Después de la invasión española y posterior
colonización de nuestra Abya Yala por la
entonces potencia ibérica, el territorio conocido como la Mosquitía, es decir la
costa caribeña de Centroamérica perteneció
a Nicaragua cuando era una provincia de la Audiencia de Guatemala,
creada por el Emperador Carlos V en 1542.
Las Recopilaciones de las leyes de Indias de las Reales Cédulas para las Colonias de América dejaron
claramente establecido que las islas de la costa de las provincias integrantes
de dicha audiencia pertenecían a ella.
Dos siglos después, en 1739, cuando se refundó el Virreinato de Santa Fe, que
se había creado originalmente en 1717 y extinguido en 1723, con sede principal
en la actual capital de Colombia, las islas del Mar Caribe que quedaban al
noroeste de Panamá seguían perteneciendo a Guatemala.
A raíz del abandono de la costa Caribe centroamericana
por parte de las autoridades españolas y las constantes incursiones inglesas en
la región, el Ministerio de la Guerra encargó a las autoridades del Virreinato
de Santa Fe que se hiciera cargo de la vigilancia y defensa de la Costa de la
Mosquitía el 20 de noviembre de 1803 a través de una Real Orden. Sin embargo,
en ningún momento segregaron dichos territorios insulares de la Audiencia de
Guatemala. Debe constar además que en la
legislación colonial española una Real Orden tiene un valor jurídico
subordinado a la Cédula Real. Las primeras
eran disposiciones emitidas por un ministro en uso de sus atribuciones,
mientras que las segundas eran expresión directa de la voluntad del monarca. En
esa medida eran firmadas por él.
De esta manera se consumó el inicio de un conflicto
que como casi todos los que ha habido a través de la historia de la región
tiene su origen en una decisión de la metrópoli que fue heredada por las
naciones americanas al concretarse la Independencia. Las oligarquías que
usurparon el poder al construirse los estados nacionales en el continente
transformaron estas disputas en banderas
para el control de la economía y el dominio de los pueblos, mientras se
subordinaban a la hegemonía imperial británica en el siglo XIX y estadounidense
en el XX. Surgieron así, atribuidos desde la élite, contradicciones y odios que
en algunos casos persisten y alejan a nuestros pueblos de su voluntad
integracionista desviándolos del espíritu bolivariano que permite construir la
nación de naciones que proyectara el Libertador. Esta visión estuvo presente el
15 de marzo de 1825 cuando se firmó el Tratado de Unión, Liga y Confederación
Perpetua entre la Federación de Centroamérica y la República de Colombia, -conocido
como tratado Molina-Gual- en el que ambas partes se comprometen a “…respetar
sus límites como están al presente reservándose el hacer amistosamente, por
medio de una convención especial la demarcación de la línea divisoria de uno y
otro Estado…”
Así, la contienda que motiva estas líneas estableció
un motivo permanente de conflicto entre Colombia y Nicaragua que se ha
mantenido hasta el momento actual y sobre el cual la Corte internacional de
Justicia de La Haya (CIJ) acaba de fallar el pasado lunes 19 de noviembre.
El diferendo limítrofe entre las dos naciones se
mantuvo a través del siglo XIX y las primeras décadas del XX. En ese período,
Nicaragua se separó de la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica y en
1838 se transformó en república independiente. Por su parte, Colombia salió en
1830 del ente del mismo nombre creado en 1819 durante el Congreso de Angostura,
constituyéndose en la República de Nueva Granada la que en 1866 tomó su nombre
actual. En 1903 sufrió el desmembramiento de la provincia de Panamá que se
estableció como Estado independiente. En todo ese período los documentos
constitutivos de ambas naciones con sus nuevos nombres y delimitaciones
territoriales fueron arrastrando el
problema adquirido desde la colonia.
Esta situación se mantuvo hasta que el 24 de marzo de
1928 se firmó el Tratado Bárcenas-Esguerra por el cual Colombia reconoció la
soberanía de Nicaragua entre el cabo Gracias a Dios y el Río San Juan,
incluyendo las islas del Maíz y Nicaragua la de Colombia en las Islas de San
Andrés, Providencia, Santa Catalina y demás islas e islotes de ese
archipiélago. Este tratado dejó dos temas sin resolver, el de la soberanía
sobre siete cayos que se encuentran a un poco más de 300 millas de la costa de
Colombia y 90 de la de Nicaragua. Por otro lado quedó sin disipar la definición
de los límites, toda vez que Nicaragua agregó la reserva de que ninguna parte
del archipiélago mencionado se encontraba al oeste del meridiano 82°, lo que
fue aceptado por Colombia. La revista Semana de Bogotá en su edición 1594
de 19 a 26 de noviembre de 2012 lo
explica de la siguiente manera al referirse al tema de límites en el Tratado de
1928 “…desde entonces, y durante casi 80 años, Colombia estuvo convencida de
que la frontera entre los dos países era el meridiano 82. Todo porque en el
canje de notas con el que se probó el tratado de 1928 se decía que el
archipiélago de San Andrés no iba más allá de ese meridiano” Sobre este tema,
la Corte Internacional de Justicia, falló en 2007 diciendo que no era un límite
sino una línea de ubicación.
