De un uruguayo a otro uruguayo. Una historia de genuflexiones

En 1956, Cuando Pepe Mujica daba sus primeros pasos en la política de la mano de Enrique Erro, diputado del Partido Nacional (el mismo de Luis Almagro), otro uruguayo, José Antonio Mora, considerado independiente, pero muy cercano al Partido Colorado (la otra rama de la oligarquía uruguaya), fue elegido Secretario General de la OEA. Duró 12 años en el cargo, de manera tal que sino fue el artífice, al menos, asumió con fervor la responsabilidad de ser el ejecutor principal de la política colonial de Estados Unidos en la organización, a fin de conducirla a la decisión de marginar a Cuba de la misma y, unos años después, al apoyo y justificación de la intervención militar de Estados Unidos en República Dominicana en 1965. 

Cincuenta y un años, después otro uruguayo actuando igualmente como Secretario General del ministerio de colonias derrama “lágrimas de cocodrilo” intentando un desagravio que no fue. Una tibia declaración fue la respuesta que tuvo el presidente dominicano Danilo Medina a su solicitud de “una resolución de desagravio a la República Dominicana por el rol desempeñado por la OEA durante la Revolución de Abril de 1965”. Alguien de buena fe podría pensar que esa resolución si se aprobó y el Secretario General Almagro cumplió su rol de promocionarla a partir de la petición del jefe de Estado quisqueyano. Nada más falso. El gobierno dominicano exhortó al reconocimiento del proceso histórico vivido por su país en la segunda mitad del siglo XX y específicamente en 1965, así como de las acciones que “en ese marco ejecutó la Organización de Estados Americanos (OEA), que produjeron perturbación y luto y una indignación todavía presente en la población”.

Se estaba refiriendo a la intervención militar de 42.000 marines de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que desembarcaron en ese país para apoyar a los militares de derecha que derrocaron al presidente constitucional Juan Bosch quien sido elegido por el pueblo en los comicios de 1962. Nada de defensa de la democracia, nada de proteger vidas amenazadas de norteamericanos, nada de salvaguardar instituciones y empresas estadounidenses. Una simple y vulgar invasión a sangre y fuego para asesinar y reprimir a los miles de obreros, estudiantes y militares constitucionalistas que habían rechazado el golpe de Estado y bajo el mando del Coronel Francisco Caamaño Deñó se proponían reinstalar al presidente Bosch y al gobierno legítimo en el poder que le habían dado los votos.

Después de la invasión, cuando la masacre ya había comenzado, en medio de la férrea resistencia del pueblo dominicano y los militares constitucionalistas, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson se dirigió a la OEA para denunciar “el peligro comunista que significaba Caamaño”, pidiendo medidas colectivas y el despacho de una fuerza multinacional que permitiera “maquillar” la intervención, dándole carácter multilateral. La OEA aprobó las medidas colectivas, y varios países enviaron tropas a fin de cumplir con las órdenes recibidas desde la Casa Blanca.

Juan Bosch, quien además de presidente de su país, fue uno de los más relevantes intelectuales latinoamericanos del Siglo XX, en su libro “El pentagonismo, sustituto del imperialismo”, lo relata de la siguiente forma: “Se ha querido presentar la historia de la intervención norteamericana en la República Dominicana como un modelo de acción internacional bienhechora; pero la realidad es muy diferente. Es una dolorosa historia de abusos, de asesinatos y de terror que se ha mantenido silenciada mediante el control mundial de las noticias. Bastarán unos pocos datos para que se entrevea la verdad: desde las 9 de la mañana del 15 de junio de 1965 hasta las 10 de la mañana del día siguiente, sin una hora de descanso ni de día ni de noche la ciudad de Santo Domingo fue bombardeada por la fuerza de ocupación de los Estados Unidos. En esas 25 horas de bombardeo los hospitales no daban abasto para atender a los cuerpos desgarrados por los morteros pentagonistas”

Y agrega el insigne dominicano, “Hasta ahora no se ha dicho la verdad sobre el caso dominicano, pero se dirá a su tiempo”. Por esta verdad, el presidente Medina y su gobierno, cincuenta y un años después reclamaban que la OEA admitiera su responsabilidad histórica por haber dado su respaldo a acciones bélicas que contrastaban con los enunciados de su propia Carta. El contenido de la demanda dominicana exponía que la OEA expresara “al pueblo dominicano su pesar por haber respaldado, en 1965, la invasión de su territorio y el atropello de su soberanía”, así mismo solicitaba a la organización continental “su comprensión, pedir disculpas por el error histórico cometido y a la vez condolerse por las víctimas ocasionadas, asumiendo el compromiso de trabajar en procura de que acciones semejantes no se repitan en el futuro".

