A pesar de la victoria, Moscú no quiere repetir 1812 ni 1941.

Pese a que la URSS había desaparecido en 1991, el primer presidente ruso de la nueva era, Boris Yeltsin, dio continuidad a las políticas iniciadas por su antecesor soviético Mijail Gorbachov en materia de acercamiento a Occidente, llegando a firmar en 1993, los tratados START II, que suponía la reducción del arsenal nuclear, los submarinos nucleares y los misiles de largo alcance. Sin embargo, la Duma (poder legislativo ruso) se negó a ratificar tales acuerdos firmados por el presidente, entre otras cosas por la discrepancia de los parlamentarios con ciertas concesiones hechas por el gobierno ruso, pero sobre todo por su oposición a la política estadounidense de expandir la OTAN hacia el este, lo cual era claramente considerado como ofensivo a la integridad territorial rusa y peligroso para su soberanía. De esa manera, fue patente desde el primer momento en que Rusia comenzaba su andadura por el escenario internacional al margen de la Unión Soviética, que los representantes del pueblo, expusieran su rechazo a esta política.

Sin embargo, para Rusia siempre estuvo claro que era importante fortalecer sus relaciones con Europa, a la que consideraban un espacio natural para avanzar en la creación de mecanismos de integración mutuamente ventajosos. Por ello, hizo esfuerzos para insertarse en las organizaciones multilaterales existentes en el Viejo Continente. En 1994 se firmó el Tratado de Asociación y Cooperación entre Rusia y la Unión Europea que entró en vigencia en 1997. Vale recordar que en todo momento, el gobierno ruso hizo ver a sus pares europeos, la inconveniencia de intentar una expansión de la OTAN hacia el este, mientras buscaba una participación más activa en la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE), que había sido creada en 1994.

A pesar del reconocimiento ruso a la influencia de Estados Unidos en Europa, en el trasfondo tenía una gran preocupación por el incremento de la subordinación europea a Estados Unidos en un momento en que la política exterior estadounidense apuntaba a la construcción de un sistema internacional unipolar, bajo hegemonía de Washington, cuya mayor expresión fue la intervención militar de la OTAN en Yugoslavia.

Todo esto fue posible en el marco de un gobierno extremadamente débil en Rusia, que supuso que su acercamiento a Europa, la introducción del capitalismo y la instauración de una democracia de corte occidental, iba a ser garantía de respeto de Occidente a la integridad territorial rusa y a las decisiones soberanas que tomaran en el desarrollo de una política independiente. Lamentablemente la historia, -como casi siempre ocurre- le hizo pagar caro su error. Es posible que nunca antes, Rusia haya estado en una situación de tanta debilidad respecto de sus pares, que incluso la sometieron a situaciones verdaderamente inaceptables para un país que durante siglos había sido una potencia mundial.

Aunque en materia de política exterior se comenzaron a manifestar algunos cambios a partir de 1996, cuando Evgeny Primakov, se hizo cargo del ministerio de relaciones exteriores y promovió una política alineada con la defensa de los intereses rusos en su entorno inmediato a fin de garantizar un anillo de seguridad para su país respecto de las ambiciones expansionistas de Occidente, la verdadera transformación ocurrió con la llegada del presidente Vladimir Putin al poder en el año 2000, cuando se propuso elaborar una estrategia que llevara a su país a un proceso de estabilidad política y económica que lo condujera a garantizar la defensa de sus intereses en materia internacional y retomar un papel protagónico en ese escenario. Esta mutación es la que Estados Unidos pareciera no querer aceptar.

