De un uruguayo a otro uruguayo. Una historia de genuflexiones

En 1956, Cuando Pepe Mujica daba sus primeros pasos en la política de la mano de Enrique Erro, diputado del Partido Nacional (el mismo de Luis Almagro), otro uruguayo, José Antonio Mora, considerado independiente, pero muy cercano al Partido Colorado (la otra rama de la oligarquía uruguaya), fue elegido Secretario General de la OEA. Duró 12 años en el cargo, de manera tal que sino fue el artífice, al menos, asumió con fervor la responsabilidad de ser el ejecutor principal de la política colonial de Estados Unidos en la organización, a fin de conducirla a la decisión de marginar a Cuba de la misma y, unos años después, al apoyo y justificación de la intervención militar de Estados Unidos en República Dominicana en 1965. 

Cincuenta y un años, después otro uruguayo actuando igualmente como Secretario General del ministerio de colonias derrama “lágrimas de cocodrilo” intentando un desagravio que no fue. Una tibia declaración fue la respuesta que tuvo el presidente dominicano Danilo Medina a su solicitud de “una resolución de desagravio a la República Dominicana por el rol desempeñado por la OEA durante la Revolución de Abril de 1965”. Alguien de buena fe podría pensar que esa resolución si se aprobó y el Secretario General Almagro cumplió su rol de promocionarla a partir de la petición del jefe de Estado quisqueyano. Nada más falso. El gobierno dominicano exhortó al reconocimiento del proceso histórico vivido por su país en la segunda mitad del siglo XX y específicamente en 1965, así como de las acciones que “en ese marco ejecutó la Organización de Estados Americanos (OEA), que produjeron perturbación y luto y una indignación todavía presente en la población”.

Se estaba refiriendo a la intervención militar de 42.000 marines de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que desembarcaron en ese país para apoyar a los militares de derecha que derrocaron al presidente constitucional Juan Bosch quien sido elegido por el pueblo en los comicios de 1962. Nada de defensa de la democracia, nada de proteger vidas amenazadas de norteamericanos, nada de salvaguardar instituciones y empresas estadounidenses. Una simple y vulgar invasión a sangre y fuego para asesinar y reprimir a los miles de obreros, estudiantes y militares constitucionalistas que habían rechazado el golpe de Estado y bajo el mando del Coronel Francisco Caamaño Deñó se proponían reinstalar al presidente Bosch y al gobierno legítimo en el poder que le habían dado los votos.

Después de la invasión, cuando la masacre ya había comenzado, en medio de la férrea resistencia del pueblo dominicano y los militares constitucionalistas, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson se dirigió a la OEA para denunciar “el peligro comunista que significaba Caamaño”, pidiendo medidas colectivas y el despacho de una fuerza multinacional que permitiera “maquillar” la intervención, dándole carácter multilateral. La OEA aprobó las medidas colectivas, y varios países enviaron tropas a fin de cumplir con las órdenes recibidas desde la Casa Blanca.

Juan Bosch, quien además de presidente de su país, fue uno de los más relevantes intelectuales latinoamericanos del Siglo XX, en su libro “El pentagonismo, sustituto del imperialismo”, lo relata de la siguiente forma: “Se ha querido presentar la historia de la intervención norteamericana en la República Dominicana como un modelo de acción internacional bienhechora; pero la realidad es muy diferente. Es una dolorosa historia de abusos, de asesinatos y de terror que se ha mantenido silenciada mediante el control mundial de las noticias. Bastarán unos pocos datos para que se entrevea la verdad: desde las 9 de la mañana del 15 de junio de 1965 hasta las 10 de la mañana del día siguiente, sin una hora de descanso ni de día ni de noche la ciudad de Santo Domingo fue bombardeada por la fuerza de ocupación de los Estados Unidos. En esas 25 horas de bombardeo los hospitales no daban abasto para atender a los cuerpos desgarrados por los morteros pentagonistas”

Y agrega el insigne dominicano, “Hasta ahora no se ha dicho la verdad sobre el caso dominicano, pero se dirá a su tiempo”. Por esta verdad, el presidente Medina y su gobierno, cincuenta y un años después reclamaban que la OEA admitiera su responsabilidad histórica por haber dado su respaldo a acciones bélicas que contrastaban con los enunciados de su propia Carta. El contenido de la demanda dominicana exponía que la OEA expresara “al pueblo dominicano su pesar por haber respaldado, en 1965, la invasión de su territorio y el atropello de su soberanía”, así mismo solicitaba a la organización continental “su comprensión, pedir disculpas por el error histórico cometido y a la vez condolerse por las víctimas ocasionadas, asumiendo el compromiso de trabajar en procura de que acciones semejantes no se repitan en el futuro".

En la pusilánime declaración aprobada por la OEA hay una total omisión de que hubo una invasión militar de Estados Unidos y de aquellos países gobernados por dictadores de derecha como Brasil, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Paraguay, así como la muy democrática Costa Rica que entre todos enviaron 1.748 soldados de la OEA para servir de “comparsa” a la 82ª División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De la misma manera no aparece la más mínima mención al aval dado por la OEA a la invasión en 1965. Una falta de respeto al pueblo dominicano y una vergüenza más, para esta estructuralmente desvergonzada organización.

Lágrimas de cocodrilo. Si, lagrimas de cocodrilo cuando solo ocho días después el Secretario General de la OEA convoca a una reunión para hacer lo mismo que su compatriota 51 años antes, sólo que ahora peor. En República Dominicana la OEA actuó después de producida la invasión a fin de avalarla; ahora, Almagro pretende dar una fianza a la intervención antes que la misma se haya realizado, es decir, va más allá, también quiere ser promotor de la misma. La declaración sobre Republica Dominicana aprobada en Santo Domingo en medio de los “trastornos digestivos” que le produce a algunos países latinoamericanos la presencia del representante de Estados Unidos, se atrevió en el punto 3 de su parte resolutiva a “Reafirmar los principios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA”. Sin embargo, pareciera que para Almagro, el derecho internacional dejó de ser algo importante que se deba respetar. 

Pero mientras ese mismo día 23 de junio en Washington, Almagro actuando como garante de la guerra, protagonizaba su aberrante acto de incitación al conflicto en Venezuela, en la todavía bloqueada Cuba, otros países latinoamericanos, incluyendo a Venezuela, actuando como garantes de la paz eran testigos de la firma del histórico acuerdo del cese bilateral y definitivo al fuego entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Curiosamente, a un evento de tanta trascendencia histórica para Colombia y para toda América Latina, la OEA no fue invitada, como si lo hicieron las partes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la que se hizo presente a través de su presidencia pro tempore ocupado por el primer mandatario dominicano.

