En su área de influencia, China hace valer su poderío.

Los recientes acontecimientos ocurridos en el Mar Oriental de China son, -en su manifestación externa- expresión de un conflicto territorial entre China y Japón por la soberanía de las islas denominadas Diaoyu por los chinos y Senkaku por los japoneses, pero la forma en que se han desarrollado los hechos son una nueva manifestación del reacomodo de la situación geoestratégica mundial producida por el ascenso indetenible de China hacia la primacía mundial y el declive de Estados Unidos como principal potencia del planeta.

En el trasfondo hay una disputa por la aplicación de la Tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, (UNCLOS) por sus siglas en inglés como apunta el analista catalán Rafael Poch. Esta Convención le concede zona económica exclusiva a las áreas marítimas entre 370 y hasta 650 Kilómetros alrededor del territorio insular de un país. La delimitación de dichas áreas ha sido motivo de conflicto en diversas regiones del planeta, pero en particular en el este y sur de Asia oriental fue el origen de una buena cantidad de pugnas que aún hoy están pendientes de resolución.

En otra opinión al respecto, el profesor australiano Gavan McCormack, explica que esta situación resulta de la combinación de variables que surgen de la delimitación de las zonas marítimas, pero que éste no es sólo un problema económico sino también geopolítico, es decir tiene un fuerte componente militar. Como dice McCormack, “la combinación de la propiedad japonesa de amplias zonas oceánicas y su alianza subalterna con el diseño estratégico de Estados Unidos para la región, significa una seria desventaja y riesgo para China”.

Es importante recordar que este conflicto no es el único de la región, China, Japón, Corea, Filipinas, Vietnam, Brunei, Malasia y hasta Rusia están involucrados en diferendos de la misma tipología, en los que Estados Unidos pretende pescar en medio de este “mar revuelto”. Se aducen causas diversas que casi siempre están vinculadas a la invasión de territorios, producidas a partir de conflictos no resueltos, originadas en guerras que acarrearon ocupación de espacios históricamente pertenecientes a otras naciones.

Tal escenario ha provocado una situación en la que China ha quedado encerrada en su entorno marítimo, el cual le genera una gran limitación para sus objetivos estratégicos de cara a su transformación en primera potencia mundial. El siguiente mapa es expresión de este complicado contexto.

Zonas Económicas Exclusivas en el Pacífico Occidental. Fuente Mapa: Japan Focus

Estados Unidos lo sabe y apunta en dirección de profundizar tal realidad a fin de debilitar a quien ha considerado su mayor enemigo para el siglo XXI.

Es sabido que el presidente Obama ha llamado a esta centuria como el “siglo asiático de Estados Unidos”. En una visita a Australia realizada en noviembre del año pasado expuso su propuesta con calculada precisión, “Por lo tanto, como presidente he tomado una decisión deliberada y estratégica — como nación del Pacífico, Estados Unidos desempeñará un papel más amplio y a largo plazo en la conformación de esta región y su futuro (…) He instruido a mi equipo de seguridad nacional para hacer de nuestra presencia y misión en la región Asia-Pacífico una prioridad de alto nivel (…) Como planeamos y presupuestamos para el futuro, asignaremos los recursos necesarios para mantener nuestra fuerte presencia militar en esta región. Conservaremos nuestra capacidad extraordinaria para proyectar poder y disuadir amenazas a la paz. (…) Nuestros intereses duraderos en la región demandan nuestra presencia duradera en la región”.

Ello ha entrañado un nuevo y agresivo posicionamiento en la zona para restringir las rutas marítimas que abastecen a China de la vital energía de la cual es deficitaria. El mismo ha conllevado a elevar el gasto del Pentágono hasta US$ 739 mil millones en 2011. Si le agregamos el resto del gasto para defensa incluido en el presupuesto de otras agencias federales llegamos a una astronómica cifra que supera el billón de dólares según el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos con sede en Londres, citado por el periodista e historiador germano-estadounidense Frederick William Engdahl. En un artículo publicado en el portal dossiergeopolítico y titulado “China en la mira del Pentágono” Engdahl afirma que “China oficialmente gastó apenas 10% en la inversión de EEUU en defensa, unos US$ 90 mil millones, o, si se incluyen algunas importaciones de armas relacionadas con defensa y otros costos, quizá US$ 111 mil millones al año. Incluso si las autoridades chinas no publican datos completos sobre tales áreas sensibles, es evidente que China gasta apenas una fracción de lo que gasta Estados Unidos y parte de una base tecnológica-militar bastante atrasada respecto a la estadounidense”.

Estas cifras confirman la falsedad de que el incremento del gasto militar de Estados Unidos tiene asidero en la supuesta amenaza china, que sólo tiene dos pequeñas bases militares fuera de su territorio y apenas un portaviones el cual además es una antigua nave de fabricación soviética. Se hace evidente que la agresividad militar de Estados Unidos apunta hacia el aislamiento vía marítima de China. De ahí también que la República Popular haya determinado hacer pesar su poder y fortaleza para evitar la expansión estadounidense en una región que por cercanía geográfica es de su vital interés estratégico.

No es la primera vez que las islas Diaoyu son escenario de conflicto entre las dos potencias asiáticas. En 1978, 1996 y 2010 se produjeron sendos enfrentamientos surgidos de la acción de reivindicaciones de grupos nacionalistas de ambos países. Sin embargo el de 2010 escaló hasta transformarse en un conflicto diplomático que pudo tener inéditas repercusiones y que llegó a amenazar el comercio bilateral que el año pasado ascendió a 342.900 millones de dólares, según cifras del gobierno chino.

Uno de los elementos particulares de este diferendo es que China reclama las islas para incorporarlas a Taiwán en la perspectiva de recuperar ese territorio por vía pacífica. Eso ha llevado al poco habitual apoyo de la opinión pública taiwanesa a la demanda, toda vez que son sus pescadores quienes han llevado la peor parte en este diferendo siendo permanentemente agredidos por embarcaciones militares japoneses que los acusan de entrar a territorio marítimo de su soberanía.

Así, cuando la nueva fase de la crisis (la de este mes) ha detonado tras la compra por parte del gobierno nipón de tres de las islas a propietarios privados que las poseían, China ha respondido movilizando a su opinión pública y desatando el fervor anti japonés, presente a “flor de piel” cuando se rememora la barbarie del imperio del sol naciente en suelo chino durante la ocupación de Manchuria desde 1931, ampliada a un territorio mucho mayor durante el período que va desde 1937 a 1945.

Sin embargo y como es habitual en su política exterior, China intentará resolver este diferendo por vía diplomática. En ese marco envió el pasado lunes 24 de septiembre a una delegación diplomática a Japón, con el objetivo de aliviar las tensiones entre los dos países, según informó el diario South China Morning Post el pasado domingo. Con ello se pretende allanar el camino a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores pactada en la sede de las Naciones Unidas en New York con motivo de la Asamblea General de la ONU.

En ese sentido el vocero de la cancillería china, Hong Lei declaró que "El intento japonés de comprar las islas Diaoyu no tendrá éxito y deberá regresar al camino de la negociación". Así mismo, el pasado martes 19, el ministro de Defensa chino, Liang Guanglie, dejó claro que Beijing se reserva el derecho de tomar "medidas adicionales" sobre las islas en disputa, mientras esperan "una solución pacífica y negociada".