En la pusilánime declaración aprobada por la OEA hay una total omisión de que hubo una invasión militar de Estados Unidos y de aquellos países gobernados por dictadores de derecha como Brasil, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Paraguay, así como la muy democrática Costa Rica que entre todos enviaron 1.748 soldados de la OEA para servir de “comparsa” a la 82ª División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De la misma manera no aparece la más mínima mención al aval dado por la OEA a la invasión en 1965. Una falta de respeto al pueblo dominicano y una vergüenza más, para esta estructuralmente desvergonzada organización.

Lágrimas de cocodrilo. Si, lagrimas de cocodrilo cuando solo ocho días después el Secretario General de la OEA convoca a una reunión para hacer lo mismo que su compatriota 51 años antes, sólo que ahora peor. En República Dominicana la OEA actuó después de producida la invasión a fin de avalarla; ahora, Almagro pretende dar una fianza a la intervención antes que la misma se haya realizado, es decir, va más allá, también quiere ser promotor de la misma. La declaración sobre Republica Dominicana aprobada en Santo Domingo en medio de los “trastornos digestivos” que le produce a algunos países latinoamericanos la presencia del representante de Estados Unidos, se atrevió en el punto 3 de su parte resolutiva a “Reafirmar los principios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA”. Sin embargo, pareciera que para Almagro, el derecho internacional dejó de ser algo importante que se deba respetar. 

Pero mientras ese mismo día 23 de junio en Washington, Almagro actuando como garante de la guerra, protagonizaba su aberrante acto de incitación al conflicto en Venezuela, en la todavía bloqueada Cuba, otros países latinoamericanos, incluyendo a Venezuela, actuando como garantes de la paz eran testigos de la firma del histórico acuerdo del cese bilateral y definitivo al fuego entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Curiosamente, a un evento de tanta trascendencia histórica para Colombia y para toda América Latina, la OEA no fue invitada, como si lo hicieron las partes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la que se hizo presente a través de su presidencia pro tempore ocupado por el primer mandatario dominicano.

Así, la firma de la paz en Colombia se hizo bajo las banderas de Bolívar, con la presencia de la CELAC, hija de su ideario y en la Cuba libre y enhiesta después de más de medio siglo de resistencia, mientras que la declaración de guerra contra Venezuela, se consumó en Washington, bajo el paraguas protector de Monroe, que utilizaba para ello, una vez más a su engendro mal concebido y mal parido como todo lo que se fecunda y viene a la vida el odio y repugnancia que Estados Unidos tiene a los pueblos latinoamericanos y caribeños

Como todo país, Uruguay también tiene malos hijos, pero los verdaderos orientales, los del pueblo profundo amante de la paz y la libertad, los herderos de Artigas y Lavalleja, de Sendic, Seregni y Arismendi, de Benedetti y Galeano, de Viglietti y Zitarrosa, que tanto le han dado a ese, su terruño pequeño gigante y a toda la América Latina, prevalecerán siempre en la memoria y en la historia de esta Patria Grande.

¿Mercenarios al servicio de la OEA?

El 8 de junio de 1977 fue aprobado por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo Internacional Humanitario aplicable a los Conflictos Armados, el protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.

En dicho documento se establece que un mercenario es aquel soldado que participa de un conflicto bélico para su propio beneficio económico, al margen de toda consideración ideológica, nacional o de tipo político respecto de la parcialidad o grupo para el que lucha.

Esta variedad de “combatiente” ha adquirido especial notoriedad en el presente, sobre todo por las características que ha asumido la guerra moderna y la forma como las grandes potencias se han asimilado a la misma, para disminuir bajas y atenuar los contratiempos de diferente tipo que causan estas muertes en la opinión pública de países que a simple vista no tienen justificación válida para inmiscuirse en tales conflictos. 

Ello ha llevado al surgimiento de empresas privadas que al no ser actores políticos ni militares estatales, no asumen las responsabilidades que estos últimos tienen en el marco del derecho internacional. Tales empresas contratan fuerza de trabajo “especializada”, generalmente entre miembros en retiro de ejércitos y cuerpos de seguridad, a fin de lograr los objetivos propuestos, lo cual permitido profesionalizar y generalizar la práctica de la actividad mercenaria.

