México. Lo que el PRI te da, el PRI te lo quita

La guerra de la Reforma en México fue un movimiento político que estremeció al país a mediados del siglo XIX. La victoria de los liberales condujo a Benito Juárez a la presidencia, sin embargo inauguró un largo período de inestabilidad que incluyó la intervención militar francesa en 1862. Esta etapa de la vida política del país de los aztecas y los mayas concluyó con la llegada al poder de Porfirio Díaz quien gobernó desde 1876 hasta 1911 con un interregno entre 1880 y 1884 cuando tomó las riendas del poder Manuel González Flores.

Díaz fue un gobernante déspota que contó con el apoyo de los latifundistas, el clero (mayor propietario de la tierra en el México de entonces) y en gran medida de Estados Unidos, cuyos inversionistas tuvieron relevantes privilegios para recibir concesiones mineras, petroleras y agrícolas.

En 1910, hubo comicios en los que Díaz aspiraba a la reelección, sin embargo, todo el acumulado de descontento emanado de más de tres décadas de represión y marginación exigieron democracia y la no reelección del presidente. Así dio inicio la Revolución mexicana cuando Francisco Madero se puso al frente de un movimiento armado con apoyo popular, de obreros, intelectuales y sobre todo campesinos que tomaron el poder y convocaron a una asamblea constituyente. Los titubeos de Madero que vacilaba ante la necesidad de desarrollar acciones radicales exigidas por el pueblo condujo al alzamiento del líder campesino Emiliano Zapata que propugnaba la realización de la profunda reforma agraria que reivindicaban los campesinos alzados a favor de la revolución.

Estados Unidos intervino para derrocar a Madero e instalar en el poder a Victoriano Huerta quien pretendió retrotraer los avances que la revolución postulaba para lo más humildes. Además de Zapata, contra Huerta se alzó el líder del norte del país, Pancho Villa. Estados Unidos acudió en apoyo de Huerta, sus tropas desembarcaron en Veracruz en abril de 1914. Los mexicanos se unieron para derrotar al invasor. Después de negociaciones en las que terceros países intermediaron, Estados Unidos se retiró del territorio mexicano para volver en 1917 a fin de perseguir a Villa sin lograr derrotarlo.

En ese contexto, el 5 de febrero de 1917 es publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, herramienta política muy avanzada no sólo para México, también para América Latina y todo el mundo.

En su artículo 27 se consagra que “Corresponde a la Nación el dominio directo de (…) los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos…”.

Además de los evidentes avances de la Constitución mexicana de 1917 en materia social y de defensa de los derechos de los ciudadanos, fue muy destacable y transformador lo que aportó en el aspecto de protección de los recursos naturales para su explotación a favor del desarrollo económico del país, sobre todo de las grandes mayorías excluidas a través de la historia. 

En el año 1929, los adeptos a la revolución mexicana, formalizaron la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), el cual en 1938 pasó a llamarse Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y en 1946 Partido Revolucionario Institucional (PRI). El PRI en sus diferentes acepciones gobernó continuamente en México desde 1929 hasta el año 2000, manteniendo el control total del gobierno de todos los estados mexicanos hasta 1989.

En 1934, el PRI llevó al poder al General Lázaro Cárdenas, quien desde la jefatura del Estado realizó las más profundas transformaciones que recuerde la historia mexicana. Gobernó a favor de los sectores más humildes, los pequeños propietarios agrícolas y los sectores medios empobrecidos de las ciudades. Estados Unidos y las facciones oligárquicas mexicanas reaccionaron negativamente contra el gobierno de Cárdenas cuando éste tomó medidas para proteger a los obreros petroleros ante de la voracidad de las firmas transnacionales estadounidenses. Visto el desacato de las empresas extranjeras a la decisión del gobierno mexicano, el general Cárdenas procedió a nacionalizar la industria petrolera. Paralelamente creó la estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), a la cual se le estableció un estatuto especial que tuvo rango constitucional y que instituyó su misión de ser la única instancia autorizada para manejar los recursos energéticos en territorio mexicano, con la responsabilidad de administrar, explorar, explotar y vender el petróleo y gas producido en el país. 

México comenzó a manejar su industria más importante, luchando contra el sabotaje de las empresas petroleras estadounidenses, poniendo en primer término la distribución del producto en el mercado nacional, lo cual creó un verdadero problema en Estados Unidos al verse privado de las cuantiosas exportaciones de crudo mexicano. Así, Pemex se transformó en un ícono nacional, siendo la empresa más importante del país y una de las mayores del mundo colocando a México como el décimo productor de petróleo y décimo tercero de gas a nivel mundial. 