Este conflicto mantiene al mundo bajo tensión toda vez que una disputa entre las dos potencias de Asia podría hacer más lento el crecimiento económico del planeta, pudiendo afectar la economía mundial ya de por si agrietada tras la desaceleración y la crisis.

Obama y los musulmanes: No es un problema de imagen

En el año 2008, se realizó en Caracas un evento académico al cual asistí junto a innumerables colegas de varios países del continente. El mismo se desarrollaba, semanas antes de la campaña electoral que llevó a Barack Obama  a la presidencia de Estados Unidos. Una noche fui invitado a cenar junto a un grupo de participantes la mayoría de los cuales no me eran conocidos. Por avatares del destino me toco sentarme junto a un estadounidense que investigaba sobre los movimientos sociales en América Latina.

La conversación derivó en el proceso eleccionario estadounidense. El hombre no ocultaba sus simpatías pos su condiscípulo de Harvard, resaltaba esa condición mientras manifestaba su exultante emoción por la posibilidad de que un “afroamericano”  como él lo denominaba, fuera presidente de la primera potencia mundial. Mi vecino de mesa se autocalificaba como “liberal” en política y un firme creyente en el libre mercado. Lo que comenzó como un debate a dos voces fue ocupando a todos los contertulios hasta que finalmente y de manera inevitable terminamos todos discutiendo sobre el tema.

En algún momento, la interesante disputa condujo a la relación de Estados Unidos con América Latina. El ilustrado profesor de la Universidad  de Austin en Texas manifestó particular interés y de manera directa me preguntó cuál era mi opinión sobre el tema, en caso de que Obama triunfara en las elecciones.

Para no hacer demasiado largas estas palabras, resumiré diciendo que le contesté explicando que desde mi punto de vista, respecto de América Latina daba lo mismo que el presidente de Estados Unidos fuera republicano o demócrata, académico o analfabeto, negro o blanco porque su sistema político era monopartidista, sólo respondía al partido de los grandes capitales, de las transnacionales y en particular del Complejo Militar Industrial, que son ellos los que nominan a los candidatos, uno de los cuales llegaba a la presidencia después de multimillonarias campañas electorales que significan una verdadera afrenta a los millones de pobres y excluidos que sobreviven en el propio territorio estadounidense y que, siendo un proceso legal, tiene escasa legitimidad dada la alta abstención que roza la mitad de la población electoral. Le expuse que por tal razón, al gobierno de Estados Unidos se le llama “administración” porque lo que hace es gerenciar recursos para mantener el poder de los poderosos.

Agregué que Estados Unidos cada vez entendía menos lo que pasaba en nuestra región y que su política exterior se basaba en estereotipos. Le manifesté que por no ser ciudadano estadounidense no podía saber si un eventual gobierno Obama iba a beneficiar a uno u otro sector, pero que como latinoamericano tenía plena convicción de que no iba a haber cambios respecto de América Latina y el Caribe y que para nosotros daba lo mismo republicanos que demócratas.

Me indicó con convicción que dos demócratas: Kennedy y Carter habían sido diferentes y me permití recordarle que Kennedy lanzó la invasión a Cuba en 1961 y que fui testigo presencial cuando en 1979, Carter trató de impedir el triunfo de la revolución sandinista a través de la OEA primero y después enviando tropas  a Costa Rica para intervenir en Nicaragua a fin de impedir la derrota de Somoza, pero cuando ésta fue inevitable, intentó colocar un gobierno proclive a sus intereses. De paso le recordé que un demócrata, Harry Truman ordenó lanzar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y, que otro presidente demócrata,  Bill Clinton, quien a pesar de no ser académico era más culto que el actual inquilino de la Casa Blanca, además de hacer cosas no muy santas según los hipócritas cánones éticos de Estados Unidos, no tuvo reparos en ordenar las intervenciones militares en Haití y Bosnia Herzegovina así como los bombardeos de Irak y Serbia. Concluí que de los republicanos era mejor no hablar.

A estas alturas, el hombre se tomaba la cabeza a dos manos y me decía que era imposible que alguien pudiera pensar así porque Obama iniciaría una nueva era de acercamientos y relaciones de equidad con nuestros países. No sólo lo puse en duda, sino que rechacé tal idea de plano, incluso con la desaprobación de alguno de los otros comensales que influidos por los medios de comunicación pensaban que  iniciábamos nuestra entrada al paraíso. No dudé de la buena fe de este pobre hombre, buen académico pero muy ignorante de la mayoría de las cosas que ocurren detrás de sus fronteras. El común de los estadounidenses está tan alienado que de verdad cree que Estados Unidos es el salvador del mundo, que su modelo político es ejemplo de virtudes democráticas y  que todo lo que se dice respecto de la motivación intervencionista y hegemónica de su gobierno es obra de terroristas que planean en las sombras destruir lo que “han conseguido con tanto esfuerzo” durante más de dos siglos.

Nunca han entendido la diversidad del planeta, por el contrario tratan de imponer modelos únicos de comportamiento, de valores y principios y hasta de cómo vestirse y qué comer. Por eso, no pueden entender la respuesta de los musulmanes después de haber sentido el desprecio y el ultraje a su religión y sus creencias en una película que habiendo dudas de de quién la hizo,  existe plena certeza de que la misma fue filmada en Estados Unidos, país que promueve el odio racial, el desprecio a las minorías, todo por defender su ultra reaccionaria cultura “blanca, anglo sajona y protestante”,  WASP por sus siglas en inglés.

Los que han promovido el irrespeto al derecho internacional no pueden entender que hoy se viole la soberanía de su Embajada y que incluso ello haya llevado al lamentable asesinato del Embajador de Estados Unidos en Libia, a quien consideraban “salvador” de ese pueblo cuando solo unos meses antes se fotografiaba ufano ante el cadáver de Gadafi.   Ahora comprenderán al pueblo ecuatoriano y al presidente Correa, a los países de la Alba y de Unasur que manifestaron su pleno apego al derecho internacional en defensa de su soberanía amenazada por el gobierno británico. No pueden entender que las manifestaciones en su contra se hayan extendido ya a 30 países, incluyendo por ejemplo a Gran Bretaña y Australia.

Los medios occidentales se han apresurado a decir que estas acciones son respuesta a los “problemas de imagen” que conserva el gobierno  estadounidense y cuestionan que los mismos se hayan hecho a pesar de la “poca información” que se tiene sobre el mencionado film, se resalta que Obama ha hecho esfuerzos por cambiar la tan deteriorada “imagen”. Se preguntan con razón si acaso Obama no había dicho en El Cairo en junio de 2009, a tan solo 5 meses de asumir su cargo que habría ”un nuevo comienzo” entre su país y los musulmanes.

Dicen los medios de comunicación que todo ello ocurre a pesar de la diplomacia y de las campañas de publicidad. Pero, en el trasfondo está que lo que parecía cambiar después del desastre que significó Bush en materia de política exterior, hoy se ha profundizado.  Una encuesta de 2011 de la BBC resaltó que en 2007, Estados Unidos “estaba entre los países con los peores ránkings de popularidad, pero creció progresivamente desde entonces”.

