Turquía y Brasil. Dos caras de la misma moneda

Los escenarios simultáneos de dos grandes eventos internacionales organizados por la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) parecen haber tenido la tribuna mediática óptima para el desarrollo de manifestaciones sociales que han estremecido el mundo político en dos  países tan ambivalentes, como presentes en el acontecer de la problemática internacional actual: Turquía y Brasil.

Por una parte desde el pasado viernes 21 de junio, se está desarrollando  en Turquía, la XIX edición de la Copa Mundial de Futbol Sub-20. Dicho evento que finalizará el próximo 13 de julio de 2013  se realiza en diez ciudades, una de las cuáles Gaziantep se encuentra a tan sólo 64 Km. de la frontera con Siria y a 129 de la atribulada ciudad de Alepo, que ha sido el principal bastión de los mercenarios que con el apoyo de Occidente intentan derrocar al gobierno de Bashar el Assad.

De otro lado, a partir del 15 de junio dio inicio en 6 estadios de Brasil la IX edición de la Copa FIFA Confederaciones, torneo que involucra a los campeones de cada continente, al campeón del mundo y al país que la organiza. La final se jugará el 30 de junio en el Estadio Maracaná de Río Janeiro.

Es difícil establecer una relación directa entre la realización de estos magnos eventos y las grandiosas movilizaciones populares que han sacudidos estos países obligando a la mirada de la opinión pública mundial. Pero, es indudable que la atracción mediática que provocan los grandes eventos deportivos ha mostrado estas luchas mucho más allá de la simple magnificencia de las mismas logrando desbordar el manejo interesado que las grandes empresas transnacionales de la comunicación intentan dar en ambos casos estableciendo parámetros comprometidos de análisis que como casi siempre no corresponden con la realidad.   Similitudes y diferencias animan uno y otro hecho que se inscriben en la lógica de crisis que afecta al sistema capitalista, generando luchas sociales transversales que no necesariamente cuestionan el modelo, pero que sirven como grandes escuelas de organización, educación y participación popular que redundarán en ganancias de futuro para luchas superiores que sobrevendrán sin duda alguna.

Vale debatir el manejo que uno y otro gobierno han dado a tales expresiones de la opinión popular. De un lado, el gobierno del  partido islamista de ultra derecha Justicia y Desarrollo de Turquía del Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan y de otro, el del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil de la Presidenta Dilma Rousseff. 

En Turquía, el 29 de mayo se iniciaron acampadas de centenares de manifestantes en el parque Gezi de Estambul, a fin de impedir  que sea destruido para construir un centro comercial. Dos días después interviene la policía para desalojar el parque y la céntrica Plaza Taksim desatando violentos enfrentamientos en los que resultan heridas decenas de personas.

El primer día de junio, las protestas se extienden por otros sectores de Estambul, el sentido de la lucha se amplía,  a través de sus demandas, algunos manifestantes  comienzan a pedir la dimisión del primer ministro y su gobierno. La zona central de la ciudad permanece bloqueada por la policía. Por primera vez aparece Erdogan declarando que no cederá.  Las mismas se extienden a otras ciudades del país, incluyendo la capital Ankara.

Al 2 de junio, la brutal represión a las protestas había ocasionado 939 detenidos, dos fallecidos y alrededor de  mil ciudadanos heridos. Después de violentos enfrentamientos la policía logra desalojar la Plaza Kizilay de Ankara empleando balas de caucho y gases lacrimógenos. La protesta se traslada a los barrios.

Estados Unidos, preocupado porque una probable extensión de las manifestaciones, ponga en peligro la estabilidad política de su principal trampolín para la agresión a Siria, reacciona con determinación haciendo un llamado de atención a su aliado. El 6 de junio , la vocera del Departamento de Estado Jen Psaki  manifiesta que "Seguimos apoyando a los individuos que se manifiestan pacíficamente y ejercen su libertad de expresión y animamos a los responsables a evitar toda retórica inútil, todo comentario inútil que no contribuye a apaciguar la situación en Turquía".

Finalmente, el 14 de junio el gobierno declara que no  realizará las obras en el Parque Gezi hasta que los tribunales tomen una decisión al respecto y que ha iniciado una investigación sobre la represión, pero al día siguiente arremete contra los manifestantes al calificarlos como maleantes.

El lunes 17 de junio, el gobierno a través del el vice primer ministro, Büllent Arinç amenazó con emplear a las Fuerzas Armadas para acabar con las protestas ciudadanas. Afirmó que “La ley nos da la autoridad para emplear a las Fuerzas Armadas. Lo que se requiere de nosotros es acabar con las protestas que sean ilegales. Está la Policía y si no es bastante la Gendarmería. Y si no basta, la Fuerzas Armadas. La ley nos da esa autoridad".

En el caso de Brasil, al igual que en Turquía, las manifestaciones se iniciaron a partir de demandas ciudadanas. Un movimiento  espontáneo, surgido de pequeños grupos de estudiantes de clase media desató el sábado 6 de junio una ola de protestas en contra del aumento del precio del transporte público. El gobierno del estado de Sao Paulo, controlado por el Partido de la Social Democracia Brasileña, del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, intentaba un incremento de 20 centavos de real (menos de 10 centavos de dólar) en las tarifas del transporte. Estudios realizados por prestigiosos centros de investigación brasileños demuestran que el pasaje de autobús de Sao Paulo y Río de Janeiro  está –proporcionalmente- entre los más altos del mundo.

La primera convocatoria atrajo a muy poca gente (alrededor de 3000 personas, en su mayoría jóvenes), sin embargo en 10 días se transformó, hasta que, –al igual que Turquía, al igual antes que en Túnez y Egipto- las demandas se ampliaron: surgieron exigencias por la mejora del servicio, el costo de la vida, la corrupción y la educación, entre otros.

De la misma manera que en Turquía, las demandas se comenzaron a extender por todo el país, han crecido en cantidad, sin que tengan un núcleo de dirección organizado.

El gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, vinculado al Opus Dei ordenó a la policía una brutal represión que hizo crecer las jornadas de protesta. La respuesta vino el lunes 15 cuando en por lo menos 23 ciudades importantes del país se realizaron manifestaciones masivas.

Hoy también se protesta contra la represión, porque así como los brasileños habían olvidado por años la necesidad de movilizarse para luchar por sus demandas, pensaban que la bestial  represión a la que fueron sometidos había quedado en el pasado. La policía militar que reprimió las manifestaciones en Sao Paulo y Río de Janeiro fue creada por la oprobiosa dictadura militar que gobernó ese país entre 1964 y 1985 y que los gobiernos democráticos no han podido desmantelar.

Los indicadores macroeconómicos de Brasil hacían impensable que situaciones como ésta pudieran ocurrir. En los años recientes Brasil puede mostrar bajos niveles de inflación, aumento del poder adquisitivo del salario medio real,  niveles bajos de desempleo y, lo más relevante, más de 50 millones de ciudadanos abandonaron el umbral de pobreza.

El pueblo en la calle ha demostrado que no basta, que vivir en democracia es mucho más que eso o, visto de otra manera, que la democracia tal como es  concebida en la actualidad es insuficiente para llenar las expectativas de vida de las mayorías.