Así, la firma de la paz en Colombia se hizo bajo las banderas de Bolívar, con la presencia de la CELAC, hija de su ideario y en la Cuba libre y enhiesta después de más de medio siglo de resistencia, mientras que la declaración de guerra contra Venezuela, se consumó en Washington, bajo el paraguas protector de Monroe, que utilizaba para ello, una vez más a su engendro mal concebido y mal parido como todo lo que se fecunda y viene a la vida el odio y repugnancia que Estados Unidos tiene a los pueblos latinoamericanos y caribeños

Como todo país, Uruguay también tiene malos hijos, pero los verdaderos orientales, los del pueblo profundo amante de la paz y la libertad, los herderos de Artigas y Lavalleja, de Sendic, Seregni y Arismendi, de Benedetti y Galeano, de Viglietti y Zitarrosa, que tanto le han dado a ese, su terruño pequeño gigante y a toda la América Latina, prevalecerán siempre en la memoria y en la historia de esta Patria Grande.

¿Mercenarios al servicio de la OEA?

El 8 de junio de 1977 fue aprobado por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo Internacional Humanitario aplicable a los Conflictos Armados, el protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.

En dicho documento se establece que un mercenario es aquel soldado que participa de un conflicto bélico para su propio beneficio económico, al margen de toda consideración ideológica, nacional o de tipo político respecto de la parcialidad o grupo para el que lucha.

Esta variedad de “combatiente” ha adquirido especial notoriedad en el presente, sobre todo por las características que ha asumido la guerra moderna y la forma como las grandes potencias se han asimilado a la misma, para disminuir bajas y atenuar los contratiempos de diferente tipo que causan estas muertes en la opinión pública de países que a simple vista no tienen justificación válida para inmiscuirse en tales conflictos. 

Ello ha llevado al surgimiento de empresas privadas que al no ser actores políticos ni militares estatales, no asumen las responsabilidades que estos últimos tienen en el marco del derecho internacional. Tales empresas contratan fuerza de trabajo “especializada”, generalmente entre miembros en retiro de ejércitos y cuerpos de seguridad, a fin de lograr los objetivos propuestos, lo cual permitido profesionalizar y generalizar la práctica de la actividad mercenaria.

Sin embargo, valdría hacer notar que el desprestigio del término y el rechazo a esta actividad en la mayor parte de las sociedades civilizadas han puesto en entredicho la práctica de tan deleznable actividad e incluso el uso de tal vocabl . Sin embargo, para burlar este creciente repudio, las fuerzas intervencionistas, en particular Estados Unidos ha girado hacia una doctrina militar que tiende a maquillar sus intenciones y disimular la brutalidad y la sinrazón de sus objetivos, lo cual, -entre otras cosas- ha significado la utilización de nuevas expresiones, generalizando el uso de eufemismos que intentan ocultar la profundidad de sus acciones y hechos.

Así, como apunta Telma Luzzani, periodista y escritora argentina especializada en temas de política internacional en su extraordinario libro “Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica”, los insurgentes colombianos pasaron a ser “narcoterroristas” y la guerra que el gobierno de ese país libraba contra las fuerzas guerrilleras “una lucha antiterrorista”. Así mismo, la periodista argentina recuerda que: “En la jerga militar la palabra ´colaboración` fue reemplazada por ´seguridad cooperativa` las bases militares por ´sitios de operaciones de avanzada (FOL)`; los mercenarios por ´contratistas privados` y los militares estadounidenses en el extranjero ya no son ´asesores`, sino ´instructores`, ´personal de apoyo ‘o ´personal logístico`”. 

Una de las notorias empresas de este tipo, que a pesar de violar las normas más elementales del derecho internacional, actúa con total impunidad, resguardada por el gobierno de su país de procedencia, es Military Profesional Resources Incorporated, de origen estadounidense, la que después de trabajar para el gobierno de Croacia, fue contratada por el Pentágono para asesorar al Ejército colombiano. Así mismo, Executives Outcomes que arrancó dirigida por militares del ejército racista del apartheid sudafricano pero que trasladó su sede a Londres, ha sido muy activa al conseguir contratos en Europa, África y América Latina para “proteger” las actividades de transnacionales mineras y petrolíferas. 

Por su parte, Dynacorp, creada como empresa aérea de carga en 1946 por pilotos norteamericanos, pero que hoy es propiedad de funcionarios de inteligencia del Pentágono y la CIA, ha prestados servicios en el Sudeste de Asia, Irak, El Salvador, Bosnia, Ecuador y Colombia, siempre en tareas de contrainsurgencia.

Pero, la que podría considerarse “la madre” de todas estas contratistas” para alimentar las guerras con “carne fresca” es Blackwater, rebautizada como Xe Service y más recientemente denominada Academi, aunque también opera en Medio Oriente bajo el nombre de R2. Su sede está en Moyock, Carolina del Norte, al sureste de Estados Unidos y está dirigida por Erik Prince, un ex miembro del ejército de Estados Unidos.

Ha tenido una relevante participación en Irak, Nigeria, Somalia y desde hace solo unos pocos meses en Yemen después que Prince (quien reside en en los Emiratos Árabes Unidos [EAU]) firmara un acuerdo con el príncipe heredero sustituto y ministro de defensa de Arabia Saudita Mohamed Bin Salman bajo el auspicio del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de los EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan

El acuerdo por 539 millones de dólares, garantiza la presencia de 1.400 hombres de la compañía Academi, que participarán en acciones de combate junto a las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita en Yemen. Algunos reportes que se han dado a conocer en la región, aseguran que el régimen saudí afirmó que garantizará la seguridad del personal de Academi, para lo que utilizará su influencia entre los militantes activos de al-Qaeda en ese país a fin de prevenir cualquier posible ataque del ejército y las fuerzas huthies yemenitas del movimiento Ansarolah, que resisten la invasión saudí, la que más de un año después de su inicio no ha logrado cumplir los objetivos mínimos trazados. 

Sin embargo, el New York Times ha informado que fueron 1.800 los soldados latinoamericanos que se concentraron en una base militar de Emiratos Árabes Unidos (Ciudad Militar de Zayed), y que de ellos 450 eran colombianos, aunque también había panameños, chilenos y salvadoreños. Según el periódico estadounidense: “Las autoridades de los Emiratos han mostrado predilección a la hora de contratar a colombianos porque su profesionalidad se considera probada en la guerra contra las FARC en Colombia”.

