Colombia. La paz no debería tener plazos

La guerra como fenómeno político tiene múltiples definiciones. Tal vez la más conocida es aquella de Clausewitz que dice que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Lenin agregó que esos medios son siempre violentos. Tal aseveración asegura que la política no se agota con la guerra, sino que la prolonga. Estudiar la guerra en sus multitudinarias expresiones obliga a ampliar su ámbito  desde el estrictamente bélico. Me permito decir que desde el punto de vista del comportamiento humano, la guerra desata lo peor y lo mejor del individuo. Por un lado brotan los más bajos instintos por la necesidad de supervivencia, lo que en ocasiones lleva a que “todo valga”. Sólo un alto grado de conciencia política y patriotismo de aquellos que están involucrados en la misma por ideales difíciles de entender para el común de los mortales, logra limitar los instintos para actuar en términos humanitarios.  Ya el Libertador Simón Bolívar en el Tratado de Regularización de la Guerra firmado junto al mando español en noviembre de 1820, había establecido que la primera y más inviolable regla entre ambos gobiernos sería que la guerra debía hacerse como “la hacen los pueblos civilizados”.

Por otra parte, las dificultades, las ausencias, las carencias y la monótona convivencia con la muerte hacen de la guerra el más alto estandarte de solidaridad, fraternidad y afecto entre camaradas que en unos casos dan la vida por un ideal, y en otros por mezquinos intereses, sea al servicio del pueblo o de sus opresores, los combatientes son siempre hijos de las familias más humildes de la población. En ese marco, las guerras civiles son conflictos fratricidas, a pesar de lo cual, las heridas causadas son posibles de sanar sobre la base de una gran voluntad, altura de miras y de una visión de futuro que no son habitualmente comunes al género humano. Por ello, la vida y la obra de Nelson Mandela son paradigmáticas en ese ámbito cuando volvió del despojo de 27 años de su vida para fundar una nueva nación sin odios ni revanchas.

La guerra en Colombia dura casi 50 años, es el conflicto armado más antiguo del planeta. Una conflagración de ese tipo y de tan larga duración comienza a construir relaciones sociales, comportamientos sicológicos y establece motivaciones sociológicas que son muy difíciles de revertir. Si bien es cierto que el contexto internacional se ha transformado radicalmente desde el momento en que éste se inició, las condiciones de marginación, exclusión y pobreza de amplios sectores en el país no han variado mucho como lo atestigua el paro nacional agrario que hoy se desarrolla en casi toda su geografía. Sin embargo, también es dable decir que los objetivos que los insurgentes se trazaron no han podido ser conseguidos aunque la oligarquía y sus fuerzas armadas tampoco han logrado derrotarlos. En ese ámbito pareciera que lo más recomendable es que, -parafraseando a Clausewitz- se le diera nuevamente una oportunidad a la política fuera de los espacios bélicos.  En ese sentido, hace muchos años, el abogado penalista colombiano Hernando Barreto Ardila  apunto que “la única solución es la paz”, concibiéndose ésta como un planteamiento de “ética dialógica o dialogante” que entiende a la paz como “el presupuesto para la realización de los demás derechos fundamentales”. Así mismo, el sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia Ricardo Vargas Meza apuntó que “mientras la guerra no sea reconocida como la expresión de la crisis estructural de la sociedad colombiana y la casi inexistencia de la legitimidad del Estado colombiano, será imposible tomar en serio cualquier paso hacia la reestructuración institucional en el ámbito regional y nacional que pueda de alguna forma servir de marco para la resolución del conflicto armado”

El diplomático español  Manuel Montobbio ha dicho que una situación como esta,  exige el planteamiento de “nuevas dinámicas, retos y tendencias que constituyen el contexto en el que debe plantearse la evolución y construcción del orden internacional en América Latina”. Para ello propone “consolidar progresivamente un concepto de paz positiva ligada a la viabilidad política y socioeconómica, frente al concepto de paz negativa identificado con la mera ausencia de enfrentamiento armado”. Eso nos lleva a entender que si la guerra posee múltiples conceptos, la paz también los tiene.

