China: hacia la prosperidad común (II)

 

Las formas y métodos de construcción del socialismo no están escritos en ninguna parte. Los padres del socialismo científico hicieron un análisis materialista de la historia utilizando el método dialéctico para señalar algunas pautas, pero como dijo el propio Marx su teoría no es un dogma.

Cada país debe hacer su propia práctica e ir desbrozando el camino a partir de la aplicación de la teoría a las condiciones de cada país, considerando su historia, cultura y tradiciones. En el caso de China, Mao Zedong trazó las líneas fundacionales del “socialismo con peculiaridades chinas”, Deng Xiaoping lo adaptó a una nueva situación que exigía solucionar los problemas de la pobreza y el desarrollo cuando las fuerzas productivas del capitalismo reinaban impolutas en un mundo en el que los capitales y la tecnología eran patrimonio exclusivo de Occidente y algunos otros países. Ahora, Xi Jinping ha propuesto construir el “sueño chino” que es el avance de la sociedad hacia la disolución de las diferencias que aún hoy exponen las dificultades para llevar adelante un desarrollo equilibrado y armónico de la sociedad hacia el socialismo. Es lo que se ha llamado el camino hacia la prosperidad común en los prolegómenos de la primera etapa de la transición al socialismo.

Pero ello no está exento de contrariedades, errores en algunos casos, situaciones imprevistas en otros. No se puede obviar que las sociedades de clases que han imperado por milenios en el planeta han forjado hombres y mujeres en los que aún prima lo individual sobre lo colectivo, la obtención del lucro y la ganancia de un grupo o sector por encima de los intereses supremos de la sociedad y la comunidad y, la consecución de bienes materiales como expresión de la felicidad y el éxito, soslayando la importancia de la realización plena, espiritual y de valores como objetivo eminente de la humanidad. Se hace necesario entonces, “hacer camino al andar” como dijo Antonio Machado en su hermoso poema “Caminante no hay camino”. Eso es el socialismo, un camino que se debe andar.

En el caso de China, los últimos años han aportado un aumento considerable de la riqueza, al punto que hoy cuenta con una “clase media” de 340 millones de personas que ganan entre 15.000 y 75.000 dólares al año previéndose que esa cifra alcance los 500 millones en 2025. Así mismo, a finales de 2020, China también contaba con 5,28 millones de “ricos”, con un patrimonio familiar superior al millón de dólares. En 2020, el 1% más rico de los chinos poseía el 30,6% de la riqueza del país, frente al 20,9% de hace dos décadas, según un informe de la empresa de servicios financieros suiza Credit Suisse con sede en Zurich.

En términos prácticos, tal hecho ha dado lugar a un aumento de la brecha de ingresos en el país. El coeficiente Gini de ingresos ha oscilado entre el 0,46 y el 0,49 en las dos últimas décadas. Un nivel de 0,4 suele considerarse la línea roja de la desigualdad. Por su parte, el coeficiente Gini de riqueza, pasó de 0,599 en 2000 a 0,711 en 2015, se redujo a 0,697 en 2019 antes de volver a subir a 0,704 el año pasado, según el informe. En el lado opuesto, el año pasado el país aún poseía 600 millones de personas que vivían con unos ingresos mensuales de 154 dólares, que apenas alcanzan para cubrir el alquiler en una ciudad china de tamaño medio. He ahí un problema que debe ser resuelto. Y a la solución del mismo es que se abocó la reunión del Comité Central del Partido Comunista para Asuntos Financieros y Económicos realizada el 24 de agosto y que mencionamos en el artículo de la semana pasada.

Se trata de ir corrigiendo una deformación que amenaza con transformarse en un riesgo para la estabilidad de la sociedad. En este sentido, es claro que en el pasado, el modelo económico chino consideró que la eficiencia económica en lugar de la equidad era el instrumento principal para el desarrollo. En esa medida, entendieron que debían permitir que un pequeño número de personas se enriqueciera primero en el marco de un plan que buscaba el éxito del proyecto estratégico. Ahora, se comprende que si no se establecen controles, se podría perder el objetivo de construir el socialismo, por lo que se ha puesto la búsqueda de la prosperidad común en el eje de la política y la economía.

Durante años, no sólo en China en la época de Mao, también en la mayoría de los países que se orientaron al socialismo, se confundió igualdad con equidad. Se olvidó que la igualdad es un principio burgués emanado de la revolución francesa cuando se trataba de eliminar las diferencias entre los derechos de la nobleza y los ciudadanos. En su momento fue revolucionaria, pero debía dar paso a nuevos paradigmas que concretaran mejores condiciones de vida para las mayorías a fin de avanzar hacia su liberación. El socialismo, a través de su principio de distribuir de “cada cual según su capacidad a cada cual según su trabajo” esbozaba una idea de equidad que le es propia. Precisamente, China ahora se vuelca a una sociedad más equitativa en comparación al igualitarismo propio de la época de Mao.