Como se puede observar, si algo tienen en común todas estas empresas, es su relación con el conflicto bélico interno de Colombia. La privatización de la guerra en este país no es nada nuevo, ya desde la década de los 90 del siglo pasado, el Pentágono encargó algunas misiones a estas empresas globales de la industria de la guerra, a fin de violar el reglamento del Congreso de Estados Unidos que limitaba a 500 el número de soldados que podían tener presencia en Colombia, aunque posteriormente lo elevó a 800, los cuales no podían participar directamente en acciones bélicas, lo cual era subsanado con la presencia de mercenarios que actuaban al margen de la ley. Estas acciones escalaron a niveles muy superiores durante el gobierno de George W. Bush.

En particular, a partir de 1997 hubo una intensificación de las firmas militares privadas en Colombia. Según relata Luiz Alberto Moniz Bandeira en su libro “La formación del imperio americano. De la guerra contra España a la guerra en Irak”, en Colombia, los “contratistas y proveedores del Pentágono, asumieron el manejo de sistemas de comunicación y radares, fumigación de plantaciones de coca, investigación del movimiento de personas y armamentos, e inclusive otras tareas de inteligencia”.

Para los que duden de los aprestos del Pentágono contra Venezuela, esbozados en los Planes Venezuela Freedom I y II y supongan como fantasiosas las posibilidades de una intervención militar en el país, deben saber que ésta no se hará con soldados estadounidenses, una modalidad del pasado. Para ello, desde hace muchos años, Estados Unidos viene preparando un ejército mercenario de miles de hombres de varios países de América Latina, de manera primordial Colombia, que hoy hacen su práctica en Yemen y que estarán prestos a cumplir las órdenes de sus jefes militares del Comando Sur y del jefe político designado para la misma, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien a pesar de derramar “lágrimas de cocodrilo” por el apoyo de su Organización a la invasión estadounidense contra la democracia en República Dominicana en 1965, hoy reclama protagonismo para repetir la “hazaña” en otras latitudes de Nuestra América.

Colombia. Los retos del postconflicto

Así se llama un libro de los investigadores colombianos León Valencia y Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación de Bogotá, publicado en marzo de este año por Ediciones B y en el que también escriben otros acreditados estudiosos del país vecino. 

Este pareciera ser el tema más importante que avizora el futuro de Colombia, por lo que en torno al mismo, girará el acontecer político y se medirá la efectividad de la democracia y la viabilidad de los acuerdos que se han discutido entre el gobierno y las FARC y los que se comenzaron a debatir entre la instancia gubernamental y el ELN.

En el prólogo del libro, bajo el título “No cometer errores del pasado” se señalan los cinco pasos que durante este año 2016, llevarán a los prolegómenos del postconflicto. Son ellos, la firma del acuerdo de paz, la concentración de las FARC en diversos lugares del país y el inicio del cese definitivo de las hostilidades, la refrendación de los acuerdos mediante votación ciudadana, la conversión de los acuerdos en leyes y decretos por parte del presidente Santos y la dejación de las armas por parte de las FARC.

Llevar estos pasos a su cumplimiento exitoso será la preocupación más importante de los colombianos en lo que resta del año y durante los que están por venir. Como dicen los autores, este libro intenta dar respuestas a las preguntas que inquietan y preocupan a millones de ciudadanos: “qué hacer después del desarme, dónde hacerlo, cómo hacerlo y cuáles son las responsabilidades del estado y la sociedad”.

Los siete autores de los seis ensayos que componen la publicación anuncian que contaban con muchas “señales” respecto de la comprensión por parte de las Farc en relación a su aceptación de que no podrían obtener una victoria militar en el conflicto interno que aqueja a Colombia desde hace más de 50 años, eso los llevaría a la vía de la política y a la admisión de la necesidad de su participación en el sistema democrático que el país se ha dado, como espacio para dar a conocer sus puntos de vista en relación a la solución de los grandes problemas que agobian a su país, aportando soluciones en los marcos legales existentes. 

De igual manera, -siempre según la opinión de los autores- habían cosechado también algunas “señales” en torno a la visión del presidente Santos, quien había percibido que después del gran esfuerzo del Estado por aplicar la política de Seguridad Democrática, eje del gobierno del presidente Álvaro Uribe, no había sido posible lograr la derrota militar, ni el aniquilamiento de la guerrilla, mucho menos su rendición, a pesar que había sido debilitada sin que ello significara la posibilidad de mermar absolutamente su capacidad combativa. Haberse planteado ese objetivo a perpetuidad, iba a conducir a un enfrentamiento de largo plazo que continuaría destruyendo la base económica y social del país, sin que necesariamente ello diera seguridades respecto del fin de la confrontación. 

Valencia, Ávila y el resto de investigadores que produjeron esta importante obra llegaron a la conclusión que esta confluencia de percepciones llevaría necesariamente a un diálogo que permitiría una negociación que daría paso al fin del conflicto. Esta convicción es la que los persuadió de la exigencia de trazar pautas para el proceso que sobrevendrá a la firma de los acuerdos de paz. 

Consideran que aunque la historia de Colombia ha sido pródiga en firmar acuerdos de paz, ninguno de ellos ha asegurado el fin de la violencia política, en gran medida porque no se han articulado acciones encaminadas a garantizar la estabilidad en los territorios donde se ha desarrollado la guerra ni se le ha dado participación efectiva a todos los actores involucrados en el conflicto, los cuales más temprano que tarde han retomado la senda del enfrentamiento.

El libro aporta elementos que permiten afirmar que ahora que las Farc ha manifestado de manera muy firme y contundente su apuesta por la paz, se ha abierto una oportunidad trascendente para culminar el conflicto y reducir ostensiblemente los niveles de violencia que por muchos años ha vivido Colombia. En esa medida, esbozan una propuesta de intervención de “corto, mediano y largo plazo para construir Estado, mercados legales e instituciones que nos permitan conjurar la tentación de seguir en la confrontación”, en 281 municipios de todo el país en que ha estado la guerrilla (tanto de las FARC como del ELN) en los últimos 30 años según una clasificación hecha por el equipo de estudiosos de la Fundación Paz y Reconciliación después de casi una década de investigación. Además, han establecido otros 300 municipios en los que igualmente existen economías ilegales y grupos surgidos posteriormente a la desmovilización paramilitar, los que han ido configurando “organizaciones criminales de tipo urbano”. Para estos territorios los autores del libro proponen un “tratamiento especial”.

El reto no será menor, por una parte, la guerrilla tiene poco conocimiento del funcionamiento del Estado, así como éste conoce escasamente la actividad de los grupos insurgentes. En esa medida, este libro viene a ser un aporte para acercar posiciones que permitan en los hechos construir una paz estable para Colombia.

Tal como afirman los autores que con su nombre prestigian esta publicación, la obra mostrará realidades que pueden servir a las dos partes negociadoras para ampliar y mejorar su conocimiento de la otra, así como el contexto en que ambas manejaban el funcionamiento de los territorios en los que ejercían el poder.

