Derecha fundamentalista vs. derecha pragmática.

Al finalizar la segunda guerra mundial, Estados Unidos, único país de occidente que no sufrió los embates del conflicto, lanzó  en 1947 el plan Marshall a fin de evitar la influencia de la Unión Soviética en Europa. Esta decisión se inscribía en el marco de la Doctrina Truman, que planteaba una confrontación multidimensional con las ideas socialistas, incluyendo para ello la subversión, el financiamiento de gobiernos reaccionarios y sus prácticas de represión, tortura y muerte. El año anterior, Truman ya había hablado de “guerra fría”. Estas acciones dieron al traste con las grandes alianzas antifascistas que se habían creado durante el conflicto bélico a fin de erigir un frente único para enfrentar al nazismo y su impacto en otras latitudes del planeta.

La implementación de la Doctrina Truman trajo evidentes repercusiones en América Latina. Después de haber vivido un período de movimientos nacionalistas que apuntaban  positivamente hacia una elevación de los niveles de organización política y social de distintas capas de la población, el fin de la conflagración y el comienzo de la guerra fría condujeron a un retroceso en la construcción de espacios democráticos de participación.  Fue la época nefasta en que surgió el TIAR y la OEA y en que la derecha perdió el carácter nacionalista que tuvo durante la guerra para subordinarse servilmente ante Estados Unidos. En ese marco surgieron dictaduras en Perú, Venezuela, Haití, Cuba y Guatemala. La llegada al poder de Eisenhower en 1953 fortaleció a los sectores reaccionarios de América Latina, que así vivieron su primera oleada retrógrada de la posguerra. En ese período fueron derrocados los gobiernos  de Vargas  en Brasil y Perón en Argentina.

El triunfo de la Revolución Cubana casi al finalizar la década de los 50 vino a cambiar esa perspectiva. Vale decir que el año anterior la dictadura había sido derrumbada en Venezuela. En ambos casos se construyeron amplias alianzas de fuerzas entre sectores populares y de la burguesía que hicieron saltar del poder a las dictaduras pro estadounidenses. El curso posterior de ambos procesos tuvieron que ver con las fuerzas que hegemonizaron los mismos. La historia señala con claridad  lo que ha significado la revolución cubana, así como las implicaciones de 40 años de democracia tutelada y excluyente para los venezolanos. En el contexto de comienzos de los años 60 del siglo pasado, la respuesta desde Estados Unidos fue la Alianza para el Progreso y la expulsión de Cuba de la OEA.  La derecha en el poder se plegó lealmente a los dictados de Washington.

Los años 70 parecieron traer un cambio en la actitud política de las burguesías nacionales de América Latina. Una serie de movimientos de las fuerzas armadas con apoyo popular llevaron al poder a militares progresistas en Perú, Panamá y Bolivia. El triunfo de Allende en Chile y el regreso del peronismo al poder en Argentina auguraban buenas nuevas para la región.

La respuesta no se hizo esperar. Antes que finalizara la década se habían establecido -con el apoyo material y militar de Estados Unidos- las peores dictaduras de la historia del continente. La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional como método de represión y control popular y la implementación de modelos de economía neoliberal, privatizadores y excluyentes encontraron en las derechas criollas su principal sostén cuando éstas descubrieron que mezclar represión al movimiento obrero y a las organizaciones  de izquierda, con métodos de flexibilización laboral y apertura de mercados les haría incrementar ganancias hasta niveles nunca antes alcanzados. Presagiaron buenos dividendos, toda vez que, si llegara a revertirse el curso que había tomado la historia  no habría riesgos: las fuerzas Armadas harían el “trabajo sucio” y tendrían que pagar por ello. Los “civiles” no se mancharían las manos con sangre.

La Revolución Sandinista en Nicaragua y el efímero movimiento de la Nueva Joya en Grenada en 1979, anunciaban ser “la diferencia que marca la regla”, pero ambas fueron abortadas con apoyo militar directo de Estados Unidos, incluyendo la invasión en el caso de la isla del Caribe. La plenitud de la derecha se logró cuando desapareció la Unión Soviética y el campo socialista. La “historia había finalizado” y el capitalismo había triunfado “por los siglos de los siglos”. Las derechas latinoamericanas se frotaban las manos. Un mundo unipolar les garantizaría colosales ganancias.

Desataron lo “mejor” de su alma entreguista y rastrera. Se prestaron a lo más bajo que su espíritu individualista les ofrecía y una vez superada la década pérdida desataron el festín neoliberal.

En eso estaban cuando apareció Hugo Chávez y comenzó a cambiar la tendencia.  Fue el inicio de un proceso de transformaciones que posteriormente ocupó a Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador entre otros. La Alianza de Libre Comercio para las Américas (ALCA) saltó hecha añicos en Mar del Plata y Estados Unidos se vio obligado a comenzar a buscar alternativas. También la oligarquía de la región.