Sin embargo, valdría hacer notar que el desprestigio del término y el rechazo a esta actividad en la mayor parte de las sociedades civilizadas han puesto en entredicho la práctica de tan deleznable actividad e incluso el uso de tal vocabl . Sin embargo, para burlar este creciente repudio, las fuerzas intervencionistas, en particular Estados Unidos ha girado hacia una doctrina militar que tiende a maquillar sus intenciones y disimular la brutalidad y la sinrazón de sus objetivos, lo cual, -entre otras cosas- ha significado la utilización de nuevas expresiones, generalizando el uso de eufemismos que intentan ocultar la profundidad de sus acciones y hechos.

Así, como apunta Telma Luzzani, periodista y escritora argentina especializada en temas de política internacional en su extraordinario libro “Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica”, los insurgentes colombianos pasaron a ser “narcoterroristas” y la guerra que el gobierno de ese país libraba contra las fuerzas guerrilleras “una lucha antiterrorista”. Así mismo, la periodista argentina recuerda que: “En la jerga militar la palabra ´colaboración` fue reemplazada por ´seguridad cooperativa` las bases militares por ´sitios de operaciones de avanzada (FOL)`; los mercenarios por ´contratistas privados` y los militares estadounidenses en el extranjero ya no son ´asesores`, sino ´instructores`, ´personal de apoyo ‘o ´personal logístico`”. 

Una de las notorias empresas de este tipo, que a pesar de violar las normas más elementales del derecho internacional, actúa con total impunidad, resguardada por el gobierno de su país de procedencia, es Military Profesional Resources Incorporated, de origen estadounidense, la que después de trabajar para el gobierno de Croacia, fue contratada por el Pentágono para asesorar al Ejército colombiano. Así mismo, Executives Outcomes que arrancó dirigida por militares del ejército racista del apartheid sudafricano pero que trasladó su sede a Londres, ha sido muy activa al conseguir contratos en Europa, África y América Latina para “proteger” las actividades de transnacionales mineras y petrolíferas. 

Por su parte, Dynacorp, creada como empresa aérea de carga en 1946 por pilotos norteamericanos, pero que hoy es propiedad de funcionarios de inteligencia del Pentágono y la CIA, ha prestados servicios en el Sudeste de Asia, Irak, El Salvador, Bosnia, Ecuador y Colombia, siempre en tareas de contrainsurgencia.

Pero, la que podría considerarse “la madre” de todas estas contratistas” para alimentar las guerras con “carne fresca” es Blackwater, rebautizada como Xe Service y más recientemente denominada Academi, aunque también opera en Medio Oriente bajo el nombre de R2. Su sede está en Moyock, Carolina del Norte, al sureste de Estados Unidos y está dirigida por Erik Prince, un ex miembro del ejército de Estados Unidos.

Ha tenido una relevante participación en Irak, Nigeria, Somalia y desde hace solo unos pocos meses en Yemen después que Prince (quien reside en en los Emiratos Árabes Unidos [EAU]) firmara un acuerdo con el príncipe heredero sustituto y ministro de defensa de Arabia Saudita Mohamed Bin Salman bajo el auspicio del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de los EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan

El acuerdo por 539 millones de dólares, garantiza la presencia de 1.400 hombres de la compañía Academi, que participarán en acciones de combate junto a las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita en Yemen. Algunos reportes que se han dado a conocer en la región, aseguran que el régimen saudí afirmó que garantizará la seguridad del personal de Academi, para lo que utilizará su influencia entre los militantes activos de al-Qaeda en ese país a fin de prevenir cualquier posible ataque del ejército y las fuerzas huthies yemenitas del movimiento Ansarolah, que resisten la invasión saudí, la que más de un año después de su inicio no ha logrado cumplir los objetivos mínimos trazados. 

Sin embargo, el New York Times ha informado que fueron 1.800 los soldados latinoamericanos que se concentraron en una base militar de Emiratos Árabes Unidos (Ciudad Militar de Zayed), y que de ellos 450 eran colombianos, aunque también había panameños, chilenos y salvadoreños. Según el periódico estadounidense: “Las autoridades de los Emiratos han mostrado predilección a la hora de contratar a colombianos porque su profesionalidad se considera probada en la guerra contra las FARC en Colombia”.

