de condiciones para el derrocamiento del Presidente Arbenz en Guatemala en 1954; la expulsión de Cuba de la OEA en 1960 y la fallida invasión de mercenarios a la isla caribeña con apoyo militar y logístico de Estados Unidos en 1961; la Alianza para el Progreso en el mismo año; el apoyo a los golpes militares que instauraron gobiernos dictatoriales en Nicaragua, República Dominicana, Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina y el sostenimiento de tales regímenes con el asesoramiento a las fuerzas de seguridad para la represión, el asesinato, la tortura y las desapariciones a través del Plan Cóndor; la invasión a Granada en 1983; el apoyo a las bandas contra revolucionarias en Nicaragua durante la década de los 80, así como a las represivas juntas democratacristianas que gobernaron en El Salvador; la invasión a Panamá en 1989, la Iniciativa para las Américas (IPA) de Bush padre en la última década del siglo pasado; El Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá y la Iniciativa Mérida como instrumentos modernos de intervención regional; la reactivación de la IV Flota de las Fuerzas navales de Estados Unidos y la intención de construir una gran Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se inscriben entre algunas de las acciones que han surgido a través de la historia de la Doctrina Monroe. 

Con todo este historial, deberíamos sentir beneplácito del reciente anuncio del Secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry, quien a mediados de noviembre en un discurso en la OEA dijo que “La era de la doctrina Monroe ha terminado” según cita “The Wall Street Journal”. Kerry agregó que “La relación que buscamos, y para cuyo impulso hemos trabajado duro, no se trata de una declaración de Estados Unidos acerca de cómo y cuándo van a intervenir en los asuntos de los Estados americanos. Se trata de que los países se perciban unos a otros como iguales, de compartir responsabilidades, de cooperar en cuestiones de seguridad y no adherirse a la Doctrina, sino a las decisiones que tomamos como socios para promover los valores y los intereses que compartimos”.

Parece increíble esta declaración, viniendo de un funcionario que solo 7 meses antes, el 28 de abril, durante un discurso ente el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, había tildado a América Latina como “el patio trasero de Estados Unidos”, agregando que planeaba cambiar la actitud de algunas de estas naciones. Fue muy preciso al señalar que “El hemisferio occidental es nuestro patio trasero, es de vital importancia para nosotros. Con mucha frecuencia, muchos países del hemisferio occidental sienten que Estados Unidos no pone suficiente atención en ellos y en ocasiones, probablemente, es verdad. Necesitamos acercarnos vigorosamente, planeamos hacerlo…”. En ese mismo discurso y como prueba de tal retórica aseguró que no reconocería el triunfo que había obtenido Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 14 de abril en Venezuela.

Ahora, en noviembre y con solo unos días de diferencia respecto de su declaración de cese de la Doctrina Monroe, su vocera Jean Psaki, en una clara injerencia en los asuntos internos de Venezuela manifestó “su preocupación” por el otorgamiento de poderes habilitantes al presidente Maduro, a pesar que dicha resolución se tomó en el marco de la Constitución y las leyes que rigen el funcionamiento jurídico del país. 

En el colmo de la hipocresía y sólo una semana después de tales declaraciones, una desvergonzada intervención de la Embajada de Estados Unidos produjo un descarado fraude electoral rechazado por al menos dos candidatos y por las organizaciones sociales y populares de Honduras. 

Cabe recordar que durante el gobierno de Barack Obama que ahora propugna el fin de la Doctrina Monroe, se produjo el fallido golpe de Estado contra Rafael Correa en Ecuador y el derrocamiento de los presidentes constitucionales de Honduras y Paraguay a través de acciones típicas del influjo de tan nefasta doctrina. 

La vigorosa y unánime respuesta latinoamericana ante tales intentos imperiales y oligárquicos de retrotraer el rumbo de la historia, la extraordinaria voluntad del pueblo hondureño que lucha en las calles en defensa de su maltratada democracia y la contundente oposición de los gobiernos progresistas de la región a los intentos avasalladores de los voceros de la administración estadounidense, tal vez señalen que América Latina y el Caribe dejó de ser patio trasero, para transformarse en jardín florido de la esperanza de sus pueblos.