La presidenta Dilma Rousseff ha dicho que su gobierno “está oyendo a las voces democráticas que quieren cambio, a las voces que fueron pacíficamente a las calles (…). No voy a pactar con la violencia; va a ser siempre con paz y democracia que vamos a resolver nuestros problemas”. Asimismo, indicó que está dispuesta a establecer conversaciones con los indignados.

El cuestionamiento es transversal, ha ocurrido en diversos y distantes lugares del mundo, en Túnez y Egipto, en Grecia y España, en Estados Unidos y en Chile y ahora, en Turquía y Brasil. En su origen, son movimientos que no se proponen el derrocamiento de los gobiernos, no tienen una estructura política tradicional ni liderazgo reconocido. Como apunta el periodista brasileño Pepe Escobar "Básicamente, quieren más democracia, menos corrupción, ser respetados como ciudadanos, obtener al menos algún valor por su dinero en términos de los servicios públicos”

¿Y dónde está la diferencia? El contraste es que mientras Erdogan amenazó con las Fuerzas Armadas, Dilma dijo que hay que oír  las voces de la calle. En uno y otro país las manifestaciones tienen su origen en las desiguales generadas por el capitalismo depredador, pero la respuesta es distinta. He ahí el signo de los tiempos…”por ahora” 

Estados Unidos siempre necesita justificaciones

"Nuestra comunidad de inteligencia ha determinado que el régimen de Assad ha usado armas químicas, incluyendo el agente nervioso sarín, a pequeña escala, contra la oposición en múltiples ocasiones el último año". Esas palabras de Ben Rhodes, vice asesor de seguridad nacional del presidente Barack Obama, bastaron para que el gobierno estadounidense justificara la decisión de enviar armas a los mercenarios que combaten contra el gobierno sirio.

Aunque Rhodes no proporcionó detalles sobre tales informes que según él fueron elaborados por la "comunidad de inteligencia" ni dio pruebas científicas avaladas por instituciones respetables y creíbles,  sus aseveraciones fueron determinantes toda vez que aseguró que provenían de "fuentes múltiples e independientes" de información que aseguraban una "alta confianza".

El gobierno ruso refutó de inmediato tal decisión diciendo que las pruebas –que según el New York Times fueron presentadas por la CIA-  pueden ser falsas, mientras que la OTAN y la UE han pedido que una comisión internacional investigue los alegatos.

La invención de pruebas ha sido algo natural en la política exterior de Estados Unidos. A través de la historia han sido innumerables las ocasiones en que han recurrido a tales subterfugios para justificar ante la opinión pública su política agresiva, la intervención militar y la guerra

A comienzos de 1898, el presidente Mckinley envió el acorazado Maine al puerto de La Habana para “proteger” los intereses de los estadounidenses que en la isla hubieran podido ser afectados por la lucha que sostenían los independentistas cubanos contra el gobierno colonial español. EL 15 de febrero de 1898 en circunstancias “extrañas”, dicha nave estalla  frente al puerto de La Habana pereciendo 260 oficiales y soldados, de los 355 que había a bordo, lo que provocó el reclamo inmediato de Estados Unidos contra España, responsabilizándola por el hecho ocurrido (las investigaciones posteriores arrojaron que los españoles no tuvieron nada que ver, y que en realidad se cree que fue una explosión interna debido a la gran cantidad de explosivos que había dentro del barco). Los magnates de los medios de comunicación Hearst y Pulitzer magnificaron el hecho y culpabilizaron a España  con el objetivo de que su gobierno emprendiera una guerra contra este país, cosa que logran cuando el gobierno de Washington envió un ultimátum, -casi declaración de guerra- a Madrid, obligando a ésta a iniciar hostilidades, en una confrontación en la que fueron rápidamente derrotados conduciendo  a  una independencia mediatizada que se legalizó posteriormente a través de la Enmienda Platt y que permitió una descarada injerencia de Estados Unidos en Cuba por sesenta años.

El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó y destruyó la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, hundiendo 18 barcos, 5 acorazados, con el saldo de 3.435 estadounidenses muertos (militares y civiles), convirtiendo este hecho en la justificación de Estados Unidos para entrar formalmente en la II Guerra Mundial. Lo que no se menciona, es que antes de este acontecimiento ya las relaciones bilaterales eran muy tensas, no por las acciones imperialistas que realizó Japón en China sino por las medidas que  Estados Unidos había adoptado unilateralmente contra el imperio japonés.

Investigaciones posteriores han demostrado que Estados Unidos estaba en conocimiento de la preparación japonesa para el ataque e incluso el día del mismo pudieron detectar en sus radares la avalancha de aviones nipones que se acercaban a Hawái, sin que hicieran nada por impedirlo. El ataque japonés le permitió al gobierno justificar su ingreso en la guerra, decisión que no habían tomado esperando la derrota de la Unión Soviética a manos del ejército nazi.

En otro escenario, a principios de agosto de 1964 ocurrieron una serie de acontecimientos provocados en el golfo de Tonkín (ubicado en la costa de Vietnam) que “justificaron” la intervención militar de Estados Unidos. Se acusó a Vietnam del Norte de lanzar un ataque con torpedos al destructor estadounidense Maddox cuando realizaba una misión rutinaria en aguas internacionales el 2 de agosto, dos días después, se imputó nuevamente al gobierno norvietnamita querer torpedear al destructor Turner Joy. Esto llevó al presidente estadounidense Lyndon Johnson y el secretario de Estado, Robert McNamara a mentirle a la opinión pública respecto de esa supuesta agresión que sirvió como argumento principal para la escalada del conflicto y el incremento de la presencia directa de las tropas estadounidenses en la región, la cual fue aprobada por el Congreso otorgándole al presidente Johnson “el poder para tomar las medidas militares que creyera necesarias en el sudeste asiático”. Con esto se dio inicio a la guerra de Vietnam. El pasar del tiempo hizo público que el hecho usado como argumento para la invasión fue falso.

El 13 de marzo de 1979, el líder revolucionario Maurice Bishop y su movimiento de la Nueva Joya, tomaron el poder en Granada, el nuevo gobierno se distanció políticamente de Estados Unidos y buscó el apoyo del campo socialista. En octubre de 1983, una conjura militar encabezada por el vice primer ministro Bernard Coard, logró derrocar a Bishop, disponiendo su arresto domiciliario y posterior ejecución, esto provocó una revuelta social en la isla que derivó en la intervención estadounidense. El presidente Ronald Reagan, informó a la ciudadanía que a raíz  del golpe de estado en Granada corría peligro la vida de un grupo de jóvenes estadounidenses que cursaban sus estudios de medicina en la isla, por lo que se hacía necesaria la intervención de sus tropas. Lo cierto es que los dichos estudiantes jamás estuvieron en riesgo alguno,  el objetivo real fue impedir que un gobierno revolucionario se estableciera en el Caribe, cuestionando junto a Cuba y la Nicaragua sandinista la hegemonía estadounidense en un territorio estratégico para  sus intereses.