En esa dimensión, la anunciada privatización de la actividad petrolera, se ha convertido en la noticia más importante y polémica del año político en México. Paradójicamente, el PRI y quien fuera durante seis décadas su más enconado rival político, el Partido de Acción Nacional (PAN) representante de los sectores más conservadores y retrógrados del país se pusieron de acuerdo para que en un precipitado trámite llevado a cabo en ambas cámaras del Congreso, se aprobara la reforma a la ley energética que eliminó el impedimento que durante 75 años prohibió la apertura de ese sector a la inversión privada en esta materia. Paradójico también que el primer presidente no priista después de 70 años, el panista Vicente Fox en noviembre de 2002, durante su mandato, asegurara que no propondría la privatización de Pemex.

La decisión permite la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, a fin de permitir la contratación de empresas privadas para la extracción y explotación de hidrocarburos, eliminando de hecho el monopolio constitucional que tenía Pemex.

En una encuesta hecha por Alianza Cívica y publicada por la prestigiosa revista Proceso de Ciudad de México se señala que el 83,52% de los mexicanos se opone a la modificación de la Constitución. Esta encuesta, en la que fueron consultadas 724 mil 426 personas, para lo cual se instalaron 7 mil 518 mesas receptoras en todo el país durante dos días el domingo 25 de agosto y el domingo 1° de septiembre abarcando mil 271 municipios en las 31 entidades federativas del país, así como las 16 delegaciones del Distrito Federa arrojó también que “91.61% de los consultados expresó su acuerdo en que los beneficios de la industria petrolera —cubiertas sus necesidades de operación y desarrollo— se utilicen exclusivamente en inversión pública como construcción de escuelas, hospitales, ferrocarriles y proyectos de investigación científica y desarrollo rural”.

Sin embargo, los defensores de la reforma constitucional alegan que “el actual sistema que se utiliza en el sector energético mexicano es deficiente, debido a la descapitalización y falta de inversiones”. Los partidarios y apologistas de la privatización argumentan que la misma “podría aportar mayores recursos para inversiones y mejorar la eficiencia”. Incluso, han hecho referencia al modelo venezolano en el que el Estado acepta la inversión extranjera, sin modificar el régimen de pertenencia ni la Constitución en materia de soberanía del Estado sobre los recursos naturales. 

Por el contrario, los que rechazan la privatización, plantean su preocupación en torno a que se va a dejar al Estado mexicano sin disponibilidad presupuestal para la inversión en educación y salud ante el riesgo que el capital privado se quede con las ganancias de la actividad petrolera y gasífera. Así mismo, manifiestan dudas respecto de que la reforma disminuirá el precio de los combustibles.

Aunque el debate y la resistencia a las medidas se siguen manifestando, ahora tendrá que hacerse sobre un hecho consumado. Tal como muchas veces ha ocurrido en la historia de los últimos cien años en México, “lo que el PRI te da, el PRI te lo quita”. El problema es que la propiedad de los mexicanos sobre su petróleo está en el ADN del país, por lo que la reforma constitucional afectará –como nunca- su identidad nacional de cara al futuro

Legalidad y legitimidad democrática

Los últimos eventos eleccionarios en Chile, Honduras y Venezuela nos han mantenido ocupados en el análisis de sus resultados, las perspectivas y consecuencias que de ellos se derivan. Aunque no he escrito sobre las elecciones del pasado domingo en Venezuela porque siendo un tema nacional hay otros colegas que con mucho más conocimiento e información han emitido valiosos documentos de análisis. Es menester decir que al escribir estas líneas, hoy lunes 9 de diciembre, después de una revisión de la prensa internacional que reseña tal acontecimiento, se puede generalizar afirmando que fue imposible para los medios de comunicación de la derecha foránea obviar la importante victoria obtenida por el gobierno de Venezuela y las fuerzas políticas que lo sustentan, rompiendo una supuesta tendencia iniciada en abril, a través de la cual la derecha opositora suponía un camino de deslegitimación institucional que los conduciría el poder. 

Si algo claro quedó el pasado domingo es la incapacidad del liderazgo de la derecha para construir una alternativa creíble para los venezolanos. No es éste el espacio, para referir una vez más, los innumerables intentos y los variados instrumentos que la oposición aliada a Estados Unidos ha utilizado para abrirse paso en un país que dada su relevancia, es considerado como un botín de primer orden en el tablero estratégico global a partir de sus importantes reservas de petróleo y gas en un mundo en el que la política energética juega un papel primordial en las definiciones de política exterior.

