El escenario internacional actual nos
envuelve en un marco de impunidad, agresión e inoperancia de las instituciones.
Las normas de derecho internacional son violentadas, el Secretario General de
la ONU actúa desembozadamente al servicio de los Estados canallas y las más
elementales normas de convivencia internacional son avasalladas por el peso de
la fuerza militar que no se detiene ante el respeto a los principios de
soberanía, no injerencia en asuntos
internos de otros estados y libre determinación de los pueblos.
En ese contexto hay que ser demasiado
inocente para suponer que es una casualidad que en menos de una semana se hayan
realizado cuatro agresivos ataques diplomáticos de Estados Unidos contra
Venezuela.
La escalada comenzó el día 9 cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros
(OFAC por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, catalogó
como “narcotraficantes y terroristas” al General Clíver Alcalá Cordones, al
diputado Freddy Bernal, al ex Amílcar Figueroa, diputado y al oficial del
ejército Ramón Madriz”. Por supuesto no presentó prueba alguna en contra de
estos ciudadanos venezolanos.
El viernes 16 la Corte Interamericana de Derechos
Humanos emitió una sentencia en el caso del dirigente de ultra derecha Leopoldo López, quien fue inhabilitado por la Contraloría
General de la República, para ejercer cargos en la administración pública por
haber incurrido en hechos de corrupción. La Corte es una de las instituciones
que forma parte de esa entelequia que se llama sistema interamericano, y ha
servido por más de 60 años como parapeto jurídico para las agresiones de
Estados Unidos en el continente.
El mismo día
se dio a conocer el “Informe anual de Estados Unidos
sobre libertad de culto,” en el cual se establece la
“preocupación” de Estados Unidos porque los grupos que critican al Gobierno de Venezuela “están sujetos a acoso e
intimidación”. Según la Secretaria de Estado Hillary Clinton, los países que
han sido señalados en el informe “estarán sujetos a sanciones del Departamento
de Estado”. Cerró la semana las
declaraciones del “siempre presente” Roger Noriega que acusó al presidente
Chávez -con el poder que le dan las armas del Pentágono y la CIA- de proteger
narcotraficantes.
Sólo debemos recordar que
a Salvador Allende se le acusó de querer establecer el comunismo para organizar
y financiar un golpe de estado en su contra, al gobierno de Afganistán de
proteger a Osama Bin Laden para invadir ese país y causar miles de víctimas
civiles, a Saddam Hussein de poseer armas nucleares para apoderarse de las
riquezas petrolíferas de Irak y a Gaddafi de violar los derechos humanos para
bombardear inmisericordemente a la población civil libia.
Todos sabemos que Estados
Unidos no necesita argumentos ni preceptos legales para invadir otros países,
violentar su soberanía y apoderarse de sus recursos. La historia nos da
innumerables pruebas en ese sentido. Pero, ahora –en medio de su debilidad
económica – necesita de otros instrumentos. Por ello usa a la OTAN, azuza a
otros países, busca alianzas internacionales, utiliza el Consejo de
Seguridad de la ONU y se vale de los medios de comunicación para
transmitir sus falsas verdades.
Las evidencias están a la
vista y por ahí dicen que “guerra avisada no mata soldados”.
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