Los sucesos ocurridos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001 le dieron a George Bush el momento histórico y la oportunidad “perfecta” para derrocar a uno de los “enemigos” de su nación, con el argumento falso  de que Irak poseía armas de destrucción masiva, nucleares, biológicas y químicas, así como ser una de las naciones que albergaba y “protegía” a grupos terroristas, entre ellos Al Qaeda, a quién responsabilizaba por el ataque contra las torres gemelas. Por ello Estados Unidos inició el 20 de marzo de 2003 el conflicto bélico contra Irak sin declaración de guerra formal, toda vez que el Congreso norteamericano le confirió tal potestad al presidente Bush sin el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Secretario de Estado Colin Powell llegó a presentarse en la ONU con un despliegue de fotografías por satélite que “demostraban” tal verdad, pero después de la invasión, las armas nunca aparecieron.

En el caso actual que nos compete, el de Siria, las pruebas que se han presentado son débiles. Así lo explica el teniente coronel Francisco Berenguer Hernández, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), dependiente del Ministerio de Defensa, en un documento publicado el pasado mayo en el que afirma que "Las apreciaciones visuales, las muestras obtenidas no se sabe de qué modo, que posteriormente llegan a laboratorios situados fuera del territorio sirio, los posibles equipos de inspección independientes que serían dirigidas por las autoridades de uno u otro bando por el territorio bajo su control, y todos los demás intentos de verificación son indignos de confianza en la situación actual”.

Los analistas internacionales afirman que tal decisión fue tomada por el Presidente Obama “bajo presión” y que dicha situación está precisamente sustentada en las dificultades para probar la veracidad de las mismas. Obama habló de una supuesta “línea roja” que El Assad no debería pasar. Esa “línea roja” sería el uso de armas químicas. Lo cierto es que la supuesta confirmación del uso de tales armas llega en momentos en que los sectores más reaccionarios tanto del partido republicano como del demócrata actuando bajo el influjo del lobby sionista exigen un involucramiento mayor de Estados Unidos en el conflicto.  Influyen también los éxitos militares del gobierno sirio en los escenarios de combate y las dificultades internas que atraviesa el gobierno turco, principal plataforma  para las operaciones militares contra el vecino país.

En cualquier caso,  en el ambiente flota la variable de que, de manera directa o indirecta, Estados Unidos podría estar armando fuerzas terroristas radicales que podrían utilizar su poder bélico contra intereses occidentales en el Oriente Medio o en la propia Europa. Evidentemente, al igual que en Libia, Estados Unidos está dispuesto a correr dicho riesgo, incluso poniendo en peligro a sus propios ciudadanos.

Lo que subyace es lo que dijo el periodista británico George Monbiot en los días previos a la invasión a Irak cuando afirmó que “Si Estados Unidos no se estuviera preparando para atacar Irak, se estaría preparando para atacar otra nación. Estados Unidos irá a la guerra porque necesita un país con el cual ir a la guerra”

El imperio contraataca

Del 20 al 24 de mayo próximo pasado se realizó en la ciudad de Cali Colombia la reunión cumbre de la Alianza del Pacífico. Aunque este es el séptimo cónclave de ese nivel en los dos años de existencia de tal coalición de naciones, la misma adquirió gran notoriedad en términos mediáticos dada las circunstancias en que se realizó en el marco de una ofensiva política superior de Estados Unidos en el continente que busca, en el corto plazo, consolidar un grupo de países que logren quebrar la voluntad integracionista de América Latina y el Caribe al margen de hegemonías y subordinaciones a imperio alguno.  En el largo plazo, la creación de la Alianza del Pacífico se inserta en el conflicto global que enfrenta a Estados Unidos y China por mantener en un caso, y obtener en el otro, la supremacía mundial.

La Alianza del Pacífico se concibe a sí misma como un bloque comercial encaminado a cobrar una relevancia superlativa en el comercio y las exportaciones de la región. Está formada por México, Colombia, Perú, Chile y Costa Rica  que se incorporó en este último encuentro, todos países gobernados por la derecha o la autodenominada centro derecha, pero que tienen en común la orientación neoliberal de sus economías . El objetivo vislumbrado por los países que acudieron a Lima al llamado del entonces presidente de Perú, Alan García casi en los estertores de su gobierno  en abril de 2011 fueron los de  "profundizar la integración entre estas economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia Pacífico, sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales existentes entre los Estados parte".

García, conocido por sus tradicionales volteretas que lo han colocado a través de la historia en las antípodas de la política, asumiendo su habitual comportamiento rastrero, quiso prestar un postrer servicio a la potencia del norte, manifestando desafiante a Mercosur y a los procesos de integración latinoamericanistas de los últimos años que “Esta no es una integración romántica, una integración poética, es una integración realista ante el mundo y hacia el mundo".

Lo que trasluce en el escenario regional es darle vida nuevamente al  Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) la cual fue marginada del escenario político en el continente después de la IV Cumbre de las Américas, por la firme posición asumida por los presidentes Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Luíz Inacio Lula da Silva, quienes denunciaron que tal coalición entrañaba una grave amenaza para los pueblos de la región. Ante la desventura, Estados Unidos retrocedió para recomenzar su posicionamiento a través de la firma de tratados bilaterales y subregionales de libre comercio y la promoción de los mismos como vía de facilitar las relaciones económicas con los países de la región a partir de sus propios intereses. De hecho, para ser miembro de esta alianza es requisito fundamental haber firmado tratados de libre comercio con cada uno de los otros participantes en la misma. Es menester recordar que todos los países de esta alianza tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos.

En las siete deliberaciones de más alto nivel que se han realizado hasta ahora han prevalecido los debates acerca del impulso al comercio e intercambio de bienes y servicios. En el corazón de la propuesta está la profundización del modelo neoliberal que tantas penurias ha causado a los pueblos de la región. Estas prácticas han permitido abaratar la mano de obra para atraer a las empresas transnacionales que campean sobre la base de mecanismos de flexibilización laboral que ponen a los trabajadores en condiciones de minusvalía frente a sus empleadores. Así mismo, la explotación  de los recursos naturales y, en particular la apertura a las transnacionales energéticas y mineras que extraen sin control las riquezas de la región contribuyen a crear un cuadro que visualiza claramente que esta alianza persigue incrementar el poder económico de las oligarquías locales y su subordinación a la hegemonía del capital transnacional en detrimento de los beneficios de la mayoría de los ciudadanos.

Para Estados Unidos, el interés es claro. En 2005  el entonces Secretario de Estado Colin Powell afirmó que "nuestro objetivo con el Área de Libre Comercio para las Américas es garantizar a las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del Polo Ártico hasta la Antártida, libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio".

Más recientemente, hace un mes y medio, John Kerry nombrado por el presidente Obama como sustituto de Hillary Clinton en el mismo cargo  calificó a América Latina como el “patio trasero de Estados Unidos”. En un discurso ofrecido ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Kerry quiso subrayar la importancia que tiene entablar un “mayor acercamiento con América Latina, por su condición de “´patio trasero’” de su país. Su  esfuerzo en ese sentido lo esbozó a partir de la necesidad de “… hacer lo posible para tratar de cambiar la actitud de un número de naciones, donde obviamente hemos tenido una especie de ruptura en los últimos años”.