¿Es entonces, sólo un problema de “imagen”? o planteado de otra manera, ¿bastarán las campañas publicitarias para borrar el más de un millón de iraquíes civiles asesinados en los años de la ocupación de Estados Unidos? ¿Podrán hacer olvidar los dantescos retratos de las torturas en las mazmorras de Abu Ghraib? ¿Se perderá en la memoria que aún hoy existe ilegalmente la prisión de Guantánamo donde decenas de musulmanes están detenidos violentando toda legislación al respecto? ¿Hay tanta subestimación a los musulmanes que piensan que no se dieron cuenta que Estados Unidos usó a Hosni Mubarak y a Ben Alí, para después ser desechados cuando ya no le sirvieron para hoy seguir sosteniendo regímenes leales a sus designios? ¿Se habrán olvidado del  asesinato brutal de Muammar Gaddafi, contrario a cualquier valor, principio o norma ética de toda religión o creencia? ¿Pasara al olvido el incesante bombardeo de varios meses contra la inerme población civil libia? ¿Se puede borrar el apoyo con dinero y armamento a los mercenarios que en Siria están desangrando a ese pueblo?

No, no lo pueden borrar y deben saber que el que “siembra tormentas, cosecha tempestades”. Sólo pueden seguir mintiendo para mantener a su pueblo ignorante de lo que pasa en el mundo, pero una cosa es lo que piense el gobierno estadounidense y lo que trasmiten sus medios de comunicación, y otra, su imagen, no la que sale en la televisión, sino la real, la que proyectan con su siembra de odio, destrucción y muerte.

Venezuela, ¿realidad o ficción?

Mucho se ha hablado de Hugo Chávez y su gobierno en los últimos años. Me impresiona  la superficialidad con la que se analiza la situación de Venezuela, pero lo que más me sorprende es el desconocimiento, la ignorancia y el análisis del país a partir de ideas pre concebidas que desde uno u otro lado del espectro político ya tienen un diagnóstico antes de comenzar a examinar  los hechos. Asumen posturas basadas en posiciones ideológicas que sólo admiten como ciertos los enfoques extremos, los cuales no dejan espacio a un estudio más o menos objetivo de las realidades que se pretenden investigar.

 

No es un secreto que ningún científico social es absolutamente imparcial. Todos asumimos posiciones frente a un objeto de estudio tan complejo como el que tenemos. El cuestionamiento de la sociedad con sus múltiples dimensiones obliga al analista a ser lo suficientemente profundo para no caer en apasionamientos extremos que confundan la toma de posición con la investigación seria.

 

Uno de los más profundos, exhaustivos e informados estudios sobre la situación de Venezuela que he leído en los últimos años fue el escrito bajo el título de “El trágico mundo de Chávez o la democracia que nunca fue” de Gema Santamaría egresada de Relaciones Internacionales del ITAM de México y que fue publicado en la revista Foreign Affairs en español en el número 4 del año 2004.

 

A la luz de lo que se dice de Venezuela y su presidente, sobre todo cuando se viven tiempos electorales, he recordado ese trabajo y lo he leído nuevamente. Más allá que me surgen diferencias –algunas de fondo- con el trabajo de Santamaría, creo que hay un buen esfuerzo para entender lo que está pasando en Venezuela. Su lectura me ha motivado a tratar de exponer algunas reflexiones acerca del tema.

 

Desde el exterior, a Chávez se le critica –entre otras cosas-  por algo que en América Latina es muy común: haber sido miembro de las Fuerzas Armadas y todavía más, haber irrumpido por las armas para derrocar el poder constituido para después llegar al poder en el marco de la ley. Hay otros casos, algunos recientes en nuestro continente. Basta recordar a Hugo Banzer, uno de los dictadores más sanguinarios de la historia boliviana y Lucio Gutiérrez, Presidente de Ecuador. La diferencia entre Chávez y ellos es el manejo de su relación con Estados Unidos y la defensa irrestricta de la soberanía de Venezuela por encima de cualquier otra consideración y, eso no tiene que ver con el origen político del gobernante.

 

En otros lugares del mundo, podemos recordar a Oleasegun Obasanjo de Nigeria y Pervez Musharraf Primer Ministro de Pakistán, -por mencionar algunos- que fueron militares y que mantuvieron una excelente relación con Estados Unidos, a pesar de su dudosa credibilidad democrática y/o de respeto a los derechos humanos. El problema no es el haber pertenecido a la institución armada para medir el talante democrático de un gobernante, sino el apego a sus valores en la aplicación de la política. Hay que recordar además que la Constitución Nacional de Venezuela consagra que en nuestro país la democracia además de ser representativa, es participativa y se ejerce a través del protagonismo popular, incluyendo la posibilidad del referéndum revocatorio como poder supremo del pueblo para destituir a un gobernante cuando se cumplen los términos de ley para ello. 

También se acusa a Chávez que no es democrático y habría que revisar cuáles son los parámetros de evaluación para hacer esta afirmación. Si la medida de la democracia es la realización de elecciones, durante los doce años del período chavista se han efectuado más de una anual, incluyendo tres referéndums y una votación para relegitimar todos los cargos incluyendo el de presidente y de esa manera acogerse a los parámetros de la nueva Constitución aprobada en 1999.

 

No ha sido Chávez quien inventó la pobreza, ni el racismo, ni las cúpulas políticas y sindicales corruptas, tampoco la polarización y el conflicto social. Santamaría en el artículo mencionado señala que “El problema empezó cuando en la década de los  ochenta, a partir de la crisis económica del país y la aplicación de medidas de ajuste neoliberal, se cortaron casi de tajo las concesiones que hacía el gobierno. La pobreza y la polarización social aumentaron dramáticamente, de tal forma que tan sólo en una década el porcentaje de la población pobre pasó de 33 a 66%, y el que vivía en pobreza extrema se triplicó (de 11 a 36%)”.

 

Se ha dicho que Venezuela será una nueva Cuba. Veamos.  La Constitución cubana define al país como un estado socialista de trabajadores. La carta magna venezolana aprobada el 15 de diciembre de 1999 establece en su artículo 2 que Venezuela se constituye en un Estado Democrático Social  de Derecho y de Justicia.

 

En cuanto al sistema económico, mientras el  cubano es de “economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción...”, Venezuela acepta según el artículo 297 de su constitución que “El régimen socioeconómico... se fundamenta en los principios de justicia social democratización, eficiencia, libre competencia...” entre otros y que “El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo...”    

En referencia al sistema político mientras Cuba establece que “El partido Comunista de Cuba... es la fuerza dirigente superior de la sociedad... ” Venezuela  asume como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico el pluralismo político según el mismo artículo 2. Así, podríamos seguir comparando.

