El deporte y la política si están relacionados. La sanción a los deportistas rusos.

La opción de Rusia de reasumir su papel como potencia mundial garante de la paz, la estabilidad y el equilibrio en el planeta vino a trastocar los planes imperiales hegemónicos. Después que en 2011, su pasividad diera rienda suelta a la furia occidental contra Libia, permitiendo la destrucción del país y la vanagloria estadounidense por el asesinato de Muamar Gadafi, Rusia entendió que no podía dejar en manos de otras potencias la posibilidad de contraer decisiones unilaterales en el planeta. Por esto, ha tomado una irrestricta posición de apoyo a la soberanía siria en contra del terrorismo financiado y apoyado por las monarquías suníes, Turquía y la OTAN, así mismo ha respondido con firmeza a las acciones encaminadas a la expansión de la OTAN hacia el este, incluso llegando a fomentar y concretar un golpe de Estado en Ucrania para instalar un gobierno proclive a sus intereses, el cual a cambio, aceptó asimilarse a las acciones guerreristas y agresivas de la OTAN.

La respuesta no se hizo esperar, se puso en marcha una gran campaña mediática encaminada a demonizar a Rusia, unida a sanciones económicas que intentan aislar al gigante euro asiático y que por supuesto, además de afectar a este país, tienen efectos en Europa, no en Estados Unidos. Sin embargo, tales prácticas fracasaron. Las acciones mediáticas occidentales tienen un defecto, sus diatribas se basan en falsedades fácilmente desmontables, mientras que Occidente no ha podido desarmar los argumentos que emiten los medios de comunicación rusos y sus voceros, los cuales, de manera expedita pueden ser comprobables por la opinión pública. De allí los grandes recursos financieros que las economías occidentales tienen presupuestados para contrarrestar la información que Moscú da a conocer a fin de hacer llegar sus puntos de vista a los más recónditos lugares del planeta.

La economía rusa, efectivamente ha sido golpeada, pero ya en este año 2016 ha quedado claro que fue capaz de resistir el golpe, sus autoridades han informado que en 2017 se va a estabilizar y en 2018 va a volver a crecer. Recientemente, el influyente diario londinense Financial Times afirmó que el Presidente Putin ha logrado “un juego de defensa sorprendentemente tranquilo y eficaz” en el manejo de la economía. En un artículo escrito en este periódico, Ruchir Sharma, alto ejecutivo del banco Morgan Stanley, recuerda que la economía rusa tuvo una fuerte caída en 2014 por la abrupta baja de los precios del petróleo, lo cual provocó una disminución considerable del PIB entre 2013 y 2016. Sin embargo, las oportunas medidas tomadas por el gobierno han hecho que la economía comience a reaccionar positivamente, esperando una inflación del 6% para este año después trepó hasta 15% en 2015, todo esto sin afectar el empleo, garantizando la estabilidad económica del país, según la opinión de Sharma.

Pues bien, agotados estos expedientes y ante el indudable fracaso de su política, ahora Occidente y en particular Estados Unidos acudieron, -en el umbral de una nueva Olimpiada- a la infundada acusación de que todos los deportistas rusos recurren a artimañas anti deportivas para obtener sus logros. De todos es sabido que el deporte, hace algunos años, dejó de ser aquello que soñó el inspirador de los juegos olímpicos Pierre de Coubertin, quien pensó que bajo el influjo de la unión y la hermandad, el deporte sin ánimo de lucro y sólo por el deseo de conseguir la gloria, serviría como instrumento para la paz y la amistad entre los pueblos.

Hoy, el deporte es un negocio más, en el que el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero y la obligación de ganar hacen que dirigentes y deportistas, piensen más en obtener la victoria en la competencia por cualquier vía y lucro de las formas más avezadas y contrarias a la ley, que mantener el espíritu que forjó el Barón de Coubertin.

Estados Unidos se dio a la tarea de encontrar puntos débiles al interior del aparato deportivo ruso para montar un entramado que pone en entredicho al conjunto de deportistas de ese país, como si no se supiera que en todos o en casi todos los países y competencias hay personas que, –al igual que en la vida misma- pretenden burlar la ley y, en este caso, violentar los nobles objetivos de competir. Pero, de ahí, a acusar a todos los deportistas de un país y al país mismo, de planear un método que lo lleve a obtener victorias de manera ilegal, sólo puede provenir de mentes enfermas o, tener un claro objetivo político en el contexto que se ha referido con anterioridad.

A nadie se le ocurrió afirmar que en el mundial de futbol de 1994, cuando Diego Armando Maradona fue sancionado por el uso de sustancias prohibidas, todos los futbolistas argentinos y toda Argentina habían incurrido en esa práctica. Tampoco podría decirse lo mismo al observar las sanciones contra quien fuera considerado el mejor ciclista de la historia, el estadounidense Lance Armstrong, despojado de todos sus títulos por uso continuo de sustancias estupefacientes. Eso no involucró ni podía involucrar a todos los extraordinarios deportistas de ese país, ni siquiera a sus más destacados ciclistas como  George Hincapie, Greg LeMond, Christopher Horner, Christian Vandevelde o el activo Tejay Van Garderen, tampoco a los miembros del equipo Discovery Channel por el que competía Armstrong. ¿Puede alguien decir acaso que todos los jugadores de beisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos cometen fraude porque algunos de ellos utilizan estas sustancias prohibidas? ¿Se podría acusar a la organización de este deporte o a todos los practicantes del mismo en Estados Unidos por el continuado uso por una minoría de ellos, de componentes no permitidos que año con año se siguen descubriendo? ¿A alguien se le ha ocurrido que la sanción aplicada a María Sharapova pueda ser extendida a todas las tenistas rusas? La respuesta en todos los casos es No. 

En el caso que nos compete se trata de hechos aislados, no hay ninguna prueba que demuestre que haya habido premeditación de parte de las autoridades rusas para cometer fraude. Ninguno de sus mejores atletas están involucrados en las acusaciones que hace la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), ¿por qué entonces, acusarlos a todos?¿ por qué si la decisión de la IAAF (que incluye también a Kenia) no es política, los grandes medios de comunicación ni siquiera hacen mención de este último país?.

En el trasfondo de la decisión que si es política está el presidente de la IAAF, el británico Sebastian Coe que además de haber sido un brillante atleta, doble campeón olímpico, fue miembro del parlamento de su país en representación del derechista Partido Conservador, el mismo de Margaret Thatcher y David Cameron, los mejores socios de Estados Unidos en todas sus tropelías por el mundo. Pero, no sólo eso, Coe ha sido durante 38 años Embajador de la transnacional estadounidense Nike, de la que recibe un salario anual de 142.000 euros, por lo cual fue acusado de conflicto de intereses y se vio obligado a rendir declaraciones ante el parlamento británico, sobre todo después de la concesión del Mundial de Atletismo de 2021, a la ciudad estadounidense de Oregon, sede principal de Nike. Se desconoce si Coe renunció a “ese trabajo” para dedicarse plenamente a la IAAF.