Como se puede observar, si algo tienen en común todas estas empresas, es su relación con el conflicto bélico interno de Colombia. La privatización de la guerra en este país no es nada nuevo, ya desde la década de los 90 del siglo pasado, el Pentágono encargó algunas misiones a estas empresas globales de la industria de la guerra, a fin de violar el reglamento del Congreso de Estados Unidos que limitaba a 500 el número de soldados que podían tener presencia en Colombia, aunque posteriormente lo elevó a 800, los cuales no podían participar directamente en acciones bélicas, lo cual era subsanado con la presencia de mercenarios que actuaban al margen de la ley. Estas acciones escalaron a niveles muy superiores durante el gobierno de George W. Bush.

En particular, a partir de 1997 hubo una intensificación de las firmas militares privadas en Colombia. Según relata Luiz Alberto Moniz Bandeira en su libro “La formación del imperio americano. De la guerra contra España a la guerra en Irak”, en Colombia, los “contratistas y proveedores del Pentágono, asumieron el manejo de sistemas de comunicación y radares, fumigación de plantaciones de coca, investigación del movimiento de personas y armamentos, e inclusive otras tareas de inteligencia”.

Para los que duden de los aprestos del Pentágono contra Venezuela, esbozados en los Planes Venezuela Freedom I y II y supongan como fantasiosas las posibilidades de una intervención militar en el país, deben saber que ésta no se hará con soldados estadounidenses, una modalidad del pasado. Para ello, desde hace muchos años, Estados Unidos viene preparando un ejército mercenario de miles de hombres de varios países de América Latina, de manera primordial Colombia, que hoy hacen su práctica en Yemen y que estarán prestos a cumplir las órdenes de sus jefes militares del Comando Sur y del jefe político designado para la misma, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien a pesar de derramar “lágrimas de cocodrilo” por el apoyo de su Organización a la invasión estadounidense contra la democracia en República Dominicana en 1965, hoy reclama protagonismo para repetir la “hazaña” en otras latitudes de Nuestra América.

Colombia. Los retos del postconflicto

Así se llama un libro de los investigadores colombianos León Valencia y Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación de Bogotá, publicado en marzo de este año por Ediciones B y en el que también escriben otros acreditados estudiosos del país vecino. 

Este pareciera ser el tema más importante que avizora el futuro de Colombia, por lo que en torno al mismo, girará el acontecer político y se medirá la efectividad de la democracia y la viabilidad de los acuerdos que se han discutido entre el gobierno y las FARC y los que se comenzaron a debatir entre la instancia gubernamental y el ELN.

En el prólogo del libro, bajo el título “No cometer errores del pasado” se señalan los cinco pasos que durante este año 2016, llevarán a los prolegómenos del postconflicto. Son ellos, la firma del acuerdo de paz, la concentración de las FARC en diversos lugares del país y el inicio del cese definitivo de las hostilidades, la refrendación de los acuerdos mediante votación ciudadana, la conversión de los acuerdos en leyes y decretos por parte del presidente Santos y la dejación de las armas por parte de las FARC.

Llevar estos pasos a su cumplimiento exitoso será la preocupación más importante de los colombianos en lo que resta del año y durante los que están por venir. Como dicen los autores, este libro intenta dar respuestas a las preguntas que inquietan y preocupan a millones de ciudadanos: “qué hacer después del desarme, dónde hacerlo, cómo hacerlo y cuáles son las responsabilidades del estado y la sociedad”.

Los siete autores de los seis ensayos que componen la publicación anuncian que contaban con muchas “señales” respecto de la comprensión por parte de las Farc en relación a su aceptación de que no podrían obtener una victoria militar en el conflicto interno que aqueja a Colombia desde hace más de 50 años, eso los llevaría a la vía de la política y a la admisión de la necesidad de su participación en el sistema democrático que el país se ha dado, como espacio para dar a conocer sus puntos de vista en relación a la solución de los grandes problemas que agobian a su país, aportando soluciones en los marcos legales existentes. 

