Legalidad y legitimidad democrática

Los últimos eventos eleccionarios en Chile, Honduras y Venezuela nos han mantenido ocupados en el análisis de sus resultados, las perspectivas y consecuencias que de ellos se derivan. Aunque no he escrito sobre las elecciones del pasado domingo en Venezuela porque siendo un tema nacional hay otros colegas que con mucho más conocimiento e información han emitido valiosos documentos de análisis. Es menester decir que al escribir estas líneas, hoy lunes 9 de diciembre, después de una revisión de la prensa internacional que reseña tal acontecimiento, se puede generalizar afirmando que fue imposible para los medios de comunicación de la derecha foránea obviar la importante victoria obtenida por el gobierno de Venezuela y las fuerzas políticas que lo sustentan, rompiendo una supuesta tendencia iniciada en abril, a través de la cual la derecha opositora suponía un camino de deslegitimación institucional que los conduciría el poder. 

Si algo claro quedó el pasado domingo es la incapacidad del liderazgo de la derecha para construir una alternativa creíble para los venezolanos. No es éste el espacio, para referir una vez más, los innumerables intentos y los variados instrumentos que la oposición aliada a Estados Unidos ha utilizado para abrirse paso en un país que dada su relevancia, es considerado como un botín de primer orden en el tablero estratégico global a partir de sus importantes reservas de petróleo y gas en un mundo en el que la política energética juega un papel primordial en las definiciones de política exterior.

La victoria electoral del gobierno venezolano es –en el plano internacional- una derrota para las fuerzas oscuras de la derecha. Vale, sin embarco acotar que mientras Venezuela mide fuerzas una y otra vez en el marco de la democracia consagrada en la Constitución Nacional, en la vecina Colombia vendida como adalid del modelo de democracia a construir, el alcalde Bogotá, Gustavo Petro, elegido legítimamente por el pueblo fue destituido por la decisión unilateral del Procurador General de la República, Alejandro Ordoñez. Esta medida que además inhabilita a Petro por 15 años para ejercer cargos públicos fue catalogada por el alcalde de la capital colombiana como “…un golpe de Estado sobre el gobierno progresista de Bogotá”.

Los diferentes actores políticos del país andino han comenzado a manifestar opiniones en torno al hecho que se ha transformado en el más importante del cierre del año político colombiano, eclipsando las conversaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana y de paso, poniendo en un segundo plano la decisión unilateral de las FARC de declarar una tregua decembrina como expresión de su voluntad de allanar el camino de las negociaciones.

El propio ministro de Justicia del gobierno colombiano, Alfonso Gómez Méndez, opositor ideológico de Petro quien se encontraba con él en el momento en que se hizo pública la noticia, dijo que el Gobierno Nacional no compartía esta decisión, que la “lamentaba” y que de inmediato el Ejecutivo tendría como propósito hacer una reforma constitucional para recortarle estos poderes al ministerio Público.

Más allá de las responsabilidades que pudiera tener el alcalde ante las imputaciones que se le hacen respecto de su responsabilidad en la implementación de un nuevo modelo de recogida de la basura en la urbe capitalina, lo que trasciende es el poder de un funcionario para destituir e inhabilitar a otro que ha sido elegido por mandato popular.

Vale decir que las fuerzas opositoras a Petro encabezadas por el representante Miguel Gómez, cercano al ex presidente Álvaro Uribe habían intentado sin éxito llevar adelante un referendo para revocar el mandato del alcalde. Esta medida que a todas luces se inscribe en mecanismos de democracia participativa para permitir al pueblo defenestrar legalmente a aquellos funcionarios que no cumplen sus responsabilidades, no pudo llevarse adelante a pesar que la misma fue aprobado en julio del presente año después que la Registraduría Nacional (institución que en Colombia es responsable de la realización de los procesos electorales) certificara que se habían recolectado las firmas válidas para que la convocatoria tuviera curso legal. Petro refutó la validez de estas firmas y tras una revisión realizada por grafólogos especializados fueron anuladas decenas de miles de registros, en algunos casos por haber sido recaudados fuera de la capital. 

Según un artículo del profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, Miguel Ángel Herrera Zgaib publicado en la edición N° 00350, el pasado mes de mayo en la revista Semana de Bogotá, el Procurador Alejandro Ordóñez consiguió re elegirse en su cargo “venciendo todo obstáculo, con el poderoso expediente sancionatorio que el cargo ofrece, y que esgrime con celo intimidatorio e indudable eficacia para persuadir a los congresistas corruptos, sus ´naturales` electores”. 

Lo que trasciende en este caso es la posición de Ordoñez que según un analista colombiano consultado antes de escribir este comentario, está actuando casi como jefe del comando de campaña de las huestes uribistas para las elecciones de 2014, apuntando además como posible contendor en el proceso eleccionario de 2018 cuando el Presidente Santos no podrá optar a la re elección. A esa lógica pareciera apuntar el mensaje que envió la prestigiosa periodista colombiana María Jimena Duzán quien tras conocer la decisión de Ordoñez contra Petro, dijo a través de su cuenta de twitter que “Las razones para destituir a Petro son políticas. Ordóñez está sacando del juego a sus posibles competidores para el 2018. Va por Fajardo”, refiriéndose al Gobernador del Departamento de Antioquia por el partido Verde. 

La avalancha de actuaciones políticas de Ordoñez incluye su manifiesto rechazo a las conversaciones de paz que adelantan el gobierno y la guerrilla. En particular ha insistido en que los dirigentes de la FARC deberían ser juzgados por delitos de lesa humanidad, además ha insistido en la imposibilidad para que a futuro, puedan participar en el escenario político legal.

Así mismo, y nuevamente a tono con el discurso uribista, ha exteriorizado su rechazo al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que concedió un territorio marítimo a Nicaragua en detrimento de Colombia. Ha dicho que tal sentencia no puede cumplirse porque modifica las fronteras colombianas, creando verdadera zozobra jurídica dada su alta investidura.

Además, al destituir a Petro, Ordoñez cumple el objetivo uribista de provocar al presidente Juan Manuel Santos a que asuma una posición frente al hecho, retando los diálogos de paz de La Habana para -por esta vía- calentar los motores políticos electorales del uribismo que se encuentra carente de propuestas para el país, recurriendo a cobijarse en una retrógrada diatriba anti venezolana y anti chavista. 

Las dos caras de la moneda, una democracia en Venezuela que se renueva democráticamente en paz y, otra colombiana, en la que un troglodita fundamentalista impide el normal desenvolvimiento de los mecanismos modernos de participación, sin los cuales la democracia carece de legitimidad, aún desarrollándose en los marcos de legalidad que se hayan podido construir.