Por su parte,  en una entrevista  con el diario colombiano El Tiempo,  durante su visita a Bogotá  a fines de mayo el vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden expresó la misma idea diciendo que  "Durante las próximas décadas estaremos poniendo nuestro enfoque en las regiones donde vemos mayores oportunidades, y en realidad no tenemos que buscar más allá del continente americano. No existe otra región en el mundo que contribuya más a la prosperidad de Estados Unidos".

En el ámbito global, la Alianza del Pacífico se inserta en los esfuerzos de Estados Unidos por subordinar la mayor cantidad de países en la lógica de lo que los analistas de temas estratégicos de ese país han llamado la “contención de China”.  Desde que en noviembre de 2011 se celebraran las dos cumbres anuales de la región Asia Pacífico y sus reuniones y eventos paralelos; la Cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), en Honolulu, Hawai, y la Cumbre de la ASEAN, en Bali, Indonesia, así como una conferencia conjunta de Estados Unidos y Australia, en Canberra, se puso en evidencia el comienzo de cambios trascedentes en la región en lo que el presidente Obama ha llamado el inicio del “siglo asiático estadounidense”

Los eventos paralelos realizados tuvieron lugar en Honolulu, la Reunión de Líderes de los nueve países de la Asociación Transpacífico (TPP, Trans–Pacific Partnership), y en Bali, la Tercera Reunión de Líderes de la Asean – Estados Unidos (Asean–USA), con la novedad de que esta es la primera vez que un Presidente de Estados Unidos participa en una reunión de la Asean–USA.

Las consecuencias de tales reuniones han sido nuevos acuerdos para instalar y/o modernizar bases militares en el Pacífico,  ampliación de la fuerza naval estadounidense, en particular de sus portaviones portadores de armas nucleares y la injerencia en los diferendos bilaterales que China mantiene con varios países por la soberanía sobre islas ubicadas en las adyacencias de su territorio. A pesar que China está negociando tales divergencias por vía diplomática, Estados Unidos atiza la discordia a fin de justificar su presencia en la región.

La respuesta belicista del Secretario de Defensa de Estados Unidos Leon Panetta a las intenciones chinas de negociar pacíficamente estos conflictos fue contundente. Justificó el despliegue creciente de sus fuerzas militares como una respuesta “a las potencias emergentes que modernizan con rapidez sus fuerzas armadas e invierten en capacidades para negar a nuestras fuerzas la libertad de movimiento en regiones vitales como el área Asia-Pacífico”.

Es evidente que este esfuerzo necesita de una contraparte desde el otro lado del océano y, al parecer la Alianza del Pacífico es expresión de ese objetivo doble que se mencionó al inicio de este análisis. Como siempre, Estados Unidos juega simultáneamente varios tableros: en este caso el regional y el global con un solo instrumento.

Siria, un auténtico riesgo

Las recientes acciones bélicas de Israel contra territorio sirio ha escalado el conflicto que se vive en ese país del Medio Oriente, el que involucra a toda la región. Esta nueva situación ha creado condiciones para suponer que un ataque en gran escala por parte de la entidad sionista es posible y que la decisión definitiva al respecto depende más de intereses imperiales globales que de la propia voluntad de la esquizoide dirigencia israelí, que ha superado su papel de portaviones de la política estadounidense en la región para transformarse en un alto mando fuera de control al que Estados Unidos teme ante el riesgo de destruir su cada vez más frágil capacidad de control y mantenimiento del equilibrio entre sus aliados sionista y musulmanes, técnicamente enfrentados, pero que finalmente actúan bajo la égida imperial  más interesada en la región como principal productora de energía y como mayor compradora de armas del mundo que por sus conflictos internos.

En esa medida, colocar en el mismo redil a las monarquías árabes dictatoriales y corruptas con Israel y Turquía parece ser el objetivo primordial de la política exterior de Estados Unidos para la región. El designio estratégico de largo plazo es aislar a China de su primera fuente de energía, a mediano plazo destruir el potencial de Irán como fuerza media que ha elevado su capacidad tecnológica y militar lo que le ha permitido ejercer una influencia creciente en la región y, de esa manera cuestionar la hegemonía de los aliados de Occidente en la misma. Finalmente, en el corto plazo derrocar al gobierno sirio para impedir su apoyo a la lucha del pueblo palestino y libanés en contra del enemigo sionista, facilitar el despliegue imperial en la región con la meta de fortalecer condiciones de supremacía militar y energética para seguir sosteniendo un mundo unipolar, aún en condiciones de la crisis que vive.

Visto de esta manera, Siria es, tal como aseguró James Petras  “el epicentro de las grandes luchas entre el imperialismo y antiimperialismo en este momento”. En el contexto internacional del conflicto, se puede observar una actitud más consecuente de Rusia y China  a la altura de sus responsabilidades como potencias mundiales miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, por tanto garantes de la paz y la seguridad en el planeta. Siria no se ha quedado sola como estuvo Libia cuando se produjo la agresión imperial sin contrapesos en 2011.

En el plano interno, la voluntad de resistencia del pueblo sirio y de su gobierno no parece haberse quebrantado, incluso - según informaciones surgidas en la región de los medios internacionales más confiables - el gobierno sirio ha pasado a la ofensiva. Son cada vez mayores las dificultades que enfrenta el ejército mercenario sobre el terreno. Por su parte las Fuerzas Armadas sirias  apoyadas por el grupo libanés Hezbollah, se dispone a tomar la ciudad estratégica de Al Qussair.

En este ámbito, el cambio más importante ha surgido de la decisión de Al Assad de fortalecer a las fuerzas armadas creando una poderosa milicia popular que enfrente al terrorismo apoyado por Occidente y las monarquías árabes del Golfo Pérsico.

Por otra parte, los ataques de la entidad sionista contra territorio soberano sirio, ha puesto en evidencia la alianza de los mercenarios al servicio de Occidente con Israel. Esto hace desvanecer la idea de que exista realmente un conflicto árabe-israelí y expone que la verdadera causa de la confrontación es  la actitud agresiva de Israel contra el pueblo palestino y contra todos aquellos que manifiesten una decisión soberana y anti imperialista. En ese contexto, Siria ha resultado ser un valladar difícil de superar.

Los objetivos trazado por Occidente y por Israel con los ataques han resultado contraproducentes. De inmediato se ha manifestado la solidaridad de Irán e incluso de Iraq, así como de Hezbollah, principal obstáculo para la implementación de la política sionista en Líbano y única fuerza que ha podido causar una derrota militar contundente al ejército israelí en 2006.

La posibilidad de que ante un eventual ataque israelí, las fuerzas libanesas de Hezbollah abran un frente de combate contra el sionismo internacionalizaría la guerra en Siria creando un conflicto de dimensiones nunca alcanzadas, toda vez que podría tocar el propio territorio israelí. De ahí la gravedad de la situación creada por los ataques israelíes y las preocupaciones en las altas esferas de Washington y Bruselas.