De igual manera, -siempre según la opinión de los autores- habían cosechado también algunas “señales” en torno a la visión del presidente Santos, quien había percibido que después del gran esfuerzo del Estado por aplicar la política de Seguridad Democrática, eje del gobierno del presidente Álvaro Uribe, no había sido posible lograr la derrota militar, ni el aniquilamiento de la guerrilla, mucho menos su rendición, a pesar que había sido debilitada sin que ello significara la posibilidad de mermar absolutamente su capacidad combativa. Haberse planteado ese objetivo a perpetuidad, iba a conducir a un enfrentamiento de largo plazo que continuaría destruyendo la base económica y social del país, sin que necesariamente ello diera seguridades respecto del fin de la confrontación. 

Valencia, Ávila y el resto de investigadores que produjeron esta importante obra llegaron a la conclusión que esta confluencia de percepciones llevaría necesariamente a un diálogo que permitiría una negociación que daría paso al fin del conflicto. Esta convicción es la que los persuadió de la exigencia de trazar pautas para el proceso que sobrevendrá a la firma de los acuerdos de paz. 

Consideran que aunque la historia de Colombia ha sido pródiga en firmar acuerdos de paz, ninguno de ellos ha asegurado el fin de la violencia política, en gran medida porque no se han articulado acciones encaminadas a garantizar la estabilidad en los territorios donde se ha desarrollado la guerra ni se le ha dado participación efectiva a todos los actores involucrados en el conflicto, los cuales más temprano que tarde han retomado la senda del enfrentamiento.

El libro aporta elementos que permiten afirmar que ahora que las Farc ha manifestado de manera muy firme y contundente su apuesta por la paz, se ha abierto una oportunidad trascendente para culminar el conflicto y reducir ostensiblemente los niveles de violencia que por muchos años ha vivido Colombia. En esa medida, esbozan una propuesta de intervención de “corto, mediano y largo plazo para construir Estado, mercados legales e instituciones que nos permitan conjurar la tentación de seguir en la confrontación”, en 281 municipios de todo el país en que ha estado la guerrilla (tanto de las FARC como del ELN) en los últimos 30 años según una clasificación hecha por el equipo de estudiosos de la Fundación Paz y Reconciliación después de casi una década de investigación. Además, han establecido otros 300 municipios en los que igualmente existen economías ilegales y grupos surgidos posteriormente a la desmovilización paramilitar, los que han ido configurando “organizaciones criminales de tipo urbano”. Para estos territorios los autores del libro proponen un “tratamiento especial”.

El reto no será menor, por una parte, la guerrilla tiene poco conocimiento del funcionamiento del Estado, así como éste conoce escasamente la actividad de los grupos insurgentes. En esa medida, este libro viene a ser un aporte para acercar posiciones que permitan en los hechos construir una paz estable para Colombia.

Tal como afirman los autores que con su nombre prestigian esta publicación, la obra mostrará realidades que pueden servir a las dos partes negociadoras para ampliar y mejorar su conocimiento de la otra, así como el contexto en que ambas manejaban el funcionamiento de los territorios en los que ejercían el poder.

En la misma tónica del libro, cual es la realización de un debate que conduzca a la búsqueda de consensos, así como a la ampliación del conocimiento respecto de los avances del proceso de paz, haciendo pedagogía para el momento posterior a la firma de los acuerdos de paz, se realizó el pasado jueves 9 de junio en Caracas, el Seminario Internacional “Los colombianos en Nuestra América también construyen paz”, organizado por la Fundación para una Nueva Vida (Funuvida) de Colombia y auspiciada por la Fundación Constituyente XXI de Chile y el Centro de Estudios Global AZ de Venezuela.

Con una amplia participación de ciudadanos colombianos residentes en Venezuela, así como jóvenes estudiantes de varias universidades de la capital del país, la actividad contó con dos partes. La primera de ellas estuvo constituido por un panel en el que dieron a conocer su opinión sobre el tema Anayansi Acevedo, en nombre de la Fundación Acción Global por los Derechos Humanos de Venezuela; Xoan Noya, Secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud del PSUV; Miguel Ángel Trinidad, experto de la OEA en Seguimiento, Verificación y Reinserción de ex combatientes; Luis Eduardo Celis, sociólogo, analista e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia; Esteban Silva presidente de la Fundación Constituyente XXI de Chile y Alejandro Toro, presidente de Funuvida de Colombia quien cerró este primer componente del evento con emotivas palabras testimoniales respecto del horror de la guerra, así como la necesidad de además de poner fin a la misma y garantizar que nunca se vuelva a repetir. 