No toda la derecha se amoldó al nuevo contexto, lo cual les llevó a generar fracciones que enarbolaban visiones contradictorias de la política. Aunque ambas son reaccionarias y aliadas del imperio tienen enfoques distintos para enfrentar la coyuntura que, en esto de la táctica y la estrategia se deben considerar a fin de establecer las políticas más correctas.

Así, por una parte, existe una oligarquía primitiva, fundamentalista, vinculada a los sectores más reaccionarios de la iglesia católica como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo y el Yunque, que se fundan en la idea de que la civilización occidental judeo cristiana está amenazada por una oleada “comunista” y, por tanto se sienten obligados a  arrogarse como “salvadores” de dicha civilización. Asumen una posición altamente ideologizada, extremista que en algunas ocasiones raya en el fascismo. En esta lógica se inscriben –por ejemplo- Fox en México, Uribe en Colombia, Vargas Llosa y Fujimori en Perú, el partido pinochetista UDI y la democracia cristiana en Chile.

De otro lado, ha surgido otro sector pragmático, “moderno”, empresarial que privilegia la gerencia a la ideología, que no teme establecer relaciones económicas con quienes adversa porque finalmente su objetivo último es asaltar el Estado para maximizar ganancias. Son expresión de esta tendencia Martinelli en Panamá, Calderón en México, Santos en Colombia y Piñera en Chile.

Recuerdo los grandes debates que se dieron cuando defendí esta idea en momentos previos a las últimas elecciones colombianas. Argüía que Santos no era lo mismo que  Uribe  a pesar de venir de ser su ministro de defensa y de ser responsable de acciones violentas e ilegales en esa condición. Sustentaba mi posición en que Santos no era el candidato de Uribe y que la oligarquía colombiana no podía seguir soportando las grandes pérdidas que le producía el distanciamiento en las relaciones de su país con Venezuela y Ecuador. Lo eligieron y le dieron la orden de solventar ese problema como ahora lo instaron a buscar la paz con las FARC para aprovechar la inmensa potencialidad productiva de su país para producir ganancias, sin “factores externos” que impidan tal posibilidad.

Hay que recordar que Calderón no era el candidato de Fox, como Santos no lo era el de Uribe (esa designación recayó en Andrés Felipe Arias, hoy preso por corrupción), tampoco Piñera el de la UDI. En todos los casos las oligarquías se tuvieron que acomodar a la decisión de una modernidad empresarial  que acude a la política por imperiosa necesidad económica en un mundo que ha cambiado y que hoy hace patente la emergencia de nuevas potencias como China, Rusia, Brasil o India.

En Venezuela, pareciera que esta contradicción se instaló en días recientes. El pasado 13 de mayo el presidente Maduro se reunió con el principal líder de la derecha empresarial del país, Lorenzo Mendoza. Son conocidas sus ambiciones políticas. El encuentro produjo un reconocimiento mutuo. Cuando Mendoza aceptó reunirse con el presidente de Venezuela, estaba admitiendo esa condición. Esta reunión fue el acta de defunción de Capriles como alternativa de futuro de la derecha venezolana. En lo inmediato,  el cónclave hizo que su absurda reclamación pos electoral, -que incluso lo llevaron a la incitación de la violencia- perdiera sustento y validez.

Por otra parte, Maduro le ha dado un reconocimiento implícito a Mendoza como contraparte con la que se pudiera negociar. Una vez más la oligarquía ha optado por el pragmatismo empresarial frente al fundamentalismo fascista que enarbola Capriles. Al día siguiente de la reunión, Mendoza comenzó a construir su opción electoral.

Esta situación ha generado un escenario novedoso e interesante donde imperará la capacidad táctica de hacer política. Mendoza tendrá que derrotar la opción violenta que enarbola Capriles y construir una alternativa en los marcos constitucionales de la república, si quiere ser el líder que la derecha ansía.  El gobierno por su parte, en lo inmediato podrá ensanchar su trabajo con los sectores productivos (al día siguiente de la reunión aparecieron milagrosamente algunos productos de primera necesidad ausentes durante semanas de los supermercados), incorporarlos al desarrollo nacional y demostrar con hechos que está dispuesto a un diálogo que ponga en primer lugar los intereses de la mayoría y una irrestricta defensa de la soberanía. Eso creará condiciones de mediano plazo para ampliar su base de apoyo cuando la ciudadanía, en particular aquellos que dudan, se hagan eco de las intenciones del gobierno de construir en paz un país distinto.

Así mismo, el gobierno debe saber administrar este nuevo escenario en que la confrontación será de otro tipo, sin olvidar que las huestes fascistas siguen vivas y conspirando y que Estados Unidos siempre “juega una simultánea en varios tableros”. 