Eso es lo que parece deducirse del desarrollo del proceso de negociación por la paz en Colombia que se desarrolla en la Habana entre el gobierno del país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Resulta inconcebible que un asunto de tanta importancia que ha generado todos los consensos nacionales e internacionales tenga tantos contratiempos. Eso solo se entiende por la existencia de fuerzas opuestas a la negociación, las que precisamente, tienen un concepto ultra reaccionario de la guerra y la paz. Suponer que el conflicto armado va a tener un vencedor en el terreno bélico es prolongar el sufrimiento de un pueblo que ya está cansado de seguir sosteniendo lo que en el fondo se ha transformado en un gran negocio de las élites y de las cúpulas de las fuerzas armadas.

Como dije el apoyo al proceso es casi unánime. Los alcaldes reunidos en Barranquilla han dicho que “Apoyamos de manera decisiva el proceso de paz que adelanta el Gobierno nacional con las Farc” y agregaron “Estamos seguros de que los tiempos de guerra deben quedar atrás. Colombia debe avanzar. No podemos seguir viendo, generación tras generación, cómo se destruye nuestro país. Hay que darle esta oportunidad a la paz”, aseguraron en un pronunciamiento que leyó el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo.

Por su parte, la iglesia católica a través de un documento dado a conocer por  el Arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor. Rubén Salazar, expresó que "A pesar de las dificultades que puedan presentarse en la mesa de negociaciones o fuera de ella, tenemos que apoyar las complejas gestiones de este proceso. No podemos permanecer atrincherados en la lógica de la guerra por temor al fracaso. Podemos y debemos derrotar, unidos, la desesperanza y el escepticismo".

Así mismo, en la Cumbre de Gobernadores denominada “Preparémonos para la paz” que se realizó  en Medellín, los 30 gobernadores del país, le manifestaron al presidente Juan Manuel Santos su apoyo a los diálogos de paz y su disponibilidad para cooperar en el posconflicto. Luis Alberto Monsalve, gobernador del Cesar y presidente de la Federación de Departamentos, expresó que están listos para cooperar, ante un eventual acuerdo de paz en Cuba: “El fin del conflicto no es sólo silenciar las armas, es igualmente importante afrontar el posconflicto para lo cual los gobernadores estamos listos como soldados para cooperar”.

Los miembros de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia expresaron, a través de una resolución, su apoyo al proceso de paz, afirmaron que “unánimemente respaldamos las conversaciones para la terminación del conflicto”.

Sobre el mismo tema, se han manifestado gobiernos latinoamericanos y de otras regiones del mundo expresando su total apoyo al proceso que se adelanta en Colombia. Desde líderes de derecha como Bill Clinton, Tony Blair,  Felipe González y Ricardo Lagos hasta de izquierda como Lula da Silva, presidentes en ejercicio como Cristina Fernández y José Mujica. Así mismo organismos multilaterales como Unasur, Mercosur, Alba, OEA y la ONU han dado su vertical respaldo a Colombia. El Presidente Hugo Chávez fue un entusiasta auspiciador de las negociaciones. La presencia de Venezuela junto a Chile como acompañantes y de Cuba y Noruega como garantes da cuenta de un abanico amplio de apoyo internacional al proceso.

Por su parte, en un sondeo hecho por la empresa Gallup el 28 de junio pasado, se manifestó una insistencia a favor de la continuidad de los diálogos con la guerrilla hasta lograr un acuerdo de paz. El 66 % de los colombianos mantiene un apoyo constante y creciente al proceso adelantado en La Habana. Jairo Delgado, especialista en Ciencia Política y director de Análisis del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, consideró que "Tanto en la guerrilla como en los colombianos hay un agotamiento por la confrontación armada y la violencia que genera. Por eso la gente quiere la paz". La misma encuesta  arrojó que solo el 32% de los colombianos opinó que no debe haber un diálogo y por el contrario,  se debe "tratar de derrotarlos militarmente".

