A pesar de la victoria, Moscú no quiere repetir 1812 ni 1941.

Pese a que la URSS había desaparecido en 1991, el primer presidente ruso de la nueva era, Boris Yeltsin, dio continuidad a las políticas iniciadas por su antecesor soviético Mijail Gorbachov en materia de acercamiento a Occidente, llegando a firmar en 1993, los tratados START II, que suponía la reducción del arsenal nuclear, los submarinos nucleares y los misiles de largo alcance. Sin embargo, la Duma (poder legislativo ruso) se negó a ratificar tales acuerdos firmados por el presidente, entre otras cosas por la discrepancia de los parlamentarios con ciertas concesiones hechas por el gobierno ruso, pero sobre todo por su oposición a la política estadounidense de expandir la OTAN hacia el este, lo cual era claramente considerado como ofensivo a la integridad territorial rusa y peligroso para su soberanía. De esa manera, fue patente desde el primer momento en que Rusia comenzaba su andadura por el escenario internacional al margen de la Unión Soviética, que los representantes del pueblo, expusieran su rechazo a esta política.

Sin embargo, para Rusia siempre estuvo claro que era importante fortalecer sus relaciones con Europa, a la que consideraban un espacio natural para avanzar en la creación de mecanismos de integración mutuamente ventajosos. Por ello, hizo esfuerzos para insertarse en las organizaciones multilaterales existentes en el Viejo Continente. En 1994 se firmó el Tratado de Asociación y Cooperación entre Rusia y la Unión Europea que entró en vigencia en 1997. Vale recordar que en todo momento, el gobierno ruso hizo ver a sus pares europeos, la inconveniencia de intentar una expansión de la OTAN hacia el este, mientras buscaba una participación más activa en la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE), que había sido creada en 1994.

A pesar del reconocimiento ruso a la influencia de Estados Unidos en Europa, en el trasfondo tenía una gran preocupación por el incremento de la subordinación europea a Estados Unidos en un momento en que la política exterior estadounidense apuntaba a la construcción de un sistema internacional unipolar, bajo hegemonía de Washington, cuya mayor expresión fue la intervención militar de la OTAN en Yugoslavia.

Todo esto fue posible en el marco de un gobierno extremadamente débil en Rusia, que supuso que su acercamiento a Europa, la introducción del capitalismo y la instauración de una democracia de corte occidental, iba a ser garantía de respeto de Occidente a la integridad territorial rusa y a las decisiones soberanas que tomaran en el desarrollo de una política independiente. Lamentablemente la historia, -como casi siempre ocurre- le hizo pagar caro su error. Es posible que nunca antes, Rusia haya estado en una situación de tanta debilidad respecto de sus pares, que incluso la sometieron a situaciones verdaderamente inaceptables para un país que durante siglos había sido una potencia mundial.

Aunque en materia de política exterior se comenzaron a manifestar algunos cambios a partir de 1996, cuando Evgeny Primakov, se hizo cargo del ministerio de relaciones exteriores y promovió una política alineada con la defensa de los intereses rusos en su entorno inmediato a fin de garantizar un anillo de seguridad para su país respecto de las ambiciones expansionistas de Occidente, la verdadera transformación ocurrió con la llegada del presidente Vladimir Putin al poder en el año 2000, cuando se propuso elaborar una estrategia que llevara a su país a un proceso de estabilidad política y económica que lo condujera a garantizar la defensa de sus intereses en materia internacional y retomar un papel protagónico en ese escenario. Esta mutación es la que Estados Unidos pareciera no querer aceptar.

Para ello, como es habitual en su política exterior ha recurrido a diversos expedientes, desde dar opiniones injerencistas respecto al desarrollo del proceso eleccionario ruso, intentos de debilitamiento de su economía, campañas mediáticas para desprestigiar a sus dirigentes, sanciones económicas y comerciales, intervenciones militares y de sus agencias de seguridad en países del entorno, hasta la promoción de un golpe de Estado en Ucrania y la desestabilización de Siria e Irán tradicionales aliados de Moscú. Pero, lo que ha “rebasado el vaso” es el despliegue de un escudo anti misiles en países fronterizos con Rusia, aduciendo el peligro que podría significar el desarrollo de su programa de defensa…e incluso del de Irán. Estados Unidos y sus aliados han emplazado una cantidad de armamento espacial, de tierra, mar y aire que rompen el equilibrio militar en la región.

Sin embargo, todo esto no es más que subterfugios para justificar una presencia mayor de Estados Unidos en los países europeos militarmente ocupados por la potencia norteamericana a través de la OTAN, una fuerza siempre comandada por un general enviado desde el Pentágono. Precisamente el nuevo Jefe militar de la OTAN, General Curtiss Scaparrotti, al asumir su nuevo cargo en abril pasado, manifestó que esa alianza se enfrenta a un "resurgimiento de Rusia tratando de proyectarse como una potencia mundial".

No obstante, subyace la necesidad permanente de Estados Unidos de estar inventando enemigos que expliquen su gigantesco gasto militar para justificar los ingresos del Complejo Militar Industrial principal soporte de su economía y verdadero gobierno en las sombras a partir de su alianza con el sistema financiero. De ahí que el presidente Obama haya sido catalogado por el prestigiado filósofo, escritor y profesor de la Universidad de Princeton Cornel West como “La mascota negra de Wall Street”

No hay ningún elemento que pueda argumentar en torno a una supuesta voluntad agresiva de Rusia. El pasado 31 de diciembre, el presidente Vladimir Putin promulgó un documento elaborado por el Consejo de Seguridad de Rusia en el que se esboza la nueva estrategia de seguridad de su país. Las amenazas sobre las cuales se construyen las hipótesis de conflicto que establecen los parámetros del comportamiento estratégico operacional de las Fuerzas Armadas, son la lucha contra “el radicalismo y la amenaza terrorista” así como los conflictos derivados del desequilibro económico mundial que podrían inducir nuevas crisis financieras.

En materia de definiciones doctrinarias el documento establece que la prioridad de Rusia es "afianzar el estatus de una potencia mundial líder, cuya actividad se dirige a mantener la estabilidad estratégica y relaciones de socios mutuamente beneficiosas en condiciones de un mundo policéntrico. Al contrario del discurso belicista y anti ruso del General Scaparrotti, Rusia propone un "fortalecimiento de la cooperación mutuamente beneficiosa con la Unión Europea" y una "colaboración de pleno valor con Estados Unidos en base a intereses comunes, incluso en el ámbito económico".