En ese marco, la decisión europea (aplaudida por Estados Unidos) de levantar el embargo de armas  a los mercenarios que combaten contra el gobierno sirio contribuye a “echarle más leña al fuego”. Un problema gradual para Occidente es encontrar el límite entre lo que ellos mismos denominan “moderados” y “radicales” dentro de la variopinta gama de opositores armados a Al Assad. El riesgo es que al igual que en Afganistán y Libia terminen fomentando grupos a los que han denominado terroristas y que después de llegar al poder se salen del control  de quienes los han prohijado.

Todo esto ha mostrado un Obama dubitativo que además está bajo la presión  de sectores ultra conservadores del partido republicano y de su propia administración que desearían incrementar el apoyo militar al ejército opositor sirio y a los mercenarios que en número creciente han tomado el control de las decisiones en las operaciones de combate.  Lo que trasluce es que “En el fondo, Estados Unidos no tiene apetito por una intervención en Siria,”  según la opinión de Aram Nerguizián, analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington. En los últimos meses, esta intervención ha sido también rechazada por una gran mayoría de la opinión pública estadounidense, que no quiere implicarse en otro conflicto en la zona después de las fracasadas guerras de Iraq y Afganistán.

La reciente experiencia libia obliga a Estados Unidos a evaluar el riesgo que corre al entregar armas y equipos militares sofisticados a  los mercenarios.  De todos es sabido que una de las principales fuerzas que combaten contra el gobierno sirio es el Frente al Nusra, ligado a Al Qaeda, organización que aunque suscrita como terrorista por el gobierno estadounidense, fue aliada del mismo en Libia. Informaciones  provenientes de los frentes de combate aseguran que Al Nusra  ha cobrado mayor influencia dentro de la oposición armada.

Tales armas podrían ser empleadas en fecha posterior en atentados terroristas en Estados Unidos o Europa. En ese sentido el antiguo embajador estadounidense en Irak, Ryan Crocker, advirtió la semana pasada durante una conferencia en la Universidad de Stanford en California, que su país “no dispone de suficiente información sobre la fraccionada oposición siria como para intervenir y armarla”.

Sin embargo, según el portal de noticias del canal de televisión libanés Al Manar, Estados Unidos coopera, “desde hace meses con el Ejército Sirio Libre y más concretamente con el así llamado Consejo Militar Supremo y su jefe, el general Salem Idriss, que ha pedido que Estados Unidos realice bombardeos contra el Ejército sirio y Hezbollah”.

En otro ámbito, Estados Unidos ha conminado a Rusia a no vender misiles antiaéreos S-300 al gobierno del presidente Bashar al Assad. Incluso, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu viajó expresamente a Moscú a fin de impedir que tal negociación se concretara. Sin embargo, el gobierno ruso confirmó que la operación de envío de ese armamento a Damasco estaba en marcha. Altos oficiales israelíes han informado que ante tal eventualidad, Israel haría todo lo posible para que los misiles no lleguen a estar operativos.

El peligro es grande. Rusia y China siguen intentando la vía de la negociación como forma de dar fin al conflicto. Una nueva conferencia ha sido convocada para ser realizada en Ginebra. Sin embargo, Nerguizián  es escéptico. Según él “Si la diplomacia fracasa, Estados Unidos podría comenzar a armar ciertas facciones de militantes sirios, pero entonces esto se convertiría en una guerra a través de terceros contra Rusia e Irán, que podría durar años. Eso supondría un auténtico riesgo,”

Derecha fundamentalista vs. derecha pragmática.

Al finalizar la segunda guerra mundial, Estados Unidos, único país de occidente que no sufrió los embates del conflicto, lanzó  en 1947 el plan Marshall a fin de evitar la influencia de la Unión Soviética en Europa. Esta decisión se inscribía en el marco de la Doctrina Truman, que planteaba una confrontación multidimensional con las ideas socialistas, incluyendo para ello la subversión, el financiamiento de gobiernos reaccionarios y sus prácticas de represión, tortura y muerte. El año anterior, Truman ya había hablado de “guerra fría”. Estas acciones dieron al traste con las grandes alianzas antifascistas que se habían creado durante el conflicto bélico a fin de erigir un frente único para enfrentar al nazismo y su impacto en otras latitudes del planeta.

La implementación de la Doctrina Truman trajo evidentes repercusiones en América Latina. Después de haber vivido un período de movimientos nacionalistas que apuntaban  positivamente hacia una elevación de los niveles de organización política y social de distintas capas de la población, el fin de la conflagración y el comienzo de la guerra fría condujeron a un retroceso en la construcción de espacios democráticos de participación.  Fue la época nefasta en que surgió el TIAR y la OEA y en que la derecha perdió el carácter nacionalista que tuvo durante la guerra para subordinarse servilmente ante Estados Unidos. En ese marco surgieron dictaduras en Perú, Venezuela, Haití, Cuba y Guatemala. La llegada al poder de Eisenhower en 1953 fortaleció a los sectores reaccionarios de América Latina, que así vivieron su primera oleada retrógrada de la posguerra. En ese período fueron derrocados los gobiernos  de Vargas  en Brasil y Perón en Argentina.

El triunfo de la Revolución Cubana casi al finalizar la década de los 50 vino a cambiar esa perspectiva. Vale decir que el año anterior la dictadura había sido derrumbada en Venezuela. En ambos casos se construyeron amplias alianzas de fuerzas entre sectores populares y de la burguesía que hicieron saltar del poder a las dictaduras pro estadounidenses. El curso posterior de ambos procesos tuvieron que ver con las fuerzas que hegemonizaron los mismos. La historia señala con claridad  lo que ha significado la revolución cubana, así como las implicaciones de 40 años de democracia tutelada y excluyente para los venezolanos. En el contexto de comienzos de los años 60 del siglo pasado, la respuesta desde Estados Unidos fue la Alianza para el Progreso y la expulsión de Cuba de la OEA.  La derecha en el poder se plegó lealmente a los dictados de Washington.

Los años 70 parecieron traer un cambio en la actitud política de las burguesías nacionales de América Latina. Una serie de movimientos de las fuerzas armadas con apoyo popular llevaron al poder a militares progresistas en Perú, Panamá y Bolivia. El triunfo de Allende en Chile y el regreso del peronismo al poder en Argentina auguraban buenas nuevas para la región.

La respuesta no se hizo esperar. Antes que finalizara la década se habían establecido -con el apoyo material y militar de Estados Unidos- las peores dictaduras de la historia del continente. La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional como método de represión y control popular y la implementación de modelos de economía neoliberal, privatizadores y excluyentes encontraron en las derechas criollas su principal sostén cuando éstas descubrieron que mezclar represión al movimiento obrero y a las organizaciones  de izquierda, con métodos de flexibilización laboral y apertura de mercados les haría incrementar ganancias hasta niveles nunca antes alcanzados. Presagiaron buenos dividendos, toda vez que, si llegara a revertirse el curso que había tomado la historia  no habría riesgos: las fuerzas Armadas harían el “trabajo sucio” y tendrían que pagar por ello. Los “civiles” no se mancharían las manos con sangre.

