A través de la historia, España ha sido un país que no
se ha podido vanagloriar de una clase política que haya estado a la altura de
las necesidades de su desarrollo y crecimiento como nación autónoma. Su
presencia en el escenario global siempre ha ido de la mano de su subordinación
y dependencia de otros actores
internacionales.
Desde hace varias centurias, puntualmente a partir de
1700 la familia Borbón (proveniente de Francia) ha “conducido” los destinos del
Estado español con sólo dos breves interrupciones en 1808 y 1868 y un
interregno mayor en el siglo XX período en el cual desde 1936 hasta 1975 estuvo
en el poder Francisco Franco quien
instauró una dictadura fascista, caracterizada por la represión contra el
movimiento popular y su apoyo a la Alemania nazi. Al finalizar la segunda
guerra mundial con la derrota de Alemania y sus aliados, España estuvo sometida
al aislamiento internacional sin que su economía pudiera despegar durante
décadas. Su condición anti democrática significó que se mantuviera al margen de
las primeras iniciativas de integración europeas.
Un alto dirigente franquista, Manuel Fraga quien fue
titular de información y turismo, de gobernación y vicepresidente durante la
dictadura creó en 1976 la Alianza Popular uniendo diversas fuerzas
de la ultra derecha conservadora y fascista. En 1989, Fraga y otros líderes
franquistas la transforman en el actual
Partido Popular de España.
De esta manera, dictadura franquista, monarquía y Partido
Popular configuran diferentes expresiones del mismo poder político que se
estableció a partir de un origen común y un desarrollo paralelo. La novedad de
los últimos años ha sido que a esa tenebrosa trilogía se le ha venido a
adicionar un nuevo actor que surgió y se mantuvo al margen durante décadas
hasta que ya en democracia y bajo el liderazgo de Felipe González, inició su
travestismo político: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
González lideró al PSOE durante 22 años y fue presidente
del Estado español durante 14, desde 1982 hasta 1996. En ese período,
aparentemente logró sacar a España del marasmo económico al que estuvo sometida
por siglos, a cambio de una nueva subordinación dependiente de la Unión Europea
(UE). Para ello, incurrió en una
gigantesca deuda pública, en la
solicitud de concesión a España de la mitad de los recursos financieros de la UE disponibles en los Fondos de Desarrollo, así como
de importantes recursos provenientes de los Fondos de Cohesión y de la Política Agrícola Común de la UE. Eso
hizo que se creara en el país ibérico una falsa sensación de prosperidad y la
suposición de que concurrían al siglo XXI con una fortaleza económica que le
permitiría actuar en el escenario internacional en igualdad de condiciones que
las grandes potencias. En realidad,
habían comenzado a flotar en una burbuja que los condujo a un nuevo
sometimiento a la UE y en particular a Alemania. Los acontecimientos recientes
reflejan que no han podido salir de la inercia ahora sostenida por esta nueva
tríada perversa: monarquía, PSOE y PP.
Hoy, la monarquía ha sido ampliamente cuestionada por sus
actuaciones públicas y por el involucramiento de varios de sus representantes
en hechos de corrupción o cuando menos de dudoso comportamiento moral para
quien ejerce funciones en la cúpula del Estado. Aunque desde hace un tiempo las
acciones poco éticas de la monarquía son de común dominio de la opinión pública
española, es desde el año pasado cuando han adquirido notoriedad a nivel
global.
En abril de 2012 se reportó que mientras la tasa de
desempleo se encontraba cercana al 25% y aproximada al 50% para los jóvenes en
edad laboral, el Rey se encontraba en un safari para cazar elefantes en
Botswana. El costo de dicha diversión
monárquica es superior al salario que percibe durante todo un año la mayoría de
los españoles y el doble del salario promedio anual.
En su momento, esta situación llevó a Tomás Gómez,
secretario general del Partido Socialista de
Madrid (PSM) a decir que "Ha llegado el momento de que la Casa Real se
plantee, en este caso el jefe del Estado, que tiene que elegir entre las
obligaciones y las servidumbres de las responsabilidades públicas o una
abdicación que le permita disfrutar de una vida diferente". Tal opinión ha
sido refrendada por el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña
Pere Navarro, quien el pasado miércoles 20 pidió que el Rey Juan
Carlos abdique y que su hijo, el príncipe Felipe encabece una “segunda
transición” política en España.
