Javier Diez Canseco
Diputado y luchador revolucionario
peruano y latinoamericano.
Fallecido en Lima el 4 de mayo de 2013
La
semana pasada se entregaron algunos elementos que permitían ir viendo como se
fue configurando el golpe de Estado contra Salvador Allende. Quedó
absolutamente claro que Estados Unidos actuó como la herramienta de
articulación para la creación del ambiente político, económico y social que
vertebraran la insurrección de la oligarquía: generación de condiciones
subjetivas a través de los medios de comunicación, creación artificial de
escasez, acaparamiento de productos de la dieta básica, subversión de las
fuerzas armadas, acciones violentas de sabotaje, reclutamiento de terroristas e
incorporación de un componente civil que le diera veracidad institucional al
alzamiento, tarea cumplida en primera instancia por los parlamentarios y
partidos de la derecha. Todo ello financiado por el gobierno y algunas compañías
transnacionales de Estados Unidos y ejecutado por la Agencia Central de
Inteligencia como ha quedado visiblemente demostrado en documentos
desclasificados.
Sin
embargo, tales acciones fracasaron en primera instancia, cuando en marzo de
1973 la UP elevó su votación y con ello su número de parlamentarios por lo que la
salida institucional quedó de lado y se dio pasó al plan para salir de Allende
de cualquier forma.
En
ese contexto, la derecha arreció sus ataques contra los sectores
constitucionales de las Fuerzas Armadas. El gran valladar era el General Carlos
Prats quien se oponía a una salida golpista a la crisis del país. La violencia
se hizo más permanente, casi 100 muertos por violencia política se podían
contar a esta altura en un país que desarrollaba su proceso “en paz y en el
marco de las instituciones”. Por supuesto, la casi absoluta totalidad de los
asesinados eran humildes militantes de los partidos que apoyaban al presidente
Allende. Los escenarios de conflicto eran múltiples, destacándose el
estudiantil donde le cupo un importante papel subversivo a la Federación de
Estudiantes de la Universidad Católica, en su gran mayoría proveniente de los
sectores empresariales y de la derecha vinculada al Opus Dei.
Así
mismo, el conflicto era producido por el desabastecimiento y el acaparamiento
de los productos de primera necesidad. El pueblo creó las Juntas de
Abastecimientos y Precios (JAP) las que
en coordinación con la Dirección de
Industria y Comercio (Dirinco) que en algún momento dirigió el General de la Fuerza
Aérea Alberto Bachelet, leal al
presidente Allende, dieron una batida contra los delitos económicos logrando atenuar
la situación creada, pero sin poder impedirla totalmente. Por esta acción, el
General Bachelet fue detenido, torturado y asesinado en la Academia de Guerra
Aérea después del golpe de Estado, por sus propios compañeros de armas. Su
hija, ex presidenta de Chile y actual candidata presidencial es hoy aliada de
los que crearon las condiciones políticas para el asesinato de su padre. Antes,
hizo una importante pasantía de estudios en el Departamento de Defensa de
Estados Unidos.
El
27 de junio, el General Prats escapó de una provocación cuando iba en su
vehículo, disparó contra quienes lo agredían quienes se dieron a la fuga. Todo
esto fue el preámbulo del ejercicio de golpe de Estado que se llevó a efecto el
29 de junio cuando el Regimiento de Blindados N° 2 de Santiago se sublevó contra el gobierno, intentando
tomar el Palacio de la Moneda que fue defendido por el General Prats en
persona. Los principales líderes de la organización fascista “Patria y Libertad”,
organizadora y promotora del alzamiento, huyeron del país. Esta intentona
produjo 20 muertos, la mayor parte de ellos civiles.