Lo peor no es eso, según una nota de la agencia de noticias Associated Press (AP), fechada el 23 de enero de este año, el gobierno británico ordenó a sus embajadores en todo el mundo presionar a los líderes del atletismo para que votaran por Coe en la elección presidencial de la IAAF. Si el deporte está ajeno a la política como dicen algunos, ¿qué intereses podría tener el poderoso servicio exterior británico en hacer presión para que uno de los suyos, que además es un político conservador, fuera elegido para la más alta autoridad del atletismo mundial? El descaro y la hipocresía de estas instituciones queda patente cuando la AP también informa que la propia IAAF, manifestó que “estaba encantada de que el gobierno británico ayudara a Coe”. El ministro de deportes de la oposición laborista Clive Efford, dijo al respecto que el gobierno de Cameron no debió ejercer presión a favor de Coe y describió la acción como "estúpida y grosera". Por su parte, el ex ministro de deportes, Hugh Robertson, quien trabajó en la campaña de Coe para la presidencia de la IAAF, hizo uso de toda su influencia para intervenir en la elección. En un correo electrónico en el que se quejaba por la lentitud del servicio diplomático británico ante la tarea encomendada y con un tono de suma desesperación advirtió: "Dejaremos caer a Seb".

La IAAF que no es una institución que pueda mostrar un pasado de limpieza y pulcritud gerencial ha guardado silencio ante estos escándalos. La pregunta de rigor sería, si en este contexto, la acusación contra los deportistas rusos, además de tener un claro objetivo político, no es en realidad una cortina de humo para ocultar la corrupción que envuelve la elección y el desempeño de su autoridad máxima y la búsqueda con esta acción, del apoyo necesario de los poderosos para salvar su investidura y su muy dudosa reputación.

A todas estas, el gobierno de Rusia en nombre de su Ministro de Deportes ha manifestado claramente que su país apoya totalmente al Comité Olímpico Internacional (COI) “Rusia es y será socio del movimiento olímpico internacional. Estamos únicamente por el deporte limpio, por la protección a los atletas que se ganan sus resultados con un trabajo honesto". El COI abrió las puertas a la participación de atletas rusos que no hayan dado positivo en las pruebas anti dopaje, tal como se hace con cualquier federación y país del mundo y aceptando el error que puedan haber cometido algunos atletas manifestó con precisión que “"Nosotros, como un país que ha sido culpado de algunas cosas, no nos vamos a hacer los ofendidos". Aunque no haya tenido tanta reseña en los medios de comunicación, vale decir que similar declaración ha hecho el presidente de la federación keniata de atletismo, Jackson Tuwei, al referirse a la posibilidad de que los extraordinarios corredores de medio fondo, fondo y maratón de su país puedan ser excluidos de la cita de Río de Janeiro.

Uribe o una compulsiva obsesión de oponerse a la paz.

El pasado 18 de julio, la Corte Constitucional de Colombia aprobó la celebración de un plebiscito como mecanismo de refrendación de la paz acordada entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en la mesa de diálogo de La Habana.

Después de casi ocho horas de debate, la ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas a favor de la validación de la consulta consiguió el aval de la mayoría de los miembros del alto tribunal. La presidenta de la Corte, María Victoria Calle se dirigió al país y a la opinión pública para dejar patente que declaraba “ajustado a la Constitución el título del proyecto (de ley examinado) con la condición de que se interprete que el acuerdo final es una decisión política y la refrendación a la cual alude (…) no implica por sí misma una incorporación de lo acordado en el articulado de la Constitución y el ordenamiento jurídico colombiano”. 

De esta manera, luego del acuerdo final entre las partes, serán los ciudadanos colombianos quienes legitimen o no todo lo consensuado en la capital cubana, previo a la fase de implementación. Posteriormente a la firma del Acuerdo, el presidente Santos deberá informar al Congreso su intención de convocar al plebiscito. Simultáneamente, deberá dar a conocer el contenido final del mismo. A continuación, el Congreso tendrá un mes como máximo para pronunciarse. Si el Senado y la Cámara de Representantes lo rechaza por mayoría de los asistentes, el Presidente podrá convocar al plebiscito.

La votación debe realizarse en un lapso comprendido entre uno y cuatro meses a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del Presidente. En él, podrán participar también los colombianos residentes en el exterior, a través de los consulados. Para que los acuerdos de paz sean aprobados, los votos por el Sí deben superar el umbral del 13% del censo electoral (una cifra que ronda los 4 millones 300 mil votos) y ganarle al No.

El plebiscito no podrá coincidir con otra elección y en la campaña que se haga a favor de una u otra opción no se puede incorporar contenidos que promuevan a un partido o movimiento político, un grupo significativo de ciudadanos, o que se relacionen con la promoción de candidaturas de elección popular.

La decisión aprobada a través del plebiscito será de obligatorio cumplimiento. Si la votación es favorable, el Presidente está impelido a implementar los Acuerdos de Paz. Si la votación no es favorable, está obligado a no implementarlos. Sin embargo, este resultado es solo vinculante para el Presidente, lo cual significa que otros poderes como el Congreso podrían idear mecanismos para implementar los acuerdos. Así mismo, debe dejarse en claro que, incluso si hubiera una votación mayoritaria a favor del No, esto no significa que el pueblo colombiano refuta la paz, sino que lo que se estaría rechazando es el contenido de los acuerdos, por lo que se vería afectada su implementación.

Es muy importante esclarecer este último aspecto, porque como en toda votación en los marcos del modelo político imperante, intervienen factores que pudieran influir en la decisión de los ciudadanos a partir del desarrollo de campañas infundadas, ficciones impúdicas, fabricación de falsas verdades y construcción de quimeras, solo teniendo grandes recursos financieros que permitan hacerlo. Estas acciones son parte intrínseca de eso que se llama democracia representativa. Aunque suene extraño, sobre todo para aquellos lectores que no son colombianos, millones de ciudadanos votarán en contra, lo cual podría conducir a pensar que se trata de personas masoquistas, deseosos de continuar la guerra de más de 50 años que ha causado alrededor de 220 mil muertos, casi 6 millones de desplazados y 25 mil desaparecidos.

Nada más falso, sólo significaría que mentes criminales que han usufructuado de la guerra y construido pingües fortunas con ella, necesitan de la misma para mantener el “negocio” por lo que estarían dispuestos a invertir lo que sea necesario para revertir el proceso desarrollado en La Habana y el que se adelanta con similares características con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al frente de sus huestes, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez es el líder de las fuerzas que pretenden detener la historia. Ni siquiera Pinochet, se negó a realizar un referéndum que detuviera la guerra que él mismo librara contra el pueblo chileno.