Sin embargo, es válido decir que en el momento en que
Nicaragua firmó el mencionado Tratado Bárcenas-Esguerra, se encontraba ocupada
por las tropas estadounidenses. En su mensaje al Congreso del 10 de enero de
1927,
el presidente de Estados Unidos Calvin Coolidge, lo justificaba de la siguiente
forma “Estados Unidos se halla en una peculiar situación de responsabilidad de
construir un canal a través de Nicaragua,
a nuestros intereses en el canal de Panamá y a nuestras inversiones
financieras en la región. Si bien Estados Unidos no desea intervenir en los
asuntos internos de los países
centroamericanos, jamás podremos permanecer indiferentes ante los
acontecimientos que se desarrollan allí en posible perjuicio a nuestros
intereses. Cualquier amenaza a la estabilidad de Nicaragua será vista con
preocupación y podría resultar en la adopción de medidas necesarias destinadas
a proteger las vidas y las propiedades de los ciudadanos estadounidenses”. Aunque no deseaba intervenir, lo hizo. La respuesta fue la creación de
lo que Gabriela Mistral llamó el “Pequeño Ejército Loco” que con el general de
Hombres Libres Augusto C. Sandino a la cabeza luchó hasta expulsar a los
soldados norteamericanos de su territorio.
Ese fue el fundamento para que el primer gobierno
digno que tuviera Nicaragua en su historia, surgido de una revolución popular,
a tan sólo un año de haber tomado el poder en 1979, impugnara la validez de un
acuerdo internacional firmado bajo la égida imperial de Estados Unidos. Esta
reclamación es la que motivó el fallo de
la CIJ el pasado 19 de noviembre de forma unánime y con carácter inapelable.
La Corte fijó el límite alrededor de 531 km. más al
este de donde se “encontraba” en el meridiano 82° hasta
cerca del meridiano 79º, reconociéndole a Nicaragua la soberanía de dichas
aguas comenzando de las 200 millas náuticas
desde sus costas. Como contrapartida, reconoció la soberanía de Colombia sobre
parte de las aguas y todas las islas y cayos en disputa.
Las repercusiones en ambos países no se hicieron esperar.
El presidente Santos dijo que su gobierno no descartará “...ningún recurso o
mecanismo del derecho internacional para defender los derechos de los
colombianos.” Expresó que “...Colombia rechaza enfáticamente ese
aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy. El Gobierno
respeta el derecho pero considera que la Corte ha incurrido en este tema en
serias equivocaciones. La Corte, al trazar la línea de delimitación marítima,
cometió errores graves que debo resaltar, y que nos afectan negativamente”.
Evidentemente presionado por
los sectores de derecha ultra nacionalistas representados por el ex presidente
Uribe que llamó a rechazar el fallo y a
salirse de la CIJ, el presidente Santos tendrá que pagar su osadía por haber asegurado
días antes del veredicto que” No cabe miedo. La Corte confirmará la soberanía
de Colombia sobre los cayos”. Pero, la cancillería colombiana, experta en estas
lides durante doscientos años sabía que esto podía pasar. Con timidez bajo la
presión de las posiciones nacionalistas extremas, la Canciller Holguín había
dicho “Nadie está preparado para que
digan ´este pedacito ya no es de Ustedes`, tenemos que tener la mente en que
cualquier cosa puede pasar en esas posiciones salomónicas que ha tenido la
Corte”. Sin embargo, ha sido el almirante retirado Gabriel Arango
Bacci, quién manifestó el verdadero tema de fondo al advertir “…que el fallo afectará a Colombia en lo que
atañe a la seguridad, pues en esa zona marítima suelen operar actividades
ilícitas relacionadas al tráfico de personas, de dólares, de drogas, y de
armas, las cuales el país las enfrentaba con dureza. “¿Qué va a pasar ahora?, es algo incierto”.
Esta
decisión le quita a las fuerzas armadas colombianas la hipótesis de conflicto limítrofe
con Nicaragua y la posibilidad de seguir patrullando aguas que ya no están bajo
su soberanía. Las consecuencias son de diferente índole y deberán ser
estudiadas a futuro.
Mientras tanto el presidente de Nicaragua al celebrar el fallo, expresó la
preocupación de su gobierno por las palabras de su colega colombiano, pero
aseguró a “sus hermanos sanandresanos” que podrían desplazarse sin problemas
por las aguas nicaragüenses, sepultando de esa manera otras conjeturas acerca
de un problema potencial.
Ha triunfado la paz y la
justicia. Los latinoamericanos y caribeños nos debemos congratular por ello.
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