En la misma tónica del libro, cual es la realización de un debate que conduzca a la búsqueda de consensos, así como a la ampliación del conocimiento respecto de los avances del proceso de paz, haciendo pedagogía para el momento posterior a la firma de los acuerdos de paz, se realizó el pasado jueves 9 de junio en Caracas, el Seminario Internacional “Los colombianos en Nuestra América también construyen paz”, organizado por la Fundación para una Nueva Vida (Funuvida) de Colombia y auspiciada por la Fundación Constituyente XXI de Chile y el Centro de Estudios Global AZ de Venezuela.

Con una amplia participación de ciudadanos colombianos residentes en Venezuela, así como jóvenes estudiantes de varias universidades de la capital del país, la actividad contó con dos partes. La primera de ellas estuvo constituido por un panel en el que dieron a conocer su opinión sobre el tema Anayansi Acevedo, en nombre de la Fundación Acción Global por los Derechos Humanos de Venezuela; Xoan Noya, Secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud del PSUV; Miguel Ángel Trinidad, experto de la OEA en Seguimiento, Verificación y Reinserción de ex combatientes; Luis Eduardo Celis, sociólogo, analista e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia; Esteban Silva presidente de la Fundación Constituyente XXI de Chile y Alejandro Toro, presidente de Funuvida de Colombia quien cerró este primer componente del evento con emotivas palabras testimoniales respecto del horror de la guerra, así como la necesidad de además de poner fin a la misma y garantizar que nunca se vuelva a repetir. 

Posteriormente, los participantes se incorporaron a cuatro mesas de trabajo que debatieron sobre garantía de retorno a las regiones, propuestas para una paz estable y duradera con justicia social, el papel de la comunidad internacional en el proceso y el papel de los medios en el post conflicto, elaborando sendas conclusiones recogidas en documentos que fueron entregados a Funuvida para su sistematización y divulgación. En resumen una fructífera y exitosa jornada de concientización y apoyo a la paz en Colombia. 

El que siembra vientos…cosecha tempestades

Asistimos a niveles de confrontación nunca antes vistos en casi todos los rincones del planeta y como pocas veces en la historia. Aunque estos enfrentamientos no están ajenos al desarrollo de colisiones de carácter bélico, la novedad es que no necesariamente, -por acción u omisión- la característica que identifica esta situación es el despliegue de grandes cantidades de ejércitos en territorios de combate.

Hoy, los escenarios de esta confrontación se han multiplicado, al incorporar a los medios de comunicación y los instrumentos de la política, la economía y la diplomacia como actores protagónicos de los conflictos. Incluso, los organismos multilaterales, creados para salvaguardar la paz en el mundo se han visto involucrados frecuentemente en la exacerbación de diferencias que conducen al fomento de las crisis, cuando deberían acudir a la solución de las mismas.

Finalmente, la verdad de los poderosos se sigue imponiendo a sangre y fuego y sin importar los costos que ello tenga de cara al futuro. Todas estas situaciones, en particular en América Latina y el Caribe pueden tener diversas miradas y distintas lecturas. Al observar los hechos de los últimos seis meses en la región, podemos concluir que asistimos a una regresión neoliberal que se manifiesta en casi todos los escenarios y en particular en el de las relaciones internacionales y la política exterior. La característica fundamental es que se ha abandonado casi todo principio o comportamiento ético, para caer en un pragmatismo a ultranza, en el que todo vale en función de lograr el objetivo propuesto.

Estas reflexiones acuden a la memoria cuando se observa la actuación de la OEA respecto de la situación de Venezuela y de otros países de la región. Se ha puesto en evidencia que todo su discurso de defensa de la democracia, respeto a la libre determinación y no injerencia en los asuntos internos de los países no es más que retórica artificial encaminada a ocultar su verdadero objetivo, cual es la defensa de los intereses hemisféricos imperiales.

Al respecto en un artículo escrito en mayo de 2007, hace 9 años, titulado “Salirnos de la OEA es lo único congruente con el ideal bolivariano” recordaba que: “La Organización de Estados Americanos (OEA) es un instrumento que nació al finalizar la Segunda Guerra Mundial como expresión de la correlación de fuerzas existentes en el continente durante el conflicto. Fue creada para apoyar a Estados Unidos en su tardío esfuerzo bélico de participación en el conflicto e incluyó una amplia alianza de fuerzas políticas y sociales hegemonizada por las burguesías locales.

Además la OEA fue, en su surgimiento, prueba de la extensión del sistema internacional resultado de la derrota del fascismo que tuvo su mayor expresión, a nivel mundial, en la Organización de Naciones Unidas. El objetivo inicial de la OEA era organizar un sistema internacional interamericano entre iguales, en concordancia con la Carta de Naciones Unidas.

Los países del continente aspiraban a un manejo democrático de los asuntos internacionales, de allí que postularan una organización sin hegemonías. Pero esto produjo temores en el seno del gobierno de Estados Unidos que en un primer momento tuvo dudas sobre la conveniencia de firmar la carta de la Organización ya que la misma podría limitar su capacidad de dominio sobre lo que siempre consideró su ´patio trasero.

Sin embargo, la realidad política circundante al finalizar la guerra puso fin a la amplia alianza de fuerzas antifascistas y llevó a la aplicación de la Doctrina Truman que postulaba el apoyo material, financiero y moral de Washington a todas las fuerzas conservadoras, reaccionarias y anti comunistas.

Ello permitió crear las condiciones para que en el continente emergieran estas fuerzas retrógradas que le dieran tranquilidad a Estados Unidos, y considerando que los gobiernos iban a acatar dócilmente sus directrices la Casa Blanca torció su análisis inicial y replanteó su decisión, apoyando la creación de la OEA. Junto a ello se reservaron para Washington la sede de la Organización e iniciaron una "diplomacia regional" a través de la amenaza, el chantaje, la coerción y la extorsión de gobiernos que además no mostraban gran interés en oponerse a ello.

Vale decir que el año anterior, en Río de Janeiro, se había creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca como instrumento militar hegemónico controlado por Estados Unidos para asegurarse la lealtad de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos en su confrontación estratégica con la Unión Soviética”.

Lamentablemente, cuando debimos habernos salido de ese engendro imperial, no lo hicimos y hoy tenemos que seguir yendo a Washington a rendir cuentas de nuestras actuaciones soberanas.

Se podrá estar o no de acuerdo con el actual gobierno de Venezuela, pero hay actuaciones que señalan definiciones de nacionalidad que son expresiones identitarias respecto del país en que se nace o se acoge como lugar de residencia permanente o, si lo queremos ver desde la perspectiva bolivariana, entenderla en su carácter regional, si se acepta que: “La patria es la América”.

