En un país donde la clase política y los medios de comunicación llaman “pronunciamiento militar” al golpe de Estado, “gobierno militar” a la dictadura, “excesos” a las torturas, “gente” al pueblo y “desvinculados” a los cesanteados, es fácil entender que esa hipócrita simulación bipartidista haga suponer que la democracia llegó, sólo porque Pinochet fue apartado del poder para que otros pudieran administrar su legado.
En particular, los gobiernos de la Concertación por la Democracia que se presentaron como una fuerza de cambio al finalizar la dictadura, no pudieron o no quisieron introducir transformaciones estructurales que dieran paso a una sociedad más justa y equitativa. En este sentido vale destacar que a pesar que Chile tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) Alto (45 lugar en el mundo) ocupando el lugar cimero de América Latina, su Índice de Gini que es aquel que mide la distribución del ingreso en una economía, lo ubica en la última categoría a nivel mundial, es decir en el grupo de países que presenta mayor desigualdad de ingresos. Visto desde otro punto de vista, ese alto IDH no se distribuye equitativamente. Así, es una minoría la que disfruta de los muy promocionados éxitos del modelo. No se podría esperar algo mejor o distinto de los herederos directos de la dictadura que llegaron al poder de la mano de Piñera.
En palabras del destacado sociólogo y politólogo Manuel Antonio Garretón, profesor de la Universidad de Chile, lo que ha ocurrido es que “Pese a las significativas y progresistas transformaciones introducidas a la sociedad chilena por los gobiernos de la Concertación, ello no lograron superar ni reemplazar el modelo neoliberal ni tampoco el modelo político de democracia incompleta, sino solo corregirlos parcialmente con lo que el carácter progresista quedó limitado”
El próximo 17 de noviembre, Chile nuevamente acudirá a las urnas. Todo indica que nada cambiará. Las encuestas arrojan resultados avasalladores a favor de la Candidata de la Concertación Michelle Bachelet, ahora también apoyada por un domesticado Partido Comunista que ha seguido el paso de sus nuevos socios al nivel de no sentir la menor angustia por aliarse con algunos de los que propiciaron y fueron los protagonistas civiles del golpe de Estado de 1973 que derrocó al Presidente Allende.
Hay que recordar el origen falangista del líder fundador de la Democracia Cristiana chilena Eduardo Frei, y su complicidad con el golpe de estado de septiembre de 1973. Este partido, junto al PAN mexicano y el PP español de José María Aznar han configurado el tridente que encabeza la reorganización de la derecha en Latinoamérica.
El chileno Gutemberg Martínez, ex Presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, (ODCA) apoyó el golpe de Estado contra el Presidente Chávez en 2002 y el vicepresidente de esa organización José Rodríguez Iturbe fue nombrado canciller del efímero gobierno fascista de Carmona Estanga. Martínez estuvo en Caracas dos semanas antes del golpe de Estado sosteniendo reuniones con personeros de la oposición al Presidente Chávez.
Como escribí en 2011, la Concertación de Partidos por la Democracia fue el instrumento ideal en el que socialistas “deslastrados” del ideal allendista y los mismos demócrata cristianos que promovieron el golpe de estado de 1973, se unieron para vender al mundo un espléndido modelo de democracia autoritaria y economía neoliberal administrado por la izquierda. Quienes viajaban a Chile se mostraban gratamente sorprendidos por ese largo y delgado paraíso que existía entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. La Concertación y sus paladines Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet se encargaron cual brutal somnífero de mantener al pueblo chileno aletargado y adormilado durante dos décadas. El putrefacto cadáver del dictador suspiraba de emoción desde su desconocida tumba y la derecha empresarial -que se apoderó del país en dictadura- se frotaba las manos de dicha financiera.
En el mundo de hoy a la Concertación se le llama “coalición de centro izquierda”. Resulta extraño ser de izquierda, neoliberal y sostener una democracia restringida. Al parecer quedó en el olvido que fue Bachelet en su primer gobierno quien ordenó la más brutal y desmedida represión contra el pueblo mapuche, sin discriminar ancianos, mujeres y niños, adjudicándoles de manera desconsiderada una supuesta condición de terroristas. Todo por luchar por sus tierras, las mismas en las que viven desde hace muchos siglos antes que los primeros antepasados de la señora Bachelet llegaran a Chile. Fueron tan desmesurados los ataques contra los niños mapuche que el gobierno de Bachelet fue denunciado por la Unicef por tales atropellos como lo atestiguó en su momento el representante de esa organización internacional en Chile, Gary Stahl.
Otro tema álgido durante el gobierno Bachelet fue el de la educación quien nada hizo para superar la deuda histórica del Estado con la educación pública. La presidenta engañó a los estudiantes de la enseñanza media, asumiendo compromisos que después no cumplió. Su mayor “aporte” fue reemplazar la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) por la Ley General de Educación (LCE) que mantuvo el lucro como motivación del sistema eludiendo la misma reforma que hoy vergonzosamente promete de nuevo.
Alguien pudiera pensar que este análisis está a contramano de las encuestas que expresan un alto índice de apoyo a Bachelet. También es válido que se diga que la voz del pueblo debe escucharse y que en democracia- aunque limitada e insuficiente- los votos son los que hablan. Todos están en lo cierto. Lo que pasa es que en Chile no es así.
Más allá de lo que expresen los votos el próximo 17 de noviembre, es menester recordar que la gran mayoría del pueblo chileno no cree en este tipo de democracia ni en su sistema electoral. Así lo atestiguan las cifras. En las elecciones presidenciales de 2009 cuando el voto era obligatorio, participaron 7.264.136 votantes habiendo una abstención del 12,3%. Eso oculta que un sector muy importante de la población incalculable en ese momento no participó del acto eleccionario. El dato más cercano que se tiene es el de los comicios municipales de 2012 en los que por primera vez se estableció la inscripción automática y el voto voluntario, en esa ocasión el padrón electoral fue de 13.404.804 electores. Si tomamos en cuenta que los índices demográficos de Chile indican que el crecimiento vegetativo de la población es de 0,9% anual y la población que no está en edad de votar es del 25% concluiremos que en 2009 el padrón electoral era de alrededor de 13.070.000 electores, lo cual señala que el 44, 4% de la población no estaba inscrita en los registros, si a esto se le suma el 12, 3% que se abstuvo concluiremos que casi el 57% de los chilenos, la mayoría del pueblo, no participó en la elección de su presidente. Visto de otra manera, solo el 43% de los chilenos lo hizo. El presidente Piñera fue elegido por el 21,43% de los ciudadanos en edad de votar¡¡¡¡¡. ¡Vaya democracia! Es válido decir “Son las reglas”. Es verdad, son las reglas que hizo Pinochet.
Es lamentable que la izquierda no asista unida al proceso eleccionario y mucho más lo es, que ese 57% de la población no asuma una actitud activa frente al mismo. El día que ello ocurra seguramente “se abrirán las grandes alamedas” y nuevamente un presidente progresista tomará las banderas de Allende en un Chile democrático y participativo. Los jóvenes en las calles luchando por sus derechos, avizoran que se día llegará “más temprano que tarde”.
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