Sin embargo, es evidente que las presiones al gobierno de parte de los sectores guerreristas encarnados en el ex presidente Uribe son muy fuertes. Ese factor, aunado a las intenciones reeleccionistas del Presidente Santos conspiran para un normal desenvolvimiento de las conversaciones. El afán permanente de poner plazo al fin de las mismas, da cuenta de una visión cortoplacista de cara a la solución de un conflicto ancestral. Como habitualmente apunta el Doctor en ciencias Políticas de la Universidad de los Andes en Mérida, Vladimir Aguilar, los tiempos políticos no siempre coinciden con los tiempos electorales. En este caso, es más que patente tal aseveración. Suponer que una conflagración de 50 años debe terminar antes de las próximas elecciones y que la reelección del presidente Santos es más importante que finalizar con el desangre de un país es no tener altura de miras ni comportarse como un estadista. La guerra debe terminar, a la paz no se le debe poner plazos.

Rusia tiene algo que decir

La Unión Soviética fue el adversario más importante que ha tenido Estados Unidos en su afán hegemónico en el planeta. Cuando dejó de existir el 31 de diciembre de 1991, desapareció con ella uno de los beligerantes de la guerra fría, que se proponía superar el capitalismo para construir un modelo de sociedad más justa y equitativa. Más allá de observaciones favorables o contrarias a esta aseveración, su desvanecimiento significó el fin del sistema internacional bipolar que había regido el orbe durante la mayor parte del siglo XX.

Hay múltiples interpretaciones de lo ocurrido, pero la mayoría evidencian la idea de que si bien  las transformaciones eran imprescindibles para seguir sosteniendo el modelo y que el resultado de las mismas eran de difícil pronóstico, existían posibilidades para proyectar a la Unión Soviética en el tiempo a partir de un nuevo tratado entre las repúblicas que la componían,  aun considerando que algunas de ellas no tenían el más mínimo interés en seguir perteneciendo a la Unión.  Este propósito se sostiene en las cifras del referéndum hecho el 17 de marzo de 1991, en el que se consultó a los ciudadanos si querían preservar la Unión Soviética como una renovada federación con iguales derechos en los que estuvieran aseguradas las libertades de los individuos independientemente de la nacionalidad a la que pertenecieran.    

En la consulta participaron  nueve de las quince repúblicas,  Letonia, Lituania, Estonia, Armenia, Georgia y Moldavia que poseían alrededor del 20% de la federación se negaron a concurrir al evento comicial. El restante 80% votó en un 76,4% a  favor del mantenimiento de la Unión Soviética.

Sin embargo, el curso de los acontecimientos desde marzo se aceleró. Boris Yeltsin se transformó en el dirigente anticomunista que Estados Unidos necesitaba. Su carácter ambicioso y su gran olfato político, lo transformaron en el líder que logró el protagonismo, superando a otros dirigentes y relegando al dubitativo y pusilánime Gorbachov a jugar un papel secundario en los acontecimientos que ocurrían.

La heredera natural de la Unión Soviética fue Rusia, que poseía alrededor del 77% de su superficie y 51% de la población. En esa condición asumió su puesto como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, acreditándose como el único país (de la ex URSS) autorizado a poseer armamento nuclear, lo que suponía un problema porque el arsenal atómico de la Unión Soviética se encontraba desplegado en varias repúblicas.

El 12 de junio, Yeltsin había sido elegido presidente de Rusia. En esa condición le tocaba conducir su política exterior. Durante su mandato, se produjo  la caída abrupta de la economía que tuvo un descenso de su PIB de un 37% entre 1991 y 1999 y, una baja en la expectativa de vida de 67,8 años en 1992 a 65,3 en 2000. Estos datos fueron, –entre otros- expresión de un país estancado que a pesar de su poderío militar no podía tener el más mínimo protagonismo en el escenario internacional.

En esas condiciones Yeltsin consideró que vincularse a Occidente y su modelo político-económico le iba a granjear las simpatías de sus antiguos enemigos. Ello no ocurrió. Así mismo,  se vio obligado a producir una importante reducción de sus arsenales nucleares, mientras Estados Unidos aceleraba la expansión de la OTAN hacia el este, todo lo cual generó resistencia en el parlamento y rechazo en la población. En este mismo ámbito, su intento de “europeizar” Rusia fue un total fracaso.

