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jueves, 3 de diciembre de 2020

Entre falsos positivos, ocultamiento de información y parecerse a la OTAN. La intríngulis de las Fuerzas Armadas de Colombia


La crisis institucional de Colombia es de larga data a un punto tal que ya es parte del sistema político, dicho de otra manera, las élites diseñaron un modelo a través del cual la crisis es vista y aceptada como expresión de democracia. Claro, el resquebrajamiento del Estado tiene límites en tanto no afecte los intereses oligárquicos que controlan ese país desde la independencia. 

Las fuerzas armadas no son ajenas a este fenómeno. Fueron creadas para “… la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” según reza el artículo 217 de la Constitución política. Sin embargo, toda vez que los únicos conflictos externos que ha tenido Colombia desde 1948 han sido provocados por Bogotá: la incursión de la corbeta Caldas en 1987 en aguas jurisdiccionales de Venezuela y la invasión a Ecuador en 2008, el estamento castrense ha sido involucrada en una guerra interna -que no han podido ganar en el terreno militar- por más de 60 años en defensa de ese “orden constitucional” que sirve a las élites y margina al pueblo que se encuentra sumido en altos niveles de pobreza y exclusión. 


En el caso de las fuerzas armadas, el más alto grado de descomposición se manifestó a través de la política de falsos positivos mediante la cual el binomio Uribe-Santos prostituyó a una parte importante del componente militar colombiano. Ese delito que según la Corte Penal internacional (CPI) “puede ser catalogado como de lesa humanidad y de guerra” se convirtió en 2012 en política de Estado si se considera que estos asesinatos fueron cometidos para aumentar los índices de éxito militar, transformando la muerte de civiles en instrumento de obtención de mayores recursos internacionales para el logro de sus objetivos