Para ello, como es habitual en su política exterior ha recurrido a diversos expedientes, desde dar opiniones injerencistas respecto al desarrollo del proceso eleccionario ruso, intentos de debilitamiento de su economía, campañas mediáticas para desprestigiar a sus dirigentes, sanciones económicas y comerciales, intervenciones militares y de sus agencias de seguridad en países del entorno, hasta la promoción de un golpe de Estado en Ucrania y la desestabilización de Siria e Irán tradicionales aliados de Moscú. Pero, lo que ha “rebasado el vaso” es el despliegue de un escudo anti misiles en países fronterizos con Rusia, aduciendo el peligro que podría significar el desarrollo de su programa de defensa…e incluso del de Irán. Estados Unidos y sus aliados han emplazado una cantidad de armamento espacial, de tierra, mar y aire que rompen el equilibrio militar en la región.

Sin embargo, todo esto no es más que subterfugios para justificar una presencia mayor de Estados Unidos en los países europeos militarmente ocupados por la potencia norteamericana a través de la OTAN, una fuerza siempre comandada por un general enviado desde el Pentágono. Precisamente el nuevo Jefe militar de la OTAN, General Curtiss Scaparrotti, al asumir su nuevo cargo en abril pasado, manifestó que esa alianza se enfrenta a un "resurgimiento de Rusia tratando de proyectarse como una potencia mundial".

No obstante, subyace la necesidad permanente de Estados Unidos de estar inventando enemigos que expliquen su gigantesco gasto militar para justificar los ingresos del Complejo Militar Industrial principal soporte de su economía y verdadero gobierno en las sombras a partir de su alianza con el sistema financiero. De ahí que el presidente Obama haya sido catalogado por el prestigiado filósofo, escritor y profesor de la Universidad de Princeton Cornel West como “La mascota negra de Wall Street”

No hay ningún elemento que pueda argumentar en torno a una supuesta voluntad agresiva de Rusia. El pasado 31 de diciembre, el presidente Vladimir Putin promulgó un documento elaborado por el Consejo de Seguridad de Rusia en el que se esboza la nueva estrategia de seguridad de su país. Las amenazas sobre las cuales se construyen las hipótesis de conflicto que establecen los parámetros del comportamiento estratégico operacional de las Fuerzas Armadas, son la lucha contra “el radicalismo y la amenaza terrorista” así como los conflictos derivados del desequilibro económico mundial que podrían inducir nuevas crisis financieras.

En materia de definiciones doctrinarias el documento establece que la prioridad de Rusia es "afianzar el estatus de una potencia mundial líder, cuya actividad se dirige a mantener la estabilidad estratégica y relaciones de socios mutuamente beneficiosas en condiciones de un mundo policéntrico. Al contrario del discurso belicista y anti ruso del General Scaparrotti, Rusia propone un "fortalecimiento de la cooperación mutuamente beneficiosa con la Unión Europea" y una "colaboración de pleno valor con Estados Unidos en base a intereses comunes, incluso en el ámbito económico".

Empero, dando continuidad a su tradicional política de defensa de la soberanía, ya enunciada por la Duma en 1993 para rechazar la anhelada ambición de Estados Unidos de extender la OTAN hacia el este, el documento alerta que el incremento del potencial de la alianza militar occidental y la auto atribución de responsabilidades globales que violan el derecho internacional constituye una amenaza inaceptable para la seguridad nacional de Rusia. 

Dos de los ejércitos más poderosos de la historia, salidos de Europa con ambiciones de conquista, fracasaron estrepitosamente a las puertas de Moscú: Napoleón Bonaparte en 1812 y Adolfo Hitler en 1941 sufrieron aplastantes derrotas tratado de invadir Rusia para derrotarla y humillarla.

Es de esperar que los generales norteamericanos y cualquiera que sea el nuevo administrador de la Casa Blanca se tomen un tiempo para estudiar la historia y no cometer el mismo desatino.

Señor Almagro, no se confunda.

