Ha sido un gran acierto que la reunión Cumbre binacional Colombia–Venezuela se desarrollara en la ciudad de Puerto Ayacucho el pasado
lunes 22 de julio. Sacar la actividad internacional de los países limítrofes de
las capitales y darle mayor relevancia a las regiones fronterizos es
manifestación de una perspectiva encaminada a resolver los problemas comunes
que se suscitan a un lado y otro de áreas geográficas que muchas veces tienen
una identidad común y que solo fueron separadas por una decisión colonial a
partir de intereses propios que no contaron con la opinión ni decisión de los
ancestrales habitantes de esos territorios. Además, en una perspectiva
positiva, los vínculos transfronterizos permiten resolver problemas concretos
en plazos cortos si existieran estructuras adecuadas aprobadas por los
gobiernos centrales de los países involucrados.
El Presidente
Nicolás Maduro anunció que la lucha contra el contrabando en la frontera sería
uno de los temas centrales de las
conversaciones con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Éste incluyó la
lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales en la agenda de
trabajo y, también un viejo sueño que tuvo el presidente Hugo Chávez de
convertir el río Meta -que conecta a los dos países- en un polo de desarrollo.
Esta última idea
del presidente Chávez es expresión de una visión de futuro en las relaciones
internacionales en primer lugar de la práctica integracionista que –por razones
obvias- se manifiesta de manera práctica en primera instancia en las regiones
fronterizas.
Una de las características de la globalización
es la pérdida de poder del Estado nacional por diferentes razones. Una tiene que ver con el creciente poder de las empresas
transnacionales a las cuales pugnan por la existencia de Estados débiles en los
que sea cierta la posibilidad de imponer reglas de juego favorables a sus
intereses sin importar las necesidades y las dificultades de los pueblos. Pero,
por otra parte la integración que transcurre como proceso paralelo a la
globalización se proyectará –de alguna manera- como el debilitamiento de los Estados
centrales en favor del fortalecimiento
de los gobiernos y autoridades locales.
Este fenómeno ha ido generando una
serie de procedimientos y acciones que comienzan a influir en el accionar de
los gobiernos subnacionales y de los pueblos que habitan sus territorios. En Europa este
proceso es patente y acelerado. El estatuto de la Unión Europea favorece el
desarrollo local y la integración regional. Para ello el Parlamento Europeo, el Comité de
las Regiones y el Consejo de Europa han apoyado la creación de diferentes
instancias que se han denominado Comunidades
de Trabajo, Eurorregiones o Europaregiones. Así mismo se ha concebido el
Programa INTERREG con el objetivo de construir instrumentos que faciliten la
cooperación transfronteriza e interregional entre los socios de la Unión
Europea, además se propone promover relaciones específicas de cooperación
interregional entre las regiones europeas.
El
camino que señala Europa muestra que las fronteras hay que irlas superando a
través de un proceso de integración económica y de cooperación política a
distintos niveles institucionales. Un aspecto muy importante de esa cooperación
es el que se establece entre las regiones que bordean las actuales fronteras
estatales, la cual a veces ha dividido espacios a los que la historia ha dotado
de personalidad propia. Debemos saber que la palabra región viene del latín regere,
que significa trazar una línea o un límite. Esto significa que las fronteras
estatales a veces han dividido espacios a los cuales, sin embargo, la historia
les ha dado una identidad común.
De esta manera, instaurar una verdadera cooperación transfronteriza ha sido siempre una tarea difícil. La diversidad de los territorios y del relieve han sido obstáculos naturales, aunque a ambos lados de la barrera geográfica se compartiese una misma lengua, mucho más cuando no es así.
Una
de las más exitosas y avanzadas regiones transfronterizas es la que se ha
establecido al norte de los Montes Pirineos en Francia y al sur de ellos en
España y en medio de los dos el pequeño Principado de Andorra. Forman parte de
esta Comunidad de Trabajo las Regiones de Aquitania, Languedoc-Rosellón y
Midi-Pyrenées de Francia, las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña,
Navarra y el País Vasco de España además de Andorra. Aunque los conceptos aún
no están claros, no está considerada todavía como euroregión aunque tres de sus colectividades
(Languedoc-Rosellón, Midi-Pyrenées y Cataluña) sí han formado una desde 1998.
Su objetivo era y es la búsqueda de soluciones a problemas comunes, haciendo de
los Pirineos un territorio de unión entre pueblos que intentan conocerse mejor
y trabajar juntos en ámbitos como medio ambiente y transporte.
En 2003, la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos dio el inteligente paso de convertirse en
un consorcio para superar las trabas legales que le impedían acceder
directamente a los fondos de la Unión Europea. Se ha hecho en un muy buen
momento, primero, porque la Constitución europea señala la cohesión económica,
social y territorial como uno de los objetivos clave de la Unión. Su entrada en
vigor le dio un impulso importante a regiones con dificultades estructurales.
Segundo, porque dentro de la reforma para la utilización de los recursos, la
Comisión Europea presentó en julio de ese mismo año una propuesta para crear
Agrupaciones Europeas de Cooperación Transfronteriza. Ello ha permitido a la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos una mejor gestión de programas
transfronterizos a través de convenios con otras colectividades regionales o
locales.
El debate abierto
en Europa sobre el futuro de la política de cohesión va probablemente a
modificar el mapa regional actual, tanto desde el punto de vista de las
prioridades territoriales como de la distribución de fondos. Es seguro que en
el futuro oiremos hablar con frecuencia de eurorregión. Hoy por hoy, ese
concepto no se sustenta sobre ningún criterio jurídico concreto y sus
estructuras son heterogéneas. Sin embargo, pueden convertirse en un nuevo pilar
del regionalismo europeo si, una vez estructuradas institucionalmente y dotadas
de personalidad jurídica, son reconocidas por la Comisión Europea, que, por
ahora, sólo contempla a las regiones existentes en el actual mapa europeo.
En América Latina, México ha comenzado a
avanzar en la creación de este tipo de comunidades. En 2003 los estados de
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila instauraron la Región del Nordeste-Texas con
ese estado de la Unión Americana y Chiapas estableció la Región del Quetzal con
Guatemala. Así mismo, entre Argentina y Chile se han creado los comités de
Integración a lo largo de los extensos
5500 km. de su frontera común. Su actividad ha sido regulada por el
Tratado de Integración de Maipú, firmado
por los jefes de estado de ambos países en octubre de 2009.
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