El pasado lunes 21 de septiembre se realizó en Quito una reunión promovida por las máximas autoridades de Celac y Unasur, los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa y de Uruguay, Tabaré Vásquez, respectivamente. La misma, en la que participaron los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos buscaba encontrar soluciones a la crisis que vive la relación entre ambos países.
El cónclave concluyó con un acuerdo de 7 puntos entre los que destacan el retorno inmediato de los embajadores que habían sido llamados a consulta por sus gobiernos, avanzar en la construcción de soluciones a los problemas de la frontera común, la realización de una investigación profunda de la situación de la frontera, la reunión de ministros de ambos países para tratar los temas más sensibles de la zona y la progresiva normalización del escenario limítrofe que comparten.
Cuando dos o más países manifiestan diferencias respecto de un tema, o –en caso extremo- cuando tales discrepancias conducen a un conflicto, existen dos opciones: la guerra o la diplomacia. En lo que va del siglo XXI, casi todos los conflictos o las guerras han tenido su origen en la intervención descarada de las potencias o de asociaciones de ellas. En su mayoría, tales conflagraciones, se han desarrollado en el territorio de países del sur del planeta. Así mismo, esta centuria ha sido testigo de la creación de organizaciones y mecanismos regionales de solución de conflictos, sin la participación de las potencias, las que generalmente son parte del problema, no de su solución. En el caso de América Latina y el Caribe, tales estructuras han sido particularmente eficientes y eficaces, marcando un punto de inflexión respecto de las prácticas diplomáticas del pasado.
En el asunto que nos convoca, la acción oportuna y vigorosa de Celac y Unasur ha conducido a un acuerdo beneficioso para ambas partes, imposible de suponer si tal gestión hubiera sido hecha por la OEA, es decir siendo Estados Unidos un actor protagónico. Esta es una nueva victoria de nuestros mecanismos regionales de integración que todos deberíamos celebrar.
Sin embargo, desde el mismo momento de los anuncios, se desató en Bogotá una brutal avalancha de críticas al acuerdo por parte de los mismos sectores extremistas de ultra derecha que atacan y rechazan las conversaciones de paz que se celebran en La Habana. Al establecer un paralelo, entre los dos hechos, es muy fácil apreciar la manera cómo en el vecino país se ha ido gestando una mafia que ha hecho de la guerra y el conflicto un instrumento para hacer política.
La oligarquía colombiana enquistada en el poder, ha construido a través de los años un sentimiento anti venezolano bajo el paraguas de un pensamiento chovinista y nacionalista que ha secuestrado la patria y la nación para hacer uso interesado y particularizado de ella. Vale decir, que el mismo sentimiento anti colombiano fue incubado por la oligarquía venezolana que usufructuó del poder desde la Independencia. En esa medida, ambos pueblos, han sido transformados en rehenes de intereses que no son los suyos, los cuales han hecho del conflicto una forma de perenne y creciente ganancia transnacional. Ya en 1830, cuando se discutía el tratado de límites que confirmaría la separación de Nueva Granada y Venezuela y el fin de la república de Colombia creada por el Libertador, uno de los ignominiosos acuerdos que tomaran, sin que hubiera ningún atisbo de culpa, fue el de expulsar al Libertador del territorio de ambos países que surgían. De tal tamaño es la traición y la vergüenza de estas oligarquías. Difícilmente entonces puede haber sorpresa ante los exabruptos manifestados por el Acuerdo de Quito.
En este contexto, no resulta paradójico que el artículo de portada en el número 1742 de la influyente revista “Semana” de Bogotá, publicada el 20 de septiembre, se denomine “Patria Boba”. En el subtítulo dice que “La paz se acerca, la economía está amenazada y las relaciones con Venezuela en crisis. Y la dirigencia nacional está concentrada en su afán de protagonismo, intereses mezquinos y debates sin importancia”.