Todo esto que ha estado ocurriendo, cuando diputados venezolanos, acuden a una instancia supra nacional para que ésta, actuando al margen del derecho internacional sancione al propio país de origen de tales parlamentarios, es expresión de aquella máxima marxista, de que no hay fuerza más poderosa que el interés de clase, éstos son mucho más fuertes que cualquier otro, incluyendo el de nación o incluso el de familia.

Pero, viéndolo en un sentido más amplio, es curioso, que la OEA y su secretario general, desesperado por ganarse un espacio en el olimpo del poder global,  no haya actuado con la misma celeridad ante los desmanes cotidianos del gobierno de Mauricio Macri o ante esta nueva modalidad que tristemente se ha entronizado en América Latina, cual es la aprobación tácita de un golpe de Estado, ejecutado por el delito organizado en Brasil.

En Venezuela, hay muchos ciudadanos que sin ubicarse en uno u otro espacio del espectro político, tiene sentido nacional y rechaza visceralmente la injerencia extranjera. Cabe destacar que entre esos ciudadanos, un lugar prominente lo ocupan los miembros de la fuerza armada que han sido educados en el ideal bolivariano lo cual los ha llevado desde siempre a sostener un sólido espíritu de defensa de la soberanía.

No va a ser la OEA la que solucione los graves problemas que aquejan a Venezuela, mucho menos ahora que el secretario general tupamaro por fuera, blanco por dentro, engendrado por Pepe Mujica, se puso de lado de una de las partes, violentando incluso de forma mucho más descarada que en los años 60 y 70, la esencia de lo que debe ser una organización internacional, cuál es su impronta a fin de solucionar los conflictos.

Entonces, me pregunto, ¿tiene algún sentido que el señor Almagro siga siendo secretario general de la OEA? La verdad que siempre me ha dado lo mismo, lo que haga o diga un agente imperial que sostenga tal investidura, pero no me puede dar lo mismo, cuando lo que hay detrás de esta práctica es la generación de condiciones para una intervención del Comando Sur, que engendrará una situación de violencia en el país, que tal vez se sepa cuando comience, pero no, cuando termine. ¿Es que acaso la oposición se cree inmune a esta situación? ¿Supone alguien que en estas condiciones podrá haber un funcionamiento democrático normal? Si la oposición aspira legítimamente a hacerse del control del país, ¿cree que pueda haber elecciones libres en condiciones de una intervención militar extranjera?

Solo quiero recordar que en el Chile de Allende, hubo dos instigadores civiles del golpe de Estado: Patricio Aylwin y Eduardo Frei, ambos líderes del partido demócrata cristiano. Supusieron que los militares les iban a entregar el poder rápidamente. Todos sabemos lo que ocurrió. Pero hay que decir también, que Eduardo Frei fue misteriosamente envenenado mientras convalecía de una enfermedad en un hospital de Santiago. Así trata la oligarquía a sus lacayos, los usa y luego los desecha cuando ya no le sirven, como si fueran un conocido utensilio de uso sexual. A propósito, curiosidades de la vida, el hospital que “atendió” a Frei fue el mismo y con los mismos médicos que atendieron al poeta comunista Pablo Neruda, también envenenado según una investigación que ha concluido recientemente en el país austral.

La experiencia es que la peor democracia es mejor que cualquier golpe de Estado o intervención militar extranjera. Quienes apuestan a la violencia, recurriendo a las instituciones internacionales bajo control imperial, deben saber que ellas no los salvarán de los desmanes que sobrevendrán, si se llega a establecer que la única ley válida es la ley de la fuerza que surge de los fusiles. 

A pesar de la victoria, Moscú no quiere repetir 1812 ni 1941.

Pese a que la URSS había desaparecido en 1991, el primer presidente ruso de la nueva era, Boris Yeltsin, dio continuidad a las políticas iniciadas por su antecesor soviético Mijail Gorbachov en materia de acercamiento a Occidente, llegando a firmar en 1993, los tratados START II, que suponía la reducción del arsenal nuclear, los submarinos nucleares y los misiles de largo alcance. Sin embargo, la Duma (poder legislativo ruso) se negó a ratificar tales acuerdos firmados por el presidente, entre otras cosas por la discrepancia de los parlamentarios con ciertas concesiones hechas por el gobierno ruso, pero sobre todo por su oposición a la política estadounidense de expandir la OTAN hacia el este, lo cual era claramente considerado como ofensivo a la integridad territorial rusa y peligroso para su soberanía. De esa manera, fue patente desde el primer momento en que Rusia comenzaba su andadura por el escenario internacional al margen de la Unión Soviética, que los representantes del pueblo, expusieran su rechazo a esta política.

Sin embargo, para Rusia siempre estuvo claro que era importante fortalecer sus relaciones con Europa, a la que consideraban un espacio natural para avanzar en la creación de mecanismos de integración mutuamente ventajosos. Por ello, hizo esfuerzos para insertarse en las organizaciones multilaterales existentes en el Viejo Continente. En 1994 se firmó el Tratado de Asociación y Cooperación entre Rusia y la Unión Europea que entró en vigencia en 1997. Vale recordar que en todo momento, el gobierno ruso hizo ver a sus pares europeos, la inconveniencia de intentar una expansión de la OTAN hacia el este, mientras buscaba una participación más activa en la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE), que había sido creada en 1994.

A pesar del reconocimiento ruso a la influencia de Estados Unidos en Europa, en el trasfondo tenía una gran preocupación por el incremento de la subordinación europea a Estados Unidos en un momento en que la política exterior estadounidense apuntaba a la construcción de un sistema internacional unipolar, bajo hegemonía de Washington, cuya mayor expresión fue la intervención militar de la OTAN en Yugoslavia.

Todo esto fue posible en el marco de un gobierno extremadamente débil en Rusia, que supuso que su acercamiento a Europa, la introducción del capitalismo y la instauración de una democracia de corte occidental, iba a ser garantía de respeto de Occidente a la integridad territorial rusa y a las decisiones soberanas que tomaran en el desarrollo de una política independiente. Lamentablemente la historia, -como casi siempre ocurre- le hizo pagar caro su error. Es posible que nunca antes, Rusia haya estado en una situación de tanta debilidad respecto de sus pares, que incluso la sometieron a situaciones verdaderamente inaceptables para un país que durante siglos había sido una potencia mundial.