La victoria electoral del gobierno venezolano es –en el plano internacional- una derrota para las fuerzas oscuras de la derecha. Vale, sin embarco acotar que mientras Venezuela mide fuerzas una y otra vez en el marco de la democracia consagrada en la Constitución Nacional, en la vecina Colombia vendida como adalid del modelo de democracia a construir, el alcalde Bogotá, Gustavo Petro, elegido legítimamente por el pueblo fue destituido por la decisión unilateral del Procurador General de la República, Alejandro Ordoñez. Esta medida que además inhabilita a Petro por 15 años para ejercer cargos públicos fue catalogada por el alcalde de la capital colombiana como “…un golpe de Estado sobre el gobierno progresista de Bogotá”.

Los diferentes actores políticos del país andino han comenzado a manifestar opiniones en torno al hecho que se ha transformado en el más importante del cierre del año político colombiano, eclipsando las conversaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana y de paso, poniendo en un segundo plano la decisión unilateral de las FARC de declarar una tregua decembrina como expresión de su voluntad de allanar el camino de las negociaciones.

El propio ministro de Justicia del gobierno colombiano, Alfonso Gómez Méndez, opositor ideológico de Petro quien se encontraba con él en el momento en que se hizo pública la noticia, dijo que el Gobierno Nacional no compartía esta decisión, que la “lamentaba” y que de inmediato el Ejecutivo tendría como propósito hacer una reforma constitucional para recortarle estos poderes al ministerio Público.

Más allá de las responsabilidades que pudiera tener el alcalde ante las imputaciones que se le hacen respecto de su responsabilidad en la implementación de un nuevo modelo de recogida de la basura en la urbe capitalina, lo que trasciende es el poder de un funcionario para destituir e inhabilitar a otro que ha sido elegido por mandato popular.

Vale decir que las fuerzas opositoras a Petro encabezadas por el representante Miguel Gómez, cercano al ex presidente Álvaro Uribe habían intentado sin éxito llevar adelante un referendo para revocar el mandato del alcalde. Esta medida que a todas luces se inscribe en mecanismos de democracia participativa para permitir al pueblo defenestrar legalmente a aquellos funcionarios que no cumplen sus responsabilidades, no pudo llevarse adelante a pesar que la misma fue aprobado en julio del presente año después que la Registraduría Nacional (institución que en Colombia es responsable de la realización de los procesos electorales) certificara que se habían recolectado las firmas válidas para que la convocatoria tuviera curso legal. Petro refutó la validez de estas firmas y tras una revisión realizada por grafólogos especializados fueron anuladas decenas de miles de registros, en algunos casos por haber sido recaudados fuera de la capital. 

Según un artículo del profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, Miguel Ángel Herrera Zgaib publicado en la edición N° 00350, el pasado mes de mayo en la revista Semana de Bogotá, el Procurador Alejandro Ordóñez consiguió re elegirse en su cargo “venciendo todo obstáculo, con el poderoso expediente sancionatorio que el cargo ofrece, y que esgrime con celo intimidatorio e indudable eficacia para persuadir a los congresistas corruptos, sus ´naturales` electores”. 

Lo que trasciende en este caso es la posición de Ordoñez que según un analista colombiano consultado antes de escribir este comentario, está actuando casi como jefe del comando de campaña de las huestes uribistas para las elecciones de 2014, apuntando además como posible contendor en el proceso eleccionario de 2018 cuando el Presidente Santos no podrá optar a la re elección. A esa lógica pareciera apuntar el mensaje que envió la prestigiosa periodista colombiana María Jimena Duzán quien tras conocer la decisión de Ordoñez contra Petro, dijo a través de su cuenta de twitter que “Las razones para destituir a Petro son políticas. Ordóñez está sacando del juego a sus posibles competidores para el 2018. Va por Fajardo”, refiriéndose al Gobernador del Departamento de Antioquia por el partido Verde. 

La avalancha de actuaciones políticas de Ordoñez incluye su manifiesto rechazo a las conversaciones de paz que adelantan el gobierno y la guerrilla. En particular ha insistido en que los dirigentes de la FARC deberían ser juzgados por delitos de lesa humanidad, además ha insistido en la imposibilidad para que a futuro, puedan participar en el escenario político legal.

Así mismo, y nuevamente a tono con el discurso uribista, ha exteriorizado su rechazo al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que concedió un territorio marítimo a Nicaragua en detrimento de Colombia. Ha dicho que tal sentencia no puede cumplirse porque modifica las fronteras colombianas, creando verdadera zozobra jurídica dada su alta investidura.