Empero, dando continuidad a su tradicional política de defensa de la soberanía, ya enunciada por la Duma en 1993 para rechazar la anhelada ambición de Estados Unidos de extender la OTAN hacia el este, el documento alerta que el incremento del potencial de la alianza militar occidental y la auto atribución de responsabilidades globales que violan el derecho internacional constituye una amenaza inaceptable para la seguridad nacional de Rusia. 

Dos de los ejércitos más poderosos de la historia, salidos de Europa con ambiciones de conquista, fracasaron estrepitosamente a las puertas de Moscú: Napoleón Bonaparte en 1812 y Adolfo Hitler en 1941 sufrieron aplastantes derrotas tratado de invadir Rusia para derrotarla y humillarla.

Es de esperar que los generales norteamericanos y cualquiera que sea el nuevo administrador de la Casa Blanca se tomen un tiempo para estudiar la historia y no cometer el mismo desatino.

Señor Almagro, no se confunda.

Diego de Almagro fue uno de los más feroces y sanguinarios conquistadores al servicio de la corona española en lo que después se llamó América. Llegó a nuestra región el 30 de junio de 1514, por lo que sino marcó la pauta, debe haber sido uno de los primeros Almagro en haber cruzado el Atlántico después de huir de las perversiones y la dureza de un tío que lo crió y de la persecución que sufrió en su temprana juventud, después de estar a punto de asesinar a un colega. En definitiva, uno de los tantos aventureros, delincuentes y criminales que la “Madre Patria” nos envió a fin de imponer su religión para que, con afanes desmedidos, saquearan nuestras tierras en pro de la grandeza de una de las tantas monarquías nauseabundas que gobernaban y que aún gobiernan en el Viejo Continente.

Almagro, más que destacarse por sus acciones de conquista lo hizo por su carácter cobarde, traidor y sobre todo por su reputada condición de fracasado. Cuando, después de cambiar de bando por enésima vez, fue hecho prisionero por su colega Francisco Pizarro, imploró clemencia con su ruindad característica, a lo que Pizarro le respondió: “Eres un caballero y tienes un nombre ilustre, no muestres flaqueza, me maravillo que un hombre de tu ánimo, tema tanto a la muerte. Debes confesarte, porque tu muerte no tiene remedio”. En Venezuela el argot popular recuerda que “Verdugo no pide clemencia”.

Por supuesto, no se puede generalizar, ni mucho menos suponer que toda la estirpe de los Almagro sea de la casta de su predecesor, pero estos relatos de la conquista me han venido a la memoria después de observar actuaciones similares de un representante de tal apelativo que en el siglo XXI, imita actuaciones de su homónimo de hace cinco centurias.

Luis Almagro, secretario general de la OEA intenta ser un nuevo conquistador al servicio de otro imperio, a partir de su reconocida condición de traidor. En una reciente declaración emitida el pasado 10 de mayo, Almagro señaló respecto que no es traidor aquel que recurre a la OEA, cuando se refería a un grupo de diputados venezolanos que buscó el cobijo de la institución creada por Estados Unidos para relacionarse y mantener subordinados a los países de América Latina y el Caribe. Coincido en esto con el señor Almagro, porque los traidores son aquellas alimañas que reniegan de una idea o de un sentimiento, pero quienes siempre han tenido un amor superior por la potencia imperial más que por su patria, que según Bolívar es América, al concurrir a la OEA están actuando conforme al ideal panamericano y monroista que esa institución encarna, lo cual ha estado presente desde siempre en la cotidianidad de algunos. 

Almagro, quien para llegar a ser Canciller de Uruguay y posteriormente Secretario General de la OEA, traicionó, no una, sino dos veces su ideología, si es que alguna vez ha tenido alguna, hoy disfrazado de “hombre de izquierda” por las transnacionales de la comunicación, se apresta a clavar una daga a la integración latinoamericana y caribeña para continuar aferrando la región a Estados Unidos por mandato de las oligarquías.

Almagro abandonó en 1999 el partido Nacional de Uruguay, una organización de derecha que se define como “liberal, nacionalista, panamericanista y humanista”, según se dice, obnubilado por el ímpetu en la acción y el sobresaliente discurso de un diputado del Frente Amplio llamado José “Pepe” Mujica. Su capacidad para visualizar el agotamiento de la derecha en su país, lo llevaron a cambiar de rumbo en la búsqueda de nuevos derroteros para una vida que parecía no tener futuro. Una vez en la OEA, volvió a torcer el camino para allanar su suerte al lado de quien siempre estuvo en su corazón. Pepe Mujica lo “despidió” diciendo “Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”. De manera que si de traidores hablamos, Almagro (no Diego, sino Luis) tiene mucho que contar. 

Lo cierto es que más allá del personaje y de la repugnante organización que dirige, Almagro debería desmentir o al menos explicar porque la OEA aparece como un actor destacado en los planes de intervención militar del Comando Sur de Estados Unidos en Venezuela. Vale decir que el anterior Jefe de esa instancia de las fuerzas armadas de Estados Unidos, General John Kelly en una intervención ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de su país, el 12 de marzo de 2015, expuso al referirse a Venezuela que la situación del país “…recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación” [se refiere a Venezuela Freedom]. Una de estas políticas, señalada con el enciso D enuncia la “Generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA”. Es curioso, que la Carta Democrática de la OEA se quiera aplicar a punta de cañones, misiles y destructores de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Entonces, ¿es o no es la OEA un instrumento imperial? Es curioso también que la comparecencia del General Kelly en el Senado se haya producido solo tres días después que el Presidente Obama haya emitido una Orden Ejecutiva declarando a Venezuela una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. 

En la fase 2 de Freedom Venezuela, el nuevo Jefe del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd recomienda 12 acciones para esta etapa. La número 8 está referida a la creación de alianzas regionales para provocar la caída del gobierno de Venezuela. Al respecto, Kidd exhorta a insistir “en la aplicación de la Carta Democrática, tal y como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes”. Un paso adelante respecto de su antecesor, Kidd ya conversó con Almagro para diseñar las acciones a desarrollar. Para ello, el Jefe del Comando Sur cuenta (según sus propias palabras) con siete bases militares estadounidenses apostadas en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe, además de las instalaciones de control y monitoreo ubicadas en Curazao y Aruba y con la Base de Soto Cano (Palmerola) en Honduras, la que ya se ha comenzado a fortalecer con la llegada desde la semana pasada de nuevos contingentes militares de Estados Unidos.

Al redactar estas líneas llega la información de que Almagro, dejando claro el origen de su quehacer y rodeado de algunos de los ex presidentes más reaccionarios de la región como su correligionario Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Sebastián Piñera de Chile, Jorge Quiroga de Bolivia y Álvaro Uribe de Colombia evalúa convocar al Consejo permanente de la OEA para “tratar la crisis venezolana”. Es ofensivo y vergonzoso que todavía en el siglo XXI los problemas de América Latina y el Caribe deban ser discutidos en Washington y bajo el alero de Estados Unidos.

