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La elección presidencial ha concluido. Fueron largas jornadas de extrema tensión en las que el pueblo venezolano fue sometido a fuertes campañas de presión sicológica acompañada de un enorme apoyo financiero y mediático a la oposición que incluyó una acción de terrorismo digital contra el Consejo Nacional Electoral(CNE) impidiendo dar resultados definitivos en el plazo estipulado y generando nerviosismo en la ciudadanía que los esperaba.
Hoy, a pesar de lo que transmiten los medios transnacionales de la información que muestran un país incendiado con un presidente huyendo y una fuerza armada fracturada, el país vive una calma bastante extendida. La desesperación de la derecha internacional y de la media canalla se manifiesta en el hecho de que tienen que recurrir a imágenes falsas y descontextualizadas ocurridas en otros momentos e incluso en otros países. Personas que alguien podría considerar decentes y que han ocupado altos cargos en sus países, han recurrido a la mentira de forma impúdica y desvergonzada para mostrar una verdad falsa y trucada.
La misma noche del domingo, ya en la madrugada del lunes, el presidente Maduro llamó a construir una amplia alianza política que permita ensanchar la base social de apoyo del chavismo. Igualmente, instó a los empresarios y empresarias del país a articular una alianza entre el sector público y privado, para avanzar hacia un modelo de gestión “revolucionario, socialista y con ética nacionalista”.
No puede ser de otra forma cuando se ha verificado la continuidad en la disminución de la votación histórica del chavismo en las tres elecciones que Maduro ha ganado (2013, 2018 y 2024). Creo que el pueblo le ha dado una nueva oportunidad al presidente, pero esta podría ser la última si no se resuelven problemas básicos que aquejan a la población, sobre todo en los sectores más humildes. En su nuevo período, el presidente tendrá que combatir la ineficiencia administrativa y la corrupción y, solucionar tres problemas que mantienen un clima de molestia en la ciudadanía: los bajos salarios, la carencia de servicios públicos (luz, agua, gas, teléfonos y salud entre los más problemáticos) en algunas regiones del país y las insuficiencias en el abastecimiento con combustible para la población.