En su locura irracional de confrontación con el gobierno, el ex presidente, hábil en el arte de manipular la palabra señaló que “La palabra paz queda herida por un gobierno que ha engañado al pueblo y manipulado las normas jurídicas para cambiar la Constitución al antojo del grupo terrorista, que con aprobación oficial somete a las instituciones en lugar de someterse a ellas”. Lo dice el mismo personaje que compró legisladores para cambiar la Constitución, de manera de permitir su reelección. El caso que involucró a la ex parlamentaria Yidis Medina es de público conocimiento en Colombia, por el cual la representante fue juzgada y condenada, significando -según sus mismas palabras- el quiebre de la historia del país. Pero, la inmoralidad de Uribe, el afán de protagonismo y su odio llega a niveles tan inusitados que contradice criterios propios sobre la paz expresados por él en octubre de 2004. Según recuerda la revista Semana de Bogotá en su número 1782, en esa ocasión, siendo presidente, el ahora senador expresó que “Si un acuerdo de paz aprueba que los guerrilleros de las FARC vayan al Congreso, hay que remover el obstáculo constitucional que lo impide, porque hoy el ordenamiento jurídico prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Entonces, en un acuerdo de paz con las guerrillas, ese cambio habría que llevarlo a efecto constitucional para que puedan ir al Congreso por el bien de la patria”. Esto me recuerda cuando en los juegos infantiles, no se hace lo que desea el niño que es dueño de la pelota y su decisión es llevarse el balón e interrumpir el juego.­­

En una opinión más reciente, al hacer alusión a la decisión del Tribunal Constitucional de Colombia, Uribe manifestó que: “Así la Corte lo haya declarado constitucional, eso es ilegítimo y yo creo que todos estamos de acuerdo en que es ilegítimo”. Durante un programa de radio, el ex presidente consideró que el hecho de “haber bajado el umbral (de participación) del 50 al 13 % es una trampa del Gobierno, pero el Gobierno y el Congreso pueden hacer eso porque infortunadamente la Constitución del 91 no definió el umbral”. Todo lo cual da a entender que el ex presidente cree que si las leyes no se han hecho a su medida, no tienen validez jurídica alguna.

Al sostener su obsesiva y enfermiza opción a favor de perturbar el camino de la paz, el ex mandatario prometió seguir oponiéndose a los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC en La Habana y atacó nuevamente los textos aprobados, bajo el argumento de que otorgan una gran “impunidad” a la guerrilla. A su vez, opinó que los acuerdos significaban un peligro en el futuro próximo toda vez que al ser firmados, las zonas de concentración de las FARC serán “enclaves socialistas”, lo que, según él, afectaría a la economía colombiana.

La “mentalidad desordenada” de Uribe se ve reflejada ante las decisiones tomadas por su propio partido, el Centro Democrático, que le llevaron nuevamente a contradecirse ante la avasalladora realidad de la opinión pública nacional e internacional obligándolo a flexibilizar su opinión, pero intentando vender cara su derrota, al intentar imponer condiciones para dar su apoyo al proceso. En una reunión sostenida por esa colectividad, sin aceptar que en términos de la paz, el país va caminando por una ruta distinta a la de él, Uribe manifestó que ““Nosotros queremos desde aquí preguntarles al Gobierno y a las FARC si están dispuestos a reabrir capítulos, como el capítulo de la impunidad, el capítulo de la elegibilidad y a tener en cuenta unas observaciones del Centro Democrático”. Sin embargo, el uribismo, aún no decide si su rechazo a la paz, -ante la inevitable realización del referéndum- se va a manifestar por votar en contra o abstenerse.

Brexit

Es ineludible hablar sobre el Brexit. Posiblemente no ha habido otro hecho de impacto internacional tan trascendente y de tanta controversia como éste en lo que va de siglo, ríos de tinta se han derramado para explicar, conjeturar o emitir predicciones acerca de causas, implicaciones y consecuencias para Gran Bretaña, Europa y el mundo. La verdad, no quisiera ser parte de eso, entre otras cosas porque el hecho resulta tan complejo de analizar que siento temor de formular ideas equivocadas, más llevadas por el sentimiento que por la razón, por lo que en vez de aportar a la comprensión del fenómeno, más bien podrían llevar a profundizar cierta confusión, -que al menos yo tengo- para estudiar un proceso, que solo está comenzando y que me temo, tendrá repercusiones impensables aún, en este momento en que apenas “calienta motores”.

Sin embargo, debo decir que hay dos cosas que me quedan claras: la primera es que la única moneda que no se debilitó, al contrario se fortaleció después de la decisión del pueblo británico el pasado 23 de junio, fue el dólar y lo segundo es que al mismo tiempo que Gran Bretaña decidía su salida de la Unión Europea, se preparaba para fortalecer su membrecía en la OTAN. En este sentido, fuentes vinculadas a la OTAN han dicho que en la próxima reunión cumbre que la organización bélica occidental celebrará durante este mes de julio en Varsovia se reafirmará la “vocación atlantista” del Reino Unido. Ese ha sido el objetivo públicamente manifiesto de Estados Unidos y así lo ha dado a conocer el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg quien ha manifestado que el Reino Unido le ha asegurado “que mantendrá su compromiso con la defensa de la estabilidad occidental y no pondrá en peligro los planes conjuntos de la UE y la OTAN”.

De manera que en términos de control y hegemonía global, el Brexit lejos de debilitar el poder imperial lo ha fortalecido con una moneda más sólida y un componente militar reforzado. Ese es un primer punto de vista. Sin embargo, la confusión (por lo menos la mía) viene dada por la “extraña” similitud de opiniones venidas desde los más disimiles ámbitos del espectro político que parecieran coincidir en “saludar” la decisión de la mayoría de los votantes británicos. 

Veamos. Uno de los candidatos presidenciales de la derecha estadounidense, Donald Trump, al celebrar los resultados del Brexit afirmó: “Dije que esto iba a pasar y es algo grande. Están enfadados por las fronteras, por las personas que llegan al país y se quedan, están enfadados por muchas cosas”. Por otras razones coincidió con él, el candidato liberal en las internas del Partido Demócrata Bernie Sanders: “No está funcionando en Estados Unidos para todos, no está funcionando en Reino Unido para todos”.

Por su parte, la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen expuso que tal y como ha estado pidiendo desde hace años “ahora es necesario el mismo referéndum en Francia y en los países de la Unión Europea”. Estando de acuerdo con los resultados, el presidente ruso Vladimir Putin lo ve con una óptica diferente: "Se entiende por qué ha pasado esto. Primero, a nadie le gusta alimentar y financiar a las economías más débiles, mantener a otros Estados, a pueblos enteros". De alguna manera, el reconocido analista internacional argentino Atilio Borón, coincide con Sanders cuando expresa que: “Esta Europa de las clases dominantes, burocrática y empresarial es la que recibió un mazazo brutal desde el Reino Unido y no hay razón alguna para lamentarse por ello”.