Para finalizar, no quiero dejar pasar por alto que Almagro en su Declaración del 10 de mayo, haya hecho mención al “sistema interamericano” y a la “Carta Democrática Interamericana”. Está en su derecho. Finalmente, él está al servicio de esa oprobiosa idea que tiene su origen en la Declaración Monroe de 1823. Pero, lo que no tiene es la potestad de hacer mención,- a fin de adulterar la historia de “… las instituciones americanas que tienen su lejano origen allá por Panamá en 1826” 

Señor Almagro, usted puede decir lo que quiera, incluso tiene derecho a ser traidor y cobarde, pero no puede mancillar la memoria del Libertador Simón Bolívar tergiversando el sentido de su vida, de su lucha y de sus esfuerzos por construir una “alianza de republicas americanas antes españolas” en la que jamás tuvo cabida Estados Unidos. Usted también debe saber que la convocatoria al Congreso de Panamá hecha por el Libertador en diciembre de 1824, fue una respuesta al planteamiento de Monroe un año antes, y lo hizo para contrarrestar las intenciones imperiales de sembrar el panamericanismo hoy inserto en la organización que usted dirige. Esas instituciones americanas que usted menciona en su Declaración y que según Usted “tienen su lejano origen en 1826”, no son ni la OEA ni la Junta Interamericana de Defensa, ni el Banco Interamericano de Desarrollo ni ninguna otra de su estilo, que en realidad tienen su origen en un también lejano 1823. No se confunda, ni pretenda confundir, ni siquiera debería intentar poner en su boca el límpido pensamiento y la visión integracionista de Bolívar, completada y perfeccionada por José Martí, otro de los gigantes de Nuestra América, cuyas grandezas, usted, en su pequeñez, no es capaz de dimensionar.

Enseñanzas de Brasil

En Brasil se ha ido configurando una situación muy peligrosa en términos de estabilidad democrática. Los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder desde 2003, produjeron una redistribución más equitativa del ingreso lo que redundó en la inclusión de una gran cantidad de ciudadanos y la salida de la situación de pobreza de unos 30 millones de ellos. El presidente Lula abandonó el gobierno en medio de altos índices de popularidad. Sin embargo, a su salida de la más alta magistratura del país, se comenzó a producir un desgaste en el apoyo nacional a la gestión del PT y sus aliados. En las elecciones presidenciales de 2014, su sucesora Dilma Rousseff, que aspiraba a la reelección obtuvo el 51,64%, solo un 3% más que su rival el senador Aecio Neves del Partido de la Social Democracia Brasilera (PSDB).

Cabe destacar que en la primera vuelta de estas elecciones la ex ministra del gobierno del Presidente Lula, Marina Silva obtuvo un 21, 3% y la candidata del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) un 1,55 % de los votos, lo cual es un reflejo del desgaste del PT y la reducción de su capacidad de establecer alianzas. En esa misma elección el PT logró solo 5 gobernaciones de estado, de las 27 que tiene el país.

Así mismo, de los 531 miembros de la Cámara de Diputados, el PT logró elegir a 57 y sus aliados más cercanos 141 para un total de 198 y en el Senado, conformado por 81 miembros, el PT eligió 8, sus aliados 14 para un total de 22.

Estas cifras dan una idea de la extrema debilidad política con que fue elegida la presidente Dilma Rousseff. Esta correlación de fuerzas que ya era conocida incluso desde antes de iniciar su primer gobierno, la llevó a repetir para este segundo mandato lo mismo que Lula en los dos suyos: una alianza de gobierno con el derechista Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB) y con otras fuerzas conservadoras, a fin de que le aportaran la mayoría legislativa necesaria para gobernar con cierta comodidad. Los aliados de derecha del PT, ocuparon entre otros, los cargos de vicepresidente de la república y los importantes ministerios de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento; Minas y Energía, Pesca y Turismo, entre otros, así como el estratégico ministerio de Hacienda, asumido por Joaquim Levy, economista con una vasta trayectoria en altos cargos de la banca privada y de reconocida orientación neoliberal. En política, no se debe ser enemigo a priori de alianzas incluso con sectores adversos, el problema de fondo es quien mantiene la hegemonía y, para la izquierda, mantener la hegemonía, significa establecer un profundo enraizamiento con los sectores populares que la llevaron al gobierno. El olvido de esta elemental condición, se suele pagar muy caro. 

Las alianzas decididas fueron conduciendo a la autoridad a tomar medidas que iban en contra de los intereses populares, restándole espacio y apoyo en las organizaciones sociales que habían sido el bastión fundamental para la creación de un sólido soporte para los gobiernos del PT. Dilma se apartó de las organizaciones populares, tomando distancia de sus necesidades. Todo esto fue debilitando su base social de sustentación.

Cuando los escándalos de corrupción comenzaron a involucrar a importantes personeros del gobierno y del PT, la derecha encontró una vía para hacerse del poder, tras su cuarta derrota electoral continua y ante la debilidad de Dilma en su relación con los sectores populares que la llevaron a la presidencia. 

Sin embargo, esto es un tema y otro, es pretender involucrar a la presidenta y al ex presidente en hechos de corrupción, lo cierto es que no se ha encontrado ningún delito por parte de Lula ni de Dilma. Ha quedado perfectamente claro que se está usando la figura del impeachment para dar un golpe de Estado parlamentario, tal como se hizo en Honduras en 2009 para destituir al presidente Manuel Zelaya y en Paraguay en 2012 contra el Presidente Fernando Lugo. Todo esto, está sentando un precedente nefasto en la historia de América Latina cuando se pone en evidencia que la elección de un presidente puede ser revertida por el parlamento, sin que necesariamente haya pruebas de que se ha cometido un delito. La judicialización de la política, es decir el intento de obtener objetivos políticos por vía supuestamente legal, apoyándose en un poder judicial extremadamente conservador que el pueblo no ha elegido, le va a hacer un daño de incalculables consecuencias a la democracia, augurando un período de inestabilidad política y continuas protestas ciudadanas, no descartándose la realización de acciones violentas.

Lo que se observa en Brasil “es la voluntad obstinada de la clase política -preferencialmente de la oposición- en bloquear y obstruir toda y cualquier vía de diálogo que permita construir las posibles alternativas de solución a la crisis sistémica que se viene instalando, negándose vehementemente a debatir salidas de consenso en un clima de respeto por el pluralismo y la aceptación de la diferencia” como lo señala en su blog “Socialismo y democracia” el sociólogo chileno Fernando de la Cuadra, Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.