Rusia comenzó a perder significación como potencia mundial. Sus ex aliados se rindieron a Occidente, su anterior zona de influencia se tornó insegura y la nula capacidad de actuar en su entorno quedó expresamente demostrada durante la intervención de la OTAN en Yugoslavia, cuando Estados Unidos y Europa operaron con total impunidad imponiendo un nuevo orden mundial a la fuerza, en una de las primeras manifestaciones de la unipolaridad naciente

Esta situación se mantuvo durante casi todo el gobierno de Yeltsin, al final de ese período se pudieron observar algunos cambios que, sin embargo,  no modificaron la situación de debilidad de la anterior potencia bipolar en el sistema internacional. La llegada de Vladimir Putin al poder comenzó  a transformar esa realidad. La aspiración de los rusos  se manifestó en un artículo periodístico de la época en el que se señala que “Putin debe restaurar lo que Yeltsin destruyó: el orgullo de  sentirse parte de una gran potencia. Los rusos quieren respeto, no compasión”  En ese marco, Putin anunció lo que sería su modelo  de política exterior: modernización económica, estabilidad política  y mejora de la seguridad.

Al comenzar su mandato, el nuevo presidente consideró que las condiciones de debilidad de su país lo obligaban a hacer concesiones a Occidente. No tuvo reparos en ello, pero paulatinamente esa opción se fue modificando ante la invariabilidad de la respuesta de Estados Unidos que no alteró un ápice su política pretendiendo arrodillar al gigante euroasiático. La agresión occidental contra Irak en el año 2003, fue el punto de inflexión de la política exterior rusa que nuevamente comenzó a asumir posiciones de fuerza en su papel de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia había vuelto al escenario mundial después de casi 15 años dando lástima. Un elemento significativo de esta nueva orientación fue el acercamiento del Presidente ruso hacia China, concluyendo los problemas limítrofes, incrementando el comercio bilateral y creando en 2001 la Organización de Cooperación de Shanghái que  se transformó en una contraparte de poder a Estados Unidos  en Asia.

Esta política que se ha seguido desarrollando y fortaleciendo en la medida del crecimiento económico y la estabilidad interna es la que permite hoy al presidente Putin enfrentar desde otra perspectiva la nueva crisis en las relaciones bilaterales, motivadas en el asilo temporal que el gobierno ruso ha concedido al ex agente de la NSA, Edward Snowden.

Estados Unidos canceló unilateralmente la reunión cumbre bilateral que debía realizarse en Moscú a principios de septiembre. Obama se quejó diciendo que la "retórica" del presidente ruso se asemeja a "los viejos estereotipos de la Guerra Fría". Citó el asilo a Snowden como una anécdota en las tensiones existentes y se burló del presidente ruso, al afirmar que tiene "una mirada vaga, como del chico aburrido que se sienta al final de la clase".

Aunque en 2009 parecía iniciarse una nueva era de amistad en las relaciones bilaterales que llevó  a que ambos países cooperaran en Afganistán y a que el gobierno de Estados Unidos haya desmantelado el plan para construir un escudo anti-misiles en República Checa y Polonia mientras Rusia apoyaba las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán, las relaciones se han deteriorado por el bombardeo de Libia con el que Rusia no estaba de acuerdo o la negativa de Putin a presionar al presidente Assad en Siria.

La decisión de Obama  ha recibido el apoyo de republicanos y demócratas. Así mismo, en una rara ocasión, los editoriales de The New York Times y el The Wall Street Journal han coincidido esta semana en alabar el anuncio, dando unanimidad política y mediática a tal decisión como es habitual en los temas estratégicos de política exterior de Estados Unidos

Por su parte, Rusia ha manifestado su decepción por tal anuncio. Yuri Ushakov , asesor del presidente ruso declaró que  “Estamos decepcionados por la decisión de la administración norteamericana de anular la visita que el presidente Obama planeaba cumplir a comienzos de septiembre a Moscú” y agregó que “es evidente que esta decisión está relacionada con la situación -no creada por nosotros- en torno al ex funcionario de los servicios especiales Snowden”. El asesor presidencial terminó lamentando que esta situación sea una demostración que Estados Unidos  al igual que antes, no tiene disposición para construir relaciones sobre el principio de equidad.