En el trasfondo, se respira el ambiente maligno creado
por el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, duque de Palma, quien utilizando su
condición de miembro de la monarquía, se
aprovechó para desviar millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos
que presidía. Por esta causa, la Fiscalía está indagando su involucramiento en
delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude y malversación de
caudales públicos.
El manejo mediático de la investigación ha puesto el
énfasis en tratar de descubrir si hubo conocimiento o vínculo de la monarquía
con tales delitos. A pesar que el propio Urdangarin ha negado tal relación, la
prensa española ha divulgado correos
electrónicos en los que se liga al esposo de la hija del Rey en negocios con
Corinna Sayn-Wittgenstein, quien según la misma prensa es la amante de Juan
Carlos y lo acompañaba en su tour de cacería en Botswana. Como señala el
periódico El Mundo de Madrid de 18 de febrero pasado “En la mayoría de estos
correos, tanto Urdangarin, como Corinna hacen referencia a que Juan Carlos
estaba al corriente de estas ´operaciones` como, las califica el duque”.
Incluso, en otros correos aportados por el ex socio de Urdangarin a la justicia,
-refiriéndose a los negocios de éste- se indica la mediación directa del Rey en
el mismo. En uno de esos correos, el yerno real cuenta que su suegro prometió
“toda su ayuda para encontrar ayuda financiera” (SIC).
En otro ámbito, no es mejor la situación de los otros dos
eslabones de la tríada que se hunden y, hunden en la putrefacción a la política
española. Mientras una marea ciudadana protestaba en varias ciudades contra la
corrupción y las medidas restrictivas en materia social, -en un país minado por
la recesión y por un desempleo que alcanza los 6 millones de parados- el PP y
el PSOE se trenzaron en un absurdo
debate para tratar de demostrar cuál de los dos es más culpable de la crisis.
En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados con
motivo de su informe anual sobre el estado de la nación el presidente Mariano
Rajoy señaló que “ya pasó lo peor” y vaticinó una inminente salida de la
crisis. Con total hipocresía dijo que a pesar de todo “el barco no se ha
hundido”. Ante el estupor de los españoles obvió decir que en su año de
gobierno la paupérrima situación
económica heredada de los socialistas ha empeorado. La tasa de desempleo ha
alcanzado el 25,4%, en los últimos 14 meses se han eliminado 900 mil
empleos a razón de 8 mil 500 por día,
debido en gran medida a una reforma laboral que favoreció a los empresarios. En ese mismo período más
de 400 mil familias españolas han perdido sus viviendas y 12 personas se han
suicidado por tal motivo.
En su defensa el gobernante de derecha informó que a
pesar de la pérdida de empleo y la magnitud de la crisis, el déficit público
cerró por debajo del 7%, inferior al 9%
del año anterior. Evitó decir que no alcanzó la meta propuesta de 6,3% con la
que se comprometió con la Unión Europea. También soslayó referirse a los
escándalos de corrupción que afectan a su partido. Por el contrario refutó a la principal agrupación opositora afirmando
que el PP no ha sido sometido a juicio, a diferencia del PSOE.
Las tibias intervenciones del líder del PSOE Alfredo
Pérez Rubalcaba -quien acusó a Rajoy de demagogo y de no tener credibilidad-, se encaminaron a poner el acento en el tema
de la corrupción. A partir de ello ambos políticos evidenciaron el hedor
nauseabundo que despide la clase política española al involucrarse en una tan estéril
como absurda discusión, no exenta de recriminaciones personales que pusieron en
el tapete la certeza de que ninguno de los dos es garantía cierta para salir de
la crisis, por lo menos en condiciones de que la mayoría de los españoles
puedan retomar estándares aceptables de vida. Vale decir que ambos partidos en
conjunto tienen menos del 50% de aprobación de la ciudadanía.
Algo pasa en España, ante la crisis y la charlatanería de
la clase política el movimiento popular se moviliza de manera creciente. Sería
deseable que tal espíritu de lucha se manifieste en acciones concretas que
conduzcan a la derrota de esta nueva tríada de poder que en base a la
corrupción, el engaño y el derroche ha sumido a España en la peor crisis de su
historia.
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