Desventuras y veleidades de la izquierda latinoamericana

En la  América Latina de hoy, las tradicionales nociones de izquierda y derecha en política, asumen límites cada vez más difusos, si nos atenemos a la conceptualización habitual utilizada para definir tales nomenclaturas. Ello ha llevado a que el ex canciller mexicano Jorge Castañeda hijo, uno de esos típicos renegados que pululan por nuestro continente, haya acuñado la idea de que hay una “izquierda buena” y una “izquierda mala”. Tal definición fue tomada por Arturo Valenzuela, ex Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos de Estados Unidos  y transformada en eje de la política exterior de ese país hacia la región. Ese es el contexto sobre el cual se definen las prioridades y, por tanto los viajes y vínculos principales en la agenda del Presidente Obama respecto de los países al sur del Río Bravo

No se trata de criticar per se. Sólo de constatar hechos que ocurren en nuestra región y que obligan a mirar la política en las circunstancias propias en que se desarrollan y considerando los matices de cada caso.

Los casos extremos son  México y Chile. En el país  de aztecas y mayas, el neoliberalismo llegó de la mano de los gobiernos priistas de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. El PRI otrora partido de la revolución mexicana encarnó en la primera mitad del siglo XX, los ideales nacionalistas y de solidaridad latinoamericana, así como programas de desarrollo social y transformación educativa y cultural que surgieron de la Revolución  de 1910 en ese país del norte de América, la que se convirtió en el primer y más importante hito alternativo al sistema de dominación en la historia del continente hasta el triunfo de la Revolución Cubana. Después de ser desalojado del poder en el año 2000 y tras dos gobiernos de la derecha fundamentalista del partido PAN, el PRI ha regresado al gobierno, mimetizado de tal manera que parece un gobierno de continuidad de los que lo antecedieron. Las recientes declaraciones del Canciller mexicano José Antonio Meade  antes de  la vista del presidente Obama a ese país hubieran avergonzado incluso a Salinas y Zedillo por su deleznable tono de subordinación imperial. Cabe decir que este canciller fue Secretario de Energía y posteriormente de Hacienda (ministro) en el anterior gobierno de derecha de Felipe Calderón.

En Chile, Estados Unidos fue capaz de construir el “modelo perfecto”: un sistema neoliberal de democracia excluyente administrado por una  “izquierda” encarnada en la Concertación de partidos por la Democracia,   que es el consorcio de organizaciones políticas que hoy son oposición, pero que usufructúan por igual del sistema creado por Pinochet. En el súmmum de la realización imperial, Estados Unidos se puede ufanar de un  régimen donde conviven los autores intelectuales del golpe de Estado contra Allende, con las víctimas que este macabro hecho produjo. Hasta los comunistas quieren hoy aliarse a tan exitosa creación.

De este proceso de difuminación de los conceptos y de la ubicación de las fuerzas en el espectro político,  ha resultado una aparente despolarización y un corrimiento de las definiciones hacia el centro. Así, ya casi no hay organizaciones ni de izquierda ni de derecha. Las primeras buscando espacios en el “show”  de la democracia representativa ahora se llaman centro izquierda. A su vez, los segundos se autodenominan centro derecha. Hasta Capriles, afirmo -durante su fallida campaña electoral- ser de centro izquierda asegurando que su modelo político era el de Lula.

Incluso, hace unos años, al finalizar la dictadura en Chile, un empresario creó un partido de centro-centro y con él fue candidato presidencial. Esa postura la han asumido en sus respectivos gobiernos,  Martín Torrijos en Panamá y la domesticada Michelle Bachelet en Chile, que desarrollaron gobiernos en los que se preocupaban por mantener  una escrupulosa actitud de no relacionarse con los “extremos”. Es lo que en lenguaje popular  se llama “no estar ni con Dios ni con el diablo” o en otras palabras, también surgida de la sabiduría de los pueblos del sur del continente, “no ser ni chicha ni limoná”. En cada caso las idiosincrasias pagaron a los sostenedores de estas posturas. En el meridional y frío Chile, Bachelet terminó su gobierno con un altísimo nivel de popularidad. En el Caribe cálido del istmo, Torrijos condujo a su partido de la revolución democrática panameño (PRD) a la peor derrota electoral de su historia.

En Uruguay, el muy carismática Pepe Mujica llega todas las mañanas a trabajar en su VW escarabajo. Uno de esos días, muy simpáticamente, junto a su ministro de defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, conocido como el Ñato, también fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros le dieron el visto bueno a un acuerdo militar con Estados Unidos, resistido y rechazado por importantes sectores de la sociedad uruguaya, en particular del Frente Amplio que gobierna ese país. Esta decisión no es óbice para que Uruguay tenga un activo papel en el funcionamiento del Consejo de Defensa Sudamericano de Unasur, que entre otras cosas llama a sus miembros a evitar las injerencias extra regionales en materia de defensa y seguridad para construir una política militar de conjunto con sus pares sudamericanos. Uruguay aún no  ha firmado un anunciado TLC con Estados Unidos. Esa tarea quedará para el también miembro del izquierdista Frente Amplio, Tabaré Vázquez,  posible sucesor de Mujica, si es elegido presidente en los próximos comicios del país del Río de la Plata. Esta decisión tampoco pondrá en riesgo su presencia en Mercosur, grupo que se ha fortalecido creando políticas comerciales autónomas. Es curioso, el gobierno de izquierda de Uruguay, asume la misma política que los de Chile y Colombia ambos abiertamente de derecha.