Lo irónico de la acusación contra la Presidenta Rousseff es que de los 513 diputados del Congreso de Brasil, 318 están bajo investigación o enfrentan cargos, igualmente 8 de los 21 senadores que forman la Comisión encargada de dar continuidad a la acusación contra la Presidenta, incluyendo al máximo líder del Senado, Renán Calheiros, al propio ex candidato presidencial derrotado Aecio Neves y al Presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha quien ha sido suspendido de su cargo como diputado y jefe de la Cámara Baja del legislativo brasileño, .por su implicación en el caso de corrupción de Petrobras, además de haber sido enjuiciado por la comisión de ética de la Cámara de Diputados por mentir sobre la tenencia ilegal de cuentas bancarias en el exterior. Tal vez sea el primer caso en la historia en que un Jefe de Estado es juzgado por virtuales delincuentes.

La decisión de la Cámara de Diputados favorable a la destitución de la Presidenta Rousseff el pasado 17 de abril, traslada la responsabilidad por la decisión final al Senado. Pero antes, los senadores tendrán que decidir por mayoría simple si se justifica seguir adelante con el proceso. No hay un plazo establecido para que esto ocurra y la votación podría demorarse por eventuales apelaciones de la defensa de la Presidenta ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de justicia brasileña.

Si al menos 41 de los 81 senadores votasen a favor de iniciar el juicio político, lo cual a todas luces parece decidido, la presidenta se vería obligada a separarse del cargo por hasta 180 días, mientras que el Senado decide su destino. Entonces, asumiría temporalmente la presidencia el actual vicepresidente Michel Temer, cuyo Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el mayor grupo del Congreso, rompió recientemente con el gobierno, consumándose un nuevo hecho de traición, ya común en la política de estos días.

Las nociones de respeto a la pluralidad, soberanía popular, representación, vocación de servicio, honorabilidad y honestidad administrativa entre otras, vinculadas al quehacer cotidiano de la democracia y la política han sido sustituidos por discernimientos de carácter económico como costo-beneficio, intereses personales, posibilidades de obtener ganancias y poder, lobbies empresariales, financiamiento de campañas y recuperación de la inversión, que han hecho que el discurso con el que durante siglos nos han atiborrado el sentimiento y la razón, no sea más que verborrea barata o dicho en buen castellano, masturbaciones mentales para capturar incautos.

Los sucesos de Brasil demuestran fehacientemente que el poder político está desapareciendo para dar paso a la dictadura de las empresas, los mercados y los poderosos que tienen capacidad de comprar cualquier cosa, incluyendo a los políticos, la mayoría de los cuales no parecen tener problemas en ponerse precios en el mercado. En esa medida, también como lo señala la experiencia brasileña, los partidos políticos han sido desplazados por los medios de comunicación (en particular la cadena Globo) como los creadores de la agenda.

Para revertirlo, hay que cambiar el carácter de la democracia, afirmar su verdadero carácter participativo en el que los pueblos a través de sus organizaciones tengan el papel protagónico, es lo único que garantiza la profundización de un proceso de transformación y la consolidación de su condición de irreversibilidad.

VII Congreso del Partido Comunista de Cuba

La valoración histórica del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) viene dada por ser éste, el último en el que participará la generación que dio origen a la revolución cubana. Según todos los analistas, este tema entraña el problema de fondo del futuro del proceso revolucionario, cual es, si la ausencia física de los líderes históricos no interrumpirá el devenir de la construcción del socialismo en Cuba, sobre todo después de los cambios acaecidos en los últimos dos años en la relación con Estados Unidos y la ya anunciada avalancha de novedosas formas intervencionistas que provendrán de la potencia del norte.

En el Congreso, el discurso del Comandante Fidel Castro fue en la práctica una formal despedida de su pueblo. A su vez, Raúl confirmó su salida del poder al concluir su mandato presi

dencial en 2018. Conscientes de esta situación, la dirección del PCC con Raúl a la cabeza se ha dado a la tarea de solidificar la institucionalidad del Estado y el Partido, a fin de que la firmeza que da la estatura moral de Fidel, Raúl y los otros dirigentes que desde 1953 vanguardizaron la lucha por la toma del poder y desde 1959 lo dirigen, tenga continuidad en la fortaleza de un país con instituciones sólidas y seguras para resistir los embates del futuro.

Este Congreso fue en los hechos, una segunda parte del anterior, el VI, realizado en 2011, el primero sin que Fidel estuviera en la máxima dirección del Partido y el Estado. Frente a los agoreros que vislumbraban un desmoronamiento del sistema cubano, las tareas trazadas por ese Congreso se han ido cumpliendo “sin prisas, pero sin pausas” como acostumbra a decir Raúl.

En este evento se aprobaron los siguientes documentos:

1. Resolución sobre el Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba.

2. Resolución sobre el Proyecto de Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista.

3. Resolución sobre el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos.

4. Resolución sobre Resultados de la Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso y su actualización para el período 2016-2021.

5. Resolución acerca del Cumplimiento de los Objetivos de Trabajo aprobados por la Primera Conferencia Nacional del PCC y las directrices del Primer Secretario.

Sería muy extenso referirse en un artículo corto como éste a cada documento en particular, pero sintetizando se puede decir que el Congreso se abocó a revisar los acuerdos del anterior, en cuanto al proceso de transformación de la economía cubana o lo que los cubanos llaman “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, así mismo hizo una evaluación que permitió conocer que el 21% de los acuerdos se han cumplido totalmente y el 78% se encuentra en fase de implementación. Este VII Congreso agregó 50 nuevos lineamientos a ser evaluados en el próximo Congreso.

De la misma manera, durante el cónclave se trazaron las pautas de desarrollo de la economía cubana en el mediano plazo, estableciendo ejes estratégicos y la creación de cimientos para el desarrollo económico del país a partir de la implementación de una gestión de gobierno “eficaz, socialista y de integración social” que se propone “la transformación productiva e inserción internacional; el desarrollo de infraestructura, potencial humano, la ciencia, la tecnología, la innovación, los recursos naturales y el medio ambiente, y el desarrollo humano, la equidad y la justicia”, como metas para el año 2030.

Por otra parte, el VII Congreso se propuso elaborar los basamentos teóricos que sustentarán el modelo económico cubano. En este aspecto, fueron particularmente relevantes los debates sobre la definición acerca del enfoque de nación y los fundamentos para el ejercicio de la democracia en Cuba.