En Honduras está pasando algo…

En las tertulias de la Nicaragua sandinista de los años 80, en un contexto estremecido por los aires insurreccionales de casi toda la región centroamericana, Honduras era el “país donde nunca pasaba nada”. Eran tiempos en que Nicaragua iniciaba su camino independiente, ya liberada de la subyugación a la que la sometió la familia Somoza por más de cuatro décadas, en El Salvador había sido fundado -después de la unión de las fuerzas populares- el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que desarrollaba una desigual batalla contra las juntas democratacristianas apoyadas por Estados Unidos y hasta en Guatemala, las fuerzas guerrilleras que llevaban varios años desarrollando la lucha armada en contra de los gobiernos militares que 30 años antes habían derrocado al presidente Jacobo Arbenz, se habían unido, creando la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)…sin embargo…en Honduras no pasaba nada.

Para aquellos que habíamos ido desde otras latitudes a hacer un aporte en la lucha de esos pueblos hermanos, adentrarnos en la vida de los países centroamericanos significó introducirnos en un mundo desconocido, en una región solo explorada desde la lejanía por el conocimiento de las hazañas de Francisco Morazán en el siglo XIX y de Augusto C. Sandino a comienzos de la centuria que transcurría. Así mismo, conocíamos la región a través de la pluma de Rubén Darío y de Miguel Ángel Asturias. Pero, siempre subyacía aquella peregrina idea de que…en Honduras no pasaba nada.

Sin embargo, para los combatientes revolucionarios de esos países, Honduras había significado y significaba la retaguardia fraterna y solidaria que ayudaba a sostener tales batallas en contra de un enemigo común. El país incrustado como un triángulo entre sus hermanos, aportó su propia cuota silenciosa de asesinados y desaparecidos por el apoyo que dio a sus vecinos en lucha. Los escuadrones de la muerte operaban con saña bajo la asesoría de la embajada de Estados Unidos dirigida por el tristemente célebre John Negroponte, ex agente de la CIA, quien desde su puesto en Tegucigalpa conducía la lucha de la contra en Nicaragua. Así, fuimos descubriendo que en Honduras si pasaban algunas cosas que no estaban a la vista de la opinión pública, pero que tenían una influencia directa en los acontecimientos bélicos de los países vecinos y en su propio territorio.

En esa época, bajo el influjo de la revolución sandinista^, la Honduras que gobernaba con mano de hierro el general Policarpo Paz García apresuró una Constituyente que entre sus primeros acuerdos confirmó a Paz García como presidente ¡Vaya Constituyente!. En 1982, el nuevo presidente Roberto Suazo promulgó una ley antiterrorista que criminalizaba la protesta social a la que consideraba “intrínsecamente subversiva”.

Ya en 1924, el país centroamericano había sido invadido por Estados Unidos para imponer el poder tras bambalinas de la United Fruit Company, y en la década de los 80 del siglo pasado – ante los avances revolucionarios del entorno- vio como se estacionaron las tropas estadounidenses que sirvieron de apoyo logístico a la Contra que desarrollaba la guerra a fin de derrocar el poder sandinista. Se calcula que en 1983, Estados Unidos tenía 1200 soldados en el país.

Los procesos de paz que se llevaron adelante en los países centroamericanos que mantenían conflictos armados al finalizar la década de los 80 y comienzos de la de los 90 tuvieron un influjo en Honduras. Sus gobiernos se vieron obligados a decretar amnistía a los presos políticos, abolir la ley antiterrorista, subordinar las fuerzas de seguridad al poder civil y disolver la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), acusada por los organismos independientes de defensa de los derechos humanos como el ente del Estado responsable de las torturas y las desapariciones.

Sin embargo, ello no impidió que desde 1990 se implantara un modelo neoliberal a ultranza y que en 1995 se creara la Unidad de Investigación Criminal, sustituta de la DNI, integrada por 1500 hombres y asesorada por las fuerzas de seguridad israelíes y estadounidenses. En esa época, como promedio 50 personas eran asesinadas diariamente en el país centroamericano. El 80% de la población vivía en condiciones de pobreza y 228 terratenientes controlaban más del 75% de las tierras del país.

La represión indiscriminada, sobre todo en sectores rurales, el intento fallido de suprimir por la fuerza a las bandas juveniles denominadas “maras” y la subordinación desembozada a Estados Unidos marcaron la política hondureña de fines del siglo pasado y comienzos de éste.