En se mismo ámbito de cosas interesantes y extrañas que ocurren en nuestra región, me viene a la memoria lo sucedido en un casual encuentro en un avión con el hoy presidente de Perú, Ollanta Humala cuando ambos viajábamos a la toma de posesión de un mandatario latinoamericano. Entablamos una amena y sugestiva conversación. Por mi parte, estaba ávido de conocer su proyecto político. Me dijo que él lo definía como socialista y nacionalista y que por eso su partido se llamaba de esa manera partido nacionalista del Perú. Le dije que eso me parecía sumamente peligroso porque nacional socialistas eran los nazis. Afirmé que era una mezcla muy “explosiva” para el Perú y para cualquier país de América Latina. No dijo nada sobre su idea de socialismo, pero argumentó sobre su concepto de lo “nacional”. Le dije que si bien el Estado nacional peruano tenía como casi todos los de la región alrededor de 200 años de fundado, el problema de la nación no se había podido resolver, sobre todo en aquellos países que poseen una importante población originaria.  Después, de una somera explicación del en ese entonces pre candidato peruano, no pude encontrar respuesta a la pregunta de qué nación quería construir, ¿la peruana?, ¿la quechua?, ¿la aimara?  Sólo por la fuerza, los pueblos originarios pueden aceptar igualar su ciudadanía peruana con su nacionalidad peruana.  Desde mi punto de vista en los países latinoamericanos  y del Caribe, y sobre todo en los que tienen importantes minorías étnicas, ciudadanía y nacionalidad no son lo mismo. Finalmente, esa ha sido una imposición racista y reaccionaria de las derechas que han gobernado por décadas.

Años después Humala fue a una nueva confrontación electoral. Era el candidato de izquierda en primera vuelta y, en segunda vuelta enfrentado a la hija de Fujimori, su “orientación política” se consolidó, sólo que ganó con el apoyo de Álvaro Vargas Llosa y Alejandro Toledo, ambos reaccionarios, neoliberales y aliados de las causas más perversas en la historia de su país y de la región.

En fin, son algunas veleidades de lo que se llama izquierda latinoamericana en el poder.   Es un signo de los nuevos tiempos. Las cosas no siempre suceden como se desean. La realidad  de la ejecución de la política dista mucho de su retórica. Pero, ¿qué pasa con la derecha en la región? De eso hablaremos la próxima semana.  

A 40 años el pueblo saharaui persevera en la lucha por la Independencia

El Sahara Occidental está poblado desde el siglo V por distintos pueblos árabes y bereberes que se asentaron  en su territorio hasta que en el siglo IX lograron ir configurando una identidad propia que dio origen a la primera confederación de pueblos que se asumían como saharauis. Sin embargo, su vida transcurría durante siglos entre viajes y rutas por el desierto, de las dunas del interior hacia el litoral, eran un pueblo nómade.

 

Los españoles llegaron mucho tiempo después, en el siglo XVI cuando Portugal “cedió sus derechos” sobre el territorio. Su objetivo era cubrir las islas Canarias desde la región continental más cercana. Antes de la colonización española, el pueblo saharaui mantenía una economía basada en el trueque, y el pastoreo. El comercio se desarrollaba en torno a las joyas, los vestidos y el ganado principalmente camellos, al contrario que en Marruecos que se basaba en la adquisición de tierras. El Sáhara Occidental es la parte más habitable del desierto, la más húmeda y templada gracias a la influencia del Atlántico. Distribuidos en comunidades de diverso tamaño, los saharauis conformaron un pueblo con formas propias de producción y un sistema económico, sin moneda.

El Sáhara Occidental se divide en tres provincias: Saguia-El-Hamra (Río Rojo), al norte, Zemur, en el centro y oeste y,  Río de Oro al sur. Todas han estado siempre habitadas por diferentes oleadas de comunidades que las han ocupado, y cada una tiene sus propias características. Saguia-El-Hamra se llama así por el río que la recorre transversalmente. Es la zona donde se hallan las codiciadas minas de fosfatos y muy probablemente su subsuelo guarda petróleo y gas natural. Zemur es la zona húmeda del país y Río de Oro es donde el clima es algo más benévolo, está más cercana a la costa, zona predominantemente pesquera.  

La religión es el Islam y su cultura en general es de origen beduino. La población saharaui se islamizó en el siglo VIII, a través de la influencia almorávide, que entonces dominaba todo el norte de África y buena parte de Andalucía. En el siglo XIII, los maquil, llegaron desde Yemen, se instalaron en el Sáhara Occidental, mezclándose con la población local. La principal de sus tribus, los Beni Hassan, implantaron su lengua, el hasanía, que pasó a ser dominante durante varios siglos, en los que no se limitó a asentarse en sus territorios, sino que extendió su área de influencia hasta el suroeste de Argelia, Mauritania, y también zonas de Malí, Níger y Senegal.

Con la llegada de los españoles, el pueblo saharaui cambió su estructura y modo de vida. En primer lugar, la mayoría de la población se estableció de manera sedentaria formando pueblos y ciudades y solo una minoría continuó desplazándose, es decir haciendo vida nómade.