La Revolución Sandinista en Nicaragua y el efímero movimiento de la Nueva Joya en Grenada en 1979, anunciaban ser “la diferencia que marca la regla”, pero ambas fueron abortadas con apoyo militar directo de Estados Unidos, incluyendo la invasión en el caso de la isla del Caribe. La plenitud de la derecha se logró cuando desapareció la Unión Soviética y el campo socialista. La “historia había finalizado” y el capitalismo había triunfado “por los siglos de los siglos”. Las derechas latinoamericanas se frotaban las manos. Un mundo unipolar les garantizaría colosales ganancias.

Desataron lo “mejor” de su alma entreguista y rastrera. Se prestaron a lo más bajo que su espíritu individualista les ofrecía y una vez superada la década pérdida desataron el festín neoliberal.

En eso estaban cuando apareció Hugo Chávez y comenzó a cambiar la tendencia.  Fue el inicio de un proceso de transformaciones que posteriormente ocupó a Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador entre otros. La Alianza de Libre Comercio para las Américas (ALCA) saltó hecha añicos en Mar del Plata y Estados Unidos se vio obligado a comenzar a buscar alternativas. También la oligarquía de la región.

No toda la derecha se amoldó al nuevo contexto, lo cual les llevó a generar fracciones que enarbolaban visiones contradictorias de la política. Aunque ambas son reaccionarias y aliadas del imperio tienen enfoques distintos para enfrentar la coyuntura que, en esto de la táctica y la estrategia se deben considerar a fin de establecer las políticas más correctas.

Así, por una parte, existe una oligarquía primitiva, fundamentalista, vinculada a los sectores más reaccionarios de la iglesia católica como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo y el Yunque, que se fundan en la idea de que la civilización occidental judeo cristiana está amenazada por una oleada “comunista” y, por tanto se sienten obligados a  arrogarse como “salvadores” de dicha civilización. Asumen una posición altamente ideologizada, extremista que en algunas ocasiones raya en el fascismo. En esta lógica se inscriben –por ejemplo- Fox en México, Uribe en Colombia, Vargas Llosa y Fujimori en Perú, el partido pinochetista UDI y la democracia cristiana en Chile.

De otro lado, ha surgido otro sector pragmático, “moderno”, empresarial que privilegia la gerencia a la ideología, que no teme establecer relaciones económicas con quienes adversa porque finalmente su objetivo último es asaltar el Estado para maximizar ganancias. Son expresión de esta tendencia Martinelli en Panamá, Calderón en México, Santos en Colombia y Piñera en Chile.

Recuerdo los grandes debates que se dieron cuando defendí esta idea en momentos previos a las últimas elecciones colombianas. Argüía que Santos no era lo mismo que  Uribe  a pesar de venir de ser su ministro de defensa y de ser responsable de acciones violentas e ilegales en esa condición. Sustentaba mi posición en que Santos no era el candidato de Uribe y que la oligarquía colombiana no podía seguir soportando las grandes pérdidas que le producía el distanciamiento en las relaciones de su país con Venezuela y Ecuador. Lo eligieron y le dieron la orden de solventar ese problema como ahora lo instaron a buscar la paz con las FARC para aprovechar la inmensa potencialidad productiva de su país para producir ganancias, sin “factores externos” que impidan tal posibilidad.

Hay que recordar que Calderón no era el candidato de Fox, como Santos no lo era el de Uribe (esa designación recayó en Andrés Felipe Arias, hoy preso por corrupción), tampoco Piñera el de la UDI. En todos los casos las oligarquías se tuvieron que acomodar a la decisión de una modernidad empresarial  que acude a la política por imperiosa necesidad económica en un mundo que ha cambiado y que hoy hace patente la emergencia de nuevas potencias como China, Rusia, Brasil o India.

En Venezuela, pareciera que esta contradicción se instaló en días recientes. El pasado 13 de mayo el presidente Maduro se reunió con el principal líder de la derecha empresarial del país, Lorenzo Mendoza. Son conocidas sus ambiciones políticas. El encuentro produjo un reconocimiento mutuo. Cuando Mendoza aceptó reunirse con el presidente de Venezuela, estaba admitiendo esa condición. Esta reunión fue el acta de defunción de Capriles como alternativa de futuro de la derecha venezolana. En lo inmediato,  el cónclave hizo que su absurda reclamación pos electoral, -que incluso lo llevaron a la incitación de la violencia- perdiera sustento y validez.

Por otra parte, Maduro le ha dado un reconocimiento implícito a Mendoza como contraparte con la que se pudiera negociar. Una vez más la oligarquía ha optado por el pragmatismo empresarial frente al fundamentalismo fascista que enarbola Capriles. Al día siguiente de la reunión, Mendoza comenzó a construir su opción electoral.

Esta situación ha generado un escenario novedoso e interesante donde imperará la capacidad táctica de hacer política. Mendoza tendrá que derrotar la opción violenta que enarbola Capriles y construir una alternativa en los marcos constitucionales de la república, si quiere ser el líder que la derecha ansía.  El gobierno por su parte, en lo inmediato podrá ensanchar su trabajo con los sectores productivos (al día siguiente de la reunión aparecieron milagrosamente algunos productos de primera necesidad ausentes durante semanas de los supermercados), incorporarlos al desarrollo nacional y demostrar con hechos que está dispuesto a un diálogo que ponga en primer lugar los intereses de la mayoría y una irrestricta defensa de la soberanía. Eso creará condiciones de mediano plazo para ampliar su base de apoyo cuando la ciudadanía, en particular aquellos que dudan, se hagan eco de las intenciones del gobierno de construir en paz un país distinto.

Así mismo, el gobierno debe saber administrar este nuevo escenario en que la confrontación será de otro tipo, sin olvidar que las huestes fascistas siguen vivas y conspirando y que Estados Unidos siempre “juega una simultánea en varios tableros”. 

Desventuras y veleidades de la izquierda latinoamericana

En la  América Latina de hoy, las tradicionales nociones de izquierda y derecha en política, asumen límites cada vez más difusos, si nos atenemos a la conceptualización habitual utilizada para definir tales nomenclaturas. Ello ha llevado a que el ex canciller mexicano Jorge Castañeda hijo, uno de esos típicos renegados que pululan por nuestro continente, haya acuñado la idea de que hay una “izquierda buena” y una “izquierda mala”. Tal definición fue tomada por Arturo Valenzuela, ex Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos de Estados Unidos  y transformada en eje de la política exterior de ese país hacia la región. Ese es el contexto sobre el cual se definen las prioridades y, por tanto los viajes y vínculos principales en la agenda del Presidente Obama respecto de los países al sur del Río Bravo

No se trata de criticar per se. Sólo de constatar hechos que ocurren en nuestra región y que obligan a mirar la política en las circunstancias propias en que se desarrollan y considerando los matices de cada caso.