Finalmente, el Congreso aprobó resoluciones en torno al trabajo del PCC y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) estableciendo parámetros en torno al crecimiento de la militancia, así como los 60 años como edad máxima para ingresar al Comité Central y hasta 70 años para de­sempeñar cargos de dirección en el Par­tido, y la reelección de los máximos dirigentes solo una vez hasta cumplir un lapso total de 10 años en sus responsabilidades.

El nuevo Buró Político conserva 12 de sus miembros, solo 3 forman parte del liderazgo histórico de la Revolución e incorpora 5 nuevos, de ellos tres mujeres, dando continuidad al proceso de renovación iniciado hace varios años. Raúl Castro fue reelegido como Primer Secretario y José Ramón Machado Ventura como Segundo Secretario del Comité Central.

De la misma manera, este evento mostró la extraordinaria capacidad de Raúl Castro para desdoblarse en sus dos funciones de presidente de la república y máxima autoridad del Partido Comunista. El discurso amplio y conciliador que corresponde a un estadista, que incluso lo llevó a decir en la Cumbre de la CELAC en Panamá, que el Presidente Obama “era un buen hombre”, contrastó con el del Informe Central al Congreso en el que fiel a su estilo concreto y conciso expuso a través de su tradicional retórica crítica y autocrítica y desde la perspectiva revolucionaria y socialista, los avances y las trabas surgidas en el proceso de reformas económicas emprendidas a partir del anterior Congreso. En palabras del presidente cubano: “El obstáculo fundamental que hemos enfrentado, tal y como previmos, es el lastre de una mentalidad obsoleta, que conforma una actitud de inercia o de ausencia de confianza en el futuro”. Alertó en torno a que incluso “…han estado presentes aspiraciones enmascaradas de restauración del capitalismo como solución a nuestros problemas”.

La reiteración en mantener como objetivo supremo del PCC, la “construcción de un socialismo próspero y sustentable” se acerca como solución, -tal como lo vengo diciendo desde hace casi diez años- a los experimentos chino y vietnamita, sólo que esta vez, acorde a la propia experiencia pasada, Cuba está construyendo su propio modelo, que sobre todo parte de la raíz martiana y del ideal de independencia y soberanía edificado en una permanente lucha en contra del interés imperial de Estados Unidos de apoderarse de la isla, incluso desde alrededor de 100 años antes de su independencia formal del colonialismo español. 

Toda esa tradición, ha permitido cimentar una sólida identidad nacional que fusionada en el siglo XX, con la resistencia del pueblo cubano a los gobiernos neocoloniales y el ideario de Fidel surgido a partir de “La historia me absolverá”, y fortalecido en más de 50 años de firmeza y aguante al inhumano bloqueo gestado por la principal potencia imperial del planeta, permiten visualizar “las bases teóricas y las características esenciales del modelo económico y social al que aspiramos como resultado del proceso de actualización” tal como lo dijo Raúl en su informe. El llamado final fue “en pos de la consecución de una nación soberana, independiente, socialista, próspera y sostenible”, como para que no quedaran dudas del rumbo socialista de Cuba a pesar del cambio de táctica de Estados Unidos en su afán de destruirla. 

Cuidado, la historia puede repetirse!!!!!

La historia suele ser muy curiosa cuando se refiere a fechas y lugares. Los acontecimientos actuales en América Latina han traído a la memoria algunos hechos que no dejan de causarme cierta impresión. Camilo Sée un político francés de finales del siglo XIX y comienzos del XX apuntó que “… la historia se repite, [pero] lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan”. Así mismo, el poeta y novelista inglés Aldous Huxley aseguraba que “Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia”.

Todo esto, vino a mi mente al recordar que en 1960, el conservador Janio Quadros fue elegido presidente de Brasil, sin embargo su pensamiento político fue evolucionando hacia un nacionalismo que confrontaba los poderes imperiales, particularmente el de Estados Unidos. Junto a su vicepresidente Joao Goulart se propuso transformar a Brasil en un país independiente desde el punto de vista económico e insertarlo en las luchas de los países del Tercer Mundo, enviando incluso una delegación en calidad de observadora a la I Cumbre del Movimiento de Países No Alineados celebrada en Belgrado en 1961, estableció relaciones con Cuba y la Unión Soviética, incrementando además, el comercio con los países socialistas. Condecoró al comandante Ernesto Che Guevara con la Orden Cruzeiro do Sul, la más alta distinción brasileña. Todo esto, fue más de lo que la oligarquía, las empresas transnacionales, el gobierno de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas brasileños podían aceptar. A pesar de que Quadros era un político moderado, militante de la Unión Democrática Nacional, una organización política de derecha y que su actuación se desarrolló en el marco de la Constitución y las leyes, los militares forzaron su renuncia después de solo siete meses de gobierno.

Las fuerzas reaccionarias maniobraron para evitar que el vicepresidente Goulart asumiera la primera magistratura, pero finalmente, con el apoyo de los sindicatos y otras organizaciones democráticas, ­­­­­el 2 de septiembre se pudo hacer cargo del poder, a pesar de la oposición de las Fuerzas Armadas y la oligarquía que de inmediato comenzaron a conspirar para su derrocamiento, obligándole a gobernar con grandes limitaciones para sus posibilidades de tomar decisiones. Sin embargo, en 1963, un referéndum popular le devolvió todos los poderes constitucionales para ejercer el gobierno en plenitud. Las empresas transnacionales y las poderosas oligarquías industrial y agraria comenzaron a acusar a Goulart de establecer alianzas con el “comunismo internacional” y en particular con Cuba, creando las condiciones para un golpe de Estado, el cual se inició el 31 de marzo y se concretó el 2 de abril cuando la mayoría del Congreso votó para destituir a Goulart y poner en su lugar al presidente de la Cámara de Diputados Ranieri Mazzilli, quien duró en su cargo sólo 13 días siendo sustituido por el General Humberto Castello Branco, inaugurando una dictadura que duraría 21 años.

Sólo un mes y medio después, el 27 de mayo, en Colombia, otro país sudamericano, un grupo de campesinos que no superaban la cifra de 20, la mayoría de los cuales estuvo vinculado en sus orígenes al Partido Liberal, que se habían refugiado en un pequeño territorio denominado Marquetalia del Departamento del Tolima para resistir la violencia conservadora de la segunda mitad de los años 40, así como el terrorismo bipartidista y el despojo gubernamental de los años 50, tuvieron su primer enfrentamiento armado, para repeler los ataques de 16 mil soldados enviados por el presidente Guillermo León Valencia en el marco del Plan Laso, elaborado por el Pentágono estadounidense. Ese día nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tuvieron su acta de bautismo entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 1966 cuando se realizo la Segunda Conferencia Guerrillera del Bloque Sur.