Además, al destituir a Petro, Ordoñez cumple el objetivo uribista de provocar al presidente Juan Manuel Santos a que asuma una posición frente al hecho, retando los diálogos de paz de La Habana para -por esta vía- calentar los motores políticos electorales del uribismo que se encuentra carente de propuestas para el país, recurriendo a cobijarse en una retrógrada diatriba anti venezolana y anti chavista. 

Las dos caras de la moneda, una democracia en Venezuela que se renueva democráticamente en paz y, otra colombiana, en la que un troglodita fundamentalista impide el normal desenvolvimiento de los mecanismos modernos de participación, sin los cuales la democracia carece de legitimidad, aún desarrollándose en los marcos de legalidad que se hayan podido construir.

América Latina y el Caribe, ¿Patio trasero o jardín florido? A 190 años de la Doctrina Monroe

Cuando escribo estas líneas, es 2 de diciembre. Hoy se cumplen 190 años desde el día en que en 1823, el Presidente James Monroe en el discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos pronunciara el discurso que fijara a posterioridad los parámetros fundamentales de la política exterior de ese país y que ha pasado a la historia como Doctrina Monroe.

En este discurso quedó proclamada la intención de Estados Unidos de considerar al hemisferio occidental como zona exclusiva para la realización de sus intereses, así mismo, estableció la veda de la región para cualquier nueva aspiración colonialista europea. Expone que “Debemos, en razón de la sinceridad y a las amistosas relaciones que existen entre los Estados Unidos y esas potencias, declarar que consideraríamos cualquier tentativa por su parte de extender su sistema a lugar alguno de este Hemisferio peligrosa para nuestra paz y seguridad” 

En el citado documento, después de exponer sus buenas intenciones para con el gobierno imperial ruso y asegurar a Europa que el gobierno estadounidense pretende mantener sólidas relaciones de amistad y respeto y que no existe el mínimo designio del gobierno de Estados Unidos por inmiscuirse en sus asuntos internos incluyendo los de sus colonias, al referirse a América, señala con firmeza que “ Con los movimientos de este hemisferio estamos necesariamente conectados de modo más inmediato, y por causas que deben ser evidentes para todos los observadores ilustrados e imparciales”, por tanto, alguna afirmación de control o interferencia en los asuntos internos de los Estados americanos sería considerada como “la manifestación de una disposición inamistosa hacia los Estados Unidos”. 

Una lectura superficial y descontextualizada del contenido de la declaración del presidente de Estados Unidos podría conducir a pensar que tales conminatorias frases son expresión de una voluntad altruista y solidaria de Estados Unidos para con sus pares del continente. Sin embargo, lo que traslucen sus letras, arropadas con la verdad de la historia vivida en los últimos casi 200 años, dejan ver una visión unilateral de expansión que excluía a las potencias europeas de tal ambiciosa idea, a fin de reservarse para sí, el ímpetu hegemónico que ya dominaba los anhelos de la élite gobernante estadounidense. En ninguna parte del mencionado discurso se hace alusión implícita o al menos explícita de la intención desinteresada de Estados Unidos por el dominio neocolonial de las naciones del sur, recién independizadas. El tratadista español Alberto Ulloa en su manual de Derecho Internacional Público señala que “La doctrina Monroe se apoya en el más peligroso de todos los fundamentos, pues el derecho de propia conservación ha sido la fórmula invocada a través de la historia para justificar los actos más arbitrarios”.

Tal como quedó demostrado durante la agresión británica contra Argentina en las islas Malvinas en 1982, la Doctrina Monroe, ha tenido siempre las limitaciones que impone el interés nacional de Estados Unidos y, por cierto, a partir de su entronización como primera potencia mundial ya en su etapa imperialista iniciada a finales del siglo XIX, sus intereses globales le hacían poner el énfasis en el provecho de mantener su supremacía planetaria. En esa medida los beneficios que pudieran haber significado esta doctrina para América Latina y el Caribe siempre han quedado pospuestos. Ya lo había advertido Henry Clay, Secretario de Estado durante el gobierno de John Quincy Adams (que sucedió al de Monroe en 1825) al afirmar que “Cuando se presentara en el Nuevo Mundo un caso de intervención extranjera, no tendrían los otros países del Nuevo Mundo derecho a requerir la aplicación de la Doctrina, ya que la puesta en acción de la misma dependería exclusivamente de la iniciativa y decisión norteamericana”. 