Posteriormente, los participantes se incorporaron a cuatro mesas de trabajo que debatieron sobre garantía de retorno a las regiones, propuestas para una paz estable y duradera con justicia social, el papel de la comunidad internacional en el proceso y el papel de los medios en el post conflicto, elaborando sendas conclusiones recogidas en documentos que fueron entregados a Funuvida para su sistematización y divulgación. En resumen una fructífera y exitosa jornada de concientización y apoyo a la paz en Colombia. 

El que siembra vientos…cosecha tempestades

Asistimos a niveles de confrontación nunca antes vistos en casi todos los rincones del planeta y como pocas veces en la historia. Aunque estos enfrentamientos no están ajenos al desarrollo de colisiones de carácter bélico, la novedad es que no necesariamente, -por acción u omisión- la característica que identifica esta situación es el despliegue de grandes cantidades de ejércitos en territorios de combate.

Hoy, los escenarios de esta confrontación se han multiplicado, al incorporar a los medios de comunicación y los instrumentos de la política, la economía y la diplomacia como actores protagónicos de los conflictos. Incluso, los organismos multilaterales, creados para salvaguardar la paz en el mundo se han visto involucrados frecuentemente en la exacerbación de diferencias que conducen al fomento de las crisis, cuando deberían acudir a la solución de las mismas.

Finalmente, la verdad de los poderosos se sigue imponiendo a sangre y fuego y sin importar los costos que ello tenga de cara al futuro. Todas estas situaciones, en particular en América Latina y el Caribe pueden tener diversas miradas y distintas lecturas. Al observar los hechos de los últimos seis meses en la región, podemos concluir que asistimos a una regresión neoliberal que se manifiesta en casi todos los escenarios y en particular en el de las relaciones internacionales y la política exterior. La característica fundamental es que se ha abandonado casi todo principio o comportamiento ético, para caer en un pragmatismo a ultranza, en el que todo vale en función de lograr el objetivo propuesto.

Estas reflexiones acuden a la memoria cuando se observa la actuación de la OEA respecto de la situación de Venezuela y de otros países de la región. Se ha puesto en evidencia que todo su discurso de defensa de la democracia, respeto a la libre determinación y no injerencia en los asuntos internos de los países no es más que retórica artificial encaminada a ocultar su verdadero objetivo, cual es la defensa de los intereses hemisféricos imperiales.

Al respecto en un artículo escrito en mayo de 2007, hace 9 años, titulado “Salirnos de la OEA es lo único congruente con el ideal bolivariano” recordaba que: “La Organización de Estados Americanos (OEA) es un instrumento que nació al finalizar la Segunda Guerra Mundial como expresión de la correlación de fuerzas existentes en el continente durante el conflicto. Fue creada para apoyar a Estados Unidos en su tardío esfuerzo bélico de participación en el conflicto e incluyó una amplia alianza de fuerzas políticas y sociales hegemonizada por las burguesías locales.

Además la OEA fue, en su surgimiento, prueba de la extensión del sistema internacional resultado de la derrota del fascismo que tuvo su mayor expresión, a nivel mundial, en la Organización de Naciones Unidas. El objetivo inicial de la OEA era organizar un sistema internacional interamericano entre iguales, en concordancia con la Carta de Naciones Unidas.

Los países del continente aspiraban a un manejo democrático de los asuntos internacionales, de allí que postularan una organización sin hegemonías. Pero esto produjo temores en el seno del gobierno de Estados Unidos que en un primer momento tuvo dudas sobre la conveniencia de firmar la carta de la Organización ya que la misma podría limitar su capacidad de dominio sobre lo que siempre consideró su ´patio trasero.

Sin embargo, la realidad política circundante al finalizar la guerra puso fin a la amplia alianza de fuerzas antifascistas y llevó a la aplicación de la Doctrina Truman que postulaba el apoyo material, financiero y moral de Washington a todas las fuerzas conservadoras, reaccionarias y anti comunistas.

Ello permitió crear las condiciones para que en el continente emergieran estas fuerzas retrógradas que le dieran tranquilidad a Estados Unidos, y considerando que los gobiernos iban a acatar dócilmente sus directrices la Casa Blanca torció su análisis inicial y replanteó su decisión, apoyando la creación de la OEA. Junto a ello se reservaron para Washington la sede de la Organización e iniciaron una "diplomacia regional" a través de la amenaza, el chantaje, la coerción y la extorsión de gobiernos que además no mostraban gran interés en oponerse a ello.