Diego de Almagro fue uno de los más feroces y sanguinarios conquistadores al servicio de la corona española en lo que después se llamó América. Llegó a nuestra región el 30 de junio de 1514, por lo que sino marcó la pauta, debe haber sido uno de los primeros Almagro en haber cruzado el Atlántico después de huir de las perversiones y la dureza de un tío que lo crió y de la persecución que sufrió en su temprana juventud, después de estar a punto de asesinar a un colega. En definitiva, uno de los tantos aventureros, delincuentes y criminales que la “Madre Patria” nos envió a fin de imponer su religión para que, con afanes desmedidos, saquearan nuestras tierras en pro de la grandeza de una de las tantas monarquías nauseabundas que gobernaban y que aún gobiernan en el Viejo Continente.

Almagro, más que destacarse por sus acciones de conquista lo hizo por su carácter cobarde, traidor y sobre todo por su reputada condición de fracasado. Cuando, después de cambiar de bando por enésima vez, fue hecho prisionero por su colega Francisco Pizarro, imploró clemencia con su ruindad característica, a lo que Pizarro le respondió: “Eres un caballero y tienes un nombre ilustre, no muestres flaqueza, me maravillo que un hombre de tu ánimo, tema tanto a la muerte. Debes confesarte, porque tu muerte no tiene remedio”. En Venezuela el argot popular recuerda que “Verdugo no pide clemencia”.

Por supuesto, no se puede generalizar, ni mucho menos suponer que toda la estirpe de los Almagro sea de la casta de su predecesor, pero estos relatos de la conquista me han venido a la memoria después de observar actuaciones similares de un representante de tal apelativo que en el siglo XXI, imita actuaciones de su homónimo de hace cinco centurias.

Luis Almagro, secretario general de la OEA intenta ser un nuevo conquistador al servicio de otro imperio, a partir de su reconocida condición de traidor. En una reciente declaración emitida el pasado 10 de mayo, Almagro señaló respecto que no es traidor aquel que recurre a la OEA, cuando se refería a un grupo de diputados venezolanos que buscó el cobijo de la institución creada por Estados Unidos para relacionarse y mantener subordinados a los países de América Latina y el Caribe. Coincido en esto con el señor Almagro, porque los traidores son aquellas alimañas que reniegan de una idea o de un sentimiento, pero quienes siempre han tenido un amor superior por la potencia imperial más que por su patria, que según Bolívar es América, al concurrir a la OEA están actuando conforme al ideal panamericano y monroista que esa institución encarna, lo cual ha estado presente desde siempre en la cotidianidad de algunos. 

Almagro, quien para llegar a ser Canciller de Uruguay y posteriormente Secretario General de la OEA, traicionó, no una, sino dos veces su ideología, si es que alguna vez ha tenido alguna, hoy disfrazado de “hombre de izquierda” por las transnacionales de la comunicación, se apresta a clavar una daga a la integración latinoamericana y caribeña para continuar aferrando la región a Estados Unidos por mandato de las oligarquías.

Almagro abandonó en 1999 el partido Nacional de Uruguay, una organización de derecha que se define como “liberal, nacionalista, panamericanista y humanista”, según se dice, obnubilado por el ímpetu en la acción y el sobresaliente discurso de un diputado del Frente Amplio llamado José “Pepe” Mujica. Su capacidad para visualizar el agotamiento de la derecha en su país, lo llevaron a cambiar de rumbo en la búsqueda de nuevos derroteros para una vida que parecía no tener futuro. Una vez en la OEA, volvió a torcer el camino para allanar su suerte al lado de quien siempre estuvo en su corazón. Pepe Mujica lo “despidió” diciendo “Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”. De manera que si de traidores hablamos, Almagro (no Diego, sino Luis) tiene mucho que contar. 

