El territorio venezolano usurpado por Gran Bretaña de manera injusta y arbitraria a través del Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899 no ha sido reconocido ni aceptado por ningún gobierno venezolano desde esa fecha hasta ahora.
Desde el punto de vista histórico, la posesión de todo el territorio -hoy en reclamación- por parte de España desde el siglo XV es innegable y reconocida por todas las potencias existentes en la época. La República de Venezuela creada en 1810 fue heredera del territorio que hasta ese momento conformaba la Capitanía General de Venezuela. En 1648, por el Tratado de Münster, Holanda había reconocido que las zonas comprendidas entre los ríos Orinoco y Esequibo eran españolas, dando configuración a la Guayana española. España, por su parte reconoció la soberanía holandesa de la Guayana oriental, la cual fue cedida posteriormente a Gran Bretaña a través de un tratado que firmaron británicos y holandeses en 1814, esto incluía un territorio de 20 mil millas al este del Esequibo.
Aunque desde finales del siglo XVI Gran Bretaña había ocupado áreas españolas y holandesas en América, es a partir de 1814 cuando inicia su agresiva y hostil política de expansión hacia el oeste desde las regiones bajo su soberanía en Guayana. Así, las 20 mil millas originales de su posesión, se fueron ampliando a 60 mil a mediados del siglo XIX, a 76 mil en 1855 hasta llegar a las 109 mil millas. Hay que recordar que Gran Bretaña era la principal potencia colonial y ejercía su hegemonía sin cortapisas en el mundo a través de la fuerza, la agresión y el avasallamiento.
En este contexto, Venezuela permanentemente protestó por la actitud prepotente y expansionista de Gran Bretaña y en 1897, solicitó la evacuación del área en conflicto. La respuesta británica a través de su embajador en Caracas, F. Saint John fue desafiante y amenazadora. Antes, en 1895, el gobierno de Venezuela, -apelando a la Doctrina Monroe- había solicitado al de Estados Unidos que intercediera en el conflicto. Por esta razón, en 1896 Estados Unidos y Gran Bretaña inician conversaciones sobre el problema limítrofe de esta última con Venezuela. Esto condujo en 1897 a un tratado para establecer el arbitraje.
Estados Unidos logró imponer condiciones de arbitraje absolutamente lesivas para Venezuela y favorables a Gran Bretaña. La debilidad del gobierno venezolano no pudo impedir tales reglas. Este arbitraje es el que en 1899, al margen del derecho internacional, incumpliendo las normas que él mismo había establecido y sin que Venezuela pudiera exponer sus argumentos, falló legitimando la usurpación. El verdadero alcance de la expoliación, sólo se vino a saber muchos años después.
En 1949 se dio a conocer un memorándum escrito por el abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost quien había actuado como consejero de Venezuela en la negociación. Vale decir que todos los “representantes” de Venezuela en el arbitraje, encabezados por el ex presidente Benjamin Harrison también eran estadounidenses. En el documento, publicado después de su fallecimiento, Mallet-Prevost reconocía que el Laudo fue producto de un arreglo político entre Estados Unidos y Gran Bretaña, acordado al margen del derecho internacional y, que hizo un trazado arbitrario de la frontera. Vale decir que dos de los cinco jueces que fallaron eran británicos y otros dos estadounidenses.
Esto demuestra la naturaleza viciada del Laudo y es la razón por la que ningún gobierno venezolano lo ha reconocido. En 1951, durante la IV Reunión de Consulta de cancilleres de la OEA, Venezuela hizo reserva pública del Laudo. A partir de ese momento, el país hizo permanentes gestiones a favor de buscar reconocimiento internacional a su posición, rechazando la validez jurídica del Laudo e insistiendo en la necesidad de la negociación para una salida pacífica al diferendo. En 1966, Gran Bretaña aceptó finalmente, iniciar negociaciones con Venezuela, llegando al Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966. Este acuerdo fue reconocido por Guyana al acceder a su independencia el 26 de mayo de ese año.
Venezuela, reconoció la independencia de Guyana, reservándose el mantenimiento de su demanda histórica, y por tanto estando de acurdo con la soberanía del nuevo Estado a partir del territorio al este de la línea media del Río Esequibo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico.
A través del tiempo, este diferendo se ha mantenido en términos amistosos y en los marcos del derecho internacional, independientemente de los gobiernos que haya habido en uno y otro país. Como se ha demostrado, a Venezuela le asiste la razón histórica y jurídica.