El ataque a Marquetalia, seguido de otras acciones ofensivas del ejército contra enclaves en los que los campesinos se habían refugiado para buscar protección ante la violencia del Estado, condujeron al establecimiento de la guerra de guerrillas y la lucha armada en Colombia por más de medio siglo, a la que después se incorporaron otras organizaciones político militares, la más importante de las cuales es el Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Las reclamaciones originales de los campesinos de “tierra para el que la trabaja”, habían dado paso a demandas políticas de otro nivel, sobre todo después del asesinato del gran líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, con lo cual se consideraron cerradas las garantías para un desarrollo de la vida política en los términos de la democracia representativa.

Hoy, en La Habana, Cuba, paradójicamente el país en que se inició la lucha armada en América Latina como forma para acceder al poder político, pareciera estarse cerrando esta etapa, a través de las negociaciones que están sosteniendo las FARC y el gobierno de Colombia y las que se acaban de iniciar entre el ente gubernamental y el ELN, en la búsqueda de la paz, la democracia y la justicia social, utilizando el diálogo con el fin de eliminar las causas que originaron el conflicto.

Después de observar el circo en la Cámara de Diputados de Brasil, en la que el 53% de sus integrantes están siendo investigados por corrupción, lavado de activos y sobornos, uno no puede menos que preguntarse cuánto valor tiene este tipo de democracia en la que el voto del pueblo puede ser revertido por una manada de mafiosos dirigidos por Eduardo Cunha, quien fue caracterizado como un “gánster imputado por muchos crímenes y que está siendo acusado por el Tribunal Supremo”, por una voz tan autorizada como la de Leonardo Boff. Pareciera que la oligarquía brasileña pretende volver a 1964, las impúdicas muestras de idolatría de algunos diputados, respecto de la dictadura y la represión vivida, son expresión de ello. ¿Es que acaso quieren nuevamente cerrar los caminos de la democracia y revivir los años de lucha armada que parecieran estar concluyendo en América Latina? 

Más de uno podrá pensar que estos sucesos en Brasil, así como los exabruptos dictatoriales del presidente argentino, son expresión de la intención de asistir a un nuevo sepelio de la democracia, tal como en la década de los 70 del siglo pasado, a fin de instaurar dictaduras de nuevo tipo, en el que esta vez no se necesitarán a los militares para hacer el trabajo sucio. Hoy bastan los medios de comunicación, ellos constituyen en la actualidad, el componente de la oligarquía que usando otro tipo de armas, tan letales como aquellas, son los encargados de crear las condiciones para el exterminio, la desaparición, la muerte, la tortura y los despidos de trabajadores. Tal vez hoy en Brasil no sea necesario un nuevo Castello Branco, bastará un Mazzilli, pero tampoco serán necesarios 21 años para recobrar la democracia. Tal vez, tampoco sea necesaria la lucha armada, el pueblo se prepara para grandes jornadas de combate en las calles, en contra de la dictadura que pretende instalarse.

Así lo han hecho saber las organizaciones sociales, el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo emitieron un comunicado en el que afirman que no reconocerán la legitimidad de un pretendido gobierno de Temer, el vicepresidente en funciones. Aseguran que no solo, no lo reconocerán, sino que van a “luchar contra el gobierno ilegítimo, combatiendo cada una de las medidas que se adopten contra nuestros empleos, salarios, programas sociales y derechos de los trabajadores, duramente conquistados y en defensa de la democracia y de la soberanía nacional”.

Por su parte, Joao Paulo Rodrigues, de la Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), expuso que van a movilizar “al país entero como no se hacía hace 20 años. No hay porque desanimarse” dijo y agregó que “Tenemos que prepararnos para las batallas políticas, creo que serán batallas maravillosas. Nuestra generación va a vivir un período rico que hasta entonces no conocíamos en el país”.

Como la historia es curiosa, vale recordar que el 17 de abril, día en que se votó el impedimento contra la presidenta Dilma Rousseff, se recordaba el vigésimo aniversario de la masacre de Eldorado de los Carajás, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, cuyo Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) votó a favor de la destitución de la presidenta Rousseff. En esta acción fueron asesinados 19 campesinos del MST. Los responsables directos fueron destituidos, pero no juzgados. Ojo. Cualquier similitud con el origen de las FARC fue pura coincidencia.

Colombia, pintando adioses a la guerra

El pasado martes 12 de abril se presentó en Santiago de Chile mi libro más reciente “Colombia, pintando adioses a la guerra”. En un bello formato de la Editorial de la Radio de la Universidad de Chile y contando con una nutrida presencia, la obra fue presentada en la sala Máster de este prestigioso medio de comunicación de la capital chilena.

Las palabras de introducción estuvieron a cargo del Director de la Radio y Premio Nacional de Periodismo, Juan Pablo Cárdenas, quien a su vez presentó a los excelentes comentaristas, Alejandro Toro, Director de la Fundación para una Nueva Vida (Funuvida) de Medellín, Colombia, así como Francisca Quiroga, cientista política e impulsora de la plataforma comunicacional Hora Constituyente y el periodista Patricio López, conductor del programa Radioanálisis de la Universidad de Chile.

En el prólogo del libro, Gloria Flórez Schneider, defensora de derechos humanos, Directora de la asociación MINGA, ex parlamentaria andina y ex secretaria de gobierno de Bogotá expuso que “Este libro, que desde ya entrará a ser parte vital de la memoria histórica sobre los intentos de paz y los hechos de violencia, tiene como título: ´Colombia. Pintando adioses a la guerra` ofrece a los lectores la compilación de textos y artículos en momentos históricos definidos por su altísima complejidad. En primer lugar, su autor, hace un recuento profundo sobre los antecedentes políticos más relevantes del país y las causas que dieron origen a la lucha armada, los procesos de paz frustrados de los 80, las negociaciones de los 90 que permitieron la Asamblea Nacional Constituyente y a la firma de un nuevo pacto social, la Constitución Política de 1991.

Recoge otro momento esencial, el proceso de Paz de finales de los 90 y comienzos del siglo XXI con las FARC y el ELN, y en medio de ello, la puesta en marcha del Plan Colombia diseñado por los Estados Unidos bajo el pretexto de la lucha contra las drogas que le permitió a esa potencia incidir de manera directa en el conflicto armado y que desató una profundización de la confrontación bélica, unida a la regionalización del mismo, impactando a los países vecinos y a la América Latina y Caribeña en su conjunto.