Los casos extremos son  México y Chile. En el país  de aztecas y mayas, el neoliberalismo llegó de la mano de los gobiernos priistas de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. El PRI otrora partido de la revolución mexicana encarnó en la primera mitad del siglo XX, los ideales nacionalistas y de solidaridad latinoamericana, así como programas de desarrollo social y transformación educativa y cultural que surgieron de la Revolución  de 1910 en ese país del norte de América, la que se convirtió en el primer y más importante hito alternativo al sistema de dominación en la historia del continente hasta el triunfo de la Revolución Cubana. Después de ser desalojado del poder en el año 2000 y tras dos gobiernos de la derecha fundamentalista del partido PAN, el PRI ha regresado al gobierno, mimetizado de tal manera que parece un gobierno de continuidad de los que lo antecedieron. Las recientes declaraciones del Canciller mexicano José Antonio Meade  antes de  la vista del presidente Obama a ese país hubieran avergonzado incluso a Salinas y Zedillo por su deleznable tono de subordinación imperial. Cabe decir que este canciller fue Secretario de Energía y posteriormente de Hacienda (ministro) en el anterior gobierno de derecha de Felipe Calderón.

En Chile, Estados Unidos fue capaz de construir el “modelo perfecto”: un sistema neoliberal de democracia excluyente administrado por una  “izquierda” encarnada en la Concertación de partidos por la Democracia,   que es el consorcio de organizaciones políticas que hoy son oposición, pero que usufructúan por igual del sistema creado por Pinochet. En el súmmum de la realización imperial, Estados Unidos se puede ufanar de un  régimen donde conviven los autores intelectuales del golpe de Estado contra Allende, con las víctimas que este macabro hecho produjo. Hasta los comunistas quieren hoy aliarse a tan exitosa creación.

De este proceso de difuminación de los conceptos y de la ubicación de las fuerzas en el espectro político,  ha resultado una aparente despolarización y un corrimiento de las definiciones hacia el centro. Así, ya casi no hay organizaciones ni de izquierda ni de derecha. Las primeras buscando espacios en el “show”  de la democracia representativa ahora se llaman centro izquierda. A su vez, los segundos se autodenominan centro derecha. Hasta Capriles, afirmo -durante su fallida campaña electoral- ser de centro izquierda asegurando que su modelo político era el de Lula.

Incluso, hace unos años, al finalizar la dictadura en Chile, un empresario creó un partido de centro-centro y con él fue candidato presidencial. Esa postura la han asumido en sus respectivos gobiernos,  Martín Torrijos en Panamá y la domesticada Michelle Bachelet en Chile, que desarrollaron gobiernos en los que se preocupaban por mantener  una escrupulosa actitud de no relacionarse con los “extremos”. Es lo que en lenguaje popular  se llama “no estar ni con Dios ni con el diablo” o en otras palabras, también surgida de la sabiduría de los pueblos del sur del continente, “no ser ni chicha ni limoná”. En cada caso las idiosincrasias pagaron a los sostenedores de estas posturas. En el meridional y frío Chile, Bachelet terminó su gobierno con un altísimo nivel de popularidad. En el Caribe cálido del istmo, Torrijos condujo a su partido de la revolución democrática panameño (PRD) a la peor derrota electoral de su historia.

En Uruguay, el muy carismática Pepe Mujica llega todas las mañanas a trabajar en su VW escarabajo. Uno de esos días, muy simpáticamente, junto a su ministro de defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, conocido como el Ñato, también fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros le dieron el visto bueno a un acuerdo militar con Estados Unidos, resistido y rechazado por importantes sectores de la sociedad uruguaya, en particular del Frente Amplio que gobierna ese país. Esta decisión no es óbice para que Uruguay tenga un activo papel en el funcionamiento del Consejo de Defensa Sudamericano de Unasur, que entre otras cosas llama a sus miembros a evitar las injerencias extra regionales en materia de defensa y seguridad para construir una política militar de conjunto con sus pares sudamericanos. Uruguay aún no  ha firmado un anunciado TLC con Estados Unidos. Esa tarea quedará para el también miembro del izquierdista Frente Amplio, Tabaré Vázquez,  posible sucesor de Mujica, si es elegido presidente en los próximos comicios del país del Río de la Plata. Esta decisión tampoco pondrá en riesgo su presencia en Mercosur, grupo que se ha fortalecido creando políticas comerciales autónomas. Es curioso, el gobierno de izquierda de Uruguay, asume la misma política que los de Chile y Colombia ambos abiertamente de derecha.

En se mismo ámbito de cosas interesantes y extrañas que ocurren en nuestra región, me viene a la memoria lo sucedido en un casual encuentro en un avión con el hoy presidente de Perú, Ollanta Humala cuando ambos viajábamos a la toma de posesión de un mandatario latinoamericano. Entablamos una amena y sugestiva conversación. Por mi parte, estaba ávido de conocer su proyecto político. Me dijo que él lo definía como socialista y nacionalista y que por eso su partido se llamaba de esa manera partido nacionalista del Perú. Le dije que eso me parecía sumamente peligroso porque nacional socialistas eran los nazis. Afirmé que era una mezcla muy “explosiva” para el Perú y para cualquier país de América Latina. No dijo nada sobre su idea de socialismo, pero argumentó sobre su concepto de lo “nacional”. Le dije que si bien el Estado nacional peruano tenía como casi todos los de la región alrededor de 200 años de fundado, el problema de la nación no se había podido resolver, sobre todo en aquellos países que poseen una importante población originaria.  Después, de una somera explicación del en ese entonces pre candidato peruano, no pude encontrar respuesta a la pregunta de qué nación quería construir, ¿la peruana?, ¿la quechua?, ¿la aimara?  Sólo por la fuerza, los pueblos originarios pueden aceptar igualar su ciudadanía peruana con su nacionalidad peruana.  Desde mi punto de vista en los países latinoamericanos  y del Caribe, y sobre todo en los que tienen importantes minorías étnicas, ciudadanía y nacionalidad no son lo mismo. Finalmente, esa ha sido una imposición racista y reaccionaria de las derechas que han gobernado por décadas.

Años después Humala fue a una nueva confrontación electoral. Era el candidato de izquierda en primera vuelta y, en segunda vuelta enfrentado a la hija de Fujimori, su “orientación política” se consolidó, sólo que ganó con el apoyo de Álvaro Vargas Llosa y Alejandro Toledo, ambos reaccionarios, neoliberales y aliados de las causas más perversas en la historia de su país y de la región.

En fin, son algunas veleidades de lo que se llama izquierda latinoamericana en el poder.   Es un signo de los nuevos tiempos. Las cosas no siempre suceden como se desean. La realidad  de la ejecución de la política dista mucho de su retórica. Pero, ¿qué pasa con la derecha en la región? De eso hablaremos la próxima semana.  

A 40 años el pueblo saharaui persevera en la lucha por la Independencia

El Sahara Occidental está poblado desde el siglo V por distintos pueblos árabes y bereberes que se asentaron  en su territorio hasta que en el siglo IX lograron ir configurando una identidad propia que dio origen a la primera confederación de pueblos que se asumían como saharauis. Sin embargo, su vida transcurría durante siglos entre viajes y rutas por el desierto, de las dunas del interior hacia el litoral, eran un pueblo nómade.