Dando continuidad a la tradición de la diplomacia venezolana, de manejar el conflicto en el marco del principio de solución pacífica de las controversias, el Comandante Hugo Chávez puso el énfasis en los intereses de los pueblos de ambos países, insistiendo en los términos amistosos que signan las relaciones entre Venezuela Y Guyana, y en los objetivos supremos de la integración latinoamericana y caribeña.
La primera señal de alarma en fechas recientes evidenciando una alteración de esta situación, se produjo cuando Guyana renunció a dar continuidad al trabajo del buen oficiante designado por Naciones Unidas. Esta fue una indicación inequívoca que anunciaba la intención guyanesa de llevar el conflicto por otra ruta. Lamentablemente así fue. Por primera vez en la historia, el diferendo fue tema de campaña electoral, desatando un furibundo nacionalismo anti venezolano, oportunamente utilizado por el candidato que hoy es primer ministro.
La concesión a la Exxon Mobil se inscribe en la lógica de escalar el conflicto para poner a Venezuela en el banquillo de los acusados. Esta empresa, actuando bajo protección de poderosos intereses económicos y políticos trasnacionales, ha optado por actuar como cabeza de playa de una nueva escalada intervencionista contra Venezuela. Es el mismo método de la declaratoria de Venezuela como amenaza que emitiera el presidente Obama el pasado 9 de marzo y que fracasara ostensiblemente. Sin embargo, este caso es mucho más delicado porque pone a prueba con mayor profundidad los equilibrios de la integración latinoamericana y caribeña y los esfuerzos que han llevado a crear Unasur, Celac y Petrocaribe.
La escalada se propone establecer la idea de que Venezuela es un país agresor. Ello, la diferencia de la declaración del 9 de marzo, porque mientras ésta exponía a Venezuela de forma enunciativa como una amenaza en contra de Estados Unidos, en este caso, si Venezuela se viera obligada a tomar medidas para defender su soberanía en las aguas territoriales en disputa, sería “prueba” de su “manifiesta voluntad agresiva contra un país pequeño como Guyana”
Nuevamente, como en la declaración del 9 de marzo, el objetivo inmediato es Venezuela, pero la meta ulterior es destruir el proceso de integración. Se pretende poner a prueba todo lo que con gran esfuerzo se ha podido construir en materia integracionista. Las transnacionales de la desinformación, de inmediato han comenzado a vociferar sobre el “espíritu agresivo de Venezuela”.
En este marco, la creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (Zodimain) ha despertado “preocupación” en nuestro flanco occidental. Al respecto el presidente Santos ha declarado que “… estamos en este momento estudiando ese decreto, se lo hemos sometido a la Comisión negociadora que tenemos hace ya muchos años con Venezuela y por supuesto, si encontramos algo que nos afecte, haremos la protesta diplomática del caso en forma inmediata. Pero en este momento estamos estudiando el decreto y sus repercusiones sobre Colombia”.
Para echarle “más carbón al fuego” los medios de comunicación colombianos se han apresurado a informar que “según expertos internacionalistas consultados” el decreto de Venezuela que crea la Zodimain occidental no tiene validez, pues “el decreto emitido por Venezuela establece unilateralmente la delimitación marítima entre Colombia y Venezuela, cosa que no ha sucedido con ningún país, salvo con Guyana, que protestó y hoy tienen un litigio que está siendo objeto de mediación por un delegado de la ONU” y rematan afirmando que “en el caso con Colombia ¬porque las otras zonas operativas creadas mediante el decreto afectan a países como Guyana, Surinam y Francia¬, lo que hicieron fue establecer unilateralmente la delimitación marítima entre los dos países, cosa que no tiene precedentes”. Si esperábamos escalamiento del conflicto, aquí lo tenemos. La mención de Francia, país miembro de la OTAN y permanente del Consejo de Seguridad de la ONU no es gratuita.
Una vez más, la diplomacia debe estar alerta y actuar a la máxima altura para impedir que las huestes imperiales, obtengan beneficios del estímulo de contradicciones que perfectamente se pueden mantener en el terreno de la negociación y las relaciones amistosas entre pueblos hermanos. Como siempre, la firmeza estratégica debe ser acompañada de la flexibilidad táctica que nos lleve a buenos resultados, evitando el conflicto tan deseado por el monstruo imperial.
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