Vistas así las cosas, quizá valga reconocer que como atestigua el Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia Umberto Mazzei, esto no es un problema de derechas o izquierdas, porque en el fondo lo que se debatía durante las discusiones sobre el Brexit era referido a “la invasión de inmigrantes, mantenimiento de niveles de bienestar [y] la capacidad de Gran Bretaña para controlar su propia economía”. A este respecto, los votantes sabían que los inmigrantes vienen de zonas de guerra creadas por la OTAN, que a su vez han invadido países a partir de las decisiones de Obama y la señora Clinton. Esto es lo que permite entender porque el líder del partido Laborista Jeremy Corbyn mantuviera una posición ambigua respecto de si valía la pena o no salirse de Europa, con lo cual terminó armonizando con Nigel Farage, dirigente máximo del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), el gran ganador del evento comicial del 23 de junio.

Las primeras consecuencias son internas, aparte del ya publicitado desplome de la libra esterlina a sus niveles más bajos desde 1985, la mayor amenaza es política, cuando dos de las tres colonias que conforman junto a Inglaterra el Reino Unido, amenazan con la Independencia. El presidente honorífico del partido republicano norirlandés Sinn Féin, Declan Kearney hizo pública su adhesión a la convocatoria de un referéndum sobre la unidad de Irlanda Así mismo, Sammy Wilson, diputado del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte ha celebrado los resultados del Brexit y ha señalado que los irlandeses no se han dejado intimidar por los políticos ingleses. En Escocia fueron más lejos, después de­­ su apoyo a la permanencia en Europa, la jefa de Gobierno Nicola Sturgeon se apresuró a viajar a Bruselas , para hacer patente la voluntad mayoritaria de los escoceses, quienes antes deberán hacer un nuevo referéndum independentista, para separarse del Reino Unido. Los líderes europeos se reunieron con la mandataria escocesa cuyas opiniones y demandas fueron escuchadas “con atención”, cuando paradójicamente hace un año y medio, en septiembre de 2014, cuando se realizó el anterior referéndum, Bruselas amenazó a Escocia con no admitirle si se separaba del Reino Unido.

Creo que lo que ha habido es una mezcla de opiniones e intenciones, por una parte, el rechazo y repudio de amplios sectores de la población molestos por la pérdida creciente de beneficios sociales, sobre todo en educación y salud que han conllevado a un aumento de la pobreza y el desempleo por la aplicación de políticas de austeridad y reformas fiscales y económicas que solo favorecen a los sectores financieros vinculados al gran capital, para lo cual se ha creado una burocracia eficiente que solo sirve a esos intereses, no a los de los pueblos.

Así mismo, una política exterior dependiente de Estados Unidos, que ha involucrado a Europa en guerras que no le conciernen, llevando a que sean los habitantes del Viejo Continente quienes paguen las consecuencias en forma de respuestas terroristas, que han debilitado la seguridad interna y la confianza de los ciudadanos en los mecanismos creados para salvaguardar su vida. 

Es claro que Estados Unidos ha apostado al debilitamiento de la Unión Europea, de la cual no forma parte y a la que visualiza como un competidor económico, mientras que hace su mayor esfuerzo en el fortalecimiento de la OTAN, de la cual si es integrante y la maneja a su antojo. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, -tal como dijimos al comienzo- no altera en lo más mínimo el proceso de subordinación de Europa a Estados Unidos, sobre todo en los planes anti rusos de la OTAN en su ambición de extenderse al este.

Pero, por otro lado, también se manifestó un claro interés de culpar de la crisis -generada en 2008 en Estados Unidos, pero que se extendió con fuerza a Europa- a los emigrantes que afloran del desplazamiento que han producido las guerras de la OTAN. En el trasfondo, al igual que al final de la primera guerra mundial, cuando surgió el nazismo y posteriormente, cuando éste llegó al poder en 1933, en medio de la más profunda crisis capitalista que se había conocido en la historia, se imponen fuerzas xenófobas y racistas, tras lo cual de encubre la incapacidad del sistema capitalista para generar un ambiente de paz en el planeta, en el que todos los ciudadanos puedan vivir en armonía con sus pares, con su entorno y con la naturaleza. 

Por rechazo al sistema o por miedo de lo que pueda pasar ante la incapacidad de ese mismo sistema para ofrecer respuestas satisfactorias, se ha consumado el Brexit y se seguirán produciendo conmociones sociales de distinto tipo porque el problema global y en particular el de Europa son coyunturales, ni finalizaron con el 23 de junio, responden a causas profundas que surgen de la inequidad, la injusticia y la exclusión.  

De un uruguayo a otro uruguayo. Una historia de genuflexiones

En 1956, Cuando Pepe Mujica daba sus primeros pasos en la política de la mano de Enrique Erro, diputado del Partido Nacional (el mismo de Luis Almagro), otro uruguayo, José Antonio Mora, considerado independiente, pero muy cercano al Partido Colorado (la otra rama de la oligarquía uruguaya), fue elegido Secretario General de la OEA. Duró 12 años en el cargo, de manera tal que sino fue el artífice, al menos, asumió con fervor la responsabilidad de ser el ejecutor principal de la política colonial de Estados Unidos en la organización, a fin de conducirla a la decisión de marginar a Cuba de la misma y, unos años después, al apoyo y justificación de la intervención militar de Estados Unidos en República Dominicana en 1965. 

Cincuenta y un años, después otro uruguayo actuando igualmente como Secretario General del ministerio de colonias derrama “lágrimas de cocodrilo” intentando un desagravio que no fue. Una tibia declaración fue la respuesta que tuvo el presidente dominicano Danilo Medina a su solicitud de “una resolución de desagravio a la República Dominicana por el rol desempeñado por la OEA durante la Revolución de Abril de 1965”. Alguien de buena fe podría pensar que esa resolución si se aprobó y el Secretario General Almagro cumplió su rol de promocionarla a partir de la petición del jefe de Estado quisqueyano. Nada más falso. El gobierno dominicano exhortó al reconocimiento del proceso histórico vivido por su país en la segunda mitad del siglo XX y específicamente en 1965, así como de las acciones que “en ese marco ejecutó la Organización de Estados Americanos (OEA), que produjeron perturbación y luto y una indignación todavía presente en la población”.

Se estaba refiriendo a la intervención militar de 42.000 marines de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que desembarcaron en ese país para apoyar a los militares de derecha que derrocaron al presidente constitucional Juan Bosch quien sido elegido por el pueblo en los comicios de 1962. Nada de defensa de la democracia, nada de proteger vidas amenazadas de norteamericanos, nada de salvaguardar instituciones y empresas estadounidenses. Una simple y vulgar invasión a sangre y fuego para asesinar y reprimir a los miles de obreros, estudiantes y militares constitucionalistas que habían rechazado el golpe de Estado y bajo el mando del Coronel Francisco Caamaño Deñó se proponían reinstalar al presidente Bosch y al gobierno legítimo en el poder que le habían dado los votos.

