Venezuela. Una nueva batalla

Las variables políticas que caracterizan la situación en Venezuela han tenido continuidad en marzo respecto de lo ocurrido desde el comienzo de la ofensiva violentista de la derecha iniciada el 12 de febrero, aunque se pusieron en juego nuevos componentes que establecen una dimensión cada vez más marcada por el sello externo y mediático del problema.

En cuanto a la situación política, la misma pareciera estabilizarse con una clara victoria del gobierno ante la intentona de la derecha por derrocarlo. Permanecen remanentes de violencia que en el caso de Caracas obedecen más a la necesidad mediática internacional de sostener el conflicto que al poder real de convocatoria de los partidos políticos. En la práctica, los manifestantes violentos no responden a los lineamientos del liderazgo político tradicional de los partidos de la derecha encarnados en Henrique Capriles sino a uno emergente construido en torno a las figuras de María Machado y Leopoldo López. A ellos se les suma Antonio Ledezma, oscuro personaje de pasado adeco que ha reconstituido sus prácticas represivas.

El cansancio de ciertos sectores de la clase media que habita en las urbanizaciones del este de la capital y en general, de fracciones de la derecha que se ven asediados por la actuación vandálica de los manifestantes violentos, se ve reflejado en las declaraciones que a comienzos de mes hiciera el opositor y presidente de la empresa encuestadora Datanalisis Luis Vicente León quien manifestara que “Esas personas quieren canalizar su energía en la búsqueda de una solución, pero no han encontrado nada ni a nadie que se las ofrezca de manera racional y estructurada. Y entonces explotan. Pero lo hacen sin tener ni un plan, ni un objetivo concreto ni una articulación formal. Y eso se traduce en una especie de estallido de acciones y emociones incontroladas. Y no es su culpa no saber cómo expresarse eficientemente.

La culpa, o al menos buena parte de ella, es de un liderazgo perdido, dividido, desarticulado y pobre que no es capaz de conducirla ni de conectarla por rutas creativas, articuladas y más sofisticadas que tirar piedras o quemar basura en una calle que, además, es su propia calle y no la del destinatario de su protesta”.

En el mismo sentido, vale destacar la demanda interpuesta por el conocido abogado derechista Juan Ernesto Garantón, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra los alcaldes de los municipios Baruta y El Hatillo por “incumplir con sus funciones y colaborar contra la tranca de las calles”. Garantón manifestó que “soy vecino y necesito transitar por las vías del municipio…esto lleva días en un caos total” 

El gobierno por su parte ha actuado con suma paciencia para evitar la violencia innecesaria de las fuerzas de seguridad por un lado, y por otra, el desborde del pueblo chavista, molesto con la actuación de la derecha violenta. La mesura en la actuación de las fuerzas de seguridad contrasta con el pasado cuando las mismas instituciones desprovistas de mandos que sirvieran al pueblo volcaban todo su odio en la represión indiscriminada que provocaba cientos y miles de ciudadanos muertos, heridos y desaparecidos.

La mayor intensidad en las acciones violentistas se siguen manifestando en los estados Táchira y Mérida donde la dinámica del conflicto sigue derroteros propios que tampoco tienen su conducción en los partidos de la derecha. En Táchira, las fuerzas paramilitares colombianas que tienen trascendental influencia en los destinos de ese estado, aprovecharon el conflicto que vive el país a fin de hacer una práctica que le permita medir las fuerzas que han logrado consolidar. Las formas violentas de actuar que introdujeron desde hace algunos años en la práctica de la delincuencia común comenzaron a ser trasladadas al quehacer político con el objetivo de ampliar su base de apoyo y crear condiciones que permitan una virtual intervención de fuerzas militares extranjeras en el país. Los paramilitares colombianos en sí mismo son una fuerza militar extranjera en Venezuela que el gobierno no ha combatido con la fuerza y la contundencia necesaria. En ella está el principal contingente desestabilizador del país que está actuando ahora y lo hará en mayor medida en el futuro si no se le pone coto temprano.