Lo cierto es que más allá del personaje y de la repugnante organización que dirige, Almagro debería desmentir o al menos explicar porque la OEA aparece como un actor destacado en los planes de intervención militar del Comando Sur de Estados Unidos en Venezuela. Vale decir que el anterior Jefe de esa instancia de las fuerzas armadas de Estados Unidos, General John Kelly en una intervención ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de su país, el 12 de marzo de 2015, expuso al referirse a Venezuela que la situación del país “…recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación” [se refiere a Venezuela Freedom]. Una de estas políticas, señalada con el enciso D enuncia la “Generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA”. Es curioso, que la Carta Democrática de la OEA se quiera aplicar a punta de cañones, misiles y destructores de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Entonces, ¿es o no es la OEA un instrumento imperial? Es curioso también que la comparecencia del General Kelly en el Senado se haya producido solo tres días después que el Presidente Obama haya emitido una Orden Ejecutiva declarando a Venezuela una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. 

En la fase 2 de Freedom Venezuela, el nuevo Jefe del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd recomienda 12 acciones para esta etapa. La número 8 está referida a la creación de alianzas regionales para provocar la caída del gobierno de Venezuela. Al respecto, Kidd exhorta a insistir “en la aplicación de la Carta Democrática, tal y como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes”. Un paso adelante respecto de su antecesor, Kidd ya conversó con Almagro para diseñar las acciones a desarrollar. Para ello, el Jefe del Comando Sur cuenta (según sus propias palabras) con siete bases militares estadounidenses apostadas en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe, además de las instalaciones de control y monitoreo ubicadas en Curazao y Aruba y con la Base de Soto Cano (Palmerola) en Honduras, la que ya se ha comenzado a fortalecer con la llegada desde la semana pasada de nuevos contingentes militares de Estados Unidos.

Al redactar estas líneas llega la información de que Almagro, dejando claro el origen de su quehacer y rodeado de algunos de los ex presidentes más reaccionarios de la región como su correligionario Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Sebastián Piñera de Chile, Jorge Quiroga de Bolivia y Álvaro Uribe de Colombia evalúa convocar al Consejo permanente de la OEA para “tratar la crisis venezolana”. Es ofensivo y vergonzoso que todavía en el siglo XXI los problemas de América Latina y el Caribe deban ser discutidos en Washington y bajo el alero de Estados Unidos.

Para finalizar, no quiero dejar pasar por alto que Almagro en su Declaración del 10 de mayo, haya hecho mención al “sistema interamericano” y a la “Carta Democrática Interamericana”. Está en su derecho. Finalmente, él está al servicio de esa oprobiosa idea que tiene su origen en la Declaración Monroe de 1823. Pero, lo que no tiene es la potestad de hacer mención,- a fin de adulterar la historia de “… las instituciones americanas que tienen su lejano origen allá por Panamá en 1826” 

Señor Almagro, usted puede decir lo que quiera, incluso tiene derecho a ser traidor y cobarde, pero no puede mancillar la memoria del Libertador Simón Bolívar tergiversando el sentido de su vida, de su lucha y de sus esfuerzos por construir una “alianza de republicas americanas antes españolas” en la que jamás tuvo cabida Estados Unidos. Usted también debe saber que la convocatoria al Congreso de Panamá hecha por el Libertador en diciembre de 1824, fue una respuesta al planteamiento de Monroe un año antes, y lo hizo para contrarrestar las intenciones imperiales de sembrar el panamericanismo hoy inserto en la organización que usted dirige. Esas instituciones americanas que usted menciona en su Declaración y que según Usted “tienen su lejano origen en 1826”, no son ni la OEA ni la Junta Interamericana de Defensa, ni el Banco Interamericano de Desarrollo ni ninguna otra de su estilo, que en realidad tienen su origen en un también lejano 1823. No se confunda, ni pretenda confundir, ni siquiera debería intentar poner en su boca el límpido pensamiento y la visión integracionista de Bolívar, completada y perfeccionada por José Martí, otro de los gigantes de Nuestra América, cuyas grandezas, usted, en su pequeñez, no es capaz de dimensionar.