 

En Venezuela no hubo una insurrección armada para tomar el poder y, por tanto no se destruyó el aparato político del pasado. Ese será un proceso de largo plazo que ocurrirá cuando el protagonismo popular se pueda desplegar en toda su dimensión. El gobierno del Presidente Chávez, eso sí, ha creado condiciones para que ello ocurra, pero lo ha hecho en el marco del respeto a la institucionalidad creada por la Constitución de 1999, garantizando para toda la sociedad paz y estabilidad. Las mismas sólo han sido alteradas por las intentonas golpistas, los sabotajes y los asesinatos de dirigentes populares organizados y ejecutados por la derecha fascista que no acepta que Venezuela ya no se puede seguir manejando como una hacienda propiedad de unos pocos.

 

El sistema económico  se diferencia del pasado en que el Estado ha asumido el control real del petróleo y de otras áreas estratégicas de la economía,  y por tanto de la parte más sustancial, pero la empresa privada tiene una participación exitosa en la misma como lo demuestran de sobra las estadísticas. Incluso, en las relaciones económicas internacionales no se ha limitado la participación, al contrario, se ha ampliado para que las empresas estadounidenses no tuvieran el monopolio de la presencia en el país como en el ocurría hasta 1999. Sólo que ahora se hace a partir de las reglas de funcionamiento que el Estado venezolano ha  establecido de forma soberana, sin presiones ni imposiciones

 

En el futuro,  se deberán establecer las condiciones para que funcione a plenitud el Estado de derecho el cual intenta ser vulnerado por oscuras fuerzas de ultra derecha con fuertes vinculaciones internacionales que pretenden llevar el país a un clima de caos y confrontación. Estas fuerzas no deben ser confundidas con cierta oposición democrática que en el marco de la Constitución y las leyes ejercen su función política, pero que hoy han sido desplazados por los medios de comunicación que han pasado a ser los verdaderos decisores políticos de la derecha.

Los partidos políticos deben jugar el papel de correas de transmisión  de los objetivos de la sociedad y, las organizaciones sociales y populares, especialmente las de los trabajadores, deben luchar por hacer valer los intereses de sectores y grupos,  a partir de realidades particulares, pero sin olvidar que el combate fundamental debe ser por el bien colectivo. En la medida que no haya partidos políticos ni organizaciones sociales fuertes, se debilita el funcionamiento político de la sociedad. Venezuela necesita de instituciones sólidas que proyecten en el tiempo lo positivo de las transformaciones y que destierren para siempre los vicios del pasado, la corrupción, el clientelismo y el paternalismo que hicieron pobre a un país que no tiene porque serlo, habida la gran riqueza de su tierra, su subsuelo y su gente.

 

Serán las tareas a abordar en el próximo período presidencial.  Si llegara al gobierno, la derecha neoliberal y antidemocrática, de mente colonial subordinada a Estados Unidos jamás podrá abordarlas.  Lo más probable es que después de octubre siga intentando desestabilizar el país apoyada en la gran desinformación que los grandes medios de comunicación construyen como realidad de una ficción que sólo existe en sus mediocres cerebros alquilados.

La paz para Colombia es paz para Venezuela

Colombia es un país extraordinario. Su pueblo es trabajador y alegre como todos los de Nuestra América. El Libertador Simón Bolívar denominó con ese nombre a la gran nación que diseñó en el Congreso de Angostura y que se extendía desde el Mar Caribe hasta el Amazonas y desde el Océano Atlántico hasta Centroamérica.

 

Antes, los españoles habían creado el Virreinato de la Nueva Granada en 1717 y  la Capitanía General de Venezuela en 1777. Al fundar el nuevo Estado el Libertador tuvo en cuenta, además de la continuidad geográfica, una identidad que provenía de un pasado común y una cultura múltiple que incorporaba localidades de costa, llano, montaña y selva. El genio político del Padre de la Patria se adelantaba 200 años a su tiempo para intuir la importancia estratégica de un territorio que tendría costas en los dos océanos. Ya en la Carta de Jamaica, en 1815, Bolívar había soñado con que  “…el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de  Corinto para los griegos!”  Hay que recordar que en esa época Panamá era todavía territorio colombiano.

 

Sin embargo, pudo más el interés mezquino de las oligarquías bogotana y caraqueña que el supremo proyecto del Libertador y en 1830 complotaron  para echarlo abajo. Argenis Ferrer, mi profesor de historia en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, quien más que profesor fue maestro, nos enseñaba que dicha oligarquía tuvo un comportamiento tan miserable que para firmar el nuevo tratado de límites entre Venezuela y Nueva Granada, -el cual consagraría la desaparición de la República de Colombia surgida del Congreso de Angostura de 1819 y concretada en el de Cúcuta de 1821-, exigió como condición al gobierno de Bogotá, la expulsión de Bolívar de su territorio.

 

Venezuela debe recordar siempre el ejemplo inmortal del neogranadino Atanasio Girardot, caído heroicamente en 1813 en Bárbula, enarbolando, -en el fragor del combate- la bandera de Venezuela y  de Antonio Ricaurte,  quien  en marzo de 1814, prefirió entregar su preciosa vida de 28 años y se inmoló junto a sus subordinados antes de entregar la plaza de San Mateo que el Libertador le había confiado. Ellos simbolizan la hermandad eterna entre colombianos y venezolanos que sellaron para siempre con su sangre generosa.

 

En 1831, tras la muerte del Libertador, se entronizó  en Colombia, el proyecto oligárquico más “exitoso” de la historia de la América Latina, gobiernos conservadores y liberales se sucedieron en el poder durante casi dos centurias e incluso en el siglo XX establecieron un pacto de gobernabilidad y alternancia en el poder denominado Frente Nacional. Paradójicamente, siendo Colombia el país con los  más altos índices de violencia en América Latina es el que se ha mantenido mayor cantidad de tiempo en los marcos institucionales de la democracia representativa.  El Frente Nacional significó el fin de la violencia secular entre  liberales y conservadores, pero excluyó a otras fuerzas de la participación  política y no dio solución a los graves problemas que aquejaban a la sociedad colombiana. Aquellos que manifestaron su descontento ante tal situación comenzaron a sufrir una ilimitada represión que obligó a que un grupo de campesinos se armaran para la defensa de sí mismos y de sus familias de la persecución del Estado. Esto fue lo que dio origen a las FARC y a la lucha armada que se ha desarrollado sin pausas durante casi cinco décadas en el vecino país.

 

Varios intentos de negociación se han intentado a través de la historia, los últimos, durante los gobiernos conservadores de Belisario Betancourt en los años 80 del siglo pasado y Andrés Pastrana cuando finalizaba la anterior centuria. Por diferentes razones ambos procesos no llegaron a feliz término.

 

Sin embargo, hoy se abre una nueva posibilidad para un diálogo y una negociación que pongan fin al conflicto y a la guerra.  Surgirán los agoreros, los que ven con “malos ojos” que se intente transitar un camino hacia la paz, los que pongan el énfasis en aquellos aspectos que distancian a fuerzas que han sido antagonistas durante décadas. Pero el sólo hecho de tener voluntad para sentarse y, mirando de frente y a la cara al adversario exponerle sus puntos de vista es expresión de un momento trascendental que sólo la pequeñez mental de algún sicópata trasnochado no quiere ver en su magnitud y grandeza.