Aunque en materia de política exterior se comenzaron a manifestar algunos cambios a partir de 1996, cuando Evgeny Primakov, se hizo cargo del ministerio de relaciones exteriores y promovió una política alineada con la defensa de los intereses rusos en su entorno inmediato a fin de garantizar un anillo de seguridad para su país respecto de las ambiciones expansionistas de Occidente, la verdadera transformación ocurrió con la llegada del presidente Vladimir Putin al poder en el año 2000, cuando se propuso elaborar una estrategia que llevara a su país a un proceso de estabilidad política y económica que lo condujera a garantizar la defensa de sus intereses en materia internacional y retomar un papel protagónico en ese escenario. Esta mutación es la que Estados Unidos pareciera no querer aceptar.

Para ello, como es habitual en su política exterior ha recurrido a diversos expedientes, desde dar opiniones injerencistas respecto al desarrollo del proceso eleccionario ruso, intentos de debilitamiento de su economía, campañas mediáticas para desprestigiar a sus dirigentes, sanciones económicas y comerciales, intervenciones militares y de sus agencias de seguridad en países del entorno, hasta la promoción de un golpe de Estado en Ucrania y la desestabilización de Siria e Irán tradicionales aliados de Moscú. Pero, lo que ha “rebasado el vaso” es el despliegue de un escudo anti misiles en países fronterizos con Rusia, aduciendo el peligro que podría significar el desarrollo de su programa de defensa…e incluso del de Irán. Estados Unidos y sus aliados han emplazado una cantidad de armamento espacial, de tierra, mar y aire que rompen el equilibrio militar en la región.

Sin embargo, todo esto no es más que subterfugios para justificar una presencia mayor de Estados Unidos en los países europeos militarmente ocupados por la potencia norteamericana a través de la OTAN, una fuerza siempre comandada por un general enviado desde el Pentágono. Precisamente el nuevo Jefe militar de la OTAN, General Curtiss Scaparrotti, al asumir su nuevo cargo en abril pasado, manifestó que esa alianza se enfrenta a un "resurgimiento de Rusia tratando de proyectarse como una potencia mundial".

No obstante, subyace la necesidad permanente de Estados Unidos de estar inventando enemigos que expliquen su gigantesco gasto militar para justificar los ingresos del Complejo Militar Industrial principal soporte de su economía y verdadero gobierno en las sombras a partir de su alianza con el sistema financiero. De ahí que el presidente Obama haya sido catalogado por el prestigiado filósofo, escritor y profesor de la Universidad de Princeton Cornel West como “La mascota negra de Wall Street”

No hay ningún elemento que pueda argumentar en torno a una supuesta voluntad agresiva de Rusia. El pasado 31 de diciembre, el presidente Vladimir Putin promulgó un documento elaborado por el Consejo de Seguridad de Rusia en el que se esboza la nueva estrategia de seguridad de su país. Las amenazas sobre las cuales se construyen las hipótesis de conflicto que establecen los parámetros del comportamiento estratégico operacional de las Fuerzas Armadas, son la lucha contra “el radicalismo y la amenaza terrorista” así como los conflictos derivados del desequilibro económico mundial que podrían inducir nuevas crisis financieras.

En materia de definiciones doctrinarias el documento establece que la prioridad de Rusia es "afianzar el estatus de una potencia mundial líder, cuya actividad se dirige a mantener la estabilidad estratégica y relaciones de socios mutuamente beneficiosas en condiciones de un mundo policéntrico. Al contrario del discurso belicista y anti ruso del General Scaparrotti, Rusia propone un "fortalecimiento de la cooperación mutuamente beneficiosa con la Unión Europea" y una "colaboración de pleno valor con Estados Unidos en base a intereses comunes, incluso en el ámbito económico".

Empero, dando continuidad a su tradicional política de defensa de la soberanía, ya enunciada por la Duma en 1993 para rechazar la anhelada ambición de Estados Unidos de extender la OTAN hacia el este, el documento alerta que el incremento del potencial de la alianza militar occidental y la auto atribución de responsabilidades globales que violan el derecho internacional constituye una amenaza inaceptable para la seguridad nacional de Rusia. 

Dos de los ejércitos más poderosos de la historia, salidos de Europa con ambiciones de conquista, fracasaron estrepitosamente a las puertas de Moscú: Napoleón Bonaparte en 1812 y Adolfo Hitler en 1941 sufrieron aplastantes derrotas tratado de invadir Rusia para derrotarla y humillarla.

Es de esperar que los generales norteamericanos y cualquiera que sea el nuevo administrador de la Casa Blanca se tomen un tiempo para estudiar la historia y no cometer el mismo desatino.

Señor Almagro, no se confunda.

Diego de Almagro fue uno de los más feroces y sanguinarios conquistadores al servicio de la corona española en lo que después se llamó América. Llegó a nuestra región el 30 de junio de 1514, por lo que sino marcó la pauta, debe haber sido uno de los primeros Almagro en haber cruzado el Atlántico después de huir de las perversiones y la dureza de un tío que lo crió y de la persecución que sufrió en su temprana juventud, después de estar a punto de asesinar a un colega. En definitiva, uno de los tantos aventureros, delincuentes y criminales que la “Madre Patria” nos envió a fin de imponer su religión para que, con afanes desmedidos, saquearan nuestras tierras en pro de la grandeza de una de las tantas monarquías nauseabundas que gobernaban y que aún gobiernan en el Viejo Continente.

Almagro, más que destacarse por sus acciones de conquista lo hizo por su carácter cobarde, traidor y sobre todo por su reputada condición de fracasado. Cuando, después de cambiar de bando por enésima vez, fue hecho prisionero por su colega Francisco Pizarro, imploró clemencia con su ruindad característica, a lo que Pizarro le respondió: “Eres un caballero y tienes un nombre ilustre, no muestres flaqueza, me maravillo que un hombre de tu ánimo, tema tanto a la muerte. Debes confesarte, porque tu muerte no tiene remedio”. En Venezuela el argot popular recuerda que “Verdugo no pide clemencia”.

Por supuesto, no se puede generalizar, ni mucho menos suponer que toda la estirpe de los Almagro sea de la casta de su predecesor, pero estos relatos de la conquista me han venido a la memoria después de observar actuaciones similares de un representante de tal apelativo que en el siglo XXI, imita actuaciones de su homónimo de hace cinco centurias.

Luis Almagro, secretario general de la OEA intenta ser un nuevo conquistador al servicio de otro imperio, a partir de su reconocida condición de traidor. En una reciente declaración emitida el pasado 10 de mayo, Almagro señaló respecto que no es traidor aquel que recurre a la OEA, cuando se refería a un grupo de diputados venezolanos que buscó el cobijo de la institución creada por Estados Unidos para relacionarse y mantener subordinados a los países de América Latina y el Caribe. Coincido en esto con el señor Almagro, porque los traidores son aquellas alimañas que reniegan de una idea o de un sentimiento, pero quienes siempre han tenido un amor superior por la potencia imperial más que por su patria, que según Bolívar es América, al concurrir a la OEA están actuando conforme al ideal panamericano y monroista que esa institución encarna, lo cual ha estado presente desde siempre en la cotidianidad de algunos. 