Una diferencia fundamental con respecto al resto de países árabes es que el pueblo saharaui jamás constituyó un Estado a lo largo de la historia de  su existencia, instituyó una estructura orgánica parecida para regular las diferentes comunidades en el siglo XII, pero no adoptó el modelo dominante en la época.

Solo después de liberarse de la invasión española, y ante la agresión marroquí y la primera amenaza mauritana –que también ambicionaba el territorio- el pueblo saharaui decidió dotarse de Estado, como instrumento democrático que le permitiera ingresar institucionalmente a la comunidad internacional y ser reconocido por otros países en igualdad de condiciones.

En este contexto de necesidad de lucha por la autodeterminación,  se crea el 10 de mayo de 1973 el Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario) con el objetivo de conducir la actividad política y militar del pueblo saharaui por su independencia y autodeterminación. Su líder fundador fue El Uali Mustafa Sayed, muerto en combate en 1976. Diez días después, el 20 de mayo se produce la primera acción armada en pro de la liberación del Sahara Occidental. En estos días se conmemoran 40 años de ambas fechas que marcan el inicio formal de la lucha del pueblo saharaui por el reconocimiento de su soberanía como nación libre en el concierto internacional.

El 16 de octubre de 1975 en los estertores del régimen franquista, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ratificó que el Sahara Occidental era un territorio que se acogía a la Resolución 1514 de 1960 de la ONU, por tanto tenía derecho a la autodeterminación y negaba  la supuesta soberanía a la que Marruecos aspiraba una vez que el control español feneciera. Una lectura parcializada y descontextualizada del texto a la resolución del máximo tribunal internacional funda los argumentos de Marruecos para justificar su política anexionista, agresiva e intervencionista. Sobre esa base, la monarquía marroquí aliada del sionismo y de Occidente en algunas de las causas más retrógradas de la política internacional, realizó la ocupación del territorio saharaui con 300 mil ciudadanos de ese país desalojando a los habitantes originales del territorio quienes tuvieron que desplazarse hacia tres territorios: los liberados por el Polisario en espacio geográfico saharaui, los ocupados ilegalmente por Marruecos y  Argelia, país que acogió solidariamente a decenas de miles de ciudadanos del Sahara occidental y que ha sido desde entonces el principal soporte y apoyo para su lucha.

Tras dos años de sucesivos éxitos militares contra el ejército franquista primero y los de Marruecos y Mauritania posteriormente, el pueblo saharaui y sus líderes toman la decisión de crear la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) el 27 de febrero de 1976. A partir de ese momento el gobierno saharaui  representa a los ciudadanos que habitan los territorios controlados por el gobierno de la RASD  y a los  de los 25 campamentos de refugiados que se encuentran en el territorio argelino.

A pesar de todos estos años de persecuciones, maltratos y torturas a los luchadores saharauis, el Frente Polisario ha mantenido enhiesta la bandera de la libertad. La RASD, fue reconocida por la Organización de la Unión Africana (OUA) posteriormente  Unión Africana (UA)  en 1982 e incorporada  como miembro pleno  en 1984 lo que provocó la retirada de Marruecos del máximo organismo político multilateral del continente africano. 

Vale decir que Marruecos es el único país africano que no forma parte de la UA.

En ese marco, el Frente Polisario decidió unilateralmente  suspender las operaciones militares en febrero de 1989, dándole una oportunidad a la diplomacia de resolver el problema de la autodeterminación del pueblo saharaui. La ONU aprobó en 1990 una misión que debió verificar el alto al fuego y organizar un referéndum  libre para que el pueblo saharaui decidiera sobre su destino, en particular sobre el gobierno que quisiera tener para que ejerza las funciones gubernamentales en todo el territorio de la RASD.

Sin embargo, a través de los años Marruecos se ha dedicado a sabotear todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en ese sentido. En 1992 fracasó la realización de la consulta,  en 1997 y 2003 la monarquía marroquí asumió igual política encaminada a una solución del problema de la autodeterminación saharaui a contrapelo de todos los acuerdos internacionales, pero contando con el apoyo irrestricto de los diferentes gobiernos franceses sean estos social demócratas o de derecha. Como siempre, en estos casos, la razón de estado prima en las potencias coloniales. Así mismo, España  país causante de esta situación colonial se ha mostrado dubitativo frente a la necesidad de una definitiva solución al conflicto.

Las principales razones son de carácter económicas y estratégicas. El Sahara Occidental es rico en depósitos minerales, especialmente fosfatos, uranio, hierro, gas natural y petróleo. Los bancos de pesca son también muy ricos. Hay grandes intereses económicos franceses y españoles en la zona.

 

Desde el año 2007, se realizan en la sede de la ONU conversaciones directas entre la RASD y Marruecos, en las que el Frente Polisario como legítimo representante del pueblo saharaui ha demostrado -igual que en los campos de batalla- firmeza y flexibilidad para llevar a buen término los más caros anhelos de la República. A 40 años de su creación el Frente Polisario perseverará en el camino de la paz y la solución pacífica y negociada hasta la obtención definitiva de la Independencia para su pueblo.