El
27 de julio fue asesinado al frente de su casa el Capitán de Navío Arturo Araya
Peeters, edecán naval del presidente Allende, oficial constitucionalista,
también leal al Presidente. El hecho fue perpetrado por el agente de la CIA
David Sánchez Morales con el apoyo de “Patria Y Libertad” y el Comando derechista Rolando Matus perteneciente
al partido político que dió origen a
Renovación Nacional, organización de la que es militante el presidente
Sebastián Piñera. Los participantes en
el homicidio del Capitán Araya fueron hechos prisioneros y procesados, pero
poco tiempo -posterior al golpe de Estado- fueron indultados por Pinochet por
“servicios prestados a la Patria”.
El 22 de agosto la mayoría derechista de la Cámara de Diputados aprobó un Acuerdo en el que se establecía una situación de “grave
quebrantamiento del orden institucional y legal de la República”. En él
se acusaba al Gobierno de haber incurrido en diversas violaciones tales
como aplicar medidas económicas y políticas para instaurar un sistema “totalitario,
violar garantías constitucionales, dirigir una campaña de difamación contra la
Corte Suprema, violar la libertad de expresión, reprimir con violencia a los
opositores e intentar infiltrar políticamente a las Fuerzas Armadas”.
En ese contexto, el presidente
Allende se dispuso a convocar a un plebiscito
para que fuera el pueblo quien decidiera si continuaba al frente de los
destinos del país. Incluso en esas desfavorables condiciones, Allende confiaba
en su pueblo, en su sabiduría y disposición de solucionar por vía pacífica lo
que se pretendía “resolver” a través de la violencia. No había ninguna duda que
el presidente hubiera renunciado, si los resultados le hubieran sido adversos. No
temía enfrentarse en las urnas electorales. La derecha sí. La convocatoria a
plebiscito aceleró los preparativos golpistas…lo demás es conocido.
Esto ocurrió siendo presidente
de Estados Unidos, Richard Nixon, republicano y blanco. Para los que creen que
el partido político o el color de la piel
del presidente modifican el comportamiento imperial de Estados Unidos,
vale la pena revisar la historia para ver que en cualquier época, la potencia
del norte ha implementado diferentes métodos de agresión acorde a cada
situación, contexto y circunstancia. El
peregrinar de América Latina y el Caribe durante los dos siglos pasados recoge
un inventario de cursos de acción, instrumentos y utilización de diversos
actores encaminados al mismo objetivo: retrotraer la historia en aquellos
países donde los pueblos han elegido caminos de independencia y soberanía.
Solo en lo que va de siglo, en
América Latina y el Caribe, el imperio ha puesto en funcionamiento su arsenal
de alternativas retrógradas. En 2002 y 2003,
golpe de Estado y sabotaje petrolero con la paralización de la principal
industria de Venezuela con el objetivo de derrocar al Presidente Chávez. 2004,
golpe de Estado, secuestro y expulsión del país del Presidente Jean- Bertrand
Aristide en Haití. 2008, intento secesionista en Bolivia. 2009, golpe de
Estado, secuestro y expulsión del país del presidente José Manuel Zelaya en
Honduras. 2010, intento de asesinato del Presidente Rafael Correa y golpe de
Estado en Ecuador. 2012, golpe de Estado institucional en Paraguay y
derrocamiento del Presidente Fernando Lugo.
Y ahora, pretenden
continuar su seguidilla de acciones intervencionistas en Venezuela con motivo
de la reciente elección presidencial en la que la derecha no quiere aceptar el
resultado. Tal actitud está validada por el no reconocimiento del gobierno de
Estados Unidos al Presidente Maduro, lo cual significa -en los hechos- el
desconocimiento de la institucionalidad del país, toda vez que los poderes del
Estado en uso de sus competencias respectivas dictaminaron el resultado
electoral. La violencia posterior, que trajo como consecuencia nueve ciudadanos
asesinados entre ellos dos niños, es responsabilidad directa de la derecha
fascista, la que como hace 40 años en Chile pretende interrumpir el hilo
constitucional a cualquier costo. En uno y otro caso hay un elemento común: la
intervención de Estados Unidos con el objetivo de aplicar su conocida ”receta” de
destrucción, muerte e intranquilidad para los pueblos.
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