 

Los españoles llegaron mucho tiempo después, en el siglo XVI cuando Portugal “cedió sus derechos” sobre el territorio. Su objetivo era cubrir las islas Canarias desde la región continental más cercana. Antes de la colonización española, el pueblo saharaui mantenía una economía basada en el trueque, y el pastoreo. El comercio se desarrollaba en torno a las joyas, los vestidos y el ganado principalmente camellos, al contrario que en Marruecos que se basaba en la adquisición de tierras. El Sáhara Occidental es la parte más habitable del desierto, la más húmeda y templada gracias a la influencia del Atlántico. Distribuidos en comunidades de diverso tamaño, los saharauis conformaron un pueblo con formas propias de producción y un sistema económico, sin moneda.

El Sáhara Occidental se divide en tres provincias: Saguia-El-Hamra (Río Rojo), al norte, Zemur, en el centro y oeste y,  Río de Oro al sur. Todas han estado siempre habitadas por diferentes oleadas de comunidades que las han ocupado, y cada una tiene sus propias características. Saguia-El-Hamra se llama así por el río que la recorre transversalmente. Es la zona donde se hallan las codiciadas minas de fosfatos y muy probablemente su subsuelo guarda petróleo y gas natural. Zemur es la zona húmeda del país y Río de Oro es donde el clima es algo más benévolo, está más cercana a la costa, zona predominantemente pesquera.  

La religión es el Islam y su cultura en general es de origen beduino. La población saharaui se islamizó en el siglo VIII, a través de la influencia almorávide, que entonces dominaba todo el norte de África y buena parte de Andalucía. En el siglo XIII, los maquil, llegaron desde Yemen, se instalaron en el Sáhara Occidental, mezclándose con la población local. La principal de sus tribus, los Beni Hassan, implantaron su lengua, el hasanía, que pasó a ser dominante durante varios siglos, en los que no se limitó a asentarse en sus territorios, sino que extendió su área de influencia hasta el suroeste de Argelia, Mauritania, y también zonas de Malí, Níger y Senegal.

Con la llegada de los españoles, el pueblo saharaui cambió su estructura y modo de vida. En primer lugar, la mayoría de la población se estableció de manera sedentaria formando pueblos y ciudades y solo una minoría continuó desplazándose, es decir haciendo vida nómade.

Una diferencia fundamental con respecto al resto de países árabes es que el pueblo saharaui jamás constituyó un Estado a lo largo de la historia de  su existencia, instituyó una estructura orgánica parecida para regular las diferentes comunidades en el siglo XII, pero no adoptó el modelo dominante en la época.

Solo después de liberarse de la invasión española, y ante la agresión marroquí y la primera amenaza mauritana –que también ambicionaba el territorio- el pueblo saharaui decidió dotarse de Estado, como instrumento democrático que le permitiera ingresar institucionalmente a la comunidad internacional y ser reconocido por otros países en igualdad de condiciones.

En este contexto de necesidad de lucha por la autodeterminación,  se crea el 10 de mayo de 1973 el Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario) con el objetivo de conducir la actividad política y militar del pueblo saharaui por su independencia y autodeterminación. Su líder fundador fue El Uali Mustafa Sayed, muerto en combate en 1976. Diez días después, el 20 de mayo se produce la primera acción armada en pro de la liberación del Sahara Occidental. En estos días se conmemoran 40 años de ambas fechas que marcan el inicio formal de la lucha del pueblo saharaui por el reconocimiento de su soberanía como nación libre en el concierto internacional.

El 16 de octubre de 1975 en los estertores del régimen franquista, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ratificó que el Sahara Occidental era un territorio que se acogía a la Resolución 1514 de 1960 de la ONU, por tanto tenía derecho a la autodeterminación y negaba  la supuesta soberanía a la que Marruecos aspiraba una vez que el control español feneciera. Una lectura parcializada y descontextualizada del texto a la resolución del máximo tribunal internacional funda los argumentos de Marruecos para justificar su política anexionista, agresiva e intervencionista. Sobre esa base, la monarquía marroquí aliada del sionismo y de Occidente en algunas de las causas más retrógradas de la política internacional, realizó la ocupación del territorio saharaui con 300 mil ciudadanos de ese país desalojando a los habitantes originales del territorio quienes tuvieron que desplazarse hacia tres territorios: los liberados por el Polisario en espacio geográfico saharaui, los ocupados ilegalmente por Marruecos y  Argelia, país que acogió solidariamente a decenas de miles de ciudadanos del Sahara occidental y que ha sido desde entonces el principal soporte y apoyo para su lucha.

Tras dos años de sucesivos éxitos militares contra el ejército franquista primero y los de Marruecos y Mauritania posteriormente, el pueblo saharaui y sus líderes toman la decisión de crear la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) el 27 de febrero de 1976. A partir de ese momento el gobierno saharaui  representa a los ciudadanos que habitan los territorios controlados por el gobierno de la RASD  y a los  de los 25 campamentos de refugiados que se encuentran en el territorio argelino.

A pesar de todos estos años de persecuciones, maltratos y torturas a los luchadores saharauis, el Frente Polisario ha mantenido enhiesta la bandera de la libertad. La RASD, fue reconocida por la Organización de la Unión Africana (OUA) posteriormente  Unión Africana (UA)  en 1982 e incorporada  como miembro pleno  en 1984 lo que provocó la retirada de Marruecos del máximo organismo político multilateral del continente africano. 

Vale decir que Marruecos es el único país africano que no forma parte de la UA.

En ese marco, el Frente Polisario decidió unilateralmente  suspender las operaciones militares en febrero de 1989, dándole una oportunidad a la diplomacia de resolver el problema de la autodeterminación del pueblo saharaui. La ONU aprobó en 1990 una misión que debió verificar el alto al fuego y organizar un referéndum  libre para que el pueblo saharaui decidiera sobre su destino, en particular sobre el gobierno que quisiera tener para que ejerza las funciones gubernamentales en todo el territorio de la RASD.

Sin embargo, a través de los años Marruecos se ha dedicado a sabotear todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en ese sentido. En 1992 fracasó la realización de la consulta,  en 1997 y 2003 la monarquía marroquí asumió igual política encaminada a una solución del problema de la autodeterminación saharaui a contrapelo de todos los acuerdos internacionales, pero contando con el apoyo irrestricto de los diferentes gobiernos franceses sean estos social demócratas o de derecha. Como siempre, en estos casos, la razón de estado prima en las potencias coloniales. Así mismo, España  país causante de esta situación colonial se ha mostrado dubitativo frente a la necesidad de una definitiva solución al conflicto.

Las principales razones son de carácter económicas y estratégicas. El Sahara Occidental es rico en depósitos minerales, especialmente fosfatos, uranio, hierro, gas natural y petróleo. Los bancos de pesca son también muy ricos. Hay grandes intereses económicos franceses y españoles en la zona.

 

Desde el año 2007, se realizan en la sede de la ONU conversaciones directas entre la RASD y Marruecos, en las que el Frente Polisario como legítimo representante del pueblo saharaui ha demostrado -igual que en los campos de batalla- firmeza y flexibilidad para llevar a buen término los más caros anhelos de la República. A 40 años de su creación el Frente Polisario perseverará en el camino de la paz y la solución pacífica y negociada hasta la obtención definitiva de la Independencia para su pueblo.