Esta receta ya la conozco II

En memoria de

Javier Diez Canseco

Diputado y luchador revolucionario

peruano y latinoamericano.

Fallecido en Lima el 4 de mayo de 2013

La semana pasada se entregaron algunos elementos que permitían ir viendo como se fue configurando el golpe de Estado contra Salvador Allende. Quedó absolutamente claro que Estados Unidos actuó como la herramienta de articulación para la creación del ambiente político, económico y social que vertebraran la insurrección de la oligarquía: generación de condiciones subjetivas a través de los medios de comunicación, creación artificial de escasez, acaparamiento de productos de la dieta básica, subversión de las fuerzas armadas, acciones violentas de sabotaje, reclutamiento de terroristas e incorporación de un componente civil que le diera veracidad institucional al alzamiento, tarea cumplida en primera instancia por los parlamentarios y partidos de la derecha. Todo ello financiado por el gobierno y algunas compañías transnacionales de Estados Unidos y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia como ha quedado visiblemente demostrado en documentos desclasificados.

Sin embargo, tales acciones fracasaron en primera instancia, cuando en marzo de 1973 la UP elevó su votación y con ello su número de parlamentarios por lo que la salida institucional quedó de lado y se dio pasó al plan para salir de Allende de cualquier forma.

En ese contexto, la derecha arreció sus ataques contra los sectores constitucionales de las Fuerzas Armadas. El gran valladar era el General Carlos Prats quien se oponía a una salida golpista a la crisis del país. La violencia se hizo más permanente, casi 100 muertos por violencia política se podían contar a esta altura en un país que desarrollaba su proceso “en paz y en el marco de las instituciones”. Por supuesto, la casi absoluta totalidad de los asesinados eran humildes militantes de los partidos que apoyaban al presidente Allende. Los escenarios de conflicto eran múltiples, destacándose el estudiantil donde le cupo un importante papel subversivo a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, en su gran mayoría proveniente de los sectores empresariales y de la derecha vinculada al Opus Dei.

Así mismo, el conflicto era producido por el desabastecimiento y el acaparamiento de los productos de primera necesidad. El pueblo creó las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP)  las que en coordinación  con la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco) que en algún momento dirigió el General de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet,  leal al presidente Allende, dieron una batida contra los delitos económicos logrando atenuar la situación creada, pero sin poder impedirla totalmente. Por esta acción, el General Bachelet fue detenido, torturado y asesinado en la Academia de Guerra Aérea después del golpe de Estado, por sus propios compañeros de armas. Su hija, ex presidenta de Chile y actual candidata presidencial es hoy aliada de los que crearon las condiciones políticas para el asesinato de su padre. Antes, hizo una importante pasantía de estudios en el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El 27 de junio, el General Prats escapó de una provocación cuando iba en su vehículo, disparó contra quienes lo agredían quienes se dieron a la fuga. Todo esto fue el preámbulo del ejercicio de golpe de Estado que se llevó a efecto el 29 de junio cuando el Regimiento de Blindados N° 2 de Santiago  se sublevó contra el gobierno, intentando tomar el Palacio de la Moneda que fue defendido por el General Prats en persona. Los principales líderes de la organización fascista “Patria y Libertad”, organizadora y promotora del alzamiento, huyeron del país. Esta intentona produjo 20 muertos, la mayor parte de ellos civiles.

El 27 de julio fue asesinado al frente de su casa el Capitán de Navío Arturo Araya Peeters, edecán naval del presidente Allende, oficial constitucionalista, también leal al Presidente. El hecho fue perpetrado por el agente de la CIA David Sánchez Morales con el apoyo de “Patria Y Libertad”  y el Comando derechista Rolando Matus perteneciente al partido político que dió origen  a Renovación Nacional, organización de la que es militante el presidente Sebastián Piñera.  Los participantes en el homicidio del Capitán Araya fueron hechos prisioneros y procesados, pero poco tiempo -posterior al golpe de Estado- fueron indultados por Pinochet por “servicios prestados a la Patria”.

El 22 de agosto la mayoría derechista de la Cámara de Diputados aprobó un Acuerdo en el que se establecía una situación de “grave quebrantamiento del orden institucional y legal de la República”. En él  se acusaba al Gobierno de haber incurrido en diversas violaciones tales como aplicar medidas económicas y políticas para instaurar un sistema “totalitario, violar garantías constitucionales, dirigir una campaña de difamación contra la Corte Suprema, violar la libertad de expresión, reprimir con violencia a los opositores e intentar infiltrar políticamente a las Fuerzas Armadas”.

En ese contexto, el presidente Allende se dispuso a convocar a un plebiscito  para que fuera el pueblo quien decidiera si continuaba al frente de los destinos del país. Incluso en esas desfavorables condiciones, Allende confiaba en su pueblo, en su sabiduría y disposición de solucionar por vía pacífica lo que se pretendía “resolver” a través de la violencia. No había ninguna duda que el presidente hubiera renunciado, si los resultados le hubieran sido adversos. No temía enfrentarse en las urnas electorales. La derecha sí. La convocatoria a plebiscito aceleró los preparativos golpistas…lo demás es conocido.