El vice titular de Relaciones Internacionales del Consejo de la Federación Rusa, Andrei Klimov fue más allá al afirmar que Obama “es un rehén de la situación política interna de su país".  Klimov agregó que se suponía que el presidente estadounidense respetaba los principios de igualdad mutua y de no intervención en los asuntos internos de Rusia, pero  que en realidad  "Estados Unidos  se comporta como si fuera el centro del Universo" concluyendo tajante al expresar la seguridad de que  “la vida va a obligar a Obama a negociar y a colaborar con Rusia, lo quiera o no”.

Los tiempos han cambiado. Rusia ha vuelto a ser un actor internacional protagónico, lo nuevo es que la retórica ha superado a la confrontación. Ese será el signo de los nuevos tiempos y en esta dinámica,  –al igual que China-Rusia tiene algo que decir.

Snowden y el capitalismo por dentro

Según un concepto bastante aceptado en el pasado, el espionaje es la actividad secreta que busca conseguir información confidencial, especialmente de un país extranjero. Durante la guerra fría ese país generalmente era considerado como enemigo. No obstante, la desaparición de la Unión Soviética significó el fin del mundo bipolar y la emergencia de Estados Unidos como triunfador tras el desplome de su opuesto, lo que auguraba el desvanecimiento de la contradicción antagónica que signó la mayor parte del siglo XX. El “fin de la historia” suponía un papel menos relevante de los órganos de inteligencia, toda vez que “no había a quien espiar”.

Sin embargo, la vida se ha encargado de demostrar otra cosa. La disipación del “enemigo comunista” obligó a Estados Unidos a buscar nuevos adversarios que justificaran su enorme gasto militar, a fin de sostener una economía que incrementaba los egresos para sostener la unipolaridad hegemónica que había creado. Inicialmente, el narcotráfico y la migración de indocumentados jugaron ese papel, pero era insuficiente. Necesitaban un instrumento global que argumentara a favor de su presencia en todo el planeta, hiciera arrodillar a los rebeldes y temer a los cercanos. Las acciones terroristas del 11 de septiembre de 2001 fueron el maná salvador para las huestes imperiales. La lucha contra ese flagelo inauguró -paradójicamente- una era de terror sin límites que han sostenido por igual el republicano Bush y el demócrata Obama. Como es habitual en la política exterior estadounidense, una nueva doctrina del “todo vale contra el terrorismo” sentó las bases para el desarrollo de la peor era de barbarie en el planeta desde la entronización de la bestialidad nazi. En el plano internacional significó la invasión de países y la muerte de cientos de miles de inocentes, el establecimiento de cárceles secretas en sus “provincias” europeas, la instalación de un centro de detención en la ilegalmente usurpada base naval de Guantánamo y hasta la justificación de la tortura en la cárcel de Abu Ghraib en Irak, país que fue invadido por fuerzas de la OTAN a pesar de no contar con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, tal como lo establecen los acuerdos y resoluciones de ese organismo y la propia Carta de la organización.

A nivel interno, el Acta Patriótica (Patriotic Act) promulgada el 26 de octubre de 2001 por el Congreso estadounidense con el manifiesto fin de incrementar la capacidad del Estado para su “guerra contra el terrorismo”, transformó en delitos una serie de acciones que antes no lo eran y legalizó la violación de la intimidad y la privacidad de los ciudadanos, desatando una paranoia generalizada que incluso han llevado fuera de sus fronteras.

En ese marco, el espionaje informático cobró nuevos bríos. El especialista italiano en derecho penal Carlos Sarzana los define como ^["cualquier comportamiento criminal en que la computadora está involucrada como material, objeto o mero símbolo". Los especialistas en la materia  consideran delitos informáticos, no sólo el husmear ilegalmente en la privacidad de un ciudadano, sino también  el apoderamiento de datos de investigaciones, listas de clientes, balances financieros, entre otros. Para ello existen diferentes instrumentos cibernéticos, entre ellos algunos programas especiales  denominados spywares que están capacitados para monitorear a un usuario sin su consentimiento apoderándose de datos vitales que pueden ser usados para tomar decisiones que influyen en la vida personal, en la de una corporación o un Estado.