 

Un primer aspecto que ha sido resaltado por los siempre fatídicos partidarios de la guerra y de la muerte es la crítica al hecho de que se haya llegado a este acuerdo sin que mediara una paralización de las acciones armadas.  Por supuesto, ese será un tema fundamental de discusión en la agenda entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar con este conflicto que sobrepasa el medio siglo de existencia. Si eso se llegara a acordar, habrá que entenderlo como un nuevo paso adelante en el camino hacia la paz.

 

Al llamar al documento que se ha negociado en esta primera etapa como “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto” lo que se pretende es  comprenderlo en su calidad de proceso, que tendrá que transitar  una etapa de supresión de las acciones armadas, de llegar primero a un acuerdo para finalizar el conflicto bélico y, de esa manera crear condiciones para la paz que obliga a un debate más complejo porque aborda otros aspectos que involucran la vida política , económica y social del país, incluso el mismo tiene acciones que se realizan una vez terminado el conflicto.

 

El proceso hacia la paz en Colombia importa por supuesto al país entero, su sociedad y sus fuerzas políticas y sociales, pero también  entraña una gran relevancia para toda la región, para los países vecinos y en particular para Venezuela. Entre los cinco puntos que conforman el acuerdo suscrito esta semana, cuatro de ellos tienen relación con Venezuela de forma directa o indirecta

 

En primer lugar, el punto sobre desarrollo rural, que ha sido causal fundamental para que cientos de miles de desplazados se hayan visto obligados  a emigrar hacia Venezuela. Lo han hecho porque hay una ocupación forzosa de sus tierras por parte de grupos paramilitares, del Ejército y de agentes  del Estado. Sin embargo, llegar a acuerdos en este tema, tal vez podría disminuir la violencia, ampliar mucho más los procesos de restitución de tierras que lleven a que se produzca el retorno de muchos colombianos desplazados, tal vez puedan regresar a los lugares donde nacieron y  donde permanece una parte de sus familiares.

 

El tercer punto de la agenda es el fin del conflicto armado, el cual podría significar que Venezuela que hoy se ve obligada a utilizar ingentes recursos para la defensa de su soberanía y la protección de las fronteras, pueda destinar los mismos para los grandes proyectos sociales que el gobierno del presidente Chávez  ha desarrollado.

 

Los debates sobre el narcotráfico, serán un punto fundamental. Un avance y resolución conjunta en ese aspecto, le produciría una herida profunda a las intenciones intervencionistas de Estados Unidos en nuestro país,  toda vez que terminaría de desarticular el argumento estadounidense respecto de un supuesto apoyo de Venezuela al narcotráfico, cosa que nunca han podido demostrar. Venezuela como país de tránsito de los narcóticos que se producen en Colombia y se consumen masivamente en Estados Unidos y Europa podría ver mermada la actividad de las transnacionales de la droga lo que conduciría a un mejoramiento progresivo de los índices de seguridad que tienen en el tráfico de droga un soporte fundamental.

 

Sobre el punto referido al derecho de las víctimas, es posible decir que al igual que el primer aspecto de este acuerdo, tendría incidencia en que muchos de los desplazados que están en Venezuela podrían volver a sus lugares de origen. Así mismo se podrían crear condiciones para que haya un mayor clima de tranquilidad para nuestro pueblo, en particular para aquellos que viven en las fronteras.

 

Se ha dado el primer paso, un paso gigantesco, debemos mirar con optimismo esta decisión del gobierno colombiano y de las FARC. Cabe a Venezuela, a su gobierno y a su pueblo acoger fervorosamente este Acuerdo y apoyarlo  desde todo punto de vista, en el espacio que los contendientes decidan que pueda ser útil nuestra participación. Un camino hacia la paz nunca ha estado vacío de dificultades, pero siempre valdrá la pena intentar recorrerlo.

Regalar…regalar su alma al diablo

En su desesperada intención de regresar al control del Estado, la derecha neoliberal y antidemocrática de Venezuela -por instrucciones de la Embajada de Estados Unidos- ha intentado las más diversas acciones para tratar de cambiar el curso que el pueblo venezolano comenzó a trazar en 1989 y que concretó con la llegada del Presidente Chávez al gobierno en 1999.

En el contexto internacional actual, el tema energético está indisolublemente ligado a la crisis financiera y económica del capitalismo que azota con fuerza de huracán las economías de Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la manifestación de la crisis en otros ámbitos -además del financiero y el económico- tales como el alimentario, el ecológico, el de la salud, el político y el ético entre otros hace que esta crisis sea novedosa en los anales de la historia. En el fondo, lo que ha comenzado a manifestar putrefacción es un modelo de consumo que se sustenta en la solución individual de las necesidades de una minoría que ostenta la mayor riqueza del planeta. El sostén de ese modelo es el consumo indiscriminado de una energía que no tienen y que deben salir a buscar a aquellas regiones del planeta donde existe en abundancia.

De ahí, que la energía se haya transformado en el eje sobre el cual gira la vida política de las naciones y por ello,-también- es que las empresas transnacionales de energía hayan establecido una alianza infernal con la industria de armamento como mecanismo de posesión, dominio y control por la fuerza de las principales fuentes energéticas que necesitan para dar continuidad a una sociedad de consumo ilimitado.

Venezuela, es uno de esos países que posee reservas gigantescas de energía (petróleo, gas, agua y oxígeno), por lo cual su control se ha transformado en un reto para Estados Unidos. En los últimos años han intentado de todo: golpe de Estado en 2002, sabotaje petrolero en el mismo año, intentos de asesinato del presidente Chávez para lo cual concentraron grupos Comando de las fuerzas especiales de Israel en las Antillas Holandesas en 2008, introducción de paramilitares colombianos en 2004 con el mismo objetivo, intentos secesionistas a través fuerzas reaccionarias del Estado Zulia en 2008, financiamiento a organizaciones de la ultra derecha escondidas tras la figura de organizaciones no gubernamentales, financiamiento de periódicos y medios de comunicación, intentos de deslegitimar el sistema electoral negándose a participar en las elecciones parlamentarias de 2005, experimentos de prácticas subversivas para hacer sabotajes y crear descontento fundado en informaciones falsas y mal intencionadas, utilización de un ex presidente narcotraficante y paramilitar colombiano para crear condiciones para una invasión contra nuestro país y un largo etcétera difícil de recoger en tan pocas líneas.

Ahora, la Embajada de Estados Unidos y el partido político que la representa en la política interna: los canales de televisión y un par de periodicuchos que no podrían existir sin el dinero que reciben mensualmente, han impuesto un candidato único para participar en los comicios presidenciales del 7 de octubre. Tanta fuerza y control tienen, que los tradicionales partidos políticos de la derecha se vieron obligados a aceptar tal imposición, a pesar que recelan y sienten verdadera repugnancia por el candidato…pero, un cheque siempre soluciona este tipo de controversias.

El objetivo es llegar al gobierno e iniciar un proceso de privatizaciones que les permita, en primer lugar, “capturar” las inmensas reservas energéticas del país. Se volvieron a equivocar, han elegido a un candidato de dudosa ética política; portador de una ideología fascista que tiene como adalides a Augusto Pinochet, Álvaro Uribe y José María Aznar como lo evidencian sus contactos y asesorías internacionales y de una desvergonzada ignorancia que se manifiesta como afrenta a la elevada cultura política que ha adquirido el pueblo venezolano.