Esto ocurrió siendo presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, republicano y blanco. Para los que creen que el partido político o el color de la piel  del presidente modifican el comportamiento imperial de Estados Unidos, vale la pena revisar la historia para ver que en cualquier época, la potencia del norte ha implementado diferentes métodos de agresión acorde a cada situación,  contexto y circunstancia. El peregrinar de América Latina y el Caribe durante los dos siglos pasados recoge un inventario de cursos de acción, instrumentos y utilización de diversos actores encaminados al mismo objetivo: retrotraer la historia en aquellos países donde los pueblos han elegido caminos de independencia y soberanía.

Solo en lo que va de siglo, en América Latina y el Caribe, el imperio ha puesto en funcionamiento su arsenal de alternativas retrógradas. En 2002 y 2003,  golpe de Estado y sabotaje petrolero con la paralización de la principal industria de Venezuela con el objetivo de derrocar al Presidente Chávez. 2004, golpe de Estado, secuestro y expulsión del país del Presidente Jean- Bertrand Aristide en Haití. 2008, intento secesionista en Bolivia. 2009, golpe de Estado, secuestro y expulsión del país del presidente José Manuel Zelaya en Honduras. 2010, intento de asesinato del Presidente Rafael Correa y golpe de Estado en Ecuador. 2012, golpe de Estado institucional en Paraguay y derrocamiento del Presidente Fernando Lugo.

Y ahora, pretenden continuar su seguidilla de acciones intervencionistas en Venezuela con motivo de la reciente elección presidencial en la que la derecha no quiere aceptar el resultado. Tal actitud está validada por el no reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al Presidente Maduro, lo cual significa -en los hechos- el desconocimiento de la institucionalidad del país, toda vez que los poderes del Estado en uso de sus competencias respectivas dictaminaron el resultado electoral. La violencia posterior, que trajo como consecuencia nueve ciudadanos asesinados entre ellos dos niños, es responsabilidad directa de la derecha fascista, la que como hace 40 años en Chile pretende interrumpir el hilo constitucional a cualquier costo. En uno y otro caso hay un elemento común: la intervención de Estados Unidos con el objetivo de aplicar su conocida ”receta” de destrucción, muerte e intranquilidad para los pueblos.  

Esta receta ya la conozco I

Chile 1970. Salvador Allende gana las elecciones presidenciales de septiembre. Al no haber obtenido la mayoría absoluta, debía ser ratificado por el Congreso. Según consta en documentos desclasificados de las agencias de inteligencia de  Estados Unidos, desde ese mismo momento la CIA traza un plan para impedir que Allende asuma la presidencia del país.

El dueño del principal medio de comunicación de la derecha, el periódico  El Mercurio  Agustín Edwards, viaja de inmediato a Estados Unidos, donde se reúne con Donald Kendall,  alto ejecutivo de Pepsi Cola quien lo conecta con la CIA. Edwards llevaba años conspirando para dar un golpe en Chile, bajo la cobertura de un Club de Yatismo, la Cofradía Náutica del Pacífico Austral.

La derecha planea el secuestro del Comandante en jefe del Ejército General René Schneider Chereau con el fin de provocar la intervención de las Fuerzas Armadas y evitar la sesión del Congreso que debía ratificar a Allende. Explotan bombas en lugares públicos, el aeropuerto internacional de Santiago, Canal 9 de televisión, el Instituo Geográfico Militar, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, estaciones eléctricas y la Bolsa de Comercio de Santiago entre otros objetivos. La cadena de diarios de Edwards con El Mercurio a la cabeza inmediatamente culpa a la izquierda.

Schneider resiste el secuestro y es asesinado. Gran parte de los integrantes del grupo terrorista que participó en el asesinato de René Schneider fueron reclutados de los comandos electorales del derrotado candidato conservador Jorge Alessandri . El  Informe de la Comisión Especial del Senado de Estados unidos que investigó las actividades ilegales de la CIA, presidido por el Senador Frank Church registra en la página 31 que se habían realizado entre el 5 y el 20 de octubre, 21 contactos de agentes de la CIA con elementos claves de las Fuerzas Armadas y Carabineros chilenos. A aquellos chilenos (militares y carabineros) que se inclinaban por dar un golpe se les aseguró un fuerte apoyo en los más altos niveles del gobierno norteamericano, tanto antes como después del golpe.

En esta ocasión, el golpe de estado fracasó, Allende asumió la presidencia el 4 de noviembre de ese año. En julio de 1971 nacionalizó el cobre recuperándolo para Chile. Las empresas estadounidenses Anaconda y Kennecott  tuvieron que abandonar el país debiéndole al Estado chileno 4 mil millones de dólares producto de las utilidades excesivas que habían obtenido durante los últimos años, gracias a los bajos (o nulos) impuestos que pagaban, según una rentabilidad "razonable" de 10% a partir de 1955  a lo que se le restó la indemnización acorde la ley. A partir de ese momento,  estas empresas se plegaron al financiamiento de la conspiración contra un gobierno legal que había tomado una medida que fue ratificada unánimemente en el Congreso del país austral.