Después de la invasión, cuando la masacre ya había comenzado, en medio de la férrea resistencia del pueblo dominicano y los militares constitucionalistas, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson se dirigió a la OEA para denunciar “el peligro comunista que significaba Caamaño”, pidiendo medidas colectivas y el despacho de una fuerza multinacional que permitiera “maquillar” la intervención, dándole carácter multilateral. La OEA aprobó las medidas colectivas, y varios países enviaron tropas a fin de cumplir con las órdenes recibidas desde la Casa Blanca.

Juan Bosch, quien además de presidente de su país, fue uno de los más relevantes intelectuales latinoamericanos del Siglo XX, en su libro “El pentagonismo, sustituto del imperialismo”, lo relata de la siguiente forma: “Se ha querido presentar la historia de la intervención norteamericana en la República Dominicana como un modelo de acción internacional bienhechora; pero la realidad es muy diferente. Es una dolorosa historia de abusos, de asesinatos y de terror que se ha mantenido silenciada mediante el control mundial de las noticias. Bastarán unos pocos datos para que se entrevea la verdad: desde las 9 de la mañana del 15 de junio de 1965 hasta las 10 de la mañana del día siguiente, sin una hora de descanso ni de día ni de noche la ciudad de Santo Domingo fue bombardeada por la fuerza de ocupación de los Estados Unidos. En esas 25 horas de bombardeo los hospitales no daban abasto para atender a los cuerpos desgarrados por los morteros pentagonistas”

Y agrega el insigne dominicano, “Hasta ahora no se ha dicho la verdad sobre el caso dominicano, pero se dirá a su tiempo”. Por esta verdad, el presidente Medina y su gobierno, cincuenta y un años después reclamaban que la OEA admitiera su responsabilidad histórica por haber dado su respaldo a acciones bélicas que contrastaban con los enunciados de su propia Carta. El contenido de la demanda dominicana exponía que la OEA expresara “al pueblo dominicano su pesar por haber respaldado, en 1965, la invasión de su territorio y el atropello de su soberanía”, así mismo solicitaba a la organización continental “su comprensión, pedir disculpas por el error histórico cometido y a la vez condolerse por las víctimas ocasionadas, asumiendo el compromiso de trabajar en procura de que acciones semejantes no se repitan en el futuro".

En la pusilánime declaración aprobada por la OEA hay una total omisión de que hubo una invasión militar de Estados Unidos y de aquellos países gobernados por dictadores de derecha como Brasil, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Paraguay, así como la muy democrática Costa Rica que entre todos enviaron 1.748 soldados de la OEA para servir de “comparsa” a la 82ª División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De la misma manera no aparece la más mínima mención al aval dado por la OEA a la invasión en 1965. Una falta de respeto al pueblo dominicano y una vergüenza más, para esta estructuralmente desvergonzada organización.

Lágrimas de cocodrilo. Si, lagrimas de cocodrilo cuando solo ocho días después el Secretario General de la OEA convoca a una reunión para hacer lo mismo que su compatriota 51 años antes, sólo que ahora peor. En República Dominicana la OEA actuó después de producida la invasión a fin de avalarla; ahora, Almagro pretende dar una fianza a la intervención antes que la misma se haya realizado, es decir, va más allá, también quiere ser promotor de la misma. La declaración sobre Republica Dominicana aprobada en Santo Domingo en medio de los “trastornos digestivos” que le produce a algunos países latinoamericanos la presencia del representante de Estados Unidos, se atrevió en el punto 3 de su parte resolutiva a “Reafirmar los principios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA”. Sin embargo, pareciera que para Almagro, el derecho internacional dejó de ser algo importante que se deba respetar. 

Pero mientras ese mismo día 23 de junio en Washington, Almagro actuando como garante de la guerra, protagonizaba su aberrante acto de incitación al conflicto en Venezuela, en la todavía bloqueada Cuba, otros países latinoamericanos, incluyendo a Venezuela, actuando como garantes de la paz eran testigos de la firma del histórico acuerdo del cese bilateral y definitivo al fuego entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Curiosamente, a un evento de tanta trascendencia histórica para Colombia y para toda América Latina, la OEA no fue invitada, como si lo hicieron las partes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la que se hizo presente a través de su presidencia pro tempore ocupado por el primer mandatario dominicano.

Así, la firma de la paz en Colombia se hizo bajo las banderas de Bolívar, con la presencia de la CELAC, hija de su ideario y en la Cuba libre y enhiesta después de más de medio siglo de resistencia, mientras que la declaración de guerra contra Venezuela, se consumó en Washington, bajo el paraguas protector de Monroe, que utilizaba para ello, una vez más a su engendro mal concebido y mal parido como todo lo que se fecunda y viene a la vida el odio y repugnancia que Estados Unidos tiene a los pueblos latinoamericanos y caribeños

Como todo país, Uruguay también tiene malos hijos, pero los verdaderos orientales, los del pueblo profundo amante de la paz y la libertad, los herderos de Artigas y Lavalleja, de Sendic, Seregni y Arismendi, de Benedetti y Galeano, de Viglietti y Zitarrosa, que tanto le han dado a ese, su terruño pequeño gigante y a toda la América Latina, prevalecerán siempre en la memoria y en la historia de esta Patria Grande.

¿Mercenarios al servicio de la OEA?

El 8 de junio de 1977 fue aprobado por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo Internacional Humanitario aplicable a los Conflictos Armados, el protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.

En dicho documento se establece que un mercenario es aquel soldado que participa de un conflicto bélico para su propio beneficio económico, al margen de toda consideración ideológica, nacional o de tipo político respecto de la parcialidad o grupo para el que lucha.

Esta variedad de “combatiente” ha adquirido especial notoriedad en el presente, sobre todo por las características que ha asumido la guerra moderna y la forma como las grandes potencias se han asimilado a la misma, para disminuir bajas y atenuar los contratiempos de diferente tipo que causan estas muertes en la opinión pública de países que a simple vista no tienen justificación válida para inmiscuirse en tales conflictos. 

Ello ha llevado al surgimiento de empresas privadas que al no ser actores políticos ni militares estatales, no asumen las responsabilidades que estos últimos tienen en el marco del derecho internacional. Tales empresas contratan fuerza de trabajo “especializada”, generalmente entre miembros en retiro de ejércitos y cuerpos de seguridad, a fin de lograr los objetivos propuestos, lo cual permitido profesionalizar y generalizar la práctica de la actividad mercenaria.

Sin embargo, valdría hacer notar que el desprestigio del término y el rechazo a esta actividad en la mayor parte de las sociedades civilizadas han puesto en entredicho la práctica de tan deleznable actividad e incluso el uso de tal vocabl . Sin embargo, para burlar este creciente repudio, las fuerzas intervencionistas, en particular Estados Unidos ha girado hacia una doctrina militar que tiende a maquillar sus intenciones y disimular la brutalidad y la sinrazón de sus objetivos, lo cual, -entre otras cosas- ha significado la utilización de nuevas expresiones, generalizando el uso de eufemismos que intentan ocultar la profundidad de sus acciones y hechos.