En una de las últimas manifestaciones de agravio al país han hecho alegoría del accidente ocurrido en la Refinería de Amuay, demostrando total desprecio por el duelo que los familiares y el país entero vivía en los días posteriores al incidente. Así mismo, y aunque no es novedoso, han comenzado a arremeter contra el pueblo venezolano con el discurso de que su gobierno está “regalando el petróleo a otros países”.

De acuerdo a una denuncia hecha en 2005 por el Ministro Rafael Ramírez y publicada en la página digital rebelión.org "Son 14 mil millones de dólares en pérdidas subsidiando a la economía más poderosa del planeta...”. Así mismo afirmó el presidente de PDVSA que en las ventas a Estados Unidos a través de Citgo “perdemos entre 2 y 3 dólares por barril" Se pudiera pensar que esto es reciente, sin embargo como explica la analista Eleuteria Uhuru, en 1983,  PDVSA dio inicio a lo que se denominó “la internacionalización”. Dice la

especialista en temas energéticos que “Es en 1983 cuando la directiva de PDVSA, presidida por Humberto Calderón Berti, quien venía de ser ministro de Energía y Minas desde 1979, tiene luz verde del gobierno para realizar la primera negociación internacional: la compra del 50% de la refinería Ruhr por 250 millones de dólares, propiedad de la Veba Oil, con capacidad de refinar 250 mil barriles diarios de crudo. Esa compra significó la entrada de PDVSA al negocio grande liga, pero también la primera gran estafa de la internacionalización” Agrega que “Al perder COPEI las elecciones de 1983 el gobierno de Jaime Lusinchi colocó a Brígido Natera (1984-1986) y luego Juan Chacín, primo de Lusinchi (1986-1990) como Presidente de la estatal. Entre las acciones ejecutadas se incluyó una auditoria a aquella compra de la mitad de la Ruhr, mostrando los resultados que el valor del activo adquirido no era 250 millones sino 28 millones de dólares”. Eso si era regalar el petróleo.

La Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales en su Volumen 8, número 2 de 2002, expone que en ese año PDVSA tenía 19 refinerías en 4 países de Europa, Estados Unidos y las Antillas Holandesas. El problema es que ninguna de ellas fue diseñada para procesar el crudo pesado que produce Venezuela como informaron autoridades petroleras del pasado, sino petróleo mediano o liviano que el país debe adquirir en otros mercados a un precio superior. Eso explica porque el Ministro Ramírez dijo posteriormente que “perdemos entre 2 y 3 dólares por barril”. Hay que agregar a eso, que esas refinerías pagan impuestos y generan empleo en los países donde están ubicadas, no en Venezuela. Eso si es regalar el petróleo.

Según Uruhu, el sempiterno Luis Giusti lo explicaba de la siguiente manera en una entrevista para el Universal del 27 de agosto de 1998, “Si yo soy socio de la Citgo y no tengo nada que ver con Venezuela, me importará poco el problema que tenga Venezuela con la colocación de sus crudos pesados. Simplemente voy a comprar los crudos más baratos para procesarlos en Citgo”. He ahí la prueba palpable de como se regalaba el petróleo. En el pasado, el negocio petrolero jamás se concibió para generar ganancias para el país sino para las empresas transnacionales que usufructuaban de él, casi sin pagar impuestos.

Hace unas semanas, visité Nicaragua y El Salvador. Pude conocer los grandes beneficios que tiene para los sectores más humildes de su población los convenios firmados en el marco de Petrocaribe y la ALBA. Fui testigo de los enromes esfuerzos de las autoridades en medio de sus limitaciones por estar al día en el pago de su factura petrolera. Venezuela no puede violentar los acuerdos de precios que ha concertado con la OPEP, pero en la realización de una política integracionista concede facilidades de pago a aquellos países a los que el mercado capitalista -a través de las instituciones financieras internacionales y la banca privada- ha negado casi toda posibilidad de endeudarse so pena de aceptar leoninas condiciones que casi siempre vulneran su soberanía. Con ello, Venezuela ha establecido vínculos de cooperación y solidaridad que no vulneran en lo más mínimo los planes y proyectos que se han diseñado para el bienestar del pueblo venezolano.

En El Salvador, fui invitado por el vicepresidente Salvador Sánchez Cerén y el presidente de Alba Alimentos de El Salvador, José Luis Merino, a un evento donde se daba inicio a la segunda entrega de créditos a 20 mil pequeños y medianos productores agrícolas en el municipio de Apastepeque, Departamento de San Vicente en el oriente del país.

Sánchez Cerén afirmó que “ALBA Alimentos invertirá 90 millones de dólares para impulsar la producción de granos básicos a productores nacionales, desde micros a medianos, hasta cooperativas y empresas del sector”. Apuntó que “el programa, junto al Plan de Agricultura Familiar del gobierno entrega semillas, fertilizantes y asistencia técnica a unos 340 mil pequeños productores en la búsqueda de garantizar la seguridad alimentaria de la nación”. Indicó que “gracias a los programas de Cuba y Venezuela 16 mil salvadoreños fueron curados de enfermedades de la vista, y más de mil jóvenes pobres tienen becas para convertirse en profesionales”. Dos pequeños productores de maíz y frijol, Teresa de Jesús Herrera de Guazapa en el centro del país y Leonardo Caballero de Atiquizaya en el occidente, hicieron uso de la palabra para reseñar cuánto había cambiado su vida y la de sus familiares al tener la posibilidad de acceder a esos créditos.

Si la cooperación venezolana ayuda a que se obtengan todos esos logros en un país hermano haciendo negocios mutuamente ventajosos para ambos pueblos y sin que haya transnacional alguna que se apropie de la ganancia nos deberíamos sentir orgullosos de que nuestro gobierno incentive y realice ese tipo de vínculos.

Pero la mentalidad subordinada y colonial de la derecha venezolana lo concibe como un “regalo”. Lo más probable es que de haber nacido a comienzos del siglo XIX, habrían criticado al Libertador y manifestado férrea oposición a la salida del ejército de Venezuela más allá de sus fronteras para luchar por la independencia de otros pueblos. Sin duda, habrían afirmado que el Padre de la Patria estaba “regalando” nuestra sangre.

Colombia, un gran paso adelante en el camino de la paz

En las conclusiones de un artículo titulado “Actores internacionales en el conflicto colombiano. El papel de Venezuela en el camino de la paz” escrito en febrero del año 2000, pero que fue publicado en 2003 en Puerto Rico y Cuba señalaba que “El conflicto armado y su resolución están detenidos `en el marco de un Equilibrio Estratégico`. Si bien es cierto que según el derecho internacional las FARC pudieran ser reconocidas como ´legítimos combatientes` y obtener status beligerante, la desinformación en torno a su planteamiento y la asociación que de ellas se ha hecho con organizaciones de tipo delictivo han actuado en detrimento de su reconocimiento como legítimo actor internacional, tanto por el gobierno colombiano como por la comunidad internacional”.