El propio presidente estadounidense Richard Nixon y su Secretario de Estado, Henry Kissinger, dieron la orden para promover un boicot contra el gobierno de Allende, mediante la negación de créditos externos y la petición de un embargo al cobre chileno. Dos años después del golpe militar que puso fin al gobierno de Allende, Pinochet  pagó una indemnización de 250 millones de dólares a la Anaconda, propiedad de las familias Rockefeller y Rothschild.

Las medidas en favor de los sectores más desposeídos que tomaba el gobierno de la Unidad Popular comenzaron a ser resistidas por la derecha con el apoyo estadounidense que veía en ellas un “mal ejemplo” para otros países en los que tenían importantes propiedades. Comenzó el sabotaje a la economía y la creación de dificultades a la gestión gubernamental. Pongámoslo en palabras de Jacques Chonchol, ministro del gobierno de Allende “La otra cosa, que todos recuerdan, fue el desabastecimiento y el mercado negro. Por dificultades económicas externas y falta de créditos bloqueados por el imperialismo, se habían agotado las reservas nacionales. La capacidad portuaria de Chile era limitada y, si bien podíamos importar, muchas veces no teníamos cómo sacar la mercadería de los puertos en óptimas condiciones, y así se fue creando desde fines de 1971 un cierto desabastecimiento. Además, había un gran poder de compra en manos de la gente, no solamente de los sectores populares, sino que de la clase media.

¿Qué pasa cuándo se crea una situación de este tipo? La gente tiende inmediatamente a comprar mucho más de lo que necesita porque quiere precaverse para el futuro, entonces la gente que tenía que comprar el litro de aceite, si podía comprar diez compraba diez. Así fue aumentando el desabastecimiento y generó una serie de problemas. Se hizo un interesante y muy importante esfuerzo con la creación de las JAP, las Juntas de Abastecimiento y Precios, pero no fue suficiente para contrarrestar las dificultades y el sabotaje. La prueba fue que al día siguiente del golpe de estado aparecieron enormes cantidades de mercaderías que habían sido acumuladas…”.

Toda esta situación, fue creando mucha tensión, la cual era aprovechada por la derecha para generar desasosiego y conflicto con la realización de una campaña de sabotajes a la economía que derivaron en el paro patronal de octubre de 1972, en el que se realizaron una gran cantidad de acciones de  bloqueo de carreteras, barricadas, disturbios en concentraciones públicos y ocupaciones de sedes universitarias. Toda esta medición de fuerzas a escala nacional, fue directamente apoyada por el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la CIA, coordinada con empresas multinacionales como la International Telephone and Telegraph (ITT) y Kenecott, además de financiar a El Mercurio para crear un ambiente de caos, incluso los gremios de camiones recibieron dólares diarios para mantener la huelga. 

La paralización de los empresarios se detuvo después de la decisión del presidente Allende  de hacer ingresar a miembros de las Fuerzas Armadas al gobierno.  El Comandante en Jefe del Ejército general Carlos Prats, que había sustituido al asesinado general Schneider fue nombrado ministro del interior. Caro le costó su apego a la Constitución. En  septiembre de 1974 un comando que actuaba bajo órdenes directas de Pinochet lo asesinó junto a su esposa en Buenos Aires.

Como se dijo anteriormente, las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 fueron el último intento de la derecha para salir legalmente de Allende. Si hubiera obtenido dos tercios de los votos, como era su objetivo, habrían tenido la mayoría suficiente para acusar y destituir constitucionalmente al Presidente. Fracasaron en el intento, a pesar de todo el sabotaje a la economía y el bombardeo mediático en plena guerra fría, que acusaban al gobierno chileno de ser un satélite de la Unión Soviética, la Unidad Popular aumentó su votación llegando al 43,5% de los votos.

En esas condiciones, se dio la orden para organizar el golpe de estado. La derecha contaba con el liderazgo del partido demócrata cristiano (PDC) que tuvo su origen –al igual que Primero Justicia en Venezuela- en las ideas falangistas de Francisco Franco. Así como el  PDC chileno sostuvo una estrecha alianza con el dictador Franco, hoy Primero Justicia es un adláter de sus seguidores organizados en el Partido Popular que conduce ideológicamente José María Aznar.  Su paladín era Eduardo Frei quien condujo al conglomerado de derecha a la creación de condiciones institucionales para el levantamiento de los militares. Frei pensaba que una vez derrocado Allende se le iba a entregar al poder a un gobierno civil en el cual el PDC tendría el control. Los militares fascistas retribuyeron sus servicios por el derrocamiento de Allende, asesinándolo en 1982, tal como lo dictaminó una investigación judicial en 2009. Así le pagó la oligarquía a su lacayo “demócrata y cristiano”. (Continuará la próxima semana)