Almagro, quien para llegar a ser Canciller de Uruguay y posteriormente Secretario General de la OEA, traicionó, no una, sino dos veces su ideología, si es que alguna vez ha tenido alguna, hoy disfrazado de “hombre de izquierda” por las transnacionales de la comunicación, se apresta a clavar una daga a la integración latinoamericana y caribeña para continuar aferrando la región a Estados Unidos por mandato de las oligarquías.

Almagro abandonó en 1999 el partido Nacional de Uruguay, una organización de derecha que se define como “liberal, nacionalista, panamericanista y humanista”, según se dice, obnubilado por el ímpetu en la acción y el sobresaliente discurso de un diputado del Frente Amplio llamado José “Pepe” Mujica. Su capacidad para visualizar el agotamiento de la derecha en su país, lo llevaron a cambiar de rumbo en la búsqueda de nuevos derroteros para una vida que parecía no tener futuro. Una vez en la OEA, volvió a torcer el camino para allanar su suerte al lado de quien siempre estuvo en su corazón. Pepe Mujica lo “despidió” diciendo “Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”. De manera que si de traidores hablamos, Almagro (no Diego, sino Luis) tiene mucho que contar. 

Lo cierto es que más allá del personaje y de la repugnante organización que dirige, Almagro debería desmentir o al menos explicar porque la OEA aparece como un actor destacado en los planes de intervención militar del Comando Sur de Estados Unidos en Venezuela. Vale decir que el anterior Jefe de esa instancia de las fuerzas armadas de Estados Unidos, General John Kelly en una intervención ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de su país, el 12 de marzo de 2015, expuso al referirse a Venezuela que la situación del país “…recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación” [se refiere a Venezuela Freedom]. Una de estas políticas, señalada con el enciso D enuncia la “Generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA”. Es curioso, que la Carta Democrática de la OEA se quiera aplicar a punta de cañones, misiles y destructores de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Entonces, ¿es o no es la OEA un instrumento imperial? Es curioso también que la comparecencia del General Kelly en el Senado se haya producido solo tres días después que el Presidente Obama haya emitido una Orden Ejecutiva declarando a Venezuela una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. 

En la fase 2 de Freedom Venezuela, el nuevo Jefe del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd recomienda 12 acciones para esta etapa. La número 8 está referida a la creación de alianzas regionales para provocar la caída del gobierno de Venezuela. Al respecto, Kidd exhorta a insistir “en la aplicación de la Carta Democrática, tal y como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes”. Un paso adelante respecto de su antecesor, Kidd ya conversó con Almagro para diseñar las acciones a desarrollar. Para ello, el Jefe del Comando Sur cuenta (según sus propias palabras) con siete bases militares estadounidenses apostadas en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe, además de las instalaciones de control y monitoreo ubicadas en Curazao y Aruba y con la Base de Soto Cano (Palmerola) en Honduras, la que ya se ha comenzado a fortalecer con la llegada desde la semana pasada de nuevos contingentes militares de Estados Unidos.

Al redactar estas líneas llega la información de que Almagro, dejando claro el origen de su quehacer y rodeado de algunos de los ex presidentes más reaccionarios de la región como su correligionario Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Sebastián Piñera de Chile, Jorge Quiroga de Bolivia y Álvaro Uribe de Colombia evalúa convocar al Consejo permanente de la OEA para “tratar la crisis venezolana”. Es ofensivo y vergonzoso que todavía en el siglo XXI los problemas de América Latina y el Caribe deban ser discutidos en Washington y bajo el alero de Estados Unidos.

Para finalizar, no quiero dejar pasar por alto que Almagro en su Declaración del 10 de mayo, haya hecho mención al “sistema interamericano” y a la “Carta Democrática Interamericana”. Está en su derecho. Finalmente, él está al servicio de esa oprobiosa idea que tiene su origen en la Declaración Monroe de 1823. Pero, lo que no tiene es la potestad de hacer mención,- a fin de adulterar la historia de “… las instituciones americanas que tienen su lejano origen allá por Panamá en 1826” 

Señor Almagro, usted puede decir lo que quiera, incluso tiene derecho a ser traidor y cobarde, pero no puede mancillar la memoria del Libertador Simón Bolívar tergiversando el sentido de su vida, de su lucha y de sus esfuerzos por construir una “alianza de republicas americanas antes españolas” en la que jamás tuvo cabida Estados Unidos. Usted también debe saber que la convocatoria al Congreso de Panamá hecha por el Libertador en diciembre de 1824, fue una respuesta al planteamiento de Monroe un año antes, y lo hizo para contrarrestar las intenciones imperiales de sembrar el panamericanismo hoy inserto en la organización que usted dirige. Esas instituciones americanas que usted menciona en su Declaración y que según Usted “tienen su lejano origen en 1826”, no son ni la OEA ni la Junta Interamericana de Defensa, ni el Banco Interamericano de Desarrollo ni ninguna otra de su estilo, que en realidad tienen su origen en un también lejano 1823. No se confunda, ni pretenda confundir, ni siquiera debería intentar poner en su boca el límpido pensamiento y la visión integracionista de Bolívar, completada y perfeccionada por José Martí, otro de los gigantes de Nuestra América, cuyas grandezas, usted, en su pequeñez, no es capaz de dimensionar.

Enseñanzas de Brasil

En Brasil se ha ido configurando una situación muy peligrosa en términos de estabilidad democrática. Los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder desde 2003, produjeron una redistribución más equitativa del ingreso lo que redundó en la inclusión de una gran cantidad de ciudadanos y la salida de la situación de pobreza de unos 30 millones de ellos. El presidente Lula abandonó el gobierno en medio de altos índices de popularidad. Sin embargo, a su salida de la más alta magistratura del país, se comenzó a producir un desgaste en el apoyo nacional a la gestión del PT y sus aliados. En las elecciones presidenciales de 2014, su sucesora Dilma Rousseff, que aspiraba a la reelección obtuvo el 51,64%, solo un 3% más que su rival el senador Aecio Neves del Partido de la Social Democracia Brasilera (PSDB).

Cabe destacar que en la primera vuelta de estas elecciones la ex ministra del gobierno del Presidente Lula, Marina Silva obtuvo un 21, 3% y la candidata del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) un 1,55 % de los votos, lo cual es un reflejo del desgaste del PT y la reducción de su capacidad de establecer alianzas. En esa misma elección el PT logró solo 5 gobernaciones de estado, de las 27 que tiene el país.