Agregaba, “Resolver el conflicto por medio de la ´aniquilación total del enemigo`, como parece ser la filosofía expuesta por el Gobierno de Colombia, y su presunta vinculación con grupos paramilitares para la consecución de tal fin, representa una amenaza flagrante a los Derechos Humanos de la población civil que radica en el escenario de conflicto.

Me atreví a proponer que “La posición de Venezuela en pro de agotar cualquier medio para la resolución del conflicto por medios pacíficos, pasando si es necesario por el reconocimiento internacional y nacional de la beligerancia de los grupos insurgentes colombianos, debe ser constante y determinante”. Tenía plena convicción que “La negociación y la diplomacia como instrumento político para la consecución de la paz en Colombia en el marco del derecho internacional público y de la experiencia centroamericana, es la alternativa más viable”. Y aventuraba en el sentido que “Desconocemos el curso que tomen las conversaciones de paz y la forma que adquieran las mismas. En particular, el conflicto colombiano afecta directamente al pueblo venezolano y a su gobierno”, pero lo más importante es, “darle al pueblo colombiano una paz permanente y duradera”.

La experiencia de búsqueda de la paz en Centroamérica que transcurrió por caminos diferenciados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala señala con prístina transparencia el valor de la negociación como instrumento necesario para el fin del conflicto. Así como la “guerra es la continuación de la política por medios violentos”, la negociación y la política son la constatación de un conflicto y la búsqueda de su solución por medios no armados. Cuando un país se ha desangrado por más de 60 años sin que haya un vencedor en la contienda bélica, los instrumentos de la política deben usarse para evitar mayores sufrimientos a un pueblo que ha luchado y que merece la paz. Más allá de que es posible que las causas del conflicto no hayan desaparecido porque la injusticia y la exclusión siguen estando presentes y la democracia continúe expresándose como imperfecta y desigual, eso no dista de ser así en la mayoría de los países del planeta, lo cual no es condición para que se suponga que la lucha armada tenga validez en todo momento y en todo lugar como método para la revolución. En años recientes, los pueblos de América Latina han aprendido que es posible avanzar en los caminos de la transformación de la sociedad conquistando ciertos espacios que los intersticios de la democracia representativa concede. Incluso, cuando las mayorías han logrado acceder al poder ejecutivo mediante los instrumentos electorales, los procesos de participación ciudadana, de elevación de la cultura política, mejoramiento de los niveles organizativos y toma de conciencia del pueblo se han acelerado a ritmos asombrosos avanzando en la creación de la base popular que augura progresar mucho más rápido en la construcción de espacios reales de poder popular en el camino de la liberación definitiva y la independencia, ¿no es acaso esa la razón por la que se toman las armas?. Personalmente, creo que ello es siempre válido cuando se han cerrado todos los caminos, valga decir, cuando se han entronizado dictaduras de derecha que cierran toda posibilidad a la participación, so pena de prisión, tortura y muerte.

A pesar de ello, parecía que el camino a la paz estaba completamente cerrado en Colombia durante la presidencia de Álvaro Uribe, su obcecada obsesión belicista, su vínculo con narcotraficantes y paramilitares, su histérica vocación represiva y su repulsiva ideología fascista, impedían que Colombia hiciera un tránsito hacia el fin de la guerra.

En el mes de julio de 2007 se hicieron en el país hermano una serie de grandes manifestaciones por la paz. Al respecto, en noviembre de ese año escribí un artículo denominado “Colombia. Crónica de una perseverante obsesión por la paz” en el que expongo la decisión del gobierno de Venezuela y del Comandante Chávez por hacer patente su voluntad de apoyar la paz en Colombia. Explico que dicha movilización que llegó “ a su punto superior con la llegada del ´Caminante por la Paz`, profesor Gustavo Moncayo a Bogotá, después de recorrer más de 900 Km. durante 46 días, pareció estremecer como nunca antes la conciencia de los colombianos y de la comunidad internacional acerca de la necesidad de lograr un acuerdo humanitario que devuelva a sus hogares a todos los colombianos retenidos contra su voluntad y que genere las condiciones iniciales para el fin de la guerra en el país sudamericano”.

Explicábamos en el artículo antes mencionado que “Uribe se vio obligado a recibir el jueves 2 de agosto al Profesor Moncayo, en una clara maniobra propagandística, que sin embargo se revirtió cuando éste manifestó, –después de escuchar a Uribe- que no quedaba satisfecho con la propuesta del primer mandatario, y se preguntó ´ ¿Qué nos garantiza que las Farc acepte esa propuesta? Nosotros vamos a insistir en que haya una zona para que las partes se sienten a negociar, llámese zona de despeje o zona de encuentro`, y agregó que se sentía molesto por lo que a su juicio había sido una actitud intransigente del gobierno para buscar el acuerdo humanitario”.

Cuando a muchos les parecía que nada iba a cambiar con la llegada de Santos al poder, la historia reciente ha señalado una profunda diferencia. Con respecto a Santos y Uribe en un reciente artículo titulado de esa manera y publicado en CCS el pasado 27 de mayo señalaba que el presidente colombiano “Tiene mentalidad de largo plazo, sabe que Uribe podría llevar al país al precipicio, porque finalmente, en lo más profundo de su ser, repudia a ese narcotraficante y paramilitar…aunque ambos sean de derecha”.

Hoy cuando se ha anunciado que el gobierno colombiano y las Farc iniciarían conversaciones de paz en Noruega y Cuba, la aplastante mayoría de la opinión pública colombiana aquilatada por los medios de comunicación de ese país han dado su apoyo a tal iniciativa: ex presidentes, ex comisionados de paz, constitucionalistas, representantes de los medios de comunicación, parlamentarios, organizaciones sociales y políticas de la más diversa posición ideológica, organizaciones no gubernamentales, representantes de la sociedad civil, empresarios y el 74% de los colombianos consultados han manifestado de una u otra forma su apoyo a dicha iniciativa. Como era de esperar, una de las pocas voces disonantes fue la del ex presidente Uribe quien con su proverbial perturbación y poniéndose en contra de la generalidad de los colombianos expuso que “Todo estaba cantado. La permisividad del gobierno Santos con Chávez. La legitimación que el gobierno Santos ha hecho de la complicidad de Chávez con la guerrilla la paga Chávez sentándolos en la mesa para que eso le sirva a la reelección", Sólo una mente muy estrecha puede discernir de esa manera.

El 6 noviembre del año pasado escribí que “la negociación era el único camino hacia la paz en Colombia”. Así mismo, el 29 de febrero en un artículo titulado “El Presidente Santos tiene la palabra” afirmé que la pelota estaba en la cancha del Presidente Santos” y que de él dependía que el primer paso dado por las FARC cuando el 26 de febrero, su Secretariado anunciaba que a partir de la fecha “proscribía la práctica del secuestro en su actuación revolucionaria” debía ser contestado de manera generosa para lograr el regreso de todos los secuestrados a sus hogares lo más pronto posible y en corto plazo dar inicio a la negociación para una paz definitiva en Colombia.