Y por último, a través de artículos sobre acontecimientos y hechos relevantes que marcaron el devenir del actual proceso de paz, el profesor Sergio Rodríguez Gelfenstein, nos convoca a profundizar sobre las implicaciones de la paz y la guerra en Colombia, los actores y protagonistas nacionales e internacionales, las complejidades de un conflicto que traspasó las fronteras con los países vecinos, la crisis de la frontera colombo venezolana, y la contribución de los gobiernos de América Latina para construir el escenario de estos últimos diálogos que le pondrán fin al conflicto más antiguo del hemisferio occidental que ha transcurrido durante seis décadas dejando a su paso más de 6 millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados”.

En la introducción al texto exteriorizo que: “La vida me permitió ser testigo excepcional de las guerras centroamericanas de finales de la década de los setenta y los ochenta del siglo pasado, en particular en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, tres países donde las fuerzas insurgentes se convirtieron en partidos políticos legales para participar en elecciones libres y democráticas después de extirpar las dictaduras y los gobiernos autoritarios de la región. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua que había llegado al poder en 1979 a través de la vía armada, lo entregó pacíficamente en 1990 tras ser derrotado en las urnas electorales, regresando al gobierno por el mismo camino en 2007, conservándolo hasta hoy. De igual manera, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador (FMLN) llegó al gobierno por primera vez en 2009, repitiendo su victoria en 2014. La Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), participa activamente en la vida política de su país. Los acuerdos de paz permitieron así mismo, que los grupos paramilitares de derecha en unos casos, como los movimientos revolucionarios en otros, fueran desmovilizados.

En todos estos ejemplos, los procesos de lucha armada concluyeron después de procesos de negociación que buscaron la paz y la reconciliación entre las partes. Los gobiernos entendieron que era imposible la derrota militar del enemigo, y las fuerzas insurgentes, por su parte, que no iban a lograr el asalto al poder por la vía armada. Ello condujo a difíciles negociaciones entre contendientes que llevaban años enfrentados en sangrientas conflagraciones. 

Las fuerzas revolucionarias comprendieron que la lucha armada no podía ser entendida como un fin, sino como un medio que los podía llevar a obtener los objetivos políticos que no podían conseguir a través de la presencia política en sociedades en las que las oligarquías habían cerrado el espacio en medio de feroces acciones emprendidas contra la participación de estas fuerzas.

Habiendo participado en algunos de estos procesos, imbuido de estas experiencias y del estudio de su derrotero y desenlace, comprendí, ya en las postrimerías del siglo XX, que Colombia debía transitar el mismo camino. Este libro es una recopilación de artículos, conferencias y escritos que recogen lo que desde ese momento se transformó en una perseverante apuesta por la paz en Colombia a través de la negociación y el diálogo. Con el desarrollo de los acontecimientos en el país, y en la medida de la mutación de la realidad regional y global, los argumentos se fueron adaptando a lo que se consideraba más útil y propicio para encontrar soluciones en cada momento. Es probable que el lector detecte que en algunos casos hay repetición de las ideas, pero ello se debe al afán de dar continuidad y persistencia a los argumentos en el marco de la historia que se va relatando.

Como el lector podrá constatar, precisamente la paz es el eje conductor de este libro. El primer trabajo es de febrero del año 2000. A partir de ahí, a través de los años se expondrán ideas que coadyuven a enfrentar exitosamente un proceso de paz sin dejar de observar las condiciones en las que se desarrolla la vida política cotidiana del país. 

Así mismo, debe considerarse que todos estos escritos vieron la luz en Venezuela, país que por compartir una frontera terrestre abierta de 2219 Km. con Colombia, no puede vivir ajeno a los avatares de la acción guerrillera, como de los otros flagelos que afectan al vecino país, tales como el narcotráfico, el paramilitarismo, el contrabando y la acción de bandas de delincuencia organizada, todas las cuales han sobrepasado los límites territoriales, transformándose en mayor o menor medida en hechos que van copando la cotidianidad de este país. A diferencia de otros países, incluso latinoamericanos, es imposible para Venezuela, desprenderse de los acontecimientos de Colombia, en especial los que motivan este libro.

En sus palabras, Alejandro Toro admitió que le llamó la atención “las costuras académicas que unen las reflexiones del libro como la fundamentación teórica en James Rosenau y las fuentes de la turbulencia que dibujan la realidad colombiana, así como los ejemplos de Centro América y sus coincidencias con el caso del Colombia que entre actores y causas, da visión que seguramente tendrá detractores, defensores y quienes deseen hacerle anexos, pero en el que se halla como punto común la existencia de causas objetivas que iniciaron el conflicto armado, las que tienen que ver con un conflicto social al que los gobiernos no pudieron dar una respuesta real y estructural” y agregó para finalizar: “Finalmente tenemos 50 páginas que van desde artículos como “La frontera caliente entre Colombia y Venezuela”, hasta “La paz no puede tener plazos” que se convierten en un verdadero diario de Colombia, que permite percibir el seguimiento pormenorizado de la realidad política, social, económica y académica del país, pero en el que se deja entrever el hilo emocional del autor, que ve los diálogos de la Habana con una pasión de historiador y hombre que se adivina en un momento fundamental del devenir de nuestro tiempo”.

Por su parte la cientista política Francisca Quiroga enfatizó en la relevancia que el tema (del libro) ha tenido para todo el continente y dijo que “es muy importante, porque este conflicto, que tiene más de 50 años, crea también la discusión sobre las nociones de Estado, democracia y distribución del poder”.

“Esto ha tenido efectos en América Latina. Recordemos, por ejemplo, que la lucha contra el narcotráfico se enmascara con el Plan Colombia, por parte de Estados Unidos, y tenía que ver con una mirada geopolítica y con ciertos modos de control del poder dentro de la región. Por lo tanto, Colombia también puede ser un pretexto, a veces, para la lógica de exterminio, de los guerrilleros en este caso, y de no pensar la región en términos de la democracia que tenemos. Es un conflicto que América Latina debe mirar como una gran deuda”, añadió la también profesora de la Academia Diplomática de Chile.

Perú, más de lo mismo, pero…

El devenir político de Perú en tiempos recientes, viene a confirmar la tradición histórica de un país que ha desarrollado su acontecer anclado en una clase política conservadora, reaccionaria y retrógrada que tiende a las dobles caras y la traición como método desde que San Martín y Bolívar fueran adalides de su independencia, y daba sus primeros pasos como república independiente.

En particular, los últimos 25 años han configurado gestiones gubernamentales de mandatarios que han hecho campaña electoral con un discurso y gobernado con otro totalmente opuesto. Han sido los casos de Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y el de Ollanta Humala comenzado en 2011 y que cuenta sus últimos días. Pero, hay una línea conductora entre todos estos gobiernos, que caracterizan y fijan la dinámica política del país: la aplicación del modelo neoliberal que ha generado un gran crecimiento económico a partir de la entrega de la riqueza del país a las transnacionales, sin que esto signifique una mejoría en las condiciones de vida de la mayoría de la población, profundizando las diferencias y el abismo entre ricos y pobres. 