Enseñanzas de Brasil

En Brasil se ha ido configurando una situación muy peligrosa en términos de estabilidad democrática. Los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder desde 2003, produjeron una redistribución más equitativa del ingreso lo que redundó en la inclusión de una gran cantidad de ciudadanos y la salida de la situación de pobreza de unos 30 millones de ellos. El presidente Lula abandonó el gobierno en medio de altos índices de popularidad. Sin embargo, a su salida de la más alta magistratura del país, se comenzó a producir un desgaste en el apoyo nacional a la gestión del PT y sus aliados. En las elecciones presidenciales de 2014, su sucesora Dilma Rousseff, que aspiraba a la reelección obtuvo el 51,64%, solo un 3% más que su rival el senador Aecio Neves del Partido de la Social Democracia Brasilera (PSDB).

Cabe destacar que en la primera vuelta de estas elecciones la ex ministra del gobierno del Presidente Lula, Marina Silva obtuvo un 21, 3% y la candidata del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) un 1,55 % de los votos, lo cual es un reflejo del desgaste del PT y la reducción de su capacidad de establecer alianzas. En esa misma elección el PT logró solo 5 gobernaciones de estado, de las 27 que tiene el país.

Así mismo, de los 531 miembros de la Cámara de Diputados, el PT logró elegir a 57 y sus aliados más cercanos 141 para un total de 198 y en el Senado, conformado por 81 miembros, el PT eligió 8, sus aliados 14 para un total de 22.

Estas cifras dan una idea de la extrema debilidad política con que fue elegida la presidente Dilma Rousseff. Esta correlación de fuerzas que ya era conocida incluso desde antes de iniciar su primer gobierno, la llevó a repetir para este segundo mandato lo mismo que Lula en los dos suyos: una alianza de gobierno con el derechista Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB) y con otras fuerzas conservadoras, a fin de que le aportaran la mayoría legislativa necesaria para gobernar con cierta comodidad. Los aliados de derecha del PT, ocuparon entre otros, los cargos de vicepresidente de la república y los importantes ministerios de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento; Minas y Energía, Pesca y Turismo, entre otros, así como el estratégico ministerio de Hacienda, asumido por Joaquim Levy, economista con una vasta trayectoria en altos cargos de la banca privada y de reconocida orientación neoliberal. En política, no se debe ser enemigo a priori de alianzas incluso con sectores adversos, el problema de fondo es quien mantiene la hegemonía y, para la izquierda, mantener la hegemonía, significa establecer un profundo enraizamiento con los sectores populares que la llevaron al gobierno. El olvido de esta elemental condición, se suele pagar muy caro. 

Las alianzas decididas fueron conduciendo a la autoridad a tomar medidas que iban en contra de los intereses populares, restándole espacio y apoyo en las organizaciones sociales que habían sido el bastión fundamental para la creación de un sólido soporte para los gobiernos del PT. Dilma se apartó de las organizaciones populares, tomando distancia de sus necesidades. Todo esto fue debilitando su base social de sustentación.

Cuando los escándalos de corrupción comenzaron a involucrar a importantes personeros del gobierno y del PT, la derecha encontró una vía para hacerse del poder, tras su cuarta derrota electoral continua y ante la debilidad de Dilma en su relación con los sectores populares que la llevaron a la presidencia. 

Sin embargo, esto es un tema y otro, es pretender involucrar a la presidenta y al ex presidente en hechos de corrupción, lo cierto es que no se ha encontrado ningún delito por parte de Lula ni de Dilma. Ha quedado perfectamente claro que se está usando la figura del impeachment para dar un golpe de Estado parlamentario, tal como se hizo en Honduras en 2009 para destituir al presidente Manuel Zelaya y en Paraguay en 2012 contra el Presidente Fernando Lugo. Todo esto, está sentando un precedente nefasto en la historia de América Latina cuando se pone en evidencia que la elección de un presidente puede ser revertida por el parlamento, sin que necesariamente haya pruebas de que se ha cometido un delito. La judicialización de la política, es decir el intento de obtener objetivos políticos por vía supuestamente legal, apoyándose en un poder judicial extremadamente conservador que el pueblo no ha elegido, le va a hacer un daño de incalculables consecuencias a la democracia, augurando un período de inestabilidad política y continuas protestas ciudadanas, no descartándose la realización de acciones violentas.