La debilidad mayor se ha manifestado en la incapacidad de impedir o al menos reducir el manejo mediático exterior que muestra un falso país en medio de una virtual guerra civil que no existe, pero que permite mantener la tensión a través de la magnificación en tiempo, espacio y volumen de la participación de las jornadas de violencia, las declaraciones de voceros del gobierno de Estados Unidos, además del de Panamá y sectores afines a la derecha española. En este sentido, no guarda ninguna relación la realidad del país con lo que se transmite a través de los medios en el exterior. 

A nivel interno, el conflicto ha permitido -una vez más- la cohesión de las fuerzas políticas que apoyan al gobierno, así como de las fuerzas armadas y de seguridad no solo en el manejo operativo del mismo, también en la visión doctrinaria de cómo enfrentar el intento de profundizar la situación hasta generar una crisis. Se ha hecho evidente que estas fuerzas armadas no son las de 1989. No están dispuestas ni operativa, ni sicológica, ni políticamente a reprimir al pueblo, pero asumen más que nunca el mandato constitucional de “…garantizar la independencia, la soberanía de la Nación…” y “asegurar (…) la cooperación en el mantenimiento del orden interno”. Mi percepción es que conflictos como éste coadyuvan a profundizar la alianza cívico-militar que tanto pregonara el Comandante Chávez como núcleo imprescindible de su proyecto.

En el plano internacional, a pesar de la arremetida estadounidense y de los medios de comunicación, el contundente apoyo al gobierno de Venezuela en la OEA y Unasur es una muestra de los cambios que están acaeciendo en el continente y que dan cuenta, que al menos en el plano regional, Estados Unidos no tendrá apoyo para sus aventuras desestabilizadoras, lo cual no impide que, -como en los casos de Honduras y Paraguay- de encontrar base de sustento interno, apuntarán al derrocamiento del gobierno por la fuerza, para posteriormente encontrar una base jurídica que respalde y legitime su acción.

El contexto internacional da cuenta, cada vez con mayor certeza que, como repite una y otra vez el presidente Rafael Correa vivimos un “cambio de época”. Los sucesos que ocurren en diversos escenarios de la región y del mundo están dando elementos para entender que los factores de poder mundial están construyendo con suprema vertiginosidad un paradigma distinto de democracia. Venezuela no es ajena a ello y debería ser una responsabilidad compartida encontrar respuestas para las nuevas modalidades imperiales de actuación que cuestionan los basamentos propios de la democracia representativa que los poderes oligárquicos edificaron a lo largo de 200 años. 

Retumban premonitorias las palabras del presidente Allende el 4 de septiembre de 1973, una semana antes del golpe de estado que lo derrocó. Al referirse a lo que estaba ocurriendo y ante la inminencia del alzamiento de la derecha apoyada por los militares dijo “Pero, mientras el pueblo ha cambiado en calidad, para mejorar su capacidad de construir una nueva realidad económica y política, el adversario ha desarrollado sus tácticas. Si antes del 4 de septiembre [se refiere a 1970 cuando fue elegido presidente de Chile (NA)] se usó la campaña del terror psicológico, hoy se le acompaña del atentado: el terrorismo efectivo contra vidas humanas, bienes públicos y privados. La reacción está demostrando que, para atajar el avance del pueblo, no vacila en recurrir a prácticas fascistas. Pero, hoy como hace tres años, Chile entero y el mundo están contemplando nuestra capacidad para seguir adelante, frente a un adversario que recurre a todo para derrotar al pueblo, aún a riesgo de destruir la Patria. Los que crearon ayer el sistema de gobierno que nos rige, no aceptan hoy ser gobernados y quieren destruirlo. Los que apoyaron ayer las instituciones del régimen para mantenerse en el gobierno, consideran hoy que ya no les sirven para sus intereses. Llegan a dejar reemplazar sus partidos políticos por grupos aventureros…” Estaba a 41 años de distancia de la Venezuela del año 2014.

Finalmente, la gran responsabilidad del gobierno sigue siendo restablecer la normalidad en el funcionamiento de la economía. Aunque ha quedado claro que la derecha tiene objetivos políticos desestabilizadores, el soporte de su discurso está montado sobre las dificultades económicas y sobre ellas ha incidido su actuación a partir de un plan bien estructurado que ya se conoció en tiempos de la Unidad Popular en Chile. En esa medida, el conflicto que se pretende establecer en las calles de forma permanente se soluciona haciendo que la economía responda de manera eficiente a las necesidades de los venezolanos.