Así, como apunta Telma Luzzani, periodista y escritora argentina especializada en temas de política internacional en su extraordinario libro “Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica”, los insurgentes colombianos pasaron a ser “narcoterroristas” y la guerra que el gobierno de ese país libraba contra las fuerzas guerrilleras “una lucha antiterrorista”. Así mismo, la periodista argentina recuerda que: “En la jerga militar la palabra ´colaboración` fue reemplazada por ´seguridad cooperativa` las bases militares por ´sitios de operaciones de avanzada (FOL)`; los mercenarios por ´contratistas privados` y los militares estadounidenses en el extranjero ya no son ´asesores`, sino ´instructores`, ´personal de apoyo ‘o ´personal logístico`”. 

Una de las notorias empresas de este tipo, que a pesar de violar las normas más elementales del derecho internacional, actúa con total impunidad, resguardada por el gobierno de su país de procedencia, es Military Profesional Resources Incorporated, de origen estadounidense, la que después de trabajar para el gobierno de Croacia, fue contratada por el Pentágono para asesorar al Ejército colombiano. Así mismo, Executives Outcomes que arrancó dirigida por militares del ejército racista del apartheid sudafricano pero que trasladó su sede a Londres, ha sido muy activa al conseguir contratos en Europa, África y América Latina para “proteger” las actividades de transnacionales mineras y petrolíferas. 

Por su parte, Dynacorp, creada como empresa aérea de carga en 1946 por pilotos norteamericanos, pero que hoy es propiedad de funcionarios de inteligencia del Pentágono y la CIA, ha prestados servicios en el Sudeste de Asia, Irak, El Salvador, Bosnia, Ecuador y Colombia, siempre en tareas de contrainsurgencia.

Pero, la que podría considerarse “la madre” de todas estas contratistas” para alimentar las guerras con “carne fresca” es Blackwater, rebautizada como Xe Service y más recientemente denominada Academi, aunque también opera en Medio Oriente bajo el nombre de R2. Su sede está en Moyock, Carolina del Norte, al sureste de Estados Unidos y está dirigida por Erik Prince, un ex miembro del ejército de Estados Unidos.

Ha tenido una relevante participación en Irak, Nigeria, Somalia y desde hace solo unos pocos meses en Yemen después que Prince (quien reside en en los Emiratos Árabes Unidos [EAU]) firmara un acuerdo con el príncipe heredero sustituto y ministro de defensa de Arabia Saudita Mohamed Bin Salman bajo el auspicio del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de los EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan

El acuerdo por 539 millones de dólares, garantiza la presencia de 1.400 hombres de la compañía Academi, que participarán en acciones de combate junto a las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita en Yemen. Algunos reportes que se han dado a conocer en la región, aseguran que el régimen saudí afirmó que garantizará la seguridad del personal de Academi, para lo que utilizará su influencia entre los militantes activos de al-Qaeda en ese país a fin de prevenir cualquier posible ataque del ejército y las fuerzas huthies yemenitas del movimiento Ansarolah, que resisten la invasión saudí, la que más de un año después de su inicio no ha logrado cumplir los objetivos mínimos trazados. 

Sin embargo, el New York Times ha informado que fueron 1.800 los soldados latinoamericanos que se concentraron en una base militar de Emiratos Árabes Unidos (Ciudad Militar de Zayed), y que de ellos 450 eran colombianos, aunque también había panameños, chilenos y salvadoreños. Según el periódico estadounidense: “Las autoridades de los Emiratos han mostrado predilección a la hora de contratar a colombianos porque su profesionalidad se considera probada en la guerra contra las FARC en Colombia”.

Como se puede observar, si algo tienen en común todas estas empresas, es su relación con el conflicto bélico interno de Colombia. La privatización de la guerra en este país no es nada nuevo, ya desde la década de los 90 del siglo pasado, el Pentágono encargó algunas misiones a estas empresas globales de la industria de la guerra, a fin de violar el reglamento del Congreso de Estados Unidos que limitaba a 500 el número de soldados que podían tener presencia en Colombia, aunque posteriormente lo elevó a 800, los cuales no podían participar directamente en acciones bélicas, lo cual era subsanado con la presencia de mercenarios que actuaban al margen de la ley. Estas acciones escalaron a niveles muy superiores durante el gobierno de George W. Bush.

En particular, a partir de 1997 hubo una intensificación de las firmas militares privadas en Colombia. Según relata Luiz Alberto Moniz Bandeira en su libro “La formación del imperio americano. De la guerra contra España a la guerra en Irak”, en Colombia, los “contratistas y proveedores del Pentágono, asumieron el manejo de sistemas de comunicación y radares, fumigación de plantaciones de coca, investigación del movimiento de personas y armamentos, e inclusive otras tareas de inteligencia”.

Para los que duden de los aprestos del Pentágono contra Venezuela, esbozados en los Planes Venezuela Freedom I y II y supongan como fantasiosas las posibilidades de una intervención militar en el país, deben saber que ésta no se hará con soldados estadounidenses, una modalidad del pasado. Para ello, desde hace muchos años, Estados Unidos viene preparando un ejército mercenario de miles de hombres de varios países de América Latina, de manera primordial Colombia, que hoy hacen su práctica en Yemen y que estarán prestos a cumplir las órdenes de sus jefes militares del Comando Sur y del jefe político designado para la misma, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien a pesar de derramar “lágrimas de cocodrilo” por el apoyo de su Organización a la invasión estadounidense contra la democracia en República Dominicana en 1965, hoy reclama protagonismo para repetir la “hazaña” en otras latitudes de Nuestra América.

Colombia. Los retos del postconflicto

Así se llama un libro de los investigadores colombianos León Valencia y Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación de Bogotá, publicado en marzo de este año por Ediciones B y en el que también escriben otros acreditados estudiosos del país vecino. 

Este pareciera ser el tema más importante que avizora el futuro de Colombia, por lo que en torno al mismo, girará el acontecer político y se medirá la efectividad de la democracia y la viabilidad de los acuerdos que se han discutido entre el gobierno y las FARC y los que se comenzaron a debatir entre la instancia gubernamental y el ELN.

En el prólogo del libro, bajo el título “No cometer errores del pasado” se señalan los cinco pasos que durante este año 2016, llevarán a los prolegómenos del postconflicto. Son ellos, la firma del acuerdo de paz, la concentración de las FARC en diversos lugares del país y el inicio del cese definitivo de las hostilidades, la refrendación de los acuerdos mediante votación ciudadana, la conversión de los acuerdos en leyes y decretos por parte del presidente Santos y la dejación de las armas por parte de las FARC.

Llevar estos pasos a su cumplimiento exitoso será la preocupación más importante de los colombianos en lo que resta del año y durante los que están por venir. Como dicen los autores, este libro intenta dar respuestas a las preguntas que inquietan y preocupan a millones de ciudadanos: “qué hacer después del desarme, dónde hacerlo, cómo hacerlo y cuáles son las responsabilidades del estado y la sociedad”.