La tercera distribución que se señalaba la semana pasada refiere al intento de avanzar en la superación de tal situación, de manera tal que el gobierno chino se propone regular los “ingresos excesivos” y los “ingresos no razonables”, animando a las grandes empresas y a los millonarios a “devolver más a la sociedad”.

Por supuesto, tal política ha generado preocupación en tal estamento social, al tiempo que en Occidente los medios transnacionales de comunicación y los analistas económicos han puesto “el grito en el cielo”. Ding Shuang, Economista Jefe para la Gran China y el norte de Asia del Banco Standard Chartered, dijo que “el objetivo de la tercera idea de distribución era utilizar la fuerza moral para animar a la gente a devolver a la comunidad”, sobre el supuesto que dichas contribuciones debían ser voluntarias aunque según su opinión, muchos ricos se sentirán presionados a “regalar dinero”.

Un día después de la reunión del Comité Central, el gigante tecnológico Tencent anunció que había creado un fondo de “prosperidad común” de más de 7.7 mil millones de dólares para “ayudar a los grupos de bajos ingresos, mejorar la cobertura sanitaria, impulsar el desarrollo económico rural y apoyar la educación de base”.

Toda vez que el concepto de prosperidad común no se circunscribe únicamente a los ingresos sino que también involucra el acceso a los servicios públicos, se establecerán férreos controles a cualquier idea que signifique una mayor participación de las empresas privadas en áreas como la educación, la atención a los ancianos y la atención médica. El gobierno se volcará a la inclusión y la accesibilidad a los proveedores privados de servicios, y será estricto en el control de los precios, tal como ya ha estado ocurriendo en el ámbito de la educación. De igual manera, el Estado podría intervenir en el establecimiento de mejores salarios salvaguardando los derechos laborales.

El presidente Xi Jinping aseguró que el gobierno se propone fortalecer la lucha contra los monopolios al mismo tiempo, se promocionarán políticas de no aceptación de la competencia desleal, todo lo cual es considerado obligación imprescindible para mejorar el sistema de economía de mercado socialista. Xi afirmó que en la nueva etapa, era necesario crear escenarios óptimos para el desarrollo de "todos los agentes del mercado, especialmente de las pequeñas y medianas empresas", de la misma manera había que "proteger mejor los derechos e intereses de los consumidores".

En este contexto el gobierno chino se orienta a utilizar el mecanismo de los impuestos como principal instrumento para reducir la brecha de riqueza. En marzo pasado, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China anunció que las autoridades del país tienen previsto revisar la legislación nacional antimonopolio durante este año a fin de crear mecanismos legales más sólidos para estimular el desarrollo socioeconómico. La decisión se inserta en la lógica de aumentar la “regulación de los ingresos más altos” para mejorar la “redistribución de la riqueza”, que es la verdadera esencia del socialismo.

Según Wang Jun analista del “tanque de pensamiento” chino Center for International Economic Exchanges: “El estancamiento del consumo ha dejado claro que es urgente aumentar los ingresos de la gente y poner el foco en una distribución justa”. Sin embargo, fijar esta política entraña un nuevo reto toda vez que la aplicación de medidas concordantes implicará un mayor gasto social que se traducen en nuevas cargas para el presupuesto del Estado. Surge entonces la pregunta de ¿dónde se obtendrán esos recursos? He ahí que el incremento de los impuestos a los millonarios y a las grandes empresas, en especial las de tecnología, estará orientado a asumir la mayor parte de la inversión que permitirá hacer real estas disposiciones.

En este marco, en noviembre del año pasado el gobierno impidió la salida a la bolsa de Shanghái y Hong Kong a Ant Group, propiedad del multimillonario Jack Ma. La empresa de tecnología filial de Alibaba, cifraba en ese entonces una Oferta Pública Inicial (OPI) de 37.000 millones de dólares. Así mismo, el 28 de julio pasado, el magnate agrícola Sun Dawu fue condenado a 18 años de prisión por promover una serie de acciones contra el Estado. Más recientemente, la app de viajes Didi Chuxing, fue sancionada después de que ignorara la recomendación de posponer su salida a bolsa por 4.400 millones de dólares en Estados Unidos. El endurecimiento de la legislación en torno al pujante sector de la educación privada, que ha sido duramente criticado por el exorbitante aumento de precios durante la pandemia, también ha sido sujeto de control, en los últimos meses, causado gran impacto en China y fuera de las fronteras.

A diferencia de Occidente, donde las empresas y los millonarios son los que toman las decisiones, financian las campañas de los presidentes, parlamentarios, gobernadores y alcaldes, determinan la agenda y hasta se permiten sancionar a los mandatarios, porque en realidad es en ellos donde reside el poder, en China, el Estado asume la responsabilidad de establecer límites a los grandes actores económicos en pro de defender los intereses superiores de la ciudadanía.