Vale decir que el año anterior, en Río de Janeiro, se había creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca como instrumento militar hegemónico controlado por Estados Unidos para asegurarse la lealtad de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos en su confrontación estratégica con la Unión Soviética”.

Lamentablemente, cuando debimos habernos salido de ese engendro imperial, no lo hicimos y hoy tenemos que seguir yendo a Washington a rendir cuentas de nuestras actuaciones soberanas.

Se podrá estar o no de acuerdo con el actual gobierno de Venezuela, pero hay actuaciones que señalan definiciones de nacionalidad que son expresiones identitarias respecto del país en que se nace o se acoge como lugar de residencia permanente o, si lo queremos ver desde la perspectiva bolivariana, entenderla en su carácter regional, si se acepta que: “La patria es la América”.

Todo esto que ha estado ocurriendo, cuando diputados venezolanos, acuden a una instancia supra nacional para que ésta, actuando al margen del derecho internacional sancione al propio país de origen de tales parlamentarios, es expresión de aquella máxima marxista, de que no hay fuerza más poderosa que el interés de clase, éstos son mucho más fuertes que cualquier otro, incluyendo el de nación o incluso el de familia.

Pero, viéndolo en un sentido más amplio, es curioso, que la OEA y su secretario general, desesperado por ganarse un espacio en el olimpo del poder global,  no haya actuado con la misma celeridad ante los desmanes cotidianos del gobierno de Mauricio Macri o ante esta nueva modalidad que tristemente se ha entronizado en América Latina, cual es la aprobación tácita de un golpe de Estado, ejecutado por el delito organizado en Brasil.

En Venezuela, hay muchos ciudadanos que sin ubicarse en uno u otro espacio del espectro político, tiene sentido nacional y rechaza visceralmente la injerencia extranjera. Cabe destacar que entre esos ciudadanos, un lugar prominente lo ocupan los miembros de la fuerza armada que han sido educados en el ideal bolivariano lo cual los ha llevado desde siempre a sostener un sólido espíritu de defensa de la soberanía.

No va a ser la OEA la que solucione los graves problemas que aquejan a Venezuela, mucho menos ahora que el secretario general tupamaro por fuera, blanco por dentro, engendrado por Pepe Mujica, se puso de lado de una de las partes, violentando incluso de forma mucho más descarada que en los años 60 y 70, la esencia de lo que debe ser una organización internacional, cuál es su impronta a fin de solucionar los conflictos.

Entonces, me pregunto, ¿tiene algún sentido que el señor Almagro siga siendo secretario general de la OEA? La verdad que siempre me ha dado lo mismo, lo que haga o diga un agente imperial que sostenga tal investidura, pero no me puede dar lo mismo, cuando lo que hay detrás de esta práctica es la generación de condiciones para una intervención del Comando Sur, que engendrará una situación de violencia en el país, que tal vez se sepa cuando comience, pero no, cuando termine. ¿Es que acaso la oposición se cree inmune a esta situación? ¿Supone alguien que en estas condiciones podrá haber un funcionamiento democrático normal? Si la oposición aspira legítimamente a hacerse del control del país, ¿cree que pueda haber elecciones libres en condiciones de una intervención militar extranjera?

Solo quiero recordar que en el Chile de Allende, hubo dos instigadores civiles del golpe de Estado: Patricio Aylwin y Eduardo Frei, ambos líderes del partido demócrata cristiano. Supusieron que los militares les iban a entregar el poder rápidamente. Todos sabemos lo que ocurrió. Pero hay que decir también, que Eduardo Frei fue misteriosamente envenenado mientras convalecía de una enfermedad en un hospital de Santiago. Así trata la oligarquía a sus lacayos, los usa y luego los desecha cuando ya no le sirven, como si fueran un conocido utensilio de uso sexual. A propósito, curiosidades de la vida, el hospital que “atendió” a Frei fue el mismo y con los mismos médicos que atendieron al poeta comunista Pablo Neruda, también envenenado según una investigación que ha concluido recientemente en el país austral.

La experiencia es que la peor democracia es mejor que cualquier golpe de Estado o intervención militar extranjera. Quienes apuestan a la violencia, recurriendo a las instituciones internacionales bajo control imperial, deben saber que ellas no los salvarán de los desmanes que sobrevendrán, si se llega a establecer que la única ley válida es la ley de la fuerza que surge de los fusiles.