Lo curioso de todo esto es que todas estas actividades están al margen de la ley. Ya en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1978 se establece en su Artículo XV que “ La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración”, mientras que  el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU aprobada en su III Asamblea General el 10 de diciembre de 1948 en París plantea  de manera prístina  que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Tanto el documento -que de manera revolucionaria- echó las bases del sistema político y jurídico burgués en contraposición al entramado que sostenía los desmanes feudales de los monarcas europeos como el que modeló el sistema internacional legal vigente desde las postrimerías de la segunda guerra mundial, establecen parámetros de conducta y responsabilidad del Estado en esa dimensión.

Por otro lado, es conocido que el Estado capitalista se arrogó –y sigue haciéndolo- la potestad sobre la defensa de la privacidad de los ciudadanos. Esgrimía que en los países con gobiernos socialistas esa privacidad era violentada y usurpada por las autoridades. En un artículo publicado por la Universidad Libre de Berlín bajo el título “Lo público y lo privado” la investigadora Teresita de Barbieri argumenta en este sentido que  como parte de su seguimiento histórico, “el núcleo duro de la distinción entre lo público y lo privado parece encontrarse en la teoría del contrato social. Subyace a la elaboración conceptual que cuestiona el ordenamiento feudal y posibilita la constitución de la democracia burguesa, la aparición del individuo libre –ciudadano en quien descansa la soberanía de la nación y del Estado moderno-…” La misma autora establece que  “Lo público y lo privado son representaciones de la sociedad que han acompañado el desarrollo del capitalismo y el proceso más global de la modernidad. Con base en la dicotomía imaginaria se recrearon y organizaron los sistemas sociales y las formulaciones normativas, se definieron espacios de competencia para las actividades económicas, políticas y culturales”.

De este debate deriva aquel que tiene relación con el derecho a la privacidad, otro de los pilares otrora defendido a ultranza como uno de los valores intrínsecos del capitalismo. Alberto Benegas Lynch académico asociado del Cato Institute, uno de los “tanques de pensamiento” más reaccionarios de Estados Unidos, fundado en Washington en 1977 recuerda al escritor anticomunista checo-francés Milán Kundera quien en su obra maestra “La insoportable levedad del ser”  afirmó que “la persona que pierde su intimidad, lo pierde todo”.  Todo esto nos lleva a entender que la prédica liberal de los últimos dos siglos, sostén del sistema que la alberga ha sido cuestionada por el propio gobierno estadounidense, su exponente más importante. Al respecto Benegas dice que “Por ello es que encuentro que la mejor definición del liberalismo es la que oportunamente he fabricado: el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. De más está decir que en esta definición se encuentra implícito el derecho a la privacidad”.

Los argumentos antes expuestos intentan aportar ideas en torno a la mirada que debemos dar a lo que se ha dado en llamar el “Caso Snowden” para tratar de superar lo meramente especulativo en torno a un elemento secundario cual es el de la condición migratoria del ex agente de la NSA y su lugar de residencia definitiva. Todo el escándalo que se ha armado pretende esconder el problema de fondo que es el grave golpe sufrido no sólo por Estados Unidos sino que por la sociedad capitalista en general cuando se comienzan a estremecer ciertos pilares que le dieron sostén por más de dos siglos. En ese sentido el “Caso Snowden” es paradigmático. Si para Estados Unidos ha significado el mayor fiasco desde la guerra de Vietnam, la visión amplia del asunto aporta otros elementos de análisis que encaminan a estudiar el tema desde un punto de vista estructural.