Lo que se observa en Brasil “es la voluntad obstinada de la clase política -preferencialmente de la oposición- en bloquear y obstruir toda y cualquier vía de diálogo que permita construir las posibles alternativas de solución a la crisis sistémica que se viene instalando, negándose vehementemente a debatir salidas de consenso en un clima de respeto por el pluralismo y la aceptación de la diferencia” como lo señala en su blog “Socialismo y democracia” el sociólogo chileno Fernando de la Cuadra, Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.

Lo irónico de la acusación contra la Presidenta Rousseff es que de los 513 diputados del Congreso de Brasil, 318 están bajo investigación o enfrentan cargos, igualmente 8 de los 21 senadores que forman la Comisión encargada de dar continuidad a la acusación contra la Presidenta, incluyendo al máximo líder del Senado, Renán Calheiros, al propio ex candidato presidencial derrotado Aecio Neves y al Presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha quien ha sido suspendido de su cargo como diputado y jefe de la Cámara Baja del legislativo brasileño, .por su implicación en el caso de corrupción de Petrobras, además de haber sido enjuiciado por la comisión de ética de la Cámara de Diputados por mentir sobre la tenencia ilegal de cuentas bancarias en el exterior. Tal vez sea el primer caso en la historia en que un Jefe de Estado es juzgado por virtuales delincuentes.

La decisión de la Cámara de Diputados favorable a la destitución de la Presidenta Rousseff el pasado 17 de abril, traslada la responsabilidad por la decisión final al Senado. Pero antes, los senadores tendrán que decidir por mayoría simple si se justifica seguir adelante con el proceso. No hay un plazo establecido para que esto ocurra y la votación podría demorarse por eventuales apelaciones de la defensa de la Presidenta ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de justicia brasileña.

Si al menos 41 de los 81 senadores votasen a favor de iniciar el juicio político, lo cual a todas luces parece decidido, la presidenta se vería obligada a separarse del cargo por hasta 180 días, mientras que el Senado decide su destino. Entonces, asumiría temporalmente la presidencia el actual vicepresidente Michel Temer, cuyo Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el mayor grupo del Congreso, rompió recientemente con el gobierno, consumándose un nuevo hecho de traición, ya común en la política de estos días.

Las nociones de respeto a la pluralidad, soberanía popular, representación, vocación de servicio, honorabilidad y honestidad administrativa entre otras, vinculadas al quehacer cotidiano de la democracia y la política han sido sustituidos por discernimientos de carácter económico como costo-beneficio, intereses personales, posibilidades de obtener ganancias y poder, lobbies empresariales, financiamiento de campañas y recuperación de la inversión, que han hecho que el discurso con el que durante siglos nos han atiborrado el sentimiento y la razón, no sea más que verborrea barata o dicho en buen castellano, masturbaciones mentales para capturar incautos.

Los sucesos de Brasil demuestran fehacientemente que el poder político está desapareciendo para dar paso a la dictadura de las empresas, los mercados y los poderosos que tienen capacidad de comprar cualquier cosa, incluyendo a los políticos, la mayoría de los cuales no parecen tener problemas en ponerse precios en el mercado. En esa medida, también como lo señala la experiencia brasileña, los partidos políticos han sido desplazados por los medios de comunicación (en particular la cadena Globo) como los creadores de la agenda.

Para revertirlo, hay que cambiar el carácter de la democracia, afirmar su verdadero carácter participativo en el que los pueblos a través de sus organizaciones tengan el papel protagónico, es lo único que garantiza la profundización de un proceso de transformación y la consolidación de su condición de irreversibilidad.