Durante la última década del siglo pasado, tras la desaparición de la Unión Soviética y el fin de la guerra fría, Estados Unidos se dio a la tarea de buscar un nuevo enemigo que sirviera de eje para reorganizar su política exterior y su política militar. En primera instancia lo encontró en el narcotráfico. Después del 11 de septiembre de 2001 agregó al terrorismo como instrumento de ordenación de su acción intervencionista y agresiva en el mundo, a fin de sustentar su hegemonía en particular en América Latina y el Caribe.
En la práctica, Estados Unidos -además de buscar respuesta a un tema de la agenda internacional- encontró de este modo, una salida a un problema interno, trasladando al exterior los costos políticos. Desde 1960 a partir de la Ley Antiabuso de Drogas se introdujo un conjunto de sanciones a los países productores, junto a ello comenzó un proceso de militarización de la lucha contra el narcotráfico. Así, se modificó el equilibrio de fuerzas en América Latina y el Caribe, debilitando además la relación cívico-militar y afectando la gobernabilidad y la democracia que se sostenían con diferentes grados de estabilidad. Era la vieja política de “ a río revuelto, ganancia de pescadores” aplicada por Washington para incrementar su control sobre la región.
Por otro lado, poco se ha hablado en profundidad del fracaso de Estados Unidos en el control de la demanda de drogas a fin de trasladar la presión de los países consumidores a los productores y de tránsito. A finales de la década de los 80 del siglo pasado, un oscuro senador estadounidense por el estado de Delaware llamado Joe Biden dijo en el Congreso de su país que a pesar que los programas antidrogas se habían incrementado, la producción de sustancias sicotrópicas había aumentado de forma considerable: 143% la cocaína, 84% el opio y 33% la marihuana. Es decir, el aumento de los recursos de control de la oferta no estaban acompañados de programas de reducción de la demanda, todo lo cual manifiesta el desinterés de Washington por solucionar el problema.
Esto tiene dos razones: la primera, apropiarse de los ingentes recursos que proporciona el tráfico de drogas, la mayor parte de los cuales fluye por el sistema financiero de Estados Unidos. De acuerdo al Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, a finales de la década de los 80 del siglo pasado, la venta anual de estas sustancias superaba los 110 mil millones de dólares, la mayor parte de los cuales venía a sostener las finanzas de Estados Unidos un país en el que -según la misma fuente- el 37% de su población había consumido algún tipo de droga.