Esta decisión que se ha anunciado el lunes pasado es un gran paso adelante. Venezuela y todos los pueblos de la región debemos apoyar con todo lo que esté a nuestro alcance para que los objetivos trazados por gobierno y guerrilla lleguen a buen término. Para Colombia será la paz, para América Latina y el Caribe, la posibilidad más cierta de una integración estable y definitiva.

En el umbral de una bomba atómica diplomática

El Derecho Internacional es el conjunto de normas, reglas y principios que ordenan el funcionamiento de los distintos sujetos. Aunque el sistema internacional es estadocéntrico, hoy se acepta que además de los Estados hay otros actores que se le reconoce tal calidad de acuerdo a tratados, convenios, pactos y otros documentos que se suscriben en el ámbito bilateral y sobre todo en el multilateral.

Esto permite concordar las relaciones actuando en un ambiente de justicia, equidad, paz y  seguridad. El Derecho Internacional establece el principio de la igualdad jurídica de los Estados ante la ley porque  está soportado en el valor supremo de la soberanía, sustento primordial establecido en la Constitución Nacional de cualquier país del planeta.

La violación de la soberanía de un Estado por parte de otro u otros entraña el mayor delito que se puede cometer en el  derecho internacional. De ahí que la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su preámbulo establece –entre otras cosas-  su decisión de “…preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra…”, así como a “…  crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional”

A fin de cumplir con ese mandato la carta en su Artículo 1, acápite 1 instituye que uno de sus propósitos es “Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”. De igual manera en su Artículo 2, acápite 4 deja claramente certificado que “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

En esta medida es sumamente peligroso lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas cuando algunas potencias pretendiendo instaurar un régimen de fuerza en el manejo de las controversias,  se ponen en el umbral de la ilegalidad, de la violación de la Carta de la ONU y de pasar a llevar el basamento jurídico sobre el cual se sostiene el sistema internacional. Las consecuencias de  esas acciones serían catastróficas porque equivaldrían a una bomba atómica diplomática que arrasaría con el orden jurídico internacional sumiendo al planeta en el caos y en una situación de conflicto permanente donde los que ostentan la fuerza podrían imponer de facto sus designios.

Detrás de esta situación están Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En su afán de sostener su modelo de capitalismo depredador, estas potencias imperialistas amenazan al mundo con utilizar la fuerza a cualquier costo.

Respecto de Siria, a pesar de los reiterados vetos de Rusia y China a una intervención militar en el país árabe, las potencias occidentales y las monarquías petroleras del Golfo Pérsico persisten en tal idea, al apoyar de manera encubierta  a la insurgencia siria que en su mayoría está formada por mercenarios pagados por Catar y Arabia Saudita,  armados y entrenados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia utilizando para ello los territorios de los países fronterizos, en particular los de Turquía y Jordania.  Han llegado a sabotear incluso el trabajo del anterior enviado especial de la ONU, el ex Secretario General de la Organización Kofi Annan y ahora han decidido poner fin a su misión de observadores en Siria. Con ello, en vez de cumplir su responsabilidad de garantizar la paz, contribuyen a eliminar cualquier posibilidad de arreglo pacífico y negociado de un asunto que es estrictamente interno de un país soberano.

Han llegado, incluso a establecer una alianza con la organización terrorista Al Qaeda como lo señala Igor Ignatchenko analista del Fondo de Cultura Estratégica de Rusia al citar al ex comandante de la Academia Naval de Turquía, Almirante Turker Erturk,  quien sostuvo  que “Occidente y sus aliados árabes han decidido repetir el ´escenario de El Salvador` contando con el ingreso de grupos terroristas en vez de la oposición”. Por su parte el comentarista del periódico británico The Daily Telegraph,  Peter Osborne,  confirmó tal información. En un artículo titulado “La crisis siria nos lleva a extraños compañeros de cama”, señaló que “las acciones terroristas cometidas en Damasco antes del Año Nuevo tenían todas los distintivos de los actos cometidos por esta organización terrorista en Irak. Según Osborne, Al Qaeda habría entrado en Siria desde Libia a través del corredor turco”.

Todo lo anterior, conforma un grave expediente de violación del derecho internacional y una confirmación de las relaciones de Estados Unidos con el terrorismo internacional. A la luz de los hechos, su discurso en contra de dicho flagelo es una verdadera cortina de humo para perpetrar sus delitos  con total impunidad.

Más recientemente, y en nuestro continente, Ecuador ha sido amenazado por Gran Bretaña, la que ha puesto en entredicho –una vez más- la legalidad internacional al expresar  su intención de violentar la inmunidad que es atributo de cualquier Embajada en cualquier país por ser parte constitutiva de la soberanía de un Estado, de acuerdo a los convenios internacionales que regulan la materia.

Tal acción supondría la captura en territorio ecuatoriano del ciudadano australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks quien solicitó asilo diplomático en la legación de ese país sudamericano en Londres.  Gran Bretaña justifica su bravata con una ley interna que –en la práctica- implicaría desconocer el derecho internacional.  Invoca la “Diplomatic and Consular Premises Act” y amenaza con retirar la inmunidad de la embajada ecuatoriana para arrestar a Assange. Esta norma fue aprobada en 1987, y permite a un juez autorizar la entrada en una embajada en casos de extrema gravedad. Sin embargo, todo tratado internacional es ley interna de un país una vez que el mismo ha sido aprobado por el parlamento y por ello, carece de fundamento que una ley doméstica pueda pasar por arriba de  un principio establecido por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

En un extenso y bien fundamentado comunicado oficial, el Ecuador en voz de su Canciller, Ricardo Patiño apuntaló tanto los elementos de carácter jurídico, como también los políticos y éticos que motivaron la decisión ecuatoriana de conceder el asilo a Assange. El Ecuador actuando en el marco del derecho internacional y después de una meditada e informada investigación tomó esa decisión que avala una actitud impecable de las autoridades del país andino en materia de derechos humanos. La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. En comunicado de su Departamento de Estado anunció que no reconoce el "asilo diplomático" que Ecuador otorgó a Assange. Lo argumenta basado en que "Estados Unidos no forma parte de la Convención de 1954 de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el Asilo Diplomático y no reconoce el concepto de asilo diplomático como una cuestión de derecho internacional”

Es increíble, que un tema tan delicado no sea aceptado por tal razón. Otra vez la susodicha OEA (que tiene su sede en Washington) es ajena a una petición de un país latinoamericano. Por el contrario, de manera inmediata los cancilleres del Alba emitieron una declaración de apoyo a Ecuador, la misma acción fue resuelta de manera unánime por los cancilleres de las 12 naciones sudamericanas reunidos en Guayaquil el domingo pasado. Lo más probable, es que el mismo motivo no concite la aprobación de un documento de apoyo al Ecuador en la OEA, por la sencilla razón que otra vez Washington priorizará su alianza estratégica con Londres y dará la espalda a Latinoamérica como va siendo tradicional desde 1982.

Contra Siria y Ecuador se han creado precedentes que cuestionan el derecho internacional y que suponen el uso de la fuerza por encima del imperio de la ley. Sólo la unidad de nuestros pueblos y la irrevocable decisión de defender la paz y la justicia nos permitirán salvar al mundo de la guerra y la barbarie a la que nos quiere conducir la putrefacción de un modelo imperial en crisis.