Si vamos a hablar de narcotráfico …

Con verdadero estupor he leído una entrevista realizada al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, en la revista Correo Semanal de Lima, Perú. Su autora, la periodista Silvia Rojas, la titula “Venezuela es el paraíso del narcotráfico”, citando palabras del esquizofrénico líder de la ultra derecha colombiana.

Resulta curioso que un personaje tan tenebroso pueda hacer tales aseveraciones cuando su pasado y su entorno lo colocan a él mismo como alguien de dudosa moral, sobre todo si de narcotráfico se va a hablar. Como Director del Servicio de la Aeronáutica Civil otorgó licencia a muchos pilotos que trabajaban para los narcos como señala el libro Los Jinetes de la Cocaína de Fabio Castillo.

Esto lo llevó a ser señalado como colaborador del narcotráfico en un reporte de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos. Dicho reporte, elaborado en 1991, lo señala como “un político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cartel de Medellín y con altos funcionarios gubernamentales. Uribe ha sido vinculado con negocios relacionados con la actividad de los narcotraficantes en Estados Unidos”. En el mismo informe se menciona a su padre Alberto Uribe Sierra como un reconocido narcotraficante que “fue asesinado por sus conexiones con el tráfico de narcóticos”.

Por otro lado y en una noticia más reciente el periodista colombiano Gonzalo Guillén, hizo público el vínculo de una cuñada y una sobrina de Uribe con el narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán. Según Guillén, Dolly Villa y su hija Ana Uribe aparecen como  miembros  de  un  clan  de  narcotráfico y lavado de activos denominado Clan Cifuentes Villa. Aunque el ex presidente negó tener relación con la mujer, Guillén, se preguntó por qué durante la administración de Uribe “nunca se hubiera tocado a ese clan y aseguró que gracias a su indagación “se reactivó” el proceso de extradición hacia Estados Unidos en contra de las dos mujeres.

Asimismo, el también periodista Daniel Coronell reiteró en su columna de la revista Semana que las dos mujeres, capturadas en Colombia, pertenecen al clan que tendría bienes a su nombre “por un valor superior a los 250 millones de dólares y actividades en Colombia, México, Panamá, Ecuador, Brasil, España y Estados Unidos”. Según Coronell, el pasado 8 de febrero la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición de Cifuentes, mientras que el expediente de su hija Ana no se encuentra en el Tribunal.

Por su parte, Guillén recordó además que el hermano del expresidente y padre  de la mujer sindicada “estuvo preso en 1986 por tropas de la IV Brigada del Ejército porque su radio teléfono de inteligencia militar registró llamadas a Pablo Escobar sin ser nunca juzgado por tal hecho”.

De igual manera, otro hermano de Uribe, Santiago, tiene abierto un expediente en la Fiscalía que lo sindica de haber organizado y liderado un grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles que habría asesinado a un  centenar de personas en Colombia. El influyente periódico estadounidense Washington Post publicó una entrevista realizada al mayor Juan Carlos Meneses quien afirmó que él fue cómplice de un grupo paramilitar formado por Santiago Uribe, en Yarumal, Antioquia. Meneses aseguró a su vez que Álvaro Uribe les ayudó a archivar las investigaciones.

En el mismo ámbito, el periódico  El Espectador de Bogotá, en su edición del 5 de febrero de este año, publicó las declaraciones que hizo a la Fiscalía de Estados Unidos el extraditado narcotraficante y paramilitar Juan Carlos “El Tuso” Sierra en una sala de audiencias en la cárcel Northern Regional Jail de Virginia, quien aseguró que Santiago Uribe Vélez “iba en ‘vueltas’” de droga que enviaban los hermanos Gallón Henao por la zona del Urabá.

En su defensa, Santiago Uribe afirmó que no sabe por qué el narcotraficante Juan Carlos Sierra lo salpica, “será porque soy primo de Mario Uribe y hermano de Álvaro Uribe, y algún odio o alguna cosa tendrá. No conozco la razón y no me interesa conocerla”, puntualizó.

El mencionado exsenador y primo del exjefe de Estado, Mario Uribe también tiene su historia: enfrenta una pena de siete años de cárcel por sus vínculos con  paramilitares.  Ya  en  1997  el  “primo” fue señalado de tener relaciones con el narcotraficante antioqueño Pedro Pablo Uribe. Posteriormente el 22 de abril de 2008, fue emitida una orden de captura en su contra. Álvaro Uribe, entonces presidente, cuestionó la decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia y pidió explicaciones por la decisión que afectaba a quien además de familiar era uno de sus asesores más cercanos.

Otros miembros de la familia vinculados al delito son los primos por línea materna del expresidente, Carlos Alberto y Juan Diego Vélez Ochoa, que fueron involucrados con actividades relacionadas con la creación de escuadrones de la muerte, narcotráfico y la sindicación de decenas de asesinatos como lo señala Sergio Camargo V. en su libro El narcotraficante N° 82, Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia.

En el más reciente escándalo que involucra al entorno de Uribe, el general (R) Mauricio Santoyo, quien fuera su Jefe de Seguridad, fue acusado por Estados Unidos de asociación ilícita con narcotraficantes y de recibir sobornos a cambio de ayudar a las organizaciones de la droga que debía combatir.

De acuerdo con una acusación formal de un jurado investigador de una corte federal de la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, el general Santoyo Velasco habría recibido sobornos a cambio de dar información de inteligencia a las principales bandas del narcotráfico en Colombia sobre las indagaciones de autoridades estadounidenses, británicas y colombianas.

Resulta poco creíble que un sujeto de tales antecedentes pueda estar al margen de las actividades de tantos miembros de su familia, algunos muy cercanos como su padre y hermanos y la de otros personajes de su entorno. En esas condiciones es difícil suponer que sus declaraciones sobre Venezuela puedan ser respaldadas por alguien serio y responsable.

Hoy, cuando Uribe ha pasado a ser formalmente la oposición de ultra derecha al Gobierno colombiano, no puede ni siquiera nominar a uno de sus adláteres a la presidencia de su país en las venideras elecciones. Los posibles candidatos están inhabilitados para ejercer cargos públicos, son prófugos de la justicia, tienen sombras acerca de su honorabilidad, son tránsfugas políticos o están presos. Uribe y su entorno están tan desprestigiados que les quedan escasas alternativas para generar una opción propia como lo señala la periodista María Jimena Duzán en la revista Semana de este 7 de julio.