La doctrina Monroe fue el punto de partida para la implementación de la política intervencionista de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Después vinieron el Corolario Roosevelt; la concreción de la idea panamericana a través de la realización de las Conferencias Interamericanas, la primera de las cuáles tuvo lugar en Washington en 1889; la estrategia del “gran garrote” y la diplomacia del dólar a comienzos del siglo XX; la política del Buen Vecino ante la necesidad de buscar aliados durante la segunda guerra mundial; el surgimiento del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947 y de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948; la creación de condiciones para el derrocamiento del Presidente Arbenz en Guatemala en 1954; la expulsión de Cuba de la OEA en 1960 y la fallida invasión de mercenarios a la isla caribeña con apoyo militar y logístico de Estados Unidos en 1961; la Alianza para el Progreso en el mismo año; el apoyo a los golpes militares que instauraron gobiernos dictatoriales en Nicaragua, República Dominicana, Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina y el sostenimiento de tales regímenes con el asesoramiento a las fuerzas de seguridad para la represión, el asesinato, la tortura y las desapariciones a través del Plan Cóndor; la invasión a Granada en 1983; el apoyo a las bandas contra revolucionarias en Nicaragua durante la década de los 80, así como a las represivas juntas democratacristianas que gobernaron en El Salvador; la invasión a Panamá en 1989, la Iniciativa para las Américas (IPA) de Bush padre en la última década del siglo pasado; El Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá y la Iniciativa Mérida como instrumentos modernos de intervención regional; la reactivación de la IV Flota de las Fuerzas navales de Estados Unidos y la intención de construir una gran Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se inscriben entre algunas de las acciones que han surgido a través de la historia de la Doctrina Monroe. 

Con todo este historial, deberíamos sentir beneplácito del reciente anuncio del Secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry, quien a mediados de noviembre en un discurso en la OEA dijo que “La era de la doctrina Monroe ha terminado” según cita “The Wall Street Journal”. Kerry agregó que “La relación que buscamos, y para cuyo impulso hemos trabajado duro, no se trata de una declaración de Estados Unidos acerca de cómo y cuándo van a intervenir en los asuntos de los Estados americanos. Se trata de que los países se perciban unos a otros como iguales, de compartir responsabilidades, de cooperar en cuestiones de seguridad y no adherirse a la Doctrina, sino a las decisiones que tomamos como socios para promover los valores y los intereses que compartimos”.

Parece increíble esta declaración, viniendo de un funcionario que solo 7 meses antes, el 28 de abril, durante un discurso ente el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, había tildado a América Latina como “el patio trasero de Estados Unidos”, agregando que planeaba cambiar la actitud de algunas de estas naciones. Fue muy preciso al señalar que “El hemisferio occidental es nuestro patio trasero, es de vital importancia para nosotros. Con mucha frecuencia, muchos países del hemisferio occidental sienten que Estados Unidos no pone suficiente atención en ellos y en ocasiones, probablemente, es verdad. Necesitamos acercarnos vigorosamente, planeamos hacerlo…”. En ese mismo discurso y como prueba de tal retórica aseguró que no reconocería el triunfo que había obtenido Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 14 de abril en Venezuela.

Ahora, en noviembre y con solo unos días de diferencia respecto de su declaración de cese de la Doctrina Monroe, su vocera Jean Psaki, en una clara injerencia en los asuntos internos de Venezuela manifestó “su preocupación” por el otorgamiento de poderes habilitantes al presidente Maduro, a pesar que dicha resolución se tomó en el marco de la Constitución y las leyes que rigen el funcionamiento jurídico del país. 

En el colmo de la hipocresía y sólo una semana después de tales declaraciones, una desvergonzada intervención de la Embajada de Estados Unidos produjo un descarado fraude electoral rechazado por al menos dos candidatos y por las organizaciones sociales y populares de Honduras. 

Cabe recordar que durante el gobierno de Barack Obama que ahora propugna el fin de la Doctrina Monroe, se produjo el fallido golpe de Estado contra Rafael Correa en Ecuador y el derrocamiento de los presidentes constitucionales de Honduras y Paraguay a través de acciones típicas del influjo de tan nefasta doctrina. 

La vigorosa y unánime respuesta latinoamericana ante tales intentos imperiales y oligárquicos de retrotraer el rumbo de la historia, la extraordinaria voluntad del pueblo hondureño que lucha en las calles en defensa de su maltratada democracia y la contundente oposición de los gobiernos progresistas de la región a los intentos avasalladores de los voceros de la administración estadounidense, tal vez señalen que América Latina y el Caribe dejó de ser patio trasero, para transformarse en jardín florido de la esperanza de sus pueblos.