Alberto Fujimori, fue elegido presidente en 1990, pero gobernó de facto desde 1992 cuando cerró el Congreso Nacional, asumiendo plenos poderes que lo llevaron incluso a rehacer el Poder Judicial para edificar uno a su medida. Ya en el año en que inició su mandato, siguiendo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional aplicó una política de shock, que significó la restructuración de precios, lo cual le permitió controlar la inflación a cambio de una gran devaluación con la consabida pérdida del poder adquisitivo de los sectores más humildes. Fue el comienzo de la aplicación de medidas neoliberales, que le dieron todo el poder al mercado, apartando al Estado de su rol de contralor de la gestión económica. En esa medida, el plan fujimorista de estabilización de la economía generó grandes réditos al gran sector empresarial, a costa del despido masivo de trabajadores y empleados públicos y la liquidación de la protección a la industria nacional en favor de los consorcios extranjeros.

Todo esto, en un marco de represión generalizada y violación de los derechos humanos que incluyó las masacres de los Barrios Altos, Santa y La Cantuta, entre otras y en las que fuerzas militares ilegales al servicio del gobierno y actuando con total impunidad protagonizaron asesinatos masivos. Así mismo, Fujimori fue acusado de esterilizaciones ilegales masivas. En noviembre de 2000, tras la divulgación de grandes escándalos de corrupción para ganar su tercera elección, sospechas de tráfico de armas, y soborno a parlamentarios, Fujimori, renunció al cargo de presidente de la República desde Japón. Viajó a Chile donde fue detenido y extraditado a su país, enjuiciado en 2009 y condenado a 25 años por las masacres de los Barrios Altos y La Cantuta. Posteriormente, también fue condenado a siete años y medio más de prisión por corrupción.

Su sucesor, Alejandro Toledo dio continuidad a la aplicación de políticas macroeconómicas de liberalización de la economía y apertura al capital extranjero. A pesar de haberse comprometido en su campaña electoral a no vender las empresas energéticas, privatizó dos grandes compañías de ese rubro provocando inmensas huelgas y manifestaciones en contra que provocaron el fin de su primer gabinete y la caída de la popularidad hasta 7%. Su dudosa moralidad y respetabilidad en hechos de conocimiento público han generado un gran rechazo hacia su figura. El intento de regresar a la presidencia en 2011 y en 2016 ha finalizado con un abrumador rechazo de los peruanos.

El segundo gobierno de Alan García iniciado en 2006, dio continuidad a las políticas iniciadas por Fujimori, dando especial realce al favorecimiento de la inversión extranjera, los intentos de inserción de Perú en los grandes mercados mundiales y la firma de tratados de libre comercio. En octubre de 2008, estalló un escándalo de corrupción que involucraba a altos funcionarios de su gobierno, siguiendo también una práctica ya común en tiempos recientes.

García vivió grandes protestas sociales en contra de la implementación de gigantescos proyectos mineros que daban imponentes beneficios a las empresas transnacionales sin que ello significara cambios sustanciales en las condiciones de vida de las comunidades, generándose además prácticas abusivas de depredación del medio ambiente sin que el gobierno estableciera controles en ese sentido. García abandonó el gobierno en un marco de desprestigio absoluto que lo llevó a obtener una ínfima votación en las elecciones de este domingo cuando pretendía volver al Palacio de Pizarro. 

Hechos similares, han ocurrido con el feneciente gobierno de Ollanta Humala, surgido en medio de grandes expectativas de cambio dado el renovador discurso utilizado en su campaña, razón por lo cual la decepción de los electores ha sido potencialmente superior. Nada cambió, la aplicación de medidas neoliberales, la represión de la protesta popular y las acusaciones de corrupción que incluso involucran a su propia esposa, invalidándola en sus deseos de acceder a la primera magistratura, dan continuidad a una tendencia que como se dijo al inicio tiene su origen en el año 1990. En todo este período, el gobierno de Humala tal vez sea el que pasará a la historia con la menor trascendencia, dada su gestión mediocre y su impronta de traición a los intereses populares que prometió defender.

Este contexto histórico antecedió las elecciones de ayer, domingo 10 de abril, los resultados auguran que el próximo presidente peruano, dará continuidad a las políticas neoliberales, profundizando la relación de dependencia del país a los grandes centros de poder mundial, sin que se vayan a tomar medidas reales encaminadas a superar los altos niveles de pobreza sobre todo en las regiones agrícolas y de producción minera. 

Sin embargo, un novedoso y alentador hecho ha marcado la política peruana en la elección reciente. La emergencia del Frente Amplio, agrupación de fuerzas con una clara vocación de izquierda, encabezado por Veronika Mendoza y su irrupción como tercera fuerza política del país, logrando la sumatoria de organizaciones de izquierda y movimientos regionales es expresión de la construcción de la base más potente de la izquierda peruana en los últimos 20 años. El liderazgo de esta muy joven psicóloga y congresista ha logrado generar dirección al movimiento y un reconocimiento a su capacidad de conducción, lo cual, siembra una raíz muy sólida en la política peruana de cara al futuro.

Verónika Mendoza logró establecer una fuerte comunicación con los sectores del sur andino, el más afectado y golpeado por las prácticas neoliberales. Sin haber podido evaluar a esta hora, la votación por regiones, es indudable que a diferencia de otras organizaciones emergentes que no son más que plataformas electorales sin base y en contradicción con los viejos partidos social demócratas y social cristianos tradicionales que fueron barridos por los electores, la votación del Frente Amplio, a pesar de ser una estructura muy recientemente creada, va a tener una sólida representación parlamentaria sustentada en el Partido Socialista, antiguo partido Unificado Mariateguista que tuvo en Javier Diez Canseco su más preclaro y un consecuente líder capaz de visualizar este momento. Así mismo, Tierra y Libertad, con una fuerte base campesina y en comunidades que han luchado contra las empresas mineras depredadoras y el movimiento Sembrar configuran una potente alianza de fuerzas de izquierda que presentaron al país un programa claro que proponía la elaboración de una nueva Constitución, para cambiar las reglas del juego en materia de inversiones y de política fiscal a fin de recabar los recursos que Perú necesita para su desarrollo.

Todo esto permite pensar que una importante organización ha surgido a fin de seguir fusionando a la izquierda, junto al movimiento social y, con el liderazgo de Verónika Mendoza, ofrecer excelentes perspectivas para el futuro político de Perú, que parecía sumido en una situación de retroceso infinito.