El principal argumento imperial
para atacar a Siria es que este es un país dictatorial y autocrático donde no
se respetan los derechos humanos y en el que las libertades civiles están
restringidas. El libreto no es nuevo. Una de las razones de George W. Bush para
invadir Irak y derrocar el régimen de Saddam Hussein, se basaba en la “falta de
democracia en ese país gobernado por un solo hombre desde 1979”. Hussein fue acusado
de represión, violación de las principales libertades individuales, fanatismo
religioso y de albergar o colaborar con grupos terroristas como Al Qaeda. Lejos
de querer negar lo anterior, o simplemente pretender justificarlo, se trata de poner
énfasis en que Irak, no es el único país que adolece de estas imputaciones. Además, en este caso, Saddam había sido un
aliado de Estados Unidos aprovechando esos vínculos para adquirir armamento y
recursos en el afán de transformarse en el adalid de la “contención de la expansión
persa hacia occidente” la cual le valió –mientras preparaba y desarrollaba su guerra
contra Irán- la amistad y el apoyo estadounidense y de sus socios de la OTAN
quienes se hicieron de la “vista gorda” ante las masacres de chiitas en el sur
y kurdos en el norte. Sin embargo, ni aún así se puede argumentar a favor de la intervención militar y la
violación de la soberanía de otro país.
Pero, volviendo al tema en cuestión
y sin ir lejos, en la misma región del Medio Oriente existen países con la
misma problemática, como Arabia Saudita, Egipto, o Emiratos Árabes Unidos. No
es coincidencia. Estos países han sido el terreno fértil sobre el cual ha
crecido el terrorismo islámico radical. Los tres son grandes aliados de Estados
Unidos. Arabia Saudita, por ejemplo, ha tratado de fortalecer su legitimidad en
las últimas dos décadas, fomentando un renacimiento religioso en el mundo árabe
que ve con hostilidad el exterior y la modernidad. El régimen saudí ha
intentado desviar las interrogantes sobre su administración, su alianza con Estados
Unidos y su propia corrupción, al apoyar y propagar un dogma religioso
intransigente.
La situación de Egipto es parecida,
el cambio de gobierno no ha significado
una transformación en el respeto a los derechos humanos y la aplicación de la
democracia, el país se ha convertido en algo muy cercano a un Estado policial,
reprimiendo a los disidentes políticos, censurando toda la información, y
encarcelando a intelectuales por la más leve crítica al régimen. Otros Estados
en el Medio Oriente no distan de esta situación: Jordania, Marruecos, Omán y Catar.
Aún en la actualidad, el mundo
árabe es caracterizado por la inoperancia de los partidos políticos o la
incapacidad de los regímenes para llevar a la práctica la justicia social y los
derechos básicos de los ciudadanos. Los gobiernos prefieren supeditar algunos
conceptos de la declaración de los Derechos Humanos a los usos y costumbres del
mundo árabe musulmán escudándose muy a menudo en la ley islámica, la “sharia”. Los
numerosos movimientos pro derechos humanos que se han conformado en esa región,
consideran que se trata de una simple coartada que permite llevar a cabo
medidas antidemocráticas. Los ejemplos más estudiados al respecto son:
Jordania, Líbano, Kuwait, Marruecos, Yemen, Israel, Bahréin, Irak, Libia,
Arabia Saudita, Túnez y Palestina.
El Programa de Desarrollo de
Naciones Unidas sobre el mundo árabe, destaca también la falta de libertad y
democracia en esos territorios. En el informe del 2002, se llegó a la
conclusión de que a finales de los años 90, esta región era una de las siete
del planeta con menos libertades civiles y políticas. Está muy atrasada en
cuanto al papel y las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral y en
la vida pública. Como señala el informe, la falta de responsabilidad, la
corrupción y en general la falta de buen gobierno, ha entorpecido en gran
medida el desarrollo económico.
Varios
organismos internacionales han confirmado la falta del respeto hacia las
garantías fundamentales en el Medio Oriente. En Líbano, Las mujeres corren
peligro, además, de sufrir actos de violencia en razón de su sexo, tanto a
manos de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley como en el seno
de la comunidad, continúan siendo frecuentes ciertos tipos de violencia contra
ellas, incluidos los homicidios basados en motivos de género, o lo que a menudo
se describe como “homicidios de honor” o “familiares”. En Libia, cientos de
personas vienen sufriendo detenciones arbitrarias, sin mandamiento judicial y
sin que se les comuniquen los motivos de su detención. La mayoría permaneció
incomunicada los primeros meses de su detención, durante los cuales se los
sometió a torturas de forma habitual. Decenas de detenidos políticos están
encarcelados sin cargos ni juicio, algunos desde el derrocamiento de Moammar
Gadafi
Los juicios de otros presos políticos quebrantan grave y
sistemáticamente las garantías procesales internacionales. Continúan
utilizándose además, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales para
silenciar a los oponentes del gobierno. En Túnez, donde se inició la llamada
“primavera árabe” la persecución cada vez más frecuente de los defensores de
los derechos humanos, ha tenido lugar contra el telón de fondo de una creciente
intolerancia de las autoridades frente a todo tipo de disidencia o crítica. Los
mismos métodos empleados para acosar, intimidar y silenciar a los opositores
políticos se han utilizado contra los defensores. Estas prácticas contrastan
radicalmente con el repetido compromiso de las autoridades tunecinas de
respetar y promover los preceptos mundiales.
En fin, los argumentos imperiales para justificar el apoyo
a las bandas mercenarias que están produciendo el desangramiento de Siria
podrían caber con muchos mayores elementos en varios de los principales aliados
árabes de Occidente. La carencia de las más elementales libertades
democráticas, la inexistencia de parlamentos, sindicatos y partidos políticos,
la exclusión y persecución de las mujeres de la vida de la sociedad, la
ausencia de medios de comunicación independientes y, finalmente la feroz
represión contra todos aquellos que osen cuestionar esas monarquías medievales
que viven su riqueza en medio de paupérrimas condiciones de vida de su
población, configuran una situación que debería ser cuestionada y combatida
desde la legalidad internacional y desde aquellos poderes que utilizando
criterios políticos, establecen una mirada desigual en torno a la democracia y
los derechos humanos.
En América Latina conocemos esas prácticas, ya desde la
década de los 60 del siglo pasado se entronizaron gobiernos dictatoriales e
incluso algunos de democracia representativa que bajo la mirada aprobatoria de
Washington reprimieron, produjeron innumerables violaciones a derechos humanos,
desapariciones forzadas y torturas, todo permitido en la guerra fría y el enfrentamiento con la Unión Soviética,
justificando bajo la etiqueta de comunista que se coartaran los derechos de
todo aquel que se opusiera a sus designios.
Finalmente son parámetros políticos e ideológicos, no
humanitarios, los que establecen aprobación para unos países, marginación y sanciones para otros. Es la
lógica imperial aplicada a un mundo que comienza a rebelarse y que en medio de
la crisis empieza a descubrir que la injusticia tiene su origen en la propia
estructura de un sistema que por condición natural es excluyente, represivo y
violador de los derechos de las mayorías.
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