Los siete autores de los seis ensayos que componen la publicación anuncian que contaban con muchas “señales” respecto de la comprensión por parte de las Farc en relación a su aceptación de que no podrían obtener una victoria militar en el conflicto interno que aqueja a Colombia desde hace más de 50 años, eso los llevaría a la vía de la política y a la admisión de la necesidad de su participación en el sistema democrático que el país se ha dado, como espacio para dar a conocer sus puntos de vista en relación a la solución de los grandes problemas que agobian a su país, aportando soluciones en los marcos legales existentes. 

De igual manera, -siempre según la opinión de los autores- habían cosechado también algunas “señales” en torno a la visión del presidente Santos, quien había percibido que después del gran esfuerzo del Estado por aplicar la política de Seguridad Democrática, eje del gobierno del presidente Álvaro Uribe, no había sido posible lograr la derrota militar, ni el aniquilamiento de la guerrilla, mucho menos su rendición, a pesar que había sido debilitada sin que ello significara la posibilidad de mermar absolutamente su capacidad combativa. Haberse planteado ese objetivo a perpetuidad, iba a conducir a un enfrentamiento de largo plazo que continuaría destruyendo la base económica y social del país, sin que necesariamente ello diera seguridades respecto del fin de la confrontación. 

Valencia, Ávila y el resto de investigadores que produjeron esta importante obra llegaron a la conclusión que esta confluencia de percepciones llevaría necesariamente a un diálogo que permitiría una negociación que daría paso al fin del conflicto. Esta convicción es la que los persuadió de la exigencia de trazar pautas para el proceso que sobrevendrá a la firma de los acuerdos de paz. 

Consideran que aunque la historia de Colombia ha sido pródiga en firmar acuerdos de paz, ninguno de ellos ha asegurado el fin de la violencia política, en gran medida porque no se han articulado acciones encaminadas a garantizar la estabilidad en los territorios donde se ha desarrollado la guerra ni se le ha dado participación efectiva a todos los actores involucrados en el conflicto, los cuales más temprano que tarde han retomado la senda del enfrentamiento.

El libro aporta elementos que permiten afirmar que ahora que las Farc ha manifestado de manera muy firme y contundente su apuesta por la paz, se ha abierto una oportunidad trascendente para culminar el conflicto y reducir ostensiblemente los niveles de violencia que por muchos años ha vivido Colombia. En esa medida, esbozan una propuesta de intervención de “corto, mediano y largo plazo para construir Estado, mercados legales e instituciones que nos permitan conjurar la tentación de seguir en la confrontación”, en 281 municipios de todo el país en que ha estado la guerrilla (tanto de las FARC como del ELN) en los últimos 30 años según una clasificación hecha por el equipo de estudiosos de la Fundación Paz y Reconciliación después de casi una década de investigación. Además, han establecido otros 300 municipios en los que igualmente existen economías ilegales y grupos surgidos posteriormente a la desmovilización paramilitar, los que han ido configurando “organizaciones criminales de tipo urbano”. Para estos territorios los autores del libro proponen un “tratamiento especial”.

El reto no será menor, por una parte, la guerrilla tiene poco conocimiento del funcionamiento del Estado, así como éste conoce escasamente la actividad de los grupos insurgentes. En esa medida, este libro viene a ser un aporte para acercar posiciones que permitan en los hechos construir una paz estable para Colombia.

Tal como afirman los autores que con su nombre prestigian esta publicación, la obra mostrará realidades que pueden servir a las dos partes negociadoras para ampliar y mejorar su conocimiento de la otra, así como el contexto en que ambas manejaban el funcionamiento de los territorios en los que ejercían el poder.

En la misma tónica del libro, cual es la realización de un debate que conduzca a la búsqueda de consensos, así como a la ampliación del conocimiento respecto de los avances del proceso de paz, haciendo pedagogía para el momento posterior a la firma de los acuerdos de paz, se realizó el pasado jueves 9 de junio en Caracas, el Seminario Internacional “Los colombianos en Nuestra América también construyen paz”, organizado por la Fundación para una Nueva Vida (Funuvida) de Colombia y auspiciada por la Fundación Constituyente XXI de Chile y el Centro de Estudios Global AZ de Venezuela.

Con una amplia participación de ciudadanos colombianos residentes en Venezuela, así como jóvenes estudiantes de varias universidades de la capital del país, la actividad contó con dos partes. La primera de ellas estuvo constituido por un panel en el que dieron a conocer su opinión sobre el tema Anayansi Acevedo, en nombre de la Fundación Acción Global por los Derechos Humanos de Venezuela; Xoan Noya, Secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud del PSUV; Miguel Ángel Trinidad, experto de la OEA en Seguimiento, Verificación y Reinserción de ex combatientes; Luis Eduardo Celis, sociólogo, analista e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia; Esteban Silva presidente de la Fundación Constituyente XXI de Chile y Alejandro Toro, presidente de Funuvida de Colombia quien cerró este primer componente del evento con emotivas palabras testimoniales respecto del horror de la guerra, así como la necesidad de además de poner fin a la misma y garantizar que nunca se vuelva a repetir. 

Posteriormente, los participantes se incorporaron a cuatro mesas de trabajo que debatieron sobre garantía de retorno a las regiones, propuestas para una paz estable y duradera con justicia social, el papel de la comunidad internacional en el proceso y el papel de los medios en el post conflicto, elaborando sendas conclusiones recogidas en documentos que fueron entregados a Funuvida para su sistematización y divulgación. En resumen una fructífera y exitosa jornada de concientización y apoyo a la paz en Colombia. 

El que siembra vientos…cosecha tempestades

Asistimos a niveles de confrontación nunca antes vistos en casi todos los rincones del planeta y como pocas veces en la historia. Aunque estos enfrentamientos no están ajenos al desarrollo de colisiones de carácter bélico, la novedad es que no necesariamente, -por acción u omisión- la característica que identifica esta situación es el despliegue de grandes cantidades de ejércitos en territorios de combate.

Hoy, los escenarios de esta confrontación se han multiplicado, al incorporar a los medios de comunicación y los instrumentos de la política, la economía y la diplomacia como actores protagónicos de los conflictos. Incluso, los organismos multilaterales, creados para salvaguardar la paz en el mundo se han visto involucrados frecuentemente en la exacerbación de diferencias que conducen al fomento de las crisis, cuando deberían acudir a la solución de las mismas.

Finalmente, la verdad de los poderosos se sigue imponiendo a sangre y fuego y sin importar los costos que ello tenga de cara al futuro. Todas estas situaciones, en particular en América Latina y el Caribe pueden tener diversas miradas y distintas lecturas. Al observar los hechos de los últimos seis meses en la región, podemos concluir que asistimos a una regresión neoliberal que se manifiesta en casi todos los escenarios y en particular en el de las relaciones internacionales y la política exterior. La característica fundamental es que se ha abandonado casi todo principio o comportamiento ético, para caer en un pragmatismo a ultranza, en el que todo vale en función de lograr el objetivo propuesto.