No se trata de pensar solamente que los técnicos de la NSA se solazan con conocer las aventurillas africanas del rey Juan Carlos o las intimidades de Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional que le impidió ser Presidente de Francia. Es mucho más que eso. Significa por ejemplo su capacidad para robar investigaciones de universidades, centros de estudio y corporaciones que nos hacen suponer que muchos de los “grandes” científicos estadounidenses, algunos con premios Nobel en sus áreas, son en realidad unos impostores alimentados por el despojo internacional de las agencias de seguridad imperiales. Lo mismo pude pensarse de sus aportes tecnológicos seguramente usurpados en Japón, Alemania, Francia o China. O creer que se asiste a transacciones con Estados Unidos en igualdad de condiciones, cuando sus funcionarios tienen en su poder la información necesaria para negociar desde posiciones de fuerza.

Estamos ante un país ficticio, ante un sistema inmoral de violadores del derecho internacional, de mentirosos y ladrones. Snowden, lo único que ha hecho, es ponerlo en evidencia.    

La constitución bolivariana y las relaciones internacionales del siglo XXI

La sección Quinta del capítulo I perteneciente al Título IV de la  Constitución de Venezuela de 2000 es la que hace mención a las relaciones internacionales. Cuatro artículos (del 152 al 155) agrupan lo que según quienes redactaron el texto constitucional, conforman el basamento de principios que permitirá construir lo atingente a este ámbito en el  futuro de nuestro país. En general, pienso que ese articulado no abarca plenamente el marco amplio que la visión de mundo de fines del siglo XX hubiera permitido exponer en nuestra nueva carta magna. Así lo expuse y lo expresé por escrito en su momento.

Para analizar las relaciones internacionales en una perspectiva futura  deberíamos considerar una serie de elementos  que configuran características propias de un mundo que quedó sin definiciones  al finalizar la guerra fría dando al traste con el sistema internacional bipolar, el cual  ponía lo ideológico como línea divisoria y  establecía normas claras en el comportamiento de los actores a fin de no rebasar el marco impuesto por las grandes potencias polares. Posteriormente se vivió un mundo en conflicto entre tendencias que pugnaban por establecer un mundo unipolar donde lo político-militar siguiera siendo el elemento “ordenador”  y los que proponían un mundo multipolar en el que lo económico fuera el patrón configurador de  relaciones internacionales en las cuales, debería predominar la cooperación sobre el conflicto.  Esta disyuntiva se solucionó a favor de la unipolaridad después de las acciones terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La unipolaridad de enseñoreó en el planeta y parecía que así sería por mucho tiempo, pero la crisis iniciada en 2008 debilitó la hegemonía de Estados Unidos y dio paso a la búsqueda de un nuevo sistema internacional. Sabemos que es ilusorio pensar que eso se vaya a configurar sin conflicto.

Desde el surgimiento de los Estados nacionales  y con ello de los vínculos entre  las naciones, que dio origen al término “internacional” éstas han sido relaciones de poder y dominación. Incluso si retrocedemos 25 siglos en la historia y nos remontamos a los escritos de Tucídides en el siglo V antes de nuestra era podemos encontrar una línea conductora que permite argumentar esta idea con amplitud de criterios.

Una de las características del ordenamiento internacional que se construye es la proliferación de actores internacionales. Hoy la estructura de la política mundial se ha bifurcado, de manera que existe lo que el profesor norteamericano James Rosenau llama dos mundos: el Estado-céntrico y el Multi-céntrico. Algunas características del mundo Estado-céntrico tales como  la existencia de menos de 200 actores internacionales, la seguridad como problema fundamental, la preservación territorial como objetivo principal, el interés por la defensa de la soberanía, y la presencia  de la ley, de alianzas formales y de una agenda limitada contrastan con el mundo multicéntrico  determinado  por la presencia de miles de actores que funcionan con autonomía en un sistema donde el mercado  se valora como una categoría de seguridad,  y en el cual  se establece la cooperación de acuerdo con  coaliciones temporales, alianzas asimétricas y un  control difuso.