Así mismo, de los 531 miembros de la Cámara de Diputados, el PT logró elegir a 57 y sus aliados más cercanos 141 para un total de 198 y en el Senado, conformado por 81 miembros, el PT eligió 8, sus aliados 14 para un total de 22.

Estas cifras dan una idea de la extrema debilidad política con que fue elegida la presidente Dilma Rousseff. Esta correlación de fuerzas que ya era conocida incluso desde antes de iniciar su primer gobierno, la llevó a repetir para este segundo mandato lo mismo que Lula en los dos suyos: una alianza de gobierno con el derechista Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB) y con otras fuerzas conservadoras, a fin de que le aportaran la mayoría legislativa necesaria para gobernar con cierta comodidad. Los aliados de derecha del PT, ocuparon entre otros, los cargos de vicepresidente de la república y los importantes ministerios de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento; Minas y Energía, Pesca y Turismo, entre otros, así como el estratégico ministerio de Hacienda, asumido por Joaquim Levy, economista con una vasta trayectoria en altos cargos de la banca privada y de reconocida orientación neoliberal. En política, no se debe ser enemigo a priori de alianzas incluso con sectores adversos, el problema de fondo es quien mantiene la hegemonía y, para la izquierda, mantener la hegemonía, significa establecer un profundo enraizamiento con los sectores populares que la llevaron al gobierno. El olvido de esta elemental condición, se suele pagar muy caro. 

Las alianzas decididas fueron conduciendo a la autoridad a tomar medidas que iban en contra de los intereses populares, restándole espacio y apoyo en las organizaciones sociales que habían sido el bastión fundamental para la creación de un sólido soporte para los gobiernos del PT. Dilma se apartó de las organizaciones populares, tomando distancia de sus necesidades. Todo esto fue debilitando su base social de sustentación.

Cuando los escándalos de corrupción comenzaron a involucrar a importantes personeros del gobierno y del PT, la derecha encontró una vía para hacerse del poder, tras su cuarta derrota electoral continua y ante la debilidad de Dilma en su relación con los sectores populares que la llevaron a la presidencia. 

Sin embargo, esto es un tema y otro, es pretender involucrar a la presidenta y al ex presidente en hechos de corrupción, lo cierto es que no se ha encontrado ningún delito por parte de Lula ni de Dilma. Ha quedado perfectamente claro que se está usando la figura del impeachment para dar un golpe de Estado parlamentario, tal como se hizo en Honduras en 2009 para destituir al presidente Manuel Zelaya y en Paraguay en 2012 contra el Presidente Fernando Lugo. Todo esto, está sentando un precedente nefasto en la historia de América Latina cuando se pone en evidencia que la elección de un presidente puede ser revertida por el parlamento, sin que necesariamente haya pruebas de que se ha cometido un delito. La judicialización de la política, es decir el intento de obtener objetivos políticos por vía supuestamente legal, apoyándose en un poder judicial extremadamente conservador que el pueblo no ha elegido, le va a hacer un daño de incalculables consecuencias a la democracia, augurando un período de inestabilidad política y continuas protestas ciudadanas, no descartándose la realización de acciones violentas.

Lo que se observa en Brasil “es la voluntad obstinada de la clase política -preferencialmente de la oposición- en bloquear y obstruir toda y cualquier vía de diálogo que permita construir las posibles alternativas de solución a la crisis sistémica que se viene instalando, negándose vehementemente a debatir salidas de consenso en un clima de respeto por el pluralismo y la aceptación de la diferencia” como lo señala en su blog “Socialismo y democracia” el sociólogo chileno Fernando de la Cuadra, Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.

Lo irónico de la acusación contra la Presidenta Rousseff es que de los 513 diputados del Congreso de Brasil, 318 están bajo investigación o enfrentan cargos, igualmente 8 de los 21 senadores que forman la Comisión encargada de dar continuidad a la acusación contra la Presidenta, incluyendo al máximo líder del Senado, Renán Calheiros, al propio ex candidato presidencial derrotado Aecio Neves y al Presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha quien ha sido suspendido de su cargo como diputado y jefe de la Cámara Baja del legislativo brasileño, .por su implicación en el caso de corrupción de Petrobras, además de haber sido enjuiciado por la comisión de ética de la Cámara de Diputados por mentir sobre la tenencia ilegal de cuentas bancarias en el exterior. Tal vez sea el primer caso en la historia en que un Jefe de Estado es juzgado por virtuales delincuentes.

La decisión de la Cámara de Diputados favorable a la destitución de la Presidenta Rousseff el pasado 17 de abril, traslada la responsabilidad por la decisión final al Senado. Pero antes, los senadores tendrán que decidir por mayoría simple si se justifica seguir adelante con el proceso. No hay un plazo establecido para que esto ocurra y la votación podría demorarse por eventuales apelaciones de la defensa de la Presidenta ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de justicia brasileña.

Si al menos 41 de los 81 senadores votasen a favor de iniciar el juicio político, lo cual a todas luces parece decidido, la presidenta se vería obligada a separarse del cargo por hasta 180 días, mientras que el Senado decide su destino. Entonces, asumiría temporalmente la presidencia el actual vicepresidente Michel Temer, cuyo Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el mayor grupo del Congreso, rompió recientemente con el gobierno, consumándose un nuevo hecho de traición, ya común en la política de estos días.

Las nociones de respeto a la pluralidad, soberanía popular, representación, vocación de servicio, honorabilidad y honestidad administrativa entre otras, vinculadas al quehacer cotidiano de la democracia y la política han sido sustituidos por discernimientos de carácter económico como costo-beneficio, intereses personales, posibilidades de obtener ganancias y poder, lobbies empresariales, financiamiento de campañas y recuperación de la inversión, que han hecho que el discurso con el que durante siglos nos han atiborrado el sentimiento y la razón, no sea más que verborrea barata o dicho en buen castellano, masturbaciones mentales para capturar incautos.

Los sucesos de Brasil demuestran fehacientemente que el poder político está desapareciendo para dar paso a la dictadura de las empresas, los mercados y los poderosos que tienen capacidad de comprar cualquier cosa, incluyendo a los políticos, la mayoría de los cuales no parecen tener problemas en ponerse precios en el mercado. En esa medida, también como lo señala la experiencia brasileña, los partidos políticos han sido desplazados por los medios de comunicación (en particular la cadena Globo) como los creadores de la agenda.

Para revertirlo, hay que cambiar el carácter de la democracia, afirmar su verdadero carácter participativo en el que los pueblos a través de sus organizaciones tengan el papel protagónico, es lo único que garantiza la profundización de un proceso de transformación y la consolidación de su condición de irreversibilidad.