No aporto nada nuevo si digo que el 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la historia de Venezuela. El problema surge de las diferentes interpretaciones que de ese acontecimiento se han estado haciendo. Y ahora, casi seis meses después, otro hecho estremecedor impacta la vida de los venezolanos. En uno y otro, la muerte ha visitado el hogar de decenas de ciudadanos.
Una de las diferencias más notables es que antes del 3 de enero, la responsabilidad de la gestión del país era ejercida por el gobierno constitucional de Venezuela, mientras que Estados Unidos ponía todo su potencial económico, militar, financiero, científico, político y diplomático en función de destruir al Estado venezolano para apropiarse de sus riquezas.
Pero, ahora, una vez consumado el 3 de enero e instalado un protectorado de carácter irregular en el país, según la definición de Charles Rousseau en su libro “Derecho Internacional Público” que establece que este status “implica una distribución de competencias entre los dos Estados interesados”, esa situación ha cambiado. En esa medida, tras el terremoto del 24 de junio, el gobierno venezolano se abocó de inmediato a actuar -acorde sus capacidades- para hacer frente al terrible designio de la naturaleza.
Pero la otra parte no ha cumplido su función. En primera instancia, no fue capaz de evitar que todo el mundo se volcara caótica y desordenadamente a La Guaira a partir de un sentimiento noble, propio del pueblo venezolano. Al contario, sus instrumentos comunicacionales y sus redes -en Venezuela y el extranjero- fomentaron ese caos. El gobierno actuando con celeridad y orden tomó medidas inmediatas: estableció un centro de registro y control unificado en el Poliedro de Caracas para organizar a los voluntarios y vehículos de asistencia humanitaria, militarizó el estado La Guaira para facilitar las operaciones de rescate y despejó las vías para facilitar la llegada de la ayuda.