Este mundo y el paradigma que lo ordena ha sido denominado por Rosenau como paradigma postinternacional o paradigma de la turbulencia. La proliferación de actores antes mencionado es una de las fuentes de la turbulencia, el cual se debe por una parte a la revolución demográfica (7 mil millones de habitantes en comparación con los 2.5 mil millones que existían al finalizar la Segunda Guerra Mundial) y por otra parte, está relacionada con la existencia de más grupos, organizaciones, colectividades transnacionales y subnacionales. Todo lo cual nos permite afirmar que las relaciones internacionales dejaron de ser un ámbito en el cual los únicos actores son los Estados Nacionales.

En esa medida considero un contrasentido el artículo 152 de la Constitución, el cual establece que:” Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo...” al considerar que según el artículo 1 al hablar de República se refiere a Venezuela y por tanto a todos los venezolanos, en las nuevas condiciones del sistema internacional cualquier institución puede establecer relaciones internacionales.  El ámbito de la acción exterior del Estado es lo que se llama política exterior y es responsabilidad del Presidente de la República tal como lo establece el artículo 236 de la misma constitución, pero cuando, por ejemplo, Fedecámaras o la Universidad Central de Venezuela llegan a acuerdos con instituciones de otros países, estos no necesariamente responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía o de los intereses del pueblo, lo más probable es que respondan a los intereses de los empresarios en el primer caso o de la directiva del centro de estudios en el segundo, quienes fueron los que firmaron esos acuerdo.

Convenios de este tipo se producen por cientos todos los días, y en todos los ámbitos de la sociedad. Puede ocurrir con una organización de derechos humanos, sindical, ecológica, o aquella que agrupe individuos por raza, religión o sexo, por poner algunos ejemplos. Para quien esté dudando que esto no tenga fundamento en el marco del Derecho Internacional  es menester afirmar  que éste es el resultado de la histórica práctica de las relaciones entre Estados, los cuales han aceptado estas normas como mecanismo regulador de sus mutuas relaciones.  Para ello se han elaborado dos convenciones internacionales  con el objetivo de diseñar la norma que rige las relaciones internacionales. La Convención de Viena de 1969, que entró en efecto el 27 de Enero de 1980, contiene las reglas sobre los tratados suscritos entre los Estados y la Convención de Viena de 1986 sobre la ley de Tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, este último aún no entra en efecto, pero hay que resaltar que establece una tendencia la cual agrega normas sobre tratados con organizaciones internacionales como legítimos actores dentro del sistema internacional. De acuerdo con su forma genérica, el término “tratado” ha sido usualmente utilizado para referirse a todos los instrumentos referidos a la ley internacional celebrada entre actores o entidades internacionales.  En la de 1986 también se define el “Acto Formal de Confirmación” el cual es utilizado como el equivalente a la “ratificación” y se realiza cuando una organización internacional “expresa su voluntad de declararse obligante a un tratado”.

El hecho de que Venezuela no sea firmante del mismo o que no haya entrado en vigencia no significa que su discusión no sea referencia válida de una tendencia  creciente que va ganando espacio en el ámbito internacional la cual nuestros constituyentes debieron tener en consideración toda vez que se proponían elaborar un documento que visualizara la entrada del país en el siglo XXI proyectando su presencia en el mundo turbulento que vivimos garantizando la participación activa de Venezuela en un ámbito que cada vez es más mundial que internacional.

Dos factores acudieron en esta falencia. Por una parte, el desconocimiento de la diferencia conceptual entre “política exterior” y “relaciones internacionales” que a la vista de los hechos es un debate teórico que tiene implicaciones prácticas determinantes. No es, por lo tanto, un debate intrascendente ni un desvarío seudo intelectual como podría afirmar alguien. La segunda razón tiene que ver con la visión conservadora de la mayoría de los constituyentes (chavistas y antichavistas) que hoy forman filas en la derecha cavernaria que pretende el poder por cualquier forma en el país.

Lo cierto es que nuestra Constitución (por lo menos en materia de relaciones internacionales que es en lo que me permito opinar) votada en aquel aciago 15 de diciembre de 1999 y aprobada en marzo siguiente, último año de la centuria, siendo muy avanzada en varias materias, en particular en la social, no rebasa los marcos del siglo XX dejando mucho espacio a la posibilidad de reformarla para modernizarla y ponerla a la altura de los tiempos.