En uno de sus párrafos el artículo en mención, manifiesta que “En medio de la avalancha de noticias, de la lógica polarizante de la política y de los intereses particulares de muchos líderes públicos, la pugnacidad se impone sobre el respeto y la exageración sobre la realidad. Las voces moderadas están ahogadas por quienes gritan más duro y se quieren hacer sentir más”. Y agrega a continuación “En todo esto hay un denominador común. Los que ostentan altas responsabilidades en el Estado han perdido el sentido de lo público. Quienes deberían dar el ejemplo con un manejo serio y responsable de las instituciones, actúan como si fueran feudos particulares”. Sobran los comentarios.
A pesar de ello, haciendo cumplir los acuerdos de Quito, en fecha tan temprana como el miércoles siguiente a las conversaciones, se dieron cita en Caracas los ministros de relaciones exteriores, defensa y energía de ambos países tomándose medidas concretas para comenzar a implementar el acuerdo presidencial.
Sin embargo, este importante encuentro, pasó a segundo plano toda vez que simultáneamente en La Habana se reunieron, el presidente Juan Manuel Santos y el Comandante Timoleón Jiménez, máximo jefe de las FARC-EP para atestiguar con su presencia la firma del acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, aprovechando la ocasión para anunciar un posible fin del conflicto armado en seis meses. De esta manera, en menos de 72 horas los guerreristas y amantes del conflicto, recibieron una segunda dosis de la misma medicina.
Todos estos eventos acaecidos en un lapso vertiginoso de tres días, estuvieron acompañados por la visita del Papa Francisco a Cuba, donde aprovechó para referirse a las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Fue tajante. Hablando en primera persona dijo “No podemos permitirnos otro fracaso más, en este camino de paz y reconciliación”.
Los hechos relatados y la dinámica desarrollada, dan constancia de una idea mayoritaria en Colombia y en América Latina proclive a solucionar los conflictos por vía de la negociación y el diálogo. Muestra también las profundas contradicciones al interior de la sociedad colombiana, aún permeada por un sector guerrerista de ultra derecha, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, que obliga a transformar las diferencias internas en política exterior. Por su parte, la actitud, a veces débil y diletante del Presidente Santos, quien evidentemente no tiene todos los instrumentos de control ni la autoridad para hacerlos funcionar, provoca innecesarias situaciones cuya prolongación en el tiempo pone en evidencia las graves carencias y la crisis social que atraviesa el país. En el caso del conflicto con Venezuela, esas carencias se pusieron en el tapete cuando la canciller colombiana María Ángela Holguín refiriera durante su visita al Arauca, que “Hay que tomar esas medidas que necesitamos de una vez por todas para que los colombianos vivamos en Colombia, integrados a Colombia y no sigamos dependiendo de Venezuela”.
Con todo, habrá que reconocerle a Santos, que en medio del “fuego amigo” de Uribe y sus adláteres, haya tenido la valentía, -por las razones que sea- de sentarse en menos de 72 horas con el presidente Nicolás Maduro y con el Comandante de las FARC-EP Timoleón Jiménez, quienes son señalados por los medios de comunicación tarifados de Colombia como los “principales enemigos del país”.
Un hecho no puede verse aislado del otro. Lo que está en juego es la paz y la posibilidad de que cada país pueda desarrollar su modelo político sin interferencias extranjeras y con la capacidad soberana de tomar las decisiones que considere convenientes para sus ciudadanos. Las condiciones políticas que se vayan generando irán creando la correlación de fuerzas que haga posible avanzar hacia soluciones estructurales que conduzcan a beneficios para la vida de las mayorías. No necesariamente los acuerdos actuales apuntan en esa vía, ciertas fuerzas políticas e intereses de clase conducen, -en algunas ocasiones- los diálogos y las negociaciones en direcciones que se orientan a soluciones sectoriales, no de toda la sociedad.
Pero, mientras esa correlación de fuerzas no exista, el imperativo de seguir luchando por ella, estará presente para todos los que sueñan con una sociedad mejor. En ese marco, en la situación actual, apostar por la paz y por la solución negociada de los conflictos, es un buen camino para el logro de los grandes objetivos estratégicos. No se puede obviar que uno y otro hecho, contaron con la hospitalidad, el impulso y la energía de los presidentes Rafael Correa y Raúl Castro de Ecuador y Cuba, dos países miembros del Alba, portadores de una nueva visión de América Latina y Caribe, integrada y en paz.