Proveniente de las propias fuerzas políticas del modelo, en 2005 fue elegido como presidente el liberal Manuel Zelaya. Al asumir su mandato, Honduras era el tercer país más pobre de América Latina después de Haití y Nicaragua.

El nuevo presidente se propuso hacer algunos cambios y tomar medidas para mejorar las condiciones de vida de los excluidos. Propuso al Congreso aprobar una ley de participación ciudadana a fin de ampliar el marco democrático en su país. En esa lógica, en enero de 2007 tomó control temporal de la venta minorista de gasolina a fin de reducir los precios de los combustibles, tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las empresas Chevron y Exxon Mobil.

Su acercamiento a la Alba, el ingreso de Honduras a Petrocaribe y la preparación de la Cumbre de la OEA en San Pedro Sula en junio de 2009 en la que contra la opinión de Estados Unidos se eliminaron las restricciones para el retorno de Cuba a la organización, colmaron la paciencia de Washington que incrementó las actividades conspirativas para derrocar al gobierno. Un golpe de Estado coordinado desde la Embajada de Estados Unidos y en el que participaron las fuerzas Armadas, los poderes públicos y hasta el propio partido liberal de Zelaya, lo destituyó por la fuerza el 28 de junio de 2009. En ese momento Negroponte era Subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, del Departamento de Estado de Estados Unidos y Hugo Llorens el embajador estadounidense. A este personaje se dirigió el nuevo presidente hondureño Porfirio Lobo con el objetivo de solicitarle el visto bueno para nombrar a los ministros de su gabinete, como el mismo Presidente Lobo reconoció en una entrevista concedida el 31 de enero de 2011 a la emisora HEN de Tegucigalpa. Para que no quedaran dudas, el mandatario hondureño agregó que “Es tradicional que Honduras consulte todo lo que hace con Estados Unidos, por lo que por décadas se le ha denominado: ´Traspatio de Estados Unidos` o el clásico mote de ´República Bananera`”.

Ahora, nuevamente la Embajada de Estados unidos es protagonista. La semana pasada en este mismo espacio comenté que “…no tengo dudas que Xiomara Castro ganará en las urnas, hace falta saber si lo hará en el conteo de votos…” Lamentablemente parece que los hechos me están dando la razón. Al escribir estas líneas la candidata del partido Libre no aceptaba los resultados anunciados por el tribunal Supremo electoral y denunciaba fraude. 

En la preparación del mismo, una semana antes de las elecciones del 24 de noviembre, la Embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiske, en un discurso informó que era posible que no se determinara el resultado de las elecciones el mismo día del evento electoral. Era una clara manifestación injerencista con la intención de marcar la pauta que debía seguir el instituto electoral. Si el presidente había afirmado que era normal consultar a Estados Unidos, lo más probable es que debió inquirir a la embajadora acerca de quien debía ser su sucesor. De otra manera, no se explica que la misma embajadora afirmara, -unos minutos después de la apertura oficial de los comicios- que los hondureños no deberían tener miedo de ”…utilizar el poder del sufragio… ustedes deben preguntarse qué clase de país quieren construir los hondureños”.

Fue la orden de largada para el muy bien organizado fraude electoral. Todos los actores nacionales e internacionales, políticos, empresariales, eclesiásticos, y de comunicaciones, accionados como por una varita mágica comenzaron a jugar sus roles. Sin embargo, ahora en Honduras si están pasando cosas: el pueblo está en la calle defendiendo su victoria, el bipartidismo fue derrotado y a diferencia del pasado, hoy existe una organización política que junto a los movimientos sociales han logrado generar una voluntad de resistencia que sembró patria y conciencia. 

Nunca las victorias populares han sido fáciles y cuando se obtienen, llega lo más complicado porque la contraofensiva imperial no tiene contemplaciones. Ayer, en Honduras, el imperio y las fuerzas retrógradas de la sociedad recurrieron al golpe de Estado, hoy al fraude electoral y siempre encontramos una constante: la presencia intervencionista de la embajada de Estados Unidos. Menos mal que el secretario Kerry anunció el fenecimiento de la Doctrina Monroe, entonces, ¿cómo se llama esto?