Estas reflexiones acuden a la memoria cuando se observa la actuación de la OEA respecto de la situación de Venezuela y de otros países de la región. Se ha puesto en evidencia que todo su discurso de defensa de la democracia, respeto a la libre determinación y no injerencia en los asuntos internos de los países no es más que retórica artificial encaminada a ocultar su verdadero objetivo, cual es la defensa de los intereses hemisféricos imperiales.

Al respecto en un artículo escrito en mayo de 2007, hace 9 años, titulado “Salirnos de la OEA es lo único congruente con el ideal bolivariano” recordaba que: “La Organización de Estados Americanos (OEA) es un instrumento que nació al finalizar la Segunda Guerra Mundial como expresión de la correlación de fuerzas existentes en el continente durante el conflicto. Fue creada para apoyar a Estados Unidos en su tardío esfuerzo bélico de participación en el conflicto e incluyó una amplia alianza de fuerzas políticas y sociales hegemonizada por las burguesías locales.

Además la OEA fue, en su surgimiento, prueba de la extensión del sistema internacional resultado de la derrota del fascismo que tuvo su mayor expresión, a nivel mundial, en la Organización de Naciones Unidas. El objetivo inicial de la OEA era organizar un sistema internacional interamericano entre iguales, en concordancia con la Carta de Naciones Unidas.

Los países del continente aspiraban a un manejo democrático de los asuntos internacionales, de allí que postularan una organización sin hegemonías. Pero esto produjo temores en el seno del gobierno de Estados Unidos que en un primer momento tuvo dudas sobre la conveniencia de firmar la carta de la Organización ya que la misma podría limitar su capacidad de dominio sobre lo que siempre consideró su ´patio trasero.

Sin embargo, la realidad política circundante al finalizar la guerra puso fin a la amplia alianza de fuerzas antifascistas y llevó a la aplicación de la Doctrina Truman que postulaba el apoyo material, financiero y moral de Washington a todas las fuerzas conservadoras, reaccionarias y anti comunistas.

Ello permitió crear las condiciones para que en el continente emergieran estas fuerzas retrógradas que le dieran tranquilidad a Estados Unidos, y considerando que los gobiernos iban a acatar dócilmente sus directrices la Casa Blanca torció su análisis inicial y replanteó su decisión, apoyando la creación de la OEA. Junto a ello se reservaron para Washington la sede de la Organización e iniciaron una "diplomacia regional" a través de la amenaza, el chantaje, la coerción y la extorsión de gobiernos que además no mostraban gran interés en oponerse a ello.

Vale decir que el año anterior, en Río de Janeiro, se había creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca como instrumento militar hegemónico controlado por Estados Unidos para asegurarse la lealtad de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos en su confrontación estratégica con la Unión Soviética”.

Lamentablemente, cuando debimos habernos salido de ese engendro imperial, no lo hicimos y hoy tenemos que seguir yendo a Washington a rendir cuentas de nuestras actuaciones soberanas.

Se podrá estar o no de acuerdo con el actual gobierno de Venezuela, pero hay actuaciones que señalan definiciones de nacionalidad que son expresiones identitarias respecto del país en que se nace o se acoge como lugar de residencia permanente o, si lo queremos ver desde la perspectiva bolivariana, entenderla en su carácter regional, si se acepta que: “La patria es la América”.

Todo esto que ha estado ocurriendo, cuando diputados venezolanos, acuden a una instancia supra nacional para que ésta, actuando al margen del derecho internacional sancione al propio país de origen de tales parlamentarios, es expresión de aquella máxima marxista, de que no hay fuerza más poderosa que el interés de clase, éstos son mucho más fuertes que cualquier otro, incluyendo el de nación o incluso el de familia.

Pero, viéndolo en un sentido más amplio, es curioso, que la OEA y su secretario general, desesperado por ganarse un espacio en el olimpo del poder global,  no haya actuado con la misma celeridad ante los desmanes cotidianos del gobierno de Mauricio Macri o ante esta nueva modalidad que tristemente se ha entronizado en América Latina, cual es la aprobación tácita de un golpe de Estado, ejecutado por el delito organizado en Brasil.

En Venezuela, hay muchos ciudadanos que sin ubicarse en uno u otro espacio del espectro político, tiene sentido nacional y rechaza visceralmente la injerencia extranjera. Cabe destacar que entre esos ciudadanos, un lugar prominente lo ocupan los miembros de la fuerza armada que han sido educados en el ideal bolivariano lo cual los ha llevado desde siempre a sostener un sólido espíritu de defensa de la soberanía.

No va a ser la OEA la que solucione los graves problemas que aquejan a Venezuela, mucho menos ahora que el secretario general tupamaro por fuera, blanco por dentro, engendrado por Pepe Mujica, se puso de lado de una de las partes, violentando incluso de forma mucho más descarada que en los años 60 y 70, la esencia de lo que debe ser una organización internacional, cuál es su impronta a fin de solucionar los conflictos.

Entonces, me pregunto, ¿tiene algún sentido que el señor Almagro siga siendo secretario general de la OEA? La verdad que siempre me ha dado lo mismo, lo que haga o diga un agente imperial que sostenga tal investidura, pero no me puede dar lo mismo, cuando lo que hay detrás de esta práctica es la generación de condiciones para una intervención del Comando Sur, que engendrará una situación de violencia en el país, que tal vez se sepa cuando comience, pero no, cuando termine. ¿Es que acaso la oposición se cree inmune a esta situación? ¿Supone alguien que en estas condiciones podrá haber un funcionamiento democrático normal? Si la oposición aspira legítimamente a hacerse del control del país, ¿cree que pueda haber elecciones libres en condiciones de una intervención militar extranjera?

Solo quiero recordar que en el Chile de Allende, hubo dos instigadores civiles del golpe de Estado: Patricio Aylwin y Eduardo Frei, ambos líderes del partido demócrata cristiano. Supusieron que los militares les iban a entregar el poder rápidamente. Todos sabemos lo que ocurrió. Pero hay que decir también, que Eduardo Frei fue misteriosamente envenenado mientras convalecía de una enfermedad en un hospital de Santiago. Así trata la oligarquía a sus lacayos, los usa y luego los desecha cuando ya no le sirven, como si fueran un conocido utensilio de uso sexual. A propósito, curiosidades de la vida, el hospital que “atendió” a Frei fue el mismo y con los mismos médicos que atendieron al poeta comunista Pablo Neruda, también envenenado según una investigación que ha concluido recientemente en el país austral.

La experiencia es que la peor democracia es mejor que cualquier golpe de Estado o intervención militar extranjera. Quienes apuestan a la violencia, recurriendo a las instituciones internacionales bajo control imperial, deben saber que ellas no los salvarán de los desmanes que sobrevendrán, si se llega a establecer que la única ley válida